POLITICA
El Gobierno se acerca a la mayoría en el Congreso para aprobar el presupuesto en diciembre
Con la “mesa política” del poder acelerando la marcha, y a veinte días del recambio parlamentario, el Gobierno suma aliados en el Congreso y se aproxima a la mayoría necesaria para aprobar la ley de presupuesto 2026 durante las sesiones extraordinarias. Nadie quiere, en los pasillos de Balcarce 50, pecar de suficiencia, pero el consenso entre los responsables de conseguir el apoyo de diputados y senadores es que el número está allí, al alcance de la mano.
En el fárrago de negociaciones diarias, la coincidencia entre los referentes del oficialismo, gobernadores aliados y espacios dialoguistas sobre la necesidad de definir el esquema de gastos e ingresos del próximo año fortalece la posibilidad de un acuerdo. El objetivo: tener el presupuesto antes de que finalice 2025.
“Hay optimismo, pero todavía falta”, se atajan cerca del ministro del Interior, Diego Santilli, cuya principal tarea desde que asumió el cargo es la de sumar voluntades de los gobernadores, no sólo para el presupuesto, sino también para las leyes de segunda generación que el presidente Javier Milei quiere tener aprobadas durante el próximo verano. Por lo bajo, el titular de la cartera política asegura en conversaciones reservadas que “cree” que el presupuesto “se aprobará”, pero se niega a dar precisiones.
Para la Casa Rosada, coinciden distintas fuentes oficiales, lograr la aprobación del presupuesto y del proyecto de “Inocencia Fiscal” −diseñado para incentivar la formalización de ahorros en dólares− sería un gesto institucional hacia la nueva etapa política y una señal valorada por sus socios en Washington. Para los gobernadores, en cambio, este es el momento para asegurar contrapartidas concretas para sus provincias, en una pulseada con idas y vueltas a la que todavía le faltan algunos rounds adicionales.
Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúan con su ronda de consultas con los gobernadores. El viernes, el titular de la cartera política visitó Santiago del Estero donde se llevó el compromiso de Gerardo Zamora para avanzar con el Presupuesto.
El martes Santilli viajará a Misiones con el mismo objetivo. En paralelo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y la senadora electa, Patricia Bullrich, conducen la estrategia parlamentaria del oficialismo, respaldados por el envión electoral del 26 de octubre. La Libertad Avanza (LLA) pasó de 35 a 91 diputados y de seis a 20 senadores. Confirmado en su puesto, Menem disputa ahora la primera minoría con Unión por la Patria (UP), que por el momento retiene 96 bancas en Diputados bajo un bloque unificado.
“Ninguno de los gobernadores nos pide demasiado”, contestan cerca de Adorni, quien junto a Santilli espera culminar, en las próximas semanas, las reuniones con los veinte gobernadores y vicegobernadores a quienes Milei recibió en Casa Rosada cuatro días después de su triunfo electoral.
En las últimas semanas, el Gobierno ya movió fichas y amplió su base. Sumó a los bullrichistas en ambas cámaras, incorporó a los radicales “peluca” en Diputados y ahora busca atraer a los legisladores sueltos: los dos del MID, los tres tucumanos del gobernador Osvaldo Jaldo −que busca recomponer su vínculo con Milei pese a haber competido con Fuerza Patria−, los tres salteños del mandatario Gustavo Sáenz, los dos sanjuaninos de Marcelo Orrego y la santafesina Verónica Razzini (Futuro y Libertad). “Sumarnos al bloque era algo natural, ya trabajábamos juntos y [Martín] Menem tendrá 94 diputados que le respondan sin tener que negociar con cada uno”, afirmó a el diputado radical Luis Picat, recién incorporado al bloque libertario.
Presidencia
También insistirá con los cuatro misioneros alineados con el caudillo misionero Carlos Rovira, aunque un reciente decreto presidencial tensionó el vínculo: al quitarle al Instituto Nacional de Yerba Marte (INYM) la potestad de fijar el precio de la yerba mate, el Gobierno desreguló un mercado central para Misiones. Y el encuentro con Zamora, coinciden en la Casa Rosada, era clave: el gobernador, que en unos días le pasará la posta del poder santiagueño a su secretario de toda la vida, Elías Suárez, maneja nada menos que siete diputados y tres senadores.
La UCR atraviesa su propia puja interna mientras intenta reconstruir un bloque unificado que preserve su peso institucional. Entre los 12 diputados radicales electos, seis muestran sintonía con el Gobierno: los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay (referentes de Alfredo Cornejo); los chaqueños Gerardo Cipolini y Guillermo Agüero (del espacio de Leandro Zdero), la bonaerense Karina Banfi y el correntino Diógenes González (cercano al gobernador radical Gustavo Valdés).
En un punto intermedio se ubican los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán −aliados al gobernador Carlos Sadir−, y el entrerriano Darío Schneider, que fue en alianza con LLA pero mantiene anclaje radical. En el extremo crítico aparecen sólo Pablo Juliano (referente de Facundo Manes), Martín Lousteau y Marcela Coletta.
En paralelo, el Gobierno intenta atraer a los que están cerca y fracturar al resto de los bloques, sobre todo al peronismo. En ese operativo participan el ministro del Interior y el jefe de Gabinete, bajo la supervisión de Karina Milei, quien tomó esta semana la conducción de la mesa política, con Milei en la quinta de Olivos y el asesor Santiago Caputo en un estudiado segundo plano. Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, también participa del “poroteo”, avalado por Karina Milei aunque aún, en lo formal, fuera de la mesa política. Todos miran al ministro de Economía, Luis Caputo, el encargado del aval final a las concesiones para cada gobernador.
Como parte de ese esfuerzo por sumar voluntades, el Poder Ejecutivo avisó que incluiría en el temario de extraordinarias la reforma a la Ley de Glaciares, un reclamo histórico de las provincias mineras para redefinir el área periglacial y habilitar inversiones frenadas por la normativa ambiental. Con esta modificación técnica, sin costo fiscal aparente ni impacto en su narrativa política, Milei busca acercarse a provincias cordilleranas que suman 13 diputados dispersos en distintos bloques y cuatro senadores. El guiño apunta, sobre todo, a San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca.
Los cuatro diputados catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil se adelantaron y anunciaron su salida del bloque de UP. Es que a Jalil le ofrecieron, además, el traspaso de YMAD −una empresa minera con caja propia− a la órbita provincial. Con este paquete, el oficialismo calcula un universo de 112 legisladores más inclinados a acompañar que a bloquear.
La ofensiva complica a Pro, con quien LLA mantiene una tirantez creciente. El oficialismo ya captó a ocho de sus dirigentes y amenaza con llevarse más. El macrismo exige que el presupuesto incluya el 1,55% de coparticipación para la Ciudad, tal como dispuso la Corte, pero el bloque está dividido: una mayoría respaldaría el proyecto sin esa cláusula, mientras otra fracción podría endurecerse. El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, intenta por estas horas evitar que el malestar termine en nuevas fugas.
En este tablero de reformas técnicas, desregulaciones y pactos provinciales se definirá la suerte del presupuesto, que el oficialismo quiere empezar a tratar horas después de la jura de los nuevos legisladores. En Diputados, el Gobierno calcula unos 120 votos entre propios y aliados, a nueve de la mayoría absoluta. En el Senado, la suma de los 20 libertarios, la decena de radicales, los cinco de Pro y algunos representantes provinciales −como Edith Terenzi (Chubut) o Beatriz Ávila (Tucumán)− también configura un escenario favorable para Milei. “Primero asumen los diputados y senadores, después se verá”, se atajan en un despacho clave de Casa Rosada, confiados pero dispuestos a sostener la respiración y la confianza hasta el 10 de diciembre.
acelerando la marcha,una pulseada,le ofrecieron,Jaime Rosemberg,Delfina Celichini,Conforme a
El reclamo salarial policial en Jujuy avanzó hacia una solución tras una propuesta formal presentada por el Gobierno a los delegados de agentes activos y retirados durante una reunión en la Central de Policía. Se trata de un esquema que aplicaría aumentos escalonados y establecería un piso salarial de $1.150.000, además de adicionales por presentismo.
Uno de los puntos claves del sistema que buscaimplementar la gestión que lidera Carlos Sadir sería alinear las actualizaciones salariales con el resto de los sectores de la administración pública. En este sentido, se tomaría como punto de partida el incremento del 10% anteriormente otorgado.
Al mismo tiempo, el paquete garantizaría a los agentes recién incorporados un sueldo mínimo neto de 1.150.000 pesos desde marzo. Además, se incluiría el pago de un adicional por presentismo y mejoras en los conceptos de títulos y posgrados.
La propuesta habría sido aceptada por los delegados policiales, aunque todavía se tendrían que realizar una serie de ajustes para terminar de definir el esquema final de remuneraciones. Según la información publicada por Jujuy al Momento, la prioridad del Gobierno provincial es retomar el funcionamiento habitual de la Policía y consolidar el consenso alcanzado.
Para destrabar el conflicto, el Poder Ejecutivo jujeño exigió «un compromiso mutuo por la paz y el respeto“. Por esto, pidieron que no haya encapuchados en las próximas manifestaciones que se realizaran, así como tampoco se quemen cubiertas o se lleve a cabo cualquier acto que pueda producir daños a propiedades públicas o privadas, subrayando la importancia de proteger la institucionalidad y la imagen de la fuerza.
En las horas previas, el conflicto salarial entre el Gobierno provincial y las fuerzas de seguridad había escalado hacia la vía judicial, debido a que las autoridades presentaron una denuncia penal contra los responsables de encabezar los disturbios ocasionados el lunes por la noche en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.
Frente a esto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación de oficio para determinar a los autores materiales de los ataques registrados en el edificio gubernamental.
Incluso, indicaron que ya tendrían en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad y otros registros fílmicos que permitieron identificar a personas involucradas en la remoción de vallas y el uso de pirotecnia de alto poder. Bajo el punto de vista del Gobierno provincial, estas acciones son consideradas actos de vandalismo planificado.
En un comunicado, las autoridades calificaron los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada”, ejecutada por sectores sin “representatividad” en la fuerza. Desde los despachos oficiales, el mensaje fue claro al asentar que no se permitirán maniobras de minorías que “pongan en jaque la paz social”, un bien considerado estratégico ante el aumento de la conflictividad dentro del sector estatal.
Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación destacó que los incidentes no derivaron en enfrentamientos directos entre miembros de las propias fuerzas de seguridad. “Lo peor se evitó: el choque entre pares”, afirmaron.
En este sentido, los investigadores resaltaron la disciplina mostrada por quienes custodiaban el edificio, pese a la presión ejercida por sus propios colegas y los familiares presentes. Así, confirmaron que la investigación judicial avanzará con el análisis detallado de las pruebas recolectadas, con el objetivo de determinar eventuales sanciones penales para los responsables.
El reclamo de efectivos de la Policía de Jujuy por un aumento salarial desencadenó movilizaciones y protestas en la provincia, luego de que exigieran la actualización del salario básico y mejoras en condiciones de trabajo. Estas abarcarían tanto la revisión de la jornada laboral como la dotación de recursos y renovaciones en la infraestructura de dependencias policiales.
El impacto del conflicto se potenció ante los incrementos diferenciados otorgados a la plana mayor de la fuerza, quienes recibieron un aumento del 70%. Además, sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) accedieron a beneficios excluyentes, lo que profundizó el malestar entre agentes de menor rango, de acuerdo con Noticias (d) Jujuy.
En respuesta a este descontento, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, notificó que las resoluciones que concedían estos aumentos serán anuladas, una decisión orientada a calmar la tensión dentro de la institución policial.
El viernes, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, junto a autoridades de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión, se acordó la conformación de una mesa de diálogo dedicada a analizar la situación salarial y los reclamos.
Los delegados anticiparon la presentación de un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario. Aunque ese encuentro no logró contener el descontento de ese sector de las fuerzas de seguridad, se espera que el acuerdo con el Gobierno derive en el fin de las protestas.
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POLITICA
Legislatura porteña: La Libertad Avanza y Fuerza Patria presionan a Jorge Macri y desplazan a Pro de las principales comisiones
La oposición busca capitalizar la debilidad de Jorge Macri en la Legislatura porteña y presiona al jefe de gobierno para quedarse con la presidencia de las principales comisiones. Aunque Pro retendrá presupuesto, el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) postergan al sello amarillo en las negociaciones y se encaminan a conducir los órganos que revisarán los pliegos judiciales y los vetos del mandatario.
La magra cosecha de Pro en los comicios de mayo pasado dejó al oficialismo en una situación frágil en el parlamento local con apenas 11 legisladores. La semana pasada logró completar la docena, con la adhesión de Pablo Donati, de Republicanos Unidos, a la bancada, pero todavía se mantiene detrás de Fuerza por Buenos Aires -cuyo bloque concentra un tercio de la cámara (20 bancas)- y los 14 libertarios, incluida Sandra Rey, reciente incorporación a la tropa de Pilar Ramírez desde las filas larretistas.
En este contexto, las dos principales bancadas opositoras buscaron hacer valer su superioridad numérica y tensaron las negociaciones con el oficialismo por el reparto de las comisiones. “Nuestro bloque entiende que, siendo el bloque mayoritario, nos corresponden comisiones más relevantes que en otras oportunidades”, explicaron en la bancada peronista.
Según pudo saber , aunque las negociaciones continúan en marcha, Fuerza por Buenos Aires se encamina a conducir la Junta de Ética, un órgano que jugará un rol clave este año si se concreta en el corto plazo el traspaso del fuero laboral a la ciudad. Es que por esa comisión pasan los pliegos para ocupar cargos públicos y vacantes judiciales previo a su discusión en el recinto.
En la Legislatura afirman que el oficialismo tiene los votos para aprobar el convenio firmado con el gobierno de Javier Milei para avanzar con el traspaso de competencias. Es el paso final para que el acuerdo entre en vigor, dado que ya recibió el aval de las dos cámaras del Congreso Nacional.
La Libertad Avanza también tendrá un rol central en los debates sobre temas judiciales en el nuevo período de sesiones ordinarias. Sucede que el sello violeta habría logrado quedarse con la comisión de Justicia, un nicho que buscaba mantener bajo su órbita la Unión Cívica Radical (UCR), en particular el sector del partido que responde a Daniel “Tano” Angelici, aliado de los primos Macri que, desde mediados del año pasado, integra la mesa chica del jefe de gobierno.
El dirigente radical tiene una fuerte injerencia en la Justicia porteña, un área en la que también talla el presidente del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, quien ubicaría a uno de sus alfiles al frente de la Junta de Ética: Matías Lammens. Angelici -que tiene terminales en la Secretaría de Justicia porteña y el Consejo de la Magistratura local- apostaba a conservar el control sobre el órgano legislativo que digita los proyectos en materia judicial a través de su ladera Aldana Crucitta.
Según señalaron tres fuentes parlamentarias consultadas por separado, el operador judicial del macrismo habría intervenido directamente en las negociaciones para retener la comisión. En particular, advirtieron que habría mantenido diálogo con Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad y presidenta del bloque libertario para destrabar la puja por esa codiciada comisión, aunque el partido de Milei terminó imponiendo su posición.
Se prevé que LLA se quede también con la comisión de Asuntos Constitucionales, que, entre otras cuestiones, revisa los vetos del jefe de gobierno. El presidente del órgano sería Nicolás Pakgojz, mano derecha de Ramírez.
Angelici no se quedará, de todos modos, al margen de las comisiones con mayor actividad. Legisladores de la oposición indicaron a que su alfil Crucitta finalmente presidiría Seguridad, que hasta el año pasado controlaba Pro a través de Gimena Villafruela.
En algunos bloques esperan que el oficialismo resista el intento por desplazarlo de este órgano, en especial ahora que Jorge Macri busca apuntalar su vocación reeleccionista en una agenda de mano dura y orden. Sin embargo, al cierre de esta nota, era Crucitta quien lideraba la carrera por la presidencia de esta comisión.
De confirmarse esta distribución, de las principales comisiones, Pro apenas conservaría Presupuesto. A pesar de los embates al oficialismo, tanto en fuerza por Buenos Aires como en LLA acordaron respetar la regla tácita por la que es el partido que gobierna el que conduce esta comisión. Según pudo reconstruir , dos nombres se barajaban para su presidencia: por un lado, la propia Villafruela, y, por el otro, Ignacio José Parera, un hombre del riñón de Cristina Ritondo.
El presidente de la bancada amarilla en la Cámara de Diputados y titular de Pro bonaerense -que renovó su mandato la semana pasada- participó de la apertura de sesiones ordinarias de Jorge Macri.
La decisión final probablemente recaiga en cuánto poder estará dispuesto a concederle a Angelici el alcalde porteño. Sucede que, aunque no es alguien de su fuero más íntimo, Villafruela mantiene una relación asidua con algunos aliados del radical como el secretario de Justicia, Francisco Quintana.
El oficialismo también controlará la comisión de Salud, que estará a cargo del dirigente de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso. Aunque no es Pro puro, el legislador juega en tándem con el bloque amarillo desde que encabezó la lista de diputados porteños de Jorge Macri en 2023.
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POLITICA
Debaten si el caso contra el ex gobernador Sergio Urribarri por enriquecimiento ilícito llega a juicio oral
La causa que investiga al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por presunto enriquecimiento ilícito entró en una etapa clave, debido a que este martes comienzaron las audiencias, en las que se definirá si el proceso será elevado a juicio oral. La resolución podría conocerse a finales de abril.
El proceso lo lleva a cabo el juez de Garantías Mariano Budasoff en el Salón de Audiencias Nº1. Urribarri ya arrastra antecedentes por corrupción y, actualmente, se encuentra bajo restricciones en la ciudad de Concordia.
No obstante, en esta oportunidad, sería juzgado por el aumento patrimonial no justificado durante el período en el que estuvo a cargo de la Gobernación y fue diputado nacional. Según la pericia contable elaborada por el Ministerio Público Fiscal, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, Urribarri incrementó su patrimonio en 1.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros.
La causa en curso no solo involucra al ex gobernador, debido a que el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros también está imputado por presuntamente haber sido el testaferro de Urribarri. Según planteó la Fiscalía, esta maniobra le habría permitido a quien fue mandatario entrerriano administrar sus bienes y fondos, mientras escondía su verdadero patrimonio.
De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron una pena de cinco años y seis meses en prisión para el ex gobernador. Asimismo, para Cardona Herreros pidieron una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
Pero, previo a que ambos pudieran ser juzgados, el tribunal tendrá tiempo para evaluar la causa hasta finales de abril de 2026. Así, el cronograma de audiencias establecido por el Poder Judicial fija que las jornadas continuarán hoy, mañana y los días 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo, como así también el 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026.
La defensa de Urribarri está representada por Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen, mientras que Cardona Herreros cuenta con la defensa de Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez. Ambos equipos cuestionaron la investigación al señalar que la Instrucción Penal Preparatoria habría estado “viciada de parcialidad” y calificaron de “deficiente y persecutoria” la labor del Ministerio Público Fiscal.
De hecho, a finales de enero, el ex mandatario publicó un video grabado desde su casa en Concordia, en donde expuso la falta de acompañamiento que tuvo por parte del Partido Justicialista. “Después de haber estado 51 días detenido ilegalmente, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. No hay leyes, no hay códigos ni jurisprudencia que puedan justificar tan larga pesadilla”, cuestionó.
“A los dirigentes de mi partido quiero decirles que los entiendo. No es para cualquiera lo que me pasa a mí. Y es comprensible que tengan miedo de que les ocurra lo mismo, como algunos ya lo han reconocido. Uno de los principales objetivos de este proceso ha sido amedrentar, meter miedo a la dirigencia para que no hablen, no se jueguen, no opinen”, apuntó.
Luego de indicar que seguía en marcha la revisión de su condena a 8 años de prisión por los delitos de negociables incompatibles y peculado, Urribarri sostuvo que los cargos que le adjudicaron eran “acciones de gestión”. Además, advirtió que su detención preventiva podría generar “un peligroso antecedente para el futuro judicial de la provincia”.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, dando inicio a una extensa investigación judicial. Desde entonces, el expediente avanzó hasta la actual instancia de audiencia de remisión a juicio, donde se determinará si existen elementos suficientes para que Urribarri y Cardona Herreros enfrenten un debate oral.
En 2022, el ex gobernador fue condenado a ocho años de prisión en el denominado megajuicio por corrupción. Ese fallo fue revisado en varias instancias de apelación y ahora su destino depende de la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
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