El Gobierno dispuso finalmente una “intervención en grado de veeduría” en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 180 días, con el objetivo de investigar las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias y el rol de la frustrada universidad que no llegó a ver la luz.

La decisión fue firmada esta noche por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y mantiene el plan de trabajo y los veedores que habían sido propuestos por Daniel Vítolo, el extitular de la Inspección General de Justicia. El nuevo titular de la IGJ es Alejandro Ramírez.

La resolución dispone la veeduría a partir de una solicitud formulada por la IGJ, el organismo encargado del control estatal de ese tipo de asociaciones. La medida se fundamenta en una serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento institucional y registral de la entidad, dice la resolución ministerial.

Estas irregularidades motivaron la apertura de actuaciones administrativas y la necesidad de reforzar el control de legalidad previsto por la normativa vigente. El ministro Mahiques designó como veedores al contador público Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortíz de Marco, según la resolución.

La misión de los veedores es “obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada por la AFA a la Inspección General de Justicia”. Y además deberán “verificar la existencia de otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos de la entidad”.

Esa será la tarea de los veedores, según la resolución que lleva el número 128 de 2026 y a la que accedió .

Los lineamientos de los veedores los obligan a presentar un informe detallado respecto del contenido de los estados contables y financieros de la AFA cerrados al 30 de junio de 2025, con sus cuentas y partidas detalladas y abiertas. Además, deben incluir su opinión fundada respecto del cumplimiento de la obligación de depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales durante ese ejercicio.

Los nuevos veedores de la AFA auditarán todos aquellos documentos relacionados con la creación, puesta en marcha y equipamiento de la Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA) y las “operaciones patrimoniales y financieras, adquisiciones de inmuebles, bienes muebles, derechos y contrataciones de personal, directivos y autoridades, y de los convenios celebrados por y en relación con dicha Universidad con otras universidades y/o cualquier otro tercero”.

Otra de las tareas encomendadas por Mahiques será “auditar e informar respecto de toda la relación comercial, financiera o de cualquier otra naturaleza y de las operaciones existentes, concertadas y ejecutadas entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC y/o Javier Faroni y/o Erica Gillette, su mujer y titular de la firma”.

Se trata de la empresa que estaba habilitada para cobrar en el exterior los contratos de la Selección argentina y desde donde se movieron al menos 400 millones de dólares hacia sociedades fantasma o personas ignotas, sin justificación.

A su vez, los veedores deben analizar la relación entre la AFA y Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio Chiqui Tapia investigado por lavado de dinero. Se analizarán las relaciones con el resto de las sociedades de ese grupo.

La verificación deberá incluir el análisis de los montos percibidos por TourProdEnter en su carácter de comercializador de derechos de la AFA a lo largo del desarrollo del contrato desde su celebración hasta la fecha del informe. Se deben “indicar las rendiciones de cuentas de las operaciones concertadas y/o realizadas en los ejercicios en los cuales esa entidad hubiera actuado, señalando e identificando las remesas enviadas, recibidas y percibidas por la AFA en el exterior y/o remesadas al país».

Se trata de una radiografía oficial de estos movimientos que se convertirá en prueba judicial de las causas en trámite. Además, los veedores revisarán y se expedirán respecto de toda otra información o documentación que resulte necesaria compulsar y conocer a efectos de ejercer el contralor que le impone la ley a la IGJ.

Los veedores, según la decisión administrativa, “contarán con amplias facultades para el examen de libros, documentos contables, soportes documentales de las operaciones registradas, y documentos vinculados con la misión encomendada”.

Una vez que concluyan la tarea en seis meses deberán elaborar un informe final con sus conclusiones, sin perjuicio de la posibilidad de presentar los informes parciales que puedan considerar necesarios en los cuales consten los avances de su tarea y las eventuales situaciones que pudiesen evaluar como urgentes.

El ministerio dijo que con esta resolución se “Busca garantizar el adecuado ejercicio del control estatal sobre una asociación civil de relevancia pública, preservar la transparencia en su administración y asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales que rigen su funcionamiento institucional”.

La remoción de Vítolo con la llegada de Mahiques al ministerio generó suspicacias ante la eventual protección que se pudiera dar a la organización deportiva.

Pero Mahiques, que fue propuesto como vicerrector de la Universidad de la AFA y tiene amistad con Ignacio Jaquin, un abogado asesor de la AFA, dijo que iba a mantener las decisiones de su antecesor e iba a ser inflexible.

No hubo un acuerdo firmado: hubo varios. El estadounidense Hayden Mark Davis y el lobista argentino Mauricio Novelli sellaron al menos dos convenios entre 2024 y 2025, todos con el presidente Javier Milei como activo transaccional decisivo. El último, firmado el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA, ya había sido revelado meses atrás. Pero antes, el 21 de noviembre de 2024, rubricaron otro, según surge de la copia de ese documento que peritos oficiales recuperaron del teléfono de Novelli y detectó .

Se trata de un escrito presentado como una “oferta irrevocable” que Davis, como CEO de Kelsier Group, le presentó a Novelli, a su socio Manuel Terrones Godoy, y al entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. ya había revelado la existencia de ese material, a partir de fuentes, en una nota de febrero de 2025. Pero ahora salió a la luz el documento completo, recuperado por expertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF).

La propuesta, tal como surge del propio archivo, fue aceptada ese mismo día por Novelli, Terrones Godoy y Morales, lo que implicó “el consentimiento hacia la presente Oferta Irrevocable y el perfeccionamiento del acuerdo”, artículos 971 y 979 del Código Civil y Comercial.

El primer dato clave de la propuesta de Davis es que Morales, quien también se presentaba en congresos de tecnología como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación”, sería “referenciador” de la operación al igual que Novelli y Terrones Godoy. La segunda, que el objetivo era posicionarlo como “máximo referente de web3/Blockchain/AI” en el país.

Davis y todo el equipo de Kelsier Group tenían como una de sus tareas primordiales “establecer el diálogo con las autoridades parlamentarias para debatir sobre temas relevantes relacionados con blockchain/web3/AI: Javier Milei, Karina Milei, miembros del Gabinete y del Congreso”, según el texto.

El apellido Milei no aparece mencionado en ningún otro tramo de las cinco carillas del texto, lo que significó un cambio sustancial con respecto al borrador que habían redactado un día antes, 20 de noviembre de 2024, cuya copia también obtuvo . En esa versión anterior, se identificaba a Morales como “asesor oficial de Web3/Blockchain para Javier Milei”, lo que se eliminó de la redacción posterior, acaso para mitigar la exposición directa del Presidente.

El objetivo declarado era generar ingresos por US$10 millones antes del 30 de abril del año siguiente -es decir, de 2025- para, de alcanzar esa cifra, extender la vigencia del contrato por otros dos años y medio. Pero siempre con pautas claras sobre el reparto del dinero: Morales se llevaría US$1.550.000 más el 35% del total facturado por Kelsier Group a los clientes que acercara el funcionario.

La forma de pago de esos US$1.550.000 también quedó estipulada por escrito: un pago inicial de US$300.000 seguido por cinco pagos mensuales de US$250.000, “en criptomonedas a la billetera electrónica proporcionada por el referenciador”, es decir, por Morales, Novelli y Terrones Godoy, quienes se harían cargo de sus costos e impuestos.

El experto en blockchain Fernando Molina detectó una serie de pagos cuya trazabilidad le permite indicar que Hayden Davis le envió al grupo de socios argentinos desde una billetera virtual cifras coincidentes con lo señalado en el convenio. Son giros que empiezan el 19 de noviembre y terminan el 17 de enero.

El plan delineado también incluía metas políticas y tecnológicas más amplias, entre ellas “fortalecer y ampliar la influencia del partido político”, crear un comité nacional sobre blockchain y desarrollar una iniciativa tecnológica que culminaría con el lanzamiento de una “Moneda de Libertad”. Este detalle, que figura en el contrato del 21 de noviembre —casi tres meses antes del lanzamiento de $LIBRA—, contrasta contra cualquier narrativa de que ese proyecto criptomoneda surgió de manera espontánea o sin planificación previa.

Una fuente al tanto de las negociaciones alrededor de ese “borrador” relató a que Davis, Novelli, Terrones Godoy, Morales y sus allegados afrontaron cuestionamientos sobre la licitud de un entendimiento de ese tipo. Entre otros motivos, porque requería la intervención previa de las áreas legales de Presidencia, Cancillería, la Procuración del Tesoro y otras dependencias oficiales. En otras palabras, que firmarían algo nulo o, peor, cometerían un delito. “Pero no se mostraron receptivos a los cuestionamientos”, completó la fuente.

Aun así, la noche del 21 de noviembre, Davis y sus allegados celebraron en el hotel Four Seasons. Y en los días que siguieron, el estadounidense de 28 años comenzó a alardear de sus vínculos con el núcleo presidencial.

“Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción” le escribió Davis, entre fines de 2024 y principios de 2025, a expertos en finanzas y ejecutivos de inversiones en criptomonedas con los que quería sondear posibles negocios. “Yo controlo a ese nigga”, añadió, usando una expresión oprobiosa y despectiva con la que supremacistas blancos se refieren en Estados Unidos a personas afroamericanas o de otros orígenes que están sujetas casi a la servidumbre. “Le envío $$ a su hermana [por Karina] y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura”.

Sus comentarios, sin embargo, no eran mera jactancia. Seis días después, Davis suscribió otro documento con sus socios argentinos en el que estipuló en términos legales casi idénticos que la nueva sociedad actuaría como “único socio exclusivo para servicios de asesoramiento Web3 en Argentina y con el presidente Milei”. Lo que Davis decía en sus mensajes privados, lo vertió también por escrito ante terceros.

El 21 de noviembre de 2024, Davis, Novelli, Terrones Godoy y Morales redactaron otro instrumento legal para desarrollar una “asociación exclusiva” para “apoyar iniciativas” de la empresa Cardano en la Argentina y posicionar al CEO de esa firma, Charles Hoskinson, como referente de la “tecnología web3” en la Argentina.

Esta vez, sin embargo, avanzaron bajo una razón social diferente: no Kelsier Group Co. —la entidad operativa del primer contrato— sino Kelsier Holdings Limited, una compañía constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio registrado en Road Town, Tortola. Así, en apenas seis días, la operación migró de una entidad visible a un vehículo offshore, aumentando la opacidad financiera de la operación.

Ese acuerdo también establecía que la asociación aspiraba a convertirse en el “único socio exclusivo para servicios de asesoramiento Web3 en Argentina y con el presidente Milei”, sostiene el archivo recuperado por los peritos, que presenta una contradicción interna: mientras el encabezado lleva fecha del 27 de noviembre de 2024, la cláusula de firmas consigna el 16 de octubre de ese año. La inconsistencia sugiere que el documento fue confeccionado con apresuramiento o que se reutilizó una plantilla anterior sin corregir la fecha, lo que abona la hipótesis de una operación construida sobre la marcha.

El acuerdo conllevó un pago inicial por US$300.000, “de los que US$150.000 ya se han pagado”, en tanto que restaba desembolsar otro tanto, por lo que el documento solo vino a regularizar, sobre el papel, una relación que ya operaba en los hechos, para luego sumar US$250.000 por mes a partir del 1 de enero de 2025. ¿Los porcentajes acordados? El 65% para la firma de Davis, Kelsier Holdings, y el 35% para los socios argentinos.

Suscripto bajo pautas de “estricta confidencialidad” que ninguno de los involucrados podría quebrantar, “excepto requerimiento legal o por orden judicial”, sin embargo, algo se quebró en la relación entre las partes. Al punto que Hoskinson cargó contra ellos, mediante un video, en las horas posteriores al lanzamiento y colapso de $LIBRA.

Hoskinson acusó a Novelli y Terrones Godoy de pedirle sumas de dinero de cinco cifras en dólares a cambio de destrabarle una reunión en la Argentina con el presidente Milei y que, de ese modo, “cosas mágicas pasaran”. Y afirmó que rechazó la petición porque consideró que violaba la ley que penaliza en Estados Unidos las prácticas corruptas cometidas en el extranjero (FCPA, en inglés).

“Nos decían ‘Hey, danos algo [hace con las manos el gesto de contar billetes], podemos hacer una reunión, y, oh, sí, cosas mágicas pueden suceder’. Y yo decía, ‘bueno, eso sería violación de la FCPA, no podemos hacer eso’. Y entonces, de repente, se detuvieron”, rememoró Hoskinson en el video que subió a su cuenta oficial de la red social X desde Colorado. “Fue una experiencia muy frustrante en Argentina”.

Hoskinson viajó a Buenos Aires al evento Tech Forum, a finales de 2024, y tenía la promesa de que lo iba a recibir Milei. Finalmente solo obtuvo una foto grupal junto a Novelli, Terrones Godoy y otros emprendedores.