Los jueces que investigan a los máximos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están pendientes de una decisión judicial trascendental tras el final del receso judicial de enero. Un camarista debe definir el futuro de la denuncia que hizo el empresario Guillermo Tofoni contra los jerarcas de la AFA. No es una causa más. En ese expediente, radicado en el fuero penal ordinario, se presentaron todos los registros bancarios sobre la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette. Tanto en Campana como en Lomas de Zamora, donde tramitan otras causas vinculadas a la AFA, están atentos al destino final de esos documentos.

El 29 de diciembre, apenas 24 horas después de que reveló que TourProdEnter recaudó más de US$260 millones durante los últimos cuatro años y que al menos US$42 millones terminaron en cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada, Tofoni acudió al fuero criminal y correccional para denunciar al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, a Faroni y a su esposa por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita. El empresario decidió esquivar el fuero federal, donde ya había perdido otras batallas judiciales.

El martes 30 de diciembre, apenas un día después de la denuncia, la fiscal Silvana Russi planteó que la causa debía tramitar en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, que esa misma madrugada había allanado la casa de Faroni en Nordelta, tras un llamativo episodio en Aeroparque, donde el empresario no pudo abordar un avión privado rumbo a Punta del Este. Justo antes de ser interceptado por los efectivos de la PSA en el control migratorio, Faroni logró descartar su celular. ¿Tenía información previa? En Tribunales aseguran que no se pudo determinar pese a todas las imágenes secuestradas.

Ese mismo día, Armella allanó la sede de la AFA en la calle Viamonte y secuestró el contrato entre TourProdEnter y la entidad que preside Claudio Tapia. El documento reveló que la empresa de Faroni se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales de la AFA en el exterior. No solo eso: también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a tareas de “logística” en los contratos que intervino desde diciembre de 2021.

Con el argumento de los allanamientos, la fiscal planteó que la denuncia de Tofoni debía enviarse al fuero federal, justo al revés de la hoja de ruta que había ideado el empresario junto a sus abogados. “Atento a la naturaleza y complejidad de los hechos denunciados no corresponde llevar a cabo investigaciones paralelas, en tanto se requiere una visión conjunta de los movimientos financieros, los vínculos contractuales y las estructuras societarias involucradas”, argumentó la fiscal.

La investigación efectivamente se frenó el 2 de enero: la jueza Paula Petazzi decidió declinar la competencia en el juzgado de Armella para no generar “superposiciones innecesarias”. Pero Tofoni apeló la decisión y la causa pasó a la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional.

Durante la feria de enero, el expediente tuvo algunos movimientos, casi imperceptibles. El juez que reemplazó a Petazzi notificó a Tapia y Toviggino a través del área de legales de la AFA y como no proponían abogados particulares, les designó un defensor oficial. La decisión duró apenas 24 horas. El 21 de enero, tanto el presidente de la AFA como el tesorero nombraron a Alejandro Higa, el mismo abogado que promovió una medida cautelar en 2024 para suspender la parte del DNU 70/23 que autorizaba a los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas (SAD).

En la designación de Higa como abogado, los jerarcas de la AFA declararon el polémico domicilio de Mercedes 1366, en la localidad de Pilar, utilizado para esquivar los controles de la Inspección General de Justicia (IGJ).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impugnará ese cambio de domicilio luego de que funcionarios del organismo fueron al lugar y solo encontraron un cartel que reza “Próximamente, sede social y museo de los campeones del mundo”.

El futuro de la denuncia de Tofoni depende de una decisión del camarista Ignacio Rodríguez Varela. Los abogados que analizan el enjambre de causas en torno a la AFA coinciden que es un decisión trascendente. En ese expediente se presentaron más de 3000 páginas de registros bancarios de TourProdEnter obtenidos a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos. Si la Cámara confirma la incompetencia, las pruebas deberían irse al juzgado de Lomas de Zamora.

Armella avanzó durante la primera quincena de enero, a otro ritmo, con medidas patrimoniales sobre Faroni, su mujer, y las cuatro personas de Bariloche que fueron utilizadas para crear cuatro sociedades fantasma que recibieron al menos US$ 42 millones: Soagu Services LLC, Marmasch LLC,Velp LLCyVelpasalt LLC. En las próximas horas, según pudo saber de fuentes judiciales, el juez ordenaría una batería de medidas para avanzar en esa línea de investigación. No tiene mucho tiempo. Durante febrero, la Cámara Federal de La Plata definirá si sigue a cargo del juzgado 2 de Lomas de Zamora o si se debe sortear un nuevo juez.

El otro juez que mira de reojo la decisión de la Sala V es Adrián González Charvay, a cargo del juzgado federal de Campana. Ese magistrado recibió hace dos semanas el expediente donde se investiga la mansión de Pilar, adjudicada a Toviggino. El cambio de jurisdicción había sido pedido por los presuntos testaferros: el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Conte.

Fue una jugada en varios tiempos. El objetivo final de los abogados que asesoran a los jerarcas de la AFA es que esa causa, que hasta ahora se concentró en las sociedades y personas vinculadas a la mansión, absorba todos los expedientes que incomodan a Tapia y Toviggino. Eso incluye el capítulo internacional. De esa manera, los registros bancarios de TourProdEnter podrían pasar al juzgado de Armella y luego a Campana. Sería jaque mate.

Los negocios entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas a nombre de personas que ocuparon cargos en ella se repiten. En este caso, se trata de Juan Pablo Beacon, quien formó parte del Consejo Federal y durante años fue cercano al tesorero Pablo Toviggino, y la compañía Recomi SA, que le brindó asesoramiento a la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, según documentos comerciales y facturas analizadas por .

El 9 de junio de 2022, Beacon se convirtió en el principal beneficiario final de Recomi SA, tal como muestra documentación presentada ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Por entonces, el beneficiario minoritario era Cristian Brian Prendes, vocal titular del Comité Ejecutivo de AFA. Dos meses después, la empresa comenzó a facturarle a la casa madre del fútbol argentino. Según los documentos que obtuvo y que cotejó con fuentes fiscales, la primera factura fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, tenía el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, escribió en el detalle del producto/servicio comercializado.

consultó, por separado, a representantes de la AFA y de Recomi sobre el vínculo de la entidad con la empresa, pero al momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

Beacon fue accionista de otra empresa, Malte SRL, entre mayo de 2021 y el mismo mes de 2022 que también le facturó a la AFA. En enero de 2022 emitió una factura de $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional, según los documentos que obtuvo este diario y que cotejó con fuentes fiscales. Otro punto en común entre las dos empresas del exmiembro del Consejo Federal es que ambas alcanzaron acuerdos de gerenciamiento del club Arsenal, tal como analizó a partir de documentos judiciales, cartas y contratos.

El universo de empresas de Beacon, quien supo ser un hombre de confianza del tesorero Pablo Toviggino, se entrelaza con los problemas judiciales del financista cercano a “Chiqui” Tapia, Ariel Vallejo. La empresa Construcciones TAR, que es el centro de una causa por lavado de dinero, le transfirió fondos a una de las firmas del exmiembro del Consejo Federal de AFA, según reconstruyó a partir de registros bancarios y expedientes judiciales.

El 14 de diciembre de 2022, Construcciones TAR le envió $2.500.000 a Recomi SA. La transferencia no movió una cifra elevada de dinero, sin embargo, funciona como un punto de conexión entre las empresas de hombres cercanos a Tapia y los que mantuvieron relación con Toviggino.

Según una denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en la que Vallejo aparece como acusado, Construcciones TAR, creada por dos personas que se sospecha que actuaron como testaferros, recibió más de $6000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023. Esta es una cifra que no guarda relación con su actividad ni su nivel de facturación.

En paralelo, la constructora envió dinero, sin ninguna justificación clara -según los investigadores- a casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agrícolas-ganaderas, droguerías y agencias marítimas.

Del universo de casas de cambio, sobresale Centro de Inversiones Concordia, de la que Vallejo y su madre fueron accionistas. Recibió $65.498.745, un monto superior al de la transferencia dirigida a Recomi SA, la firma de Beacon. La denuncia de la Procelac no mencionó al exladero de Toviggino. Tampoco a su firma.

Las pelotas del Consejo Federal

El 1 de septiembre de 2022, el Consejo Federal resolvió mediante el Despacho 12628, al que accedió , que el balón “Kagiva C11 Pro” sea la pelota oficial para todos los torneos que se encuentren bajo la órbita organizativa de ese organismo. Entre ellos, el Torneo Federal A, la Copa Femenino Federal, el campeonato de Futsal y la Copa Federal Regional Amateur. El documento lleva la firma de Toviggino, como presidente ejecutivo del Consejo Federal del Fútbol, y del secretario general, Javier Treuque.

Apenas unos meses después, Recomi vendió estas pelotas. Le facturó 250 balones a Prosetec SRL el 17 de noviembre de 2022. ¿El monto total? $6.050.000 y en la factura se lee: “Compra social de balones Oficiales Kagiva”, tal cual surge de los documentos comerciales analizados por .

Menos de un mes después, el 12 de diciembre, Recomi volvió a facturarle a Prosetec. Esta vez fueron 267 pelotas y el total ascendió a 6.500.000 de pesos. Prosetec es una empresa con domicilio en Rosario, Santa Fe. Según su información comercial, pertenece al sector industrial.

Los registros bancarios también reflejan al menos una transferencia del club Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba, y Recomi. El club cordobés le envió $3.000.000 el 22 de agosto del 2022. El comprobante contiene “varios” en la descripción del concepto.

Precisamente, el presidente de Estudiantes de Río Cuarto, Alicio Dagatti, posee un cargo en el Consejo Federal de la AFA. Se desempeña como secretario del Departamento del Federal “A”. Este año su club transita la Primera División del fútbol argentino, tras el ascenso conseguido en 2025.

Actualmente, Recomi está incluida en el listado de sociedades con CUIT limitado, según información de ARCA. ¿Qué significa esto? El fisco toma ese tipo de decisiones cuando un sujeto no registra altas en impuestos o cuando observa falta de presentación de declaraciones juradas, entre otros motivos.

La sociedad registró movimientos antes de fin de año. Denunció el extravío de su propio Libro de Registro de Acciones ante el Juzgado Comercial 14. Mientras la Justicia indaga qué documentación posee la firma, los próximos pasos de Recomi tienen signo de interrogación.