En el marco de su plan de privatizaciones, el Gobierno avanza con la concesión del sistema de trenes Belgrano Cargas y planea cumplir con el llamado a licitación en los próximos días, con el objetivo de que todo el proceso esté finalizado para principios de diciembre, aunque algunos oferentes ya expresaron sus cuestionamientos por el modo en el que se hará la compulsa.

Según pudo saber Infobae, así se los expresaron las autoridades nacionales a los empresarios interesados, durante una de las jornadas del Agentina Week, que se desarrolló a mediados de este mes en la ciudad de Nueva York.

En ese marco, la gestión libertaria expuso los principales lineamientos del plan y sus plazos, además de estimaciones de las inversiones que llegarían al país a partir de este proyecto, estimadas en casi 800 millones de dólares.

Por su parte, a lo largo de ese evento, algunos funcionarios, como el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, recibieron a representantes de distintas compañías que podrían competir por hacerse con la operación de la red ferroviaria.

En la presentación, que se llevó adelante en el Consulado General argentino, el equipo del Belgrano Cargas inició con un análisis sobre la situación actual del sistema: de acuerdo con los datos oficiales, la red exhibe una densidad de carga de 0,63 millones de toneladas-kilómetro por kilómetro de vía, un nivel que contrasta con los 3,40 de Brasil y se ubica muy por detrás de los 24,20 de Australia.

De acuerdo con los gráficos de la exposición, el sistema argentino no logra absorber la expansión agrícola, ya que el volumen transportado por trenes permanece en torno a los 25 millones de toneladas anuales durante más de cinco décadas.

El modelo vigente, definido como “un círculo vicioso” de baja carga y recursos insuficientes para el mantenimiento, dejó como saldo una infraestructura degradada y una débil capacidad logística.

La propuesta que el Gobierno expuso en los Estados Unidos apunta a transformar el esquema de gestión de “concesión vertical” y pasar a uno de “acceso abierto” (Open Access, en inglés), en el que la administración de la infraestructura ferroviaria quedaría separada de la operación de trenes.

El esquema contempla tres ejes: un administrador de infraestructura responsable del control de tráfico, mantenimiento y asignación de turnos; operadores de carga privados que competirán por el servicio pagando peaje; y concesionarios de talleres ferroviarios, con contratos de cincuenta años para el mantenimiento de material rodante.

El alcance de la privatización comprende 7.594 kilómetros operativos a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que recorren 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay).

El material rodante se subastará por separado, entregando dos lotes de locomotoras y otros dos lotes de vagones por cada una de los tres ramales mencionados.

El contrato no prevé cánones ni subsidios estatales, sino que el concesionario obtendrá ingresos por el cobro de peajes sobre los operadores y la explotación comercial de inmuebles linderos a la traza ferroviaria, entre ellos silos y parques logísticos.

El plan exige inversiones por 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza, y se fijó un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto del proyecto.

El acuerdo incluye mecanismos de protección jurídica para el concesionario, con derecho a renegociar condiciones ante cambios legales o eventos extraordinarios. Además, el pliego incorpora cláusulas de arbitraje internacional bajo reglas UNCITRAL y derechos de “step-in” para los acreedores, lo que les otorga la posibilidad de intervenir en caso de incumplimientos antes de que el Estado rescinda el contrato.

El cronograma oficial establece que la licitación se lanzará a fines de marzo. A partir de ese momento, los oferentes tendrán 90 días para presentar propuestas.

La adjudicación y la firma del contrato se concretarán entre junio y julio, seguidas de un período de transición —también de 90 días— para inventarios y traspaso de personal. El objetivo es que en diciembre los nuevos operadores privados asuman el control efectivo del servicio.

Durante la Argentina Week, los representantes del Grupo México, una de las firmas que ya anunció públicamente su deseo de presentarse en esta licitación, les reiteró a los funcionarios sus críticas hacia el sistema de “Open Access”.

La compañía, que ya opera en su país y también en varias partes de los Estados Unidos, busca que tanto el material rodante, como la infraestructura (talleres) y la operación se incluyan en una misma oferta, para garantizarse contar con el sistema completo pra trabajar, y a cambio prometen una inversión de unos 3 mil millones de dólares para las líneas Belgrano y Urquiza, mucho más de los casi 800 millones que plantea el Gobierno.

“En todos lados se hace de esa forma, porque el mecanismo de acceso abierto solo se implementó en Inglaterra y fracasó. Como está armado ahora, se está pensando solamente en el mercado agrario, cuando la red puede beneficiar también a la minería y a otros sectores importantes de la economía, aunque para eso es necesario un plan más integral”, explicaron a este medio fuentes al tanto de la postura mexicana.

En febrero último, los representantes del grupo viajaron a la Argentina para reunirse con el flamante secretario de Transporte, Fernando Herrmann, y ratificar el pedido de que se revea el formato de la licitación.

La estructura que propone el Poder Ejecutivo para este proceso, por el momento, sigue estando dividida en dos partes: una oferta A por la concesión de vías e infraestructura solamente, y una oferta B por la concesión de vías más el adquisición de material rodante.

Es la claudicación total de la seguridad argentina. Mientras la inflación devora los salarios, el Ministerio de Seguridad de Monte Oliva implementa «merenderos» para los efectivos, les descuenta dinero del sueldo por la comida y les entrega cajas de alimentos como si fuera una limosna. ¡Indignación total en las fuerzas!

El «Pago en Especie» de la Humillación: Yerba y Fideos en lugar de Sueldo

En un giro que evoca las épocas más oscuras de crisis económica, la Policía Federal Argentina (PFA) se encuentra sumida en una humillación institucional sin precedentes. Este diario ha accedido a pruebas contundentes que demuestran que el personal de la fuerza está recibiendo parte de su sustento mediante cajas de alimentos básicos.

Ver a oficiales de investigaciones retirando fideos y yerba mate es la prueba irrefutable de que, para el Gobierno actual, el uniforme no merece un salario profesional, sino una bolsa de mercadería. Es el retorno del pago en especie en pleno 2026.

El «Saqueo al Plato de Comida»: Te descuentan $9.000 del recibo

Pero la desfachatez de la gestión de la Ministra Monte Oliva no tiene límites. Mientras les niegan un aumento salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo, el Ministerio ha implementado un sistema de comedores donde se les aplica un descuento compulsivo de $9.000 por el acceso al menú semanal.

Es un sistema perverso: el policía, que ya cobra una miseria, debe pagarle al Estado para poder comer durante su turno de servicio. ¿Dónde quedó la inversión en seguridad si ni siquiera pueden garantizar el alimento de la tropa sin meterles la mano en el bolsillo?

La «Lista de la Pobreza»: ¿Quiénes deben mendigar en el comedor?

El documento oficial de la Implementación Comedor S.I.F. es, en realidad, el mapa de la indigencia dentro de la Federal. El Gobierno ha segmentado las jerarquías que, por su crítica situación económica, están habilitadas para este «beneficio fantoche».

Lo más doloroso es que el Estado admite que ciertos efectivos deben asistir a comer incluso en sus días de franco porque su sueldo no les alcanza para poner un plato de comida en su mesa familiar.

Las jerarquías de la miseria según el Ministerio:

• Ayudantes y Agentes: Habilitados para ir al comedor incluso estando de franco.
• Subinspectores y Cabos: Personal en servicio que sufre el descuento directo por ración.
• Auxiliares de Seguridad e Inteligencia: Degradados a beneficiarios de un plan asistencialista.

Menu del Merendero Policial.

Monte Oliva y un Silencio que Aturde

La inacción de la Ministra de Seguridad, Monte Oliva, es el centro de todas las críticas. Bajo su gestión, no solo se ha estancado la jerarquización de la fuerza, sino que se ha permitido que la estructura logística retroceda a niveles de emergencia social.

«Nos piden profesionalismo para combatir el narco, pero nos tratan como ciudadanos de segunda. La Ministra debería saber que con un plato de guiso y una caja de fideos no se mantiene a una familia ni se motiva a una fuerza», denunció un oficial bajo estricta reserva.

Olla a presión: Una fuerza al límite

La indignación es total y la paciencia se agota. La falta de un aumento salarial real, sumada a estas medidas que son una «limosna» insultante, ha creado un clima de tensión máxima. Si el Gobierno no reacciona ante esta falta de respeto total a las fuerzas de seguridad, el conflicto institucional será inevitable. ¿Quién nos va a proteger cuando los que nos cuidan no tienen ni para comer y se llamen a Paro Nacional?

María José Lucesole,Conforme a