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El Gobierno reforzó el control digital: habilitó a agentes encubiertos a vigilar en redes y plataformas online

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El Gobierno oficializó este martes un nuevo protocolo que habilita a las fuerzas federales a desplegar agentes encubiertos en el ámbito digital, con el objetivo de combatir delitos complejos cometidos a través de internet.

La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, fue publicada en el Boletín Oficial y contempla la creación de identidades falsas y un registro específico para su utilización en tareas de investigación.

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La iniciativa lleva por nombre “Protocolo para la Designación y Actuación de Agentes Encubiertos Digitales y Agentes Reveladores Digitales” y tiene como eje central el uso de perfiles ficticios en redes sociales y otras plataformas online.

Desde la cartera de Seguridad justificaron la decisión en el avance del crimen organizado sobre el ciberespacio: “Hoy en día las organizaciones criminales, cada vez con mayor frecuencia, operan a través del ciberespacio, por lo que los agentes encubiertos y los agentes reveladores tienen que intervenir en el espacio digital en innumerables delitos”.

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Entre los delitos que el protocolo busca combatir se mencionan la distribución de material de abuso sexual infantil, el narcotráfico y el terrorismo. En ese sentido, se definió a los nuevos agentes digitales como “una herramienta poderosísima en la lucha contra el delito complejo”.

Según la resolución, las acciones de los agentes encubiertos deberán ser autorizadas por la Justicia, en el marco de la Ley 27.319, que regula técnicas especiales de investigación.

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Bullrich ya había habilitado en 2024 el ciberpatrullaje en internet para las fuerzas federales. (Foto: Reuters)

“El protocolo dispone medidas de seguridad para los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que ponen en práctica, por orden judicial, estas técnicas especiales de investigación contempladas en la Ley N° 27.319”, se aclara en el documento.

Una de las novedades incluidas en la normativa es la creación de un “Registro de Avatares”, cuya función será organizar y planificar el uso de identidades ficticias, elaboradas en base a diversos perfiles, para asistir al Poder Judicial en causas penales. Esta herramienta permitirá diseñar personajes digitales que podrán interactuar en el entorno online como parte de investigaciones en curso.

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El nuevo protocolo se suma a una serie de medidas adoptadas este año por Bullrich en la misma línea. En 2024, el ministerio había habilitado el uso de “ciberpatrullajes” en redes sociales e internet a través de la resolución 428/2024, y también había impulsado la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), destinada a integrar nuevas tecnologías en la prevención y persecución del delito.

Además, el Ministerio resolvió conformar un Consejo Académico Asesor ad-honorem para la formación de los agentes encubiertos digitales. El cuerpo estará compuesto por jueces, fiscales, funcionarios del propio ministerio y oficiales de alta jerarquía de las fuerzas federales. Su función será establecer los lineamientos y contenidos de las capacitaciones para estos agentes especiales.

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“El Consejo Académico Asesor establecerá las pautas y el contenido de la capacitación de los Agentes Encubiertos para maximizar la eficiencia en las investigaciones judiciales (Ley N° 27.319) y para minimizar los riesgos de los agentes al intervenir en las organizaciones criminales”, detalla la resolución.

El consejo será presidido por el juez federal Ricardo Basílico, a quien se describe como “prestigioso juez federal y profesor de derecho constitucional, derecho penal, derechos humanos y criminología”, entre otras materias.

Patricia Bullrich, Redes Sociales, Ministerio de Seguridad

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El kirchnerismo criticó los vetos de Milei y advirtió por un eventual “efecto Kueider”

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El bloque de senadores kirchneristas cuestionó en duros términos los vetos de Javier Milei a las leyes previsionales y de emergencia en materia de discapacidad y envió un mensaje a los legisladores que no apoyen la insistencia de las normas, al asegurar que quienes cambien su voto serán “un nuevo [Edgardo] Kueider”, en alusión al exsenador por Entre Ríos expulsado de la Cámara alta por intentar pasar más de US$200.000 sin declarar en la frontera entre Brasil y Paraguay.

“Tienen que volver a votar estas leyes, si no lo hacen es que ahí tenemos un nuevo Kueider”, advirtió Mariano Recalde (Capital) durante una conferencia de prensa organizada por la bancada de Unión por la Patria del Senado, luego de leer los nombres de todos los senadores de la oposición dialoguista que ayudaron a sancionar las normas que el Poder Ejecutivo vetó este lunes en un extenso decreto.

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Como se esperaba, el bloque que conduce José Mayans (Formosa) ratificó su intención de ratificar la sanción de las leyes. “Esperamos que [la insistencia] se trate pronto en la Cámara de Diputados”, afirmó Recalde, quien cuestionó el argumento de desequilibrio fiscal esgrimido por el Poder Ejecutivo en el decreto del lunes.

“Milei les robó a los jubilados prácticamente un 20% de poder adquisitivo y, además, le aumentó los gastos al eliminarle los descuentos que tenían en los medicamentos”, denunció el legislador al defender la ley que recomponía en un 7,2% los haberes previsionales y aumentaba a $110.000 el bono de $70.000 que reciben los jubilados que perciben la mínima.

Además del aumento jubilatorio, el Poder Ejecutivo vetó la prórroga de la moratoria previsional que había vencido en marzo último y la declaración de emergencia para las prestaciones en materia de discapacidad, que el Gobierno mantiene congeladas.

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“El Presidente dice [en su decreto] que no hicimos la previsión presupuestaria, pero es el propio Gobierno el que no tiene Presupuesto, o sea que nos exige algo que ellos no hacen”, se quejó el puntano Fernando Salino, quien también replicó el argumento del Gobierno de que la sesión en la que se sancionaron las leyes fue inválida por la forma en que fue organizada. “El propio Presidente con su veto legitimó la sesión”, agregó Salino.

“Si el objetivo del plan económico es que los discapacitados no tengan la ayuda más elemental, obviamente que nosotros tenemos otros objetivos”, agregó el senador por San Luis, en respuesta a las acusaciones del Gobierno de que la sanción de las leyes tiene por objeto desestabilizar su equilibrio fiscal.

Por su parte, Mayans pidió la asistencia del ministro de Economía, Luis Caputo, al Senado para brindar explicaciones y puso especial énfasis en el uso que le está dando el Poder Ejecutivo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), creado tras la absorción por parte del Estado de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

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“El FGS perdió 6400 millones de dólares en un año y medio de gestión porque están aplicando sus fondos a la especulación financiera”, denunció Mayans.

Por último, la bonaerense Juliana Di Tullio aseguró que si el Congreso falla en su intento por insistir con las leyes, deberá ser la sociedad “la que le ponga un freno al Presidente”. “Si él veta, que lo vete el pueblo argentino en las urnas”, remató la senadora.


Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Unión por la Patria,Javier Milei,Conforme a,Senado de la Nación,,Ampliación de la Corte. Los senadores quieren que el Gobierno fije una posición oficial sobre la reforma,,El futuro de la Justicia. El Senado retoma el debate sobre la ampliación de los integrantes de la Corte Suprema,,En el Senado. El kirchnerismo perderá bancas, pero mantendrá su poder de veto para la Corte Suprema

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Un aliado clave del Gobierno anunció que deja el Senado y advirtió sobre el “bloqueo institucional”

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El senador del peronismo disidente y exgobernador de Salta, Juan Carlos Romero, anunció este martes que no será candidato en las próximas elecciones nacionales y, de esta manera, el Gobierno libertario perderá a su principal aliado: fue uno de los jinetes que creó el “grupo de los 39”, conformado por oficialismo y dialoguistas que acompañó al Ejecutivo en los primeros meses de gestión, con una Casa Rosada en desventajosa minoría en el Congreso.

Dejo el cargo, pero no la política”, aseguró Romero en un acto realizado en el salón Arturo Illia de la Cámara alta y que contó con la presencia no sólo de su familia y colaboradores, sino también de legisladores como el diputado peronista Miguel Ángel Pichetto, y los jefes de bloque de la Eduardo Vischi (UCR) y Alfredo De Ángeli (Pro), entre otros.

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En medio de su discurso, el salteño dejó una advertencia a futuro por el “bloqueo institucional” que abrazó al Congreso en los últimos meses. Como si fuese un consejo hacia el Gobierno, Romero deslizó: “No alcanza con tener razón, sino con encontrar una solución”.

Tras varias críticas contra el kirchnerismo -“modelo populista que arrasa”, enfatizó-, el justicialista revalidó la estrategia del grupo de los 39. Sin embargo, observó: “Ese espíritu se fue perdiendo y es una de las cosas que me frustran. Podríamos haber cubierto las vacantes de la Auditoría General de la Nación o las más de 150 vacantes en la justicia”.

La mención de Romero no es menor: en el Senado se acumula no sólo la problemática de la AGN -está acéfala de auditores legisladores y queda su presidente, el opositor pseudo K Juan Manuel Olmos-, sino la de vacantes judiciales que no precisan dos tercios. Caso distinto el de la Corte Suprema, otro tema más que sensible y sin definición que sí necesita dicha mayoría agravada.

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Romero durante una sesión realizada el corriente año en el recinto del Senado (RS Fotos)

“Hace 40 años perdí mi primera elección y no estuvo mal eso. Había un equilibrio entre las tres fuerzas: conservadores, el radicalismo y el justicialismo”, reflexionó. Seguido a ello, destacó el “consenso” para la reforma de la Constitución de Salta -y la nacional, de 1994-, así como el equilibrio fiscal en su distrito “incluso en épocas de crisis” y un porcentaje no menor del presupuesto provincial destinado a obras.

Corte Suprema y AGN

El proyecto de Romero de siete butacas es, hasta ahora, uno de los pocos que tiene un guiño inicial de varias bancadas en el Senado, en medio de un ida y vuelta poco claro -y un puñado de picardías- entre el oficialismo y la oposición.

“Si no están de acuerdo los tres miembros del tribunal, no hay mayoría y hay que citar conjueces. ¿Cuál es el riesgo? Uno, es el aumento o dilación de las soluciones; y la otra, más grave, al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica de la Corte en diversos temas”, aseveró en una de las primeras reuniones de comisiones para tratar el tema.

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El salteño también evaluó: “Que la decisión la tomen magistrados que no tienen tan viva la necesidad de la tradición en los fallos puede llevar a que terminemos cambiando, de un día a otro, jurisprudencias aceptadas”. Y finalizó: “Hay algunos que dicen que aumentar el número genera inseguridad. Es posible, pero más grave es el hecho de que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles. Y, sin justicia previsible, vamos a tener un riesgo de inseguridad para mucha gente”.

Para la AGN, el texto de Romero disminuye el mandato de auditores, que pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. También habla de las remuneraciones, siempre en el ojo de la tormenta: impone que no se perciba “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, hoy en más de $9,5 millones en bruto. La integración seguiría en siete: tres diputados, tres senadores y su titular. El kirchnerismo quiere nueve.

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“Provincias Unidas”, el nombre del frente lanzado por los cinco gobernadores

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CÓRDOBA.− A una semana de la presentación en sociedad del frente político constituido por cinco gobernadores, se resolvió su nombre: “Provincias Unidas”. Por ese se inclinaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Barajaron otras denominaciones, pero finalmente se decidieron por ese por entender que representa mejor el planteo “federal”, que es el corazón de las coincidencias y que apunta a abrir una agenda común entre todos los distritos, más allá de los integrantes: distribución de fondos, infraestructura, educación.

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Para las elecciones legislativas de octubre, cada uno de los gobernadores irá con el nombre del frente electoral que constituya en su provincia. No usarán en las boletas el de “Provincias Unidas”. Por eso, aclaran, a horas de cierre de inscripciones de las alianzas electorales, que el de ellos es un frente político.

La excepción podría ser Córdoba, donde el oficialismo provincial analiza si usa ese nombre en reemplazo del “Hacemos por Córdoba”. Incluso podría ser “Hacemos Provincias Unidas”. Llaryora y Juan Schiaretti están resolviendo qué harán, confiaron fuentes del sector a .

El resto de los distritos, en cambio, tendrían decido mantener los nombres con los que ya compitieron.

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“Decidimos no tomar atajos, no hacer la simple ni la cómoda y dar una pelea en representación de una Argentina federal que necesita vocería en el Congreso. Y tomamos la decisión de competir en esta elección y conformar un frente común”, remarcó Torres el jueves pasado cuando anunciaron el frente.

Fuentes del espacio remarcaron las diferencias que los separan de otros intentos anteriores por representar a la “avenida del medio”, entre los que identificaron a la construcción que Sergio Massa, Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Roberto Lavagna y Juan Schiaretti intentaron encarnar en 2015.

Por ejemplo, remarcaron que todos los miembros de Provincias Unidas “tienen votos” propios, porque ganaron en sus distritos.

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Además, destacaron que Pullaro, Torres y Vidal “vienen de ganarle al peronismo kirchnerista luego de décadas gobernando de manera ininterrumpida, sobre todo en Santa Cruz y Chubut”.

Asimismo, indicaron que los cinco gobernadores “son nuevos” y están cumpliendo su primer mandato. Aunque provienen de distintos espacios, afirmaron que no son un “rejunte electoral” como experiencias pasadas.


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