POLITICA
El Gobierno suspendió una cooperativa de recicladores por desviar fondos

El Ministerio de Capital Humano suspendió a una cooperativa de recicladores de la provincia de Buenos Aires por uso indebido de fondos.
La decisión se tomó luego de que una auditoría del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) revelara irregularidades en los gastos de la agrupación, utilizados -según consigna en el comunicado oficial- “en beneficio personal” de su presidente y entorno familiar.
“El Ministerio de Capital Humano, a través de la INAES, dispuso la suspensión de la Cooperativa de Trabajo Recuperadores del Sur Ltda. y la apertura de un sumario, tras detectar irregularidades graves en el uso de fondos”, informó la cartera de Sandra Pettovello a través de sus redes sociales.
Según consigna en el comunicado oficial, la agrupación está presidida por Héctor Eduardo Morillo, cuya esposa e hija también se desempeñan en la cooperativa. Los tres habrían utilizado los fondos de la organización para solventar gastos personales que van desde vacaciones hasta compras de vehículos.
“Los fondos de la cooperativa fueron utilizados para abonar, entre otras cosas, una estadía en un SPA de la Costa Atlántica, bebidas alcohólicas, indumentaria no de trabajo, el seguro del auto de la hija de Morillo y una Moto Honda 750, cuyo único autorizado a conducir es Héctor Morillo, un vehículo que no sirve para las actividades de la cooperativa”, detalla el comunicado del Gobierno.
La auditoría del Inaes también reveló “millonarias transferencias” de dinero de la cooperativa a las cuentas personales de Morillo y su hija y el cobro de cheques por ventanilla.
Sin embargo, no se logró precisar el destino de dichas erogaciones en el marco de la investigación por malversación.
El Ministerio de Capital Humano también vinculó al gobierno de la provincia de Buenos Aires, en particular al Ministerio de Ambiente local, con la cooperativa. La agrupación de recicladores está inscripta ante el organismo como transportista de residuos industriales no especiales y gestor refuncionador de residuos electrónicos.
Debido al servicio de transporte y tratamiento brindado, el mes pasado habría recibido un vehículo para “fortalecer el sistema de recolección diferenciada” en Pilar, municipio gobernado por Federico Achával, cuyo nombre se mencionó en las últimas semanas como posible candidato nacional de Fuerza Patria.
Así fue notificado -según argumenta la cartera de Pettovello- en una publicación de redes sociales de Jaquelina Flores, subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, con fecha del 30 de julio.
“En ese posteo, menciona que la cooperativa es una unidad productiva con más de 100 trabajadores”, dice el comunicado del gobierno nacional, en el que también se aclara que la auditoría realizada permitió corroborar que la agrupación no alcanza ese número de asociados. Tal inconsistencia podría reflejar una falta de control de parte de la administración provincial.
buscó la publicación citada en las cuentas de la funcionaria, pero tras la comunicación de Capital Humano, no se encontró ningún posteo de esa fecha en el que se haga mención a la cooperativa suspendida.
En el comunicado, la cartera nacional también destaca que, previo a asumir en el gabinete de Axel Kicillof, Flores se había desempeñado como autoridad de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), donde Morillo también habría ocupado un cargo jerárquico. La entidad integra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fundada por Juan Grabois, a quien el Gobierno también buscó asociar con la cooperativa a tres días del cierre de listas para los comicios nacionales en los que el dirigente social podría ser candidato.
La Federación, sin embargo, buscó desligarse de la denuncia del Gobierno y desmintió que el titular de la cooperativa ejerzan como autoridades. “Ni el presidente ni ningún otro miembro de la cooperativa Recicladores del Sur poseen cargos en los órganos de administración y/o fiscalización de la Federación, ni tienen poder ni facultades de gestión y/o representación de ésta y sus demás miembros ante terceros”, señalaron.
Además, la asociación se comprometió a colaborar con la regularización de la agrupación recicladora y exigió que se proceda con la investigación correspondiente sin que aquello sea utilizado como “excusa para atacar o impugnar los sistemas de reciclado con inclusión social” construidos en las últimas dos décadas.
Al cierre de esta nota, pese a su mención en el comunicado de la administración libertaria, Grabois no había realizado un descargo público al respecto.
Sandra Pettovello,pic.twitter.com/0nxfd8tRZu,August 14, 2025,candidato nacional de Fuerza Patria,dirigente social podría ser candidato,pic.twitter.com/9nqaHT311a,August 15, 2025,Sandra Pettovello,Juan Grabois,Conforme a,Sandra Pettovello,,»Mendaces». Sandra Pettovello justificó el aumento de su patrimonio, que subió un 60% en un año,,»Dato mata relato». Pettovello dijo que la pobreza “tiene una tendencia a la baja” y defendió la política económica,,El Gobierno pide investigar. Polémica en Tucumán por un supuesto audio de una profesora que adoctrina chicos en el aula
POLITICA
El Gobierno presentó la Ley Hojarasca para derogar normas “obsoletas” y simplificar el sistema legal

El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de ley conocido como Ley Hojarasca, con el objetivo de avanzar en una depuración del sistema normativo argentino mediante la derogación de leyes consideradas “obsoletas” o innecesarias.
Según se detalla en los fundamentos, la iniciativa apunta a “reducir la sobreabundancia normativa que caracteriza al ordenamiento jurídico argentino”, al sostener que la acumulación de leyes a lo largo del tiempo generó “un sistema complejo, muchas veces contradictorio y de difícil aplicación”.
En esa línea, el texto advierte que la existencia de normas en desuso no es inocua, ya que “genera incertidumbre jurídica y aumenta los costos de cumplimiento para los ciudadanos y las empresas”. Por eso, propone avanzar en una revisión integral que permita eliminar aquellas disposiciones que “han perdido vigencia práctica o han sido superadas por normativa posterior”.
El proyecto también se inscribe en la estrategia de desregulación del Gobierno. De acuerdo con los fundamentos, el objetivo es “promover un marco normativo más claro, accesible y eficiente”, reduciendo la intervención estatal en ámbitos donde se considera innecesaria.
Leé también: Se dilata el debate por la Ley de Glaciares: el oficialismo convocará a una audiencia con gobernadores mineros
Además, se remarca que la iniciativa busca ordenar el sistema legal bajo criterios de racionalidad, al señalar que “la proliferación de normas sin una adecuada depuración atenta contra la seguridad jurídica”, uno de los ejes centrales de la política económica oficial.
Además, el texto sostiene que la medida permitirá avanzar hacia un esquema más simple y previsible, al destacar que “un ordenamiento jurídico claro y coherente resulta esencial para el desarrollo de las actividades económicas y el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
Noticia que está siendo actualizada.-
Gobierno, Congreso
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La válvula que pudo haber provocado la tragedia, eje de los análisis técnicos en la octava audiencia del juicio oral por el ARA San Juan

EL CALAFATE.- El análisis de los incidentes registrados en el ARA San Juan mientras realizaba una navegación de prueba, el comportamiento de la válvula ECO19 por donde ingresó agua al submarino y el análisis del mensaje que podría haber desencadenado la tragedia, fueron este jueves los ejes del debate en la séptima audiencia del juicio por el hundimiento del submarino el 15 de noviembre del 2017, en el que perdieron la vida 44 tripulantes.
Uno de los documentos que se mostró a los cinco testigos, que se presentaron a propuesta del Ministerio Público Fiscal, fue el informe de patrulla elevado por el capitán de Fragata Pedro Martín Fernández, -comandante del ARA San Juan- sobre la navegación realizada entre el 1 y el 19 de julio de 2017, en la antesala de la tragedia. Tenía el propósito de entender cuál era el estado de deterioro del submarino, como antecedente de lo que pudo ocurrir cuatro meses después.
El informe del capitán Fernández reportó que el 6 de julio se produjo un ingreso de agua de mar al ventilador de la batería de proa durante una maniobra de esnórquel. “Fue una navegación tranquila durante todo el período, pero tuvimos una emergencia; me encontraba cargando baterías, estaba propulsando y tuvimos un ingreso de agua en el ventilador de proa”, declaró como testigo el suboficial segundo electricista César Alberto Figueroa, quien fue tripulante del ARA San Juan entre 2016 y 2017.
“Detecté que la válvula ECO19 tenía una pequeña abertura y que no estaba cerrada por completo”, y detalló el suboficial e introdujo la posibilidad de una apertura accidental. Señaló que a bordo suele haber personal en comisión o de la escuela con “poca experiencia”, y que alguien pudo haberse apoyado involuntariamente sobre la manivela de la válvula y girarla, provocando su apertura.
La válvula ECO 19 es de ventilación manual y que comunica la proa con la popa. Según los manuales del fabricante, siempre debe permanecer cerrada durante la navegación. Solo está autorizada su apertura en puerto para la carga de batería, según las explicaciones técnicas expuestas en la audiencia.
Tras el viaje, el capitán reportó que el 13 de julio la tripulación modificó la posición de la válvula Eco-19 para intentar ventilar el buque y reducir los niveles de CO2. En el mismo viaje el comandante reportó que el submarino zarpó con un solo periscopio en servicio, se informó una disminución de los niveles de aceite hidráulico, sin poder detectar el origen de la fuga, en tanto que se reportaron fallas en el acoplador del sistema de comunicación de alta frecuencia (HF).
Sobre este informe fue consultado el capitán de Navío Gabriel Eduardo Attis, una de las voces técnicas más citadas en la causa debido a su rol como inspector del Arma Submarina y presidente del Consejo Asesor del Arma Submarina durante 2017. Ese año un informe que forma parte de la causa. Según su criterio de experto con 40 años en la fuerza, consultado sobre la prueba realizada durante la navegación sobre la válvula ECO 19, consideró que era potestad del comandante del barco realizar esas pruebas.
“Los submarinistas estamos adiestrados para navegar solos y resolver nuestros problemas solos, somos muy técnicos, somos de agarrar un plano y seguirlo. Uno trabaja permanentemente para conocer el barco”, afirmó al explicar por qué se suelen realizar pruebas y se preguntó: “¿Esta bien?, no, porque se rompe una preparación de mecanismos. Pero el comandante puede hacerlo, si lo ve viable de hacer. Si es comandante puede decidir hacerlo en el mar y cuando vuelve lo tiene que informar”, detalló Attis, quien tuvo palabras de elogio para quien fuera el último comandante del ARA San Juan. “Era un excelente oficial, un gran profesional, un gran comandante”, afirmó en referencia a Fernández.
Ante una consulta del presidente del Tribunal, Mario Reynaldi, Attis no dudó en asegurar que en su último viaje el ARA San Juan estaba en condiciones de navegar. “El capitán Fernández dijo que estaba preparado para navegar, por supuesto, es la gran responsabilidad de él. No somos kamikaze, tenemos una máquina de guerra, un montón de gente a nuestro cargo, que me está mirando a ver si hago bien o mal”. Y agregó: “Cada vez que nos preguntamos si el buque estaba para navegar, hablemos de la idoneidad del capitán Fernández, quien era por demás idóneo y yo no lo pongo en duda de ninguna manera”. Habló con voz serena, pero lo tomó la emoción ante el recuerdo de sus camaradas fallecidos.
El juicio que indaga sobre presunta responsabilidad de cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina -el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa– lo instruye el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, presidido por Mario Reynaldi.
El 15 de noviembre de 2017 se informó un cortocircuito y principio de incendio provocado por el ingreso de agua de mar al tanque de baterías N° 3 a través del sistema de ventilación. Fue a las 6 de la mañana, a través de un texto denominado SITREP. “Batería de PROA fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido sin novedades de personal mantendré informado”, sostenía el informe.
“¿Con ese mensaje estamos con certeza de que el buque bajó a plano seguro?“, le consultó el presidente del Tribunal. “Por supuesto”, afirmó Attis y descartó que ese mensaje haya sido de emergencia: “Si usted tiene emergencia, dice estoy en emergencia y no lo dice por el circuito escrito, o saca el teléfono satelital o VHS y dice ´mayday mayday´, buque en emergencia. Si está en emergencia, saca un mensaje de emergencia”.
Attis, retirado de la fuerza, declaró durante horas y explicó con un lenguaje claro y didáctico el funcionamiento de diferentes mecanismos de la nave. Fue consultado por su hipótesis sobre lo que desencadenó la fatalidad del submarino. “Entramos en el plano de las suposiciones y las ideas. Mi impresión es que el submarino en algún momento de su ida navegando a plano de seguridad, tuvo algún evento súbito, que hizo que quedara sin propulsión, un blackout de máquinas. Puede haber pasado que haya saltado la propulsión, no la hayan podido reconectar”.
En tanto que sumó otra hipótesis: el submarino durante la noche estaba cargando baterías cuando se vio interrumpida la acción por el principio de incendio. Por lo tanto, puede no haber cargado todas las baterías e intentó volver a cargarlas y no pudo ascender.
Las audiencias del juicio oral se retomarán a partir del 6 de abril en la sede del TOFC de Río Gallegos, donde además de una veintena de testigos se espera la ampliación de la declaración indagatoria de Villamide, solicitada por su defensa.
Mariela Arias,Conforme a
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El gobierno porteño reforzó la seguridad y el control en la Villa 31 y avanza con el plan de reordenamiento

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan de ordenamiento en la Villa 31 para reforzar la seguridad y frenar el crecimiento del asentamiento. Desde este jueves, se implementaron operativos en los accesos con retenes policiales y la peatonalización de calles, todo con el objetivo de impedir el ingreso de materiales de construcción y detener la expansión edilicia que alteró la dinámica del barrio durante los últimos años.
Según informó el Gobierno porteño, la estrategia busca “fortalecer la integración y garantizar que la Ciudad sea una sola: con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos, vivan donde vivan los vecinos”. El plan, que responde a una preocupación persistente sobre el crecimiento desordenado de la Villa 31, apunta a frenar prácticas que pusieron en jaque la seguridad y la convivencia en el barrio, donde residen aproximadamente 45 mil personas en condiciones precarias, distribuidas en un área de 72 hectáreas frente a la terminal de Retiro.
En la presentación de las nuevas medidas, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó: “Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”.
De acuerdo con lo comunicado por el Ejecutivo local, el plan de control de accesos modificó la circulación en cinco de las 13 entradas al barrio, que se convirtieron en calles peatonales.
Además, tres accesos pasaron a contar con puestos policiales permanentes y se sumaron a otros tres preexistentes, mientras que dos calles cambiaron de sentido y se instalaron bolardos para restringir el paso. También se implementaron controles itinerantes y rotativos, con la intención de reforzar los operativos de fiscalización y la vigilancia urbana.
Durante el operativo especial de este jueves, hubo controles policiales en los accesos de Colibrí y Ramos Mejía —junto a la estación de Ómnibus de Retiro—, en Yaguareté e Islas Galápagos —próximo al Paseo del Bajo y al Ministerio de Educación de la Ciudad—, y en Colibrí y Alberto Chejolán (ex calle 14), vecina al Barrio Saldías.
Las autoridades señalaron que estos procedimientos buscan frenar el ingreso de materiales que alimentan el crecimiento edilicio sin habilitación, una problemática que cobró fuerza tras la sanción de la Ley 6.129 en 2016, la cual estableció la urbanización del barrio, pero no logró contener la expansión irregular ni propiciar un ordenamiento territorial efectivo.
En palabras de Jorge Macri, “tiramos abajo un búnker y seguimos mejorando la seguridad. Y no podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”.

El Gobierno de la Ciudad puso el foco en los operativos contra las ocupaciones ilegales y el desalojo de veredas tomadas, muchas de las cuales se usaban como depósitos improvisados por cartoneros o patios anexos a viviendas.
También se removió un lavadero de autos que obstruía la circulación en una zona peatonal y se desalojó una gomería montada en un micro inutilizado que ocupaba gran parte de una vereda.
El plan contempló la clausura de corralones de materiales de construcción no autorizados, en línea con la normativa que prohíbe ese tipo de establecimientos dentro del barrio para evitar un crecimiento sin regulación y reducir riesgos estructurales y de seguridad.
En la Villa 31, la informalidad propició la especulación y la aparición de negocios ilegales, según la información difundida por el Ejecutivo porteño.

Entre las prácticas más frecuentes, figura la venta de “espacios aéreos”, como los techos de las casas, y el alquiler de viviendas, que oscila entre $300 mil y 1 millón de pesos mensuales, mientras que los locales comerciales alcanzan valores de entre 1,5 y 1,8 millones de pesos por mes.
De este modo, quienes operan en la informalidad aprovechan la necesidad de quienes buscan alquilar, pero no reúnen los requisitos exigidos por las inmobiliarias en otros barrios de la Ciudad.
El plan cuenta con la intervención conjunta de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Espacio Público, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría Legal y Técnica, en un esfuerzo coordinado para lograr que la urbanización de la Villa 31 avance hacia un modelo bajo regulaciones claras y un marco de convivencia común.
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