POLITICA
El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tras el fallo de la Justicia
El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad a través del Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, tras un fallo judicial que ordenó su entrada en vigencia inmediata y la aplicación del nuevo régimen de pensiones.
La medida, firmada por Javier Milei, responde a la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y le puso al Gobierno como fecha límite el 4 de febrero para que la normativa se implemente plenamente.
El conflicto surgió cuando el Ejecutivo intentó impedir la aplicación de la ley, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, mediante un veto fundamentado en la falta de fondos para costear las nuevas prestaciones. La Cámara de Diputados insistió en la promulgación, que se concretó pese a la resistencia del Gobierno. Aunque la ley fue promulgada formalmente, suspendieron su aplicación hasta que la Cámara Baja determinara la fuente de financiamiento.
La disputa judicial se activó tras el amparo colectivo presentado por O. G. J. en representación de sus hijos. El juez de Campana falló a favor de los reclamantes y anuló la suspensión. En su resolución, ordenó la inmediata aplicación de la Ley N.° 27.793. El Ministerio de Salud y otras áreas oficiales presentaron recursos en contra, alegando la imposibilidad de implementar la norma sin antes resolver el presupuesto. Aunque estos interrogantes aún no han sido resueltos, el juez fijo un plazo máximo de 30 días para que el Gobierno reglamente la ley.
Finalmente, la reglamentación llegó sobre la fecha límite del plazo, mediante la publicación del decreto 84/2026. Así, el Gobierno establece los criterios para el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, definiendo los requisitos de acceso, los procedimientos para evaluar las condiciones socioeconómicas y las incompatibilidades con otras prestaciones. Sostiene que la implementación de la ley necesita una reglamentación formal para definir procedimientos y controles, tarea que queda bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora dependiente del Ministerio de Salud.
La normativa obliga a la Secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo máximo de 30 días. También establece la articulación entre organismos oficiales y de la sociedad civil, incluyendo al Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, para garantizar la participación federal y de las organizaciones vinculadas al sector.
El decreto admite la preocupación fiscal y presupuestaria, por lo que establece que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias asignadas.
Entre los puntos más complejos figura la conversión automática de las pensiones no contributivas previas al nuevo sistema, ahora denominadas Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La Secretaría deberá identificar y verificar miles de prestaciones para llevar adelante esa transición, con el objetivo de asegurar una aplicación coherente del sistema.
En cuanto a la estructura institucional, el decreto centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, con el apoyo permanente del Consejo Federal de Discapacidad en la evaluación, implementación y control de la ley. Este consejo, creado en 1996, integra funcionarios nacionales, provinciales y organizaciones de la sociedad civil.
A su vez, la norma dispone que es necesario prevenir lasuperposición con otros beneficios previsionales, la coordinación con políticas de inclusión laboral y la realización de auditorías periódicas. Tanto la Secretaría como el Consejo Federal serán responsables de la fiscalización.
El decreto, rubricado por Javier Milei, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, aclara que su dictado no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial ni ceder en la disputa legal. El texto sostiene: “Sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos, se propicia el dictado del decreto reglamentario”. La norma entró en vigencia con su publicación.
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Designaron a tres nuevos funcionarios en el área de discapacidad
Tras la reglamentación de la ley, el Gobierno formalizó la designación de tres nuevos funcionarios clave en el área de discapacidad, estructura central del Ministerio de Salud. La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El cargo más alto recayó en el doctor Alejandro Alberto Vilches, quien asumirá como secretario Nacional de Discapacidad. Esta secretaría funciona dentro del Ministerio de Salud y tiene a su cargo la coordinación de políticas públicas sobre personas con discapacidad, desde la regulación de certificados hasta el diseño de apoyos específicos.
Como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos fue nombrado el licenciado Gianfranco Scigliano. Su área se ocupa de la implementación de normativas, validación de certificaciones y puesta en marcha de proyectos relacionados con el sector. Esto implica supervisar cómo se otorgan los certificados de discapacidad y garantizar que los procesos tengan respaldo legal y técnico.
El abogado Esteban Rafael Giler será el responsable de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos. En esta posición, tendrá como principal función facilitar el acceso a herramientas de apoyo social, laboral y educativo para personas con discapacidad. La subsecretaría articula con organismos públicos y privados, y se dedica a eliminar barreras en ámbitos esenciales como la salud, la educación y el transporte.
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Alejandro Vilches, el flamante secretario Nacional de Discapacidad, había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025. El Gobierno designó tras la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por los sobreprecios.
La tarea inicial de Vilches fue la realización de una auditoría profunda del área, con el propósito de depurar el sistema y garantizar que los beneficios se otorguen con criterios estrictos de Justicia.
En cuanto a la trayectoria de Vilches, su perfil combina experiencia en gestión sanitaria, docencia y dirección dentro del sistema solidario de salud. Se desempeñó como secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud y fue responsable de la supervisión del reciente examen unificado para el ingreso a residencias médicas. Aquella instancia le valió visibilidad pública tras detectar irregularidades en los puntajes, con un inusual aumento de calificaciones altas, lo que dio lugar a una convocatoria extraordinaria para más de 200 postulantes y la implementación de procedimientos de control más rigurosos.
Egresado de la Universidad del Salvador, Vilches cursó estudios de especialización tanto en gestión de sistemas de salud públicos como privados. En el ámbito estatal, fue asesor en la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, subgerente en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (I.O.S.F.A.), y ocupó jefaturas en áreas técnicas de la Armada Argentina. Sumó experiencia como director general de evaluación de calidad en la Ciudad de Buenos Aires y como asesor en comisiones de salud de la Legislatura porteña y la Cámara de Diputados de la Nación.
En el sistema solidario, dirigió equipos médicos en obras sociales tan diversas como las del personal de las industrias Químicas y Petroquímicas Zárate-Campana, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y la de la Industria del Cuero. También cumplió funciones de intervención federal en la obra social del sector de las comunicaciones. A nivel académico, desarrolló actividad docente de posgrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), dictando cursos de auditoría médica y participando en la maestría en gestión de salud, así como en la especialización en estudios sociales de la discapacidad.
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POLITICA
El Gobierno recordó a las víctimas del atentado a la AMIA tras confirmarse la muerte del ayatolá Ali Jamenei
La Oficina del Presidente emitió este viernes un comunicado en el que expresó su respaldo a la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel que derivó en la muerte del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán.
En el texto oficial, difundido desde la Casa Rosada, el Gobierno sostuvo que se trató de una acción contra “una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad” y cuestionó con dureza su rol durante décadas. “Sus atrocidades no solo han sido sufridas por el pueblo iraní, sino que han impactado a lo largo de todo el globo”, agrega el documento.
Leé también: Trump confirmó que el líder supremo de Irán murió en los ataques coordinados de Israel y EE.UU.
En este sentido, el gobierno hizo especial referencia al atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en la Ciudad de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. La administración nacional recordó que, según determinó la Justicia argentina, “se trató de un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbollah, el principal grupo terrorista financiado por Irán”.
“La búsqueda de justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y continuará hasta que el último responsable pague, con su libertad o con su vida, por tan horrible crimen”, se señala el mensaje.
Por último, el Gobierno de Javier Milei manifestó su expectativa de que la ofensiva militar contribuya a cerrar un ciclo de más de cuatro décadas de autoritarismo en Irán y abra el camino hacia una etapa de mayor estabilidad y respeto por los derechos humanos para la población de ese país.
El mensaje de Cancillería tras la noticia de la muerte de Jamenei
El canciller argentino Pablo Quirno se pronunció luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que Ali Jamenei murió este sábado durante el ataque en Teherán. En su cuenta de X, el ministro de Relaciones Exteriores también recordó que el líder supremo iraní es uno de los imputados por el atentado contra la AMIA.
“Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbollah“, escribió el canciller al principio de su mensaje.
Quirno remarcó que la “decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa».
Y agregó: “La búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente. Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”.
En abril de 2025, el fiscal Sebastián Basso presentó una resolución para solicitar al juez federal Daniel Rafecas que dictara la orden de captura nacional e internacional del ayatolá Ali Jamenei “por tomar parte con los restantes imputados iraníes” y por su “patrocinio de la organización armada que actúa de manera clandestina fuera de las fronteras del territorio libanés vinculada al movimiento Hezbollah, que ha realizado desde hace décadas innumerables atentados contra la vida y los bienes de las personas que deben ser calificados como terroristas, entre ellos la AMIA”.
A su juicio, Jamenei “encabezó la toma de la decisión de perpetrar un atentado con bombas en Buenos Aires en julio de 1994 y emitió la orden ejecutiva (fatwa) 39 para llevarlo adelante. También es indudable que desde siempre y al día de la fecha Jamenei es el principal sostén de grupos que poseen capacidad militar como Hezbollah”.
Leé también: Quién era Ali Jamenei, el líder supremo iraní que desafió a EE.UU . y concentró el poder durante más de 30 años
El gobierno iraní repudió, en julio del mismo año, la decisión de la Justicia argentina de avanzar con un juicio en ausencia contra 10 ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber planificado el atentado terrorista contra la AMIA en 1994, y calificó la medida como una “acción ilegal, politizada y contraria al derecho internacional”.
En un duro comunicado, señaló que Javier Milei está alineado con Israel y Estados Unidos en una “conspiración” para proteger a “funcionarios argentinos corruptos” que serían —según su visión— los verdaderos responsables del ataque.
La respuesta iraní se produjo días después de que Rafecas resolviera que se juzgue en ausencia a los 10 acusados —entre ellos exfuncionarios del régimen iraní y miembros de Hezbollah—, todos prófugos de la Justicia argentina desde hace casi dos décadas, bajo la nueva figura incorporada este año al Código Procesal Penal.
Irán, AMIA
POLITICA
EEUU pone la lupa sobre las estaciones espaciales chinas en Argentina y su posible uso militar
Un nuevo reporte del Congreso de Estados Unidos encendió la alarma sobre la presencia de infraestructura espacial china en América Latina, con especial foco en la Argentina.
El documento, titulado “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China”, sostiene que el régimen asiático consolidó en la región una red de estaciones terrestres y telescopios con capacidad de uso civil y militar, que podrían servir para recopilar inteligencia y fortalecer su estructura de defensa.
El trabajo fue elaborado por el Comité Selecto sobre la actividad de China en el hemisferio occidental y señala al menos once instalaciones vinculadas a Beijing en distintos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil.
Neuquén, en el centro del análisis
El informe dedica un apartado específico a la Estación de Espacio Lejano ubicada en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén. Allí funciona una antena de 35 metros de diámetro capaz de captar señales satelitales.
Según el documento, “en 2016, funcionarios argentinos y chinos firmaron un acuerdo en el que se estipulaba que la estación se destinaría exclusivamente a fines civiles; sin embargo, parece que ambas partes no establecieron ningún mecanismo de supervisión”.
Base china en Neuquén.
La base comenzó a construirse en 2014 bajo la presidencia de Cristina Kirchner y fue finalizada en 2017. Se trata de un predio de aproximadamente 200 hectáreas cedido por 50 años, con exenciones impositivas. De acuerdo a datos oficiales provinciales, la inversión superó los 50 millones de dólares.
Desde Washington advierten que este tipo de infraestructura podría integrarse a redes estratégicas del Ejército Popular de Liberación chino, en el marco de su política de expansión tecnológica y espacial.
Telescopios y estaciones bajo la lupa
El reporte también menciona al Observatorio Astronómico Félix Aguilar, en la provincia de San Juan, donde opera un sistema láser de medición satelital (SLR) financiado y desarrollado por el país asiático. Se trata de un telescopio capaz de generar datos de localización milimétrica.
En el texto se afirma que “estas capacidades pueden permitir una puntería precisa, la guerra electrónica y la alerta estratégica contra amenazas en el aire, el mar y el espacio”.
Otro punto señalado es la Estación Terrena de Río Gallegos, en Santa Cruz. Según el informe, fue aprobada en 2021 como instalación civil tras un acuerdo entre la firma argentina Ascentio Technologies y la empresa china Emposat. No obstante, el documento sostiene que la firma mantiene vínculos con la Fuerza Aeroespacial del Ejército chino y que una de las antenas instaladas carece de especificaciones técnicas públicas.
Para los legisladores estadounidenses, las instalaciones argentinas no funcionan de manera aislada, sino que conforman “nodos de una red coordinada que proporciona información estratégica” a Beijing.
Recomendaciones y advertencias de Washington
El presidente del Comité Selecto, John Moolenaar, sostuvo: “Gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites que vuelan sobre nosotros, y por eso las operaciones espaciales de China son motivo de grave preocupación. China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en Latinoamérica para impulsar su agenda y socavar la influencia de Estados Unidos en el espacio”.
Además, agregó: “El presidente Trump ha actuado con decisión para confrontar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deben actuar con prontitud según las recomendaciones de este informe y detener la expansión de la infraestructura espacial china”.
Entre las sugerencias incluidas en el documento se destaca que “la NASA debería revisar la cooperación con los países anfitriones para garantizar que no se haya infringido la prohibición de la Enmienda Wolf sobre la cooperación bilateral con China y las empresas de propiedad china”.
También plantea que “las agencias estadounidenses deberían reevaluar la cooperación en materia de espacio, defensa y tecnología avanzada con los países que albergan infraestructuras espaciales vinculadas a la República Popular China”.
El texto concluye con una recomendación contundente: “el Gobierno de los Estados Unidos debería establecer el objetivo explícito de detener la expansión de las infraestructuras espaciales de la República Popular China en América Latina y, en última instancia, tratar de reducir y eliminar las capacidades espaciales de la República Popular China en el hemisferio occidental que amenazan los intereses estadounidenses”.
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POLITICA
Tras la muerte de Ali Jamenei, el Gobierno recordó el atentado a la AMIA: “Que estas noticias aporten alivio a las familias”
El canciller argentino, Pablo Quirno, se expresó este sábado sobre la reciente muerte del líder supremo de la República Islámica de Irán, Alí Jamenei, y recordó el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
“Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá“, manifestó Quirno en redes sociales.
Luego, resaltó que “la decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa”. Y subrayó que la búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas “es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente”.
Por último, concluyó: “Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”.
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