POLITICA
El Gobierno ultima los detalles de la reforma del Código Penal y se ilusiona con la nueva composición del Congreso
En la etapa final de la redacción, la mesa de legales que se reúne cada jueves en el Salón Martín Fierro de Casa Rosada trabajan en el proyecto que contemplará la reforma del Código Penal que apuesta a modernizar el articulado sancionado en 1921 bajo el objetivo de imprimirle “dinamismo” y reducir “arbitrariedades” de los Tribunales. En eso concentran su atención el asesor presidencial, Santiago Caputo y su mano derecha Macarela Alifraco; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; la flamante senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el abogado penalista Fernando Soto, del equipo de la ex funcionaria.
Si bien los detalles permanecen sometidos a debate, una importante fuente anticipó a Infobae que la nueva ley penal estará compuesta por más de 900 artículos que centrarán sus modificaciones en intensificar la política criminal, para dotar a los magistrados de herramientas y, a su vez, evitar “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa. Bajo esa premisa, habrá una “actualización” de penas para delitos que revisten gravedad como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas.
La idea principal es que el proyecto que contempla los cambios ingrese por la Cámara de Diputados durante el período de sesiones extraordinarias que iniciará el 10 de diciembre hasta el 31 del mismo mes para ser tratado durante la prórroga que tendrá continuidad en febrero. La nueva composición del Congreso esperanza al Poder Ejecutivo que anota la reforma entre los principales hitos del segundo tramo de la gestión libertaria. “Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas”, supo declarar públicamente Amerio al respecto.
En conferencia de prensa, la propia Bullrich remarcó que los cambios instrumentados quieren imprimir celeridad a los tiempos de la justicia y lograr el “cumplimiento efectivo” de las penas con condenas acorde a los delitos. “Hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas la sociedad no la sienta insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas. El que la hace las paga”, repitió la exfuncionaria.
Endurecimiento de las penas y la figura de femicidio
“El próximo Código Penal es anti delincuentes y pro víctimas, argentinos de bien y Fuerzas”, sintetizó Bullrich durante la segunda presentación del proyecto. La primera la protagonizó junto al presidente Javier Milei el pasado 2 de octubre en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.
En etapa de revisión y a la espera de la bendición final del libertario, la letra chica contempla -hasta entonces- el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos y, por consecuencia, la elevación de los mínimos de las penas que tendrá estrecha “relación” con el delito cometido y el daño causado. Asimismo, a los detalles ya anticipados por le ministra podrían incluirse la pena perpetua en caso de magnicidios y sumarse nuevos agravantes en función de la edad y la profesión de las víctimas.
Si bien estuvo la posibilidad de incorporar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, finalmente no estará incluido en esta versión de la reforma. “Imprescriptibilidad de todo no se puede. Es fácil decirlo, pero a veces, jurídicamente, se vuelve inviable aplicarlo”, argumentaron ante este medio. En otro punto, se prevé un incremento de la pena para los políticos que cometen actos delictivos en plena función pública lo que significará la pérdida de la jubilación de privilegio.
A raíz de la polémica abierta, se adoptó la definición preliminar de eludir a temas que generan debate en la sociedad. De esta forma, pese a lo anunciado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Poder Ejecutivo declinará en esta instancia de eliminar la figura legal de femicidio, incorporada en 2012 bajo mandato de Cristina Fernández (2007-2015) que, en el inciso 11 del artículo 80, establece una pena de reclusión perpetua a quien matare “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
Más allá de descreer en las “cuestiones de género”, en Casa Rosada buscan evitar que la reforma quede empantanada por el debate que pueda a llegar a abrirse a raíz de la acción. “La cuestión de la cultura y la política criminal argentina estuvo muy enfocada en el abordaje de la vulnerabilidad de la mujer. Es un error político sacarlo y poner en riesgo una reforma integral muy buena. Además, no es un problema real dejar la figura más allá de que ningún hombre mata a una mujer por el solo hecho de ser mujer”, justificó un interlocutor violeta al respecto.
En la práctica, habrá un endurecimiento de penas en los casos de violencia de género, por lo que se sumarán delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. Un integrante del equipo técnico confirmó a este medio que trabajan además en la tipificación de infracciones en el ámbito familiar para avanzar en la reducción de los abusos. De esta forma, detectarán nuevas conductas indebidas contra los más vulnerables. “El Código Penal vigente está hecho a la medida de los delincuentes, los violadores y los asesinos. La reforma viene a poner orden donde antes reinaba la barbarie. La doctrina es clara: el que las hace, las paga”, justificaron ante este medio, y agregaron: “Esto implica el fin de la doctrina zaffaronista, donde el victimario se convertía en víctima ante los ojos de la ley”.
Pese a la premisa, la administración libertaria no tiene intención de armonizar el Código Penal tras la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo N°27.610 en diciembre de 2020. Aún hay artículos redactados bajo el modelo de criminalización de 1921 que no serán modificados. “Está despenalizado y seguirá así”, confesaron a este medio en consonancia con la defensa “de la vida” que profesa el libertario.
El debate por una comisión bicameral y la nueva composición del Congreso
La actualización del Código Penal es una de las obsesiones de la Casa Rosada y en función de eso estudia la posibilidad de impulsar una comisión bicameral en el Congreso Nacional que acelere los tiempos y unifique el diseño del dictamen con el objetivo primordial de evitar modificaciones y dilaciones en su tratamiento. Por los pasillos de Balcarce 50 hay quienes aseguran que la instancia permitirá reducir drásticamente los tiempos del proceso y dará lugar a la apertura de un canal directo con los funcionarios involucrados.
Esta idea encuentra resistencia en otras terminales del ecosistema libertario que descreen que el accionar legislativo pueda dar el impulso necesarios para acelerar el debate. “Es una acción viable, pero no sé si es lo mejor porque puede atrasar el tratamiento. Salvo que sean serios y lo analicen de manera correcta, algo que es altamente improbable”, expusieron a este medio.
El escenario legislativo que supo ser adverso para La Libertad Avanza (LLA) cambió luego del triunfo nacional de las elecciones de medio término a tal punto que el propio libertario logró hacer un hueco en su agenda para dar el presente en el recinto durante la sesión preparatoria del pasado miércoles. Desde un palco del recinto, escoltado por Manuel Adorni, Diego Santilli y Karina Milei siguió con atención la jura de cada diputado que dio lugar a la nueva composición de la bancada violeta que tendrá la “heroica” misión de aprobar cada una de las voluntades del Ejecutivo. A eso se sumó la conquista del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que en tándem con Santilli logró la primera minoría en la Cámara Baja, lo que posibilita que mesa chica del mandatario que diseña la estrategia se esperance con la aprobación del paquete de reformas.
El pasado martes, luego de que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, rompiera con el bloque del peronismo y se llevara a sus tres diputados para armar un bloque propio, el oficialismo sumó a sus filas al legislador Francisco Morchio, que responde al gobernador Rogelio Frigerio y así consolidó una bancada de 95 diputados, seguido por Unión por la Patria con 93. En adelante, la pelea se trasladará al control y la composición de las 46 comisiones ante las que, en calidad de primera minoría, los libertarios corren con ventaja para designar una mayor cantidad de presidentes y de miembros.
Para eso, en Casa Rosada maduran una convocatoria a los jefes de cada bloque que aún no tiene fecha, pero que toma forma con el correr de los días. Tampoco la mesa política definió la táctica legislativa, por lo que es probable que lo durante la próxima reunión con la redacción cerrada.
essential,horizontal
POLITICA
Kicillof se mostró con la cúpula policial e intendentes en medio del debate por ley penal juvenil
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la apertura del Congreso Provincial de Seguridad en la Escuela de Policía Juan Vucetich de Berazategui y firmó la adhesión de seis nuevos municipios al programa Entramados, en un contexto nacional marcado por el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal juvenil en la Cámara de Diputados y mientras el resto de las gobernaciones observa y monitorea lo que sucedió en la provincia de Santa Fe, con epicentro en la ciudad de Rosario, donde se vivieron días de tensión ante la revuelta policial que este jueves decantó en la remoción del jefe de la fuerza de esa ciudad, Guillermo Solari y obligó al gobernador Maximiliano Pullaro a firmar un decreto que eleva el salario inicial del policía a $1.350.000.
Kicillof estuvo este jueves en la Escuela Vucetich junto a la cúpula de la Policía bonaerense, intendentes del conurbano e interior y funcionarios provinciales, para abrir el congreso de Seguridad provincia y firmar la adhesión de nuevos municipios al programa Entramados, con el que se busca prevenir y acompañar a jóvenes en riesgo de acción delictiva. Todo, mientras la Cámara de Diputados de la Nación, debate la reforma al régimen penal juvenil, que busca bajar la edad de pena de 16 a 14 años. “El que mata, el que lastima, queda encerrado, tenga la edad que tenga. Pero también sabemos que para prevenir el delito hay que mejorar la calidad de vida, y eso implica más justicia social, trabajo e inversión de un Estado eficiente”, expresó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.
El acto reunió a la conducción de la Policía bonaerense, intendentes del conurbano y funcionarios provinciales. Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Seguridad; el jefe de la Policía, Javier Villar, y el superintendente de Fuerzas de Operaciones Especiales, Walter Chiucaloni. El mandatario destacó que el encuentro busca exponer las políticas implementadas en materia de seguridad en los últimos seis años: “Comenzamos a revertir muchos años de deterioro y desprestigio de nuestra Policía, que no contaba con las herramientas ni la capacitación necesarias, y lo seguimos haciendo incluso ahora, con mucho más esfuerzo, luego de que el Gobierno nacional nos quitara ilegalmente los fondos que nos corresponden”.
Además, mandó un mensaje a la administración de Javier Milei. “Le aviso a los libertarios: para tener mejor policía hay que invertir más y hay que tener más Estado. La Policía es el Estado también».
Durante el encuentro, los intendentes Juan Fabiani (Almirante Brown), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas) y Eva Mieri (Quilmes) junto al secretario de Seguridad de Avellaneda, Alejo Chornobroff formalizaron la incorporación de sus distritos al programa Entramados. Esta iniciativa ya suma treinta municipios y apunta a la prevención y abordaje del delito juvenil a través de una intervención sociocomunitaria del Estado.
Según el documento firmado por los intendentes, Entramados representa una política integral que pone el foco en la prevención y en el acompañamiento de los jóvenes en riesgo, priorizando la intervención estatal temprana y articulada con municipios, provincias y organizaciones comunitarias. El texto enfatiza la necesidad de políticas basadas en evidencia, que aborden las trayectorias educativas interrumpidas, la fragilidad de las redes familiares, la exposición a la violencia, el acceso limitado a dispositivos de salud mental y la falta de alternativas en el mercado laboral. Según explicaron desde el área de Seguridad, a diferencia del enfoque punitivo, Entramados busca evitar que los jóvenes inicien carreras delictivas y fortalecer la presencia estatal para ofrecer respuestas y oportunidades a quienes más lo necesitan.
Por ello, contexto del acto de este jueves estuvo atravesado por la discusión sobre el régimen penal juvenil. En 2025, en la provincia de Buenos Aires se aprehendieron cerca de 5.000 menores de 16 años, de los cuales 19 fueron por homicidio. Según la administración de Kicillof, el proyecto impulsado por el Gobierno nacional pone el foco en esos casos y plantea penas de adultos para adolescentes, sin ofrecer políticas activas para el resto de los jóvenes en situación de riesgo.
Kicillof criticó a los sectores que promueven ajustes presupuestarios y sostuvo que “para tener una Policía mejor hay que contar con un Estado que invierta más y mejor”. Además, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, firmó un convenio para destinar 5.093 millones de pesos a la construcción de 57 viviendas para personal policial en Azul, con servicios completos de infraestructura.
El moniroteo sobre las condiciones de trabajo del personal policial se profundizó en estos días ante lo sucedido en Santa Fe. Kicillof ya padeció en su primer tramo de gobierno una revuelta policial en septiembre del 2020. Esa acción de efectivos de la bonaerense tuvo su epicentro en Puente 12, La Matanza; La Plata -con una protesta a escasos metros de la residencia del gobernador- la Quinta de Olivos y otros puntos del conurbano. Devino en que el entonces presidente Alberto Fernández creáse el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, para que Kicillof pueda, entre otros ítem, mejorar el salario de la policía. La actual gestión nacional eliminó dicho fondo.
Axel Kicillof
POLITICA
La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger para dar cursos de inglés
A través de un procedimiento administrativo que tuvo distintos pasos, la Cancillería renovó un contrato vigente desde 2018 con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para el dictado de cursos de inglés al personal diplomático. La firmante del contrato por la entidad educativa es María Josefina Rouillet, directora ejecutiva de la AACI y esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Según la información, publicada originalmente por la agencia de noticias NA y confirmada por fuentes oficiales, “la contratación se tramitó mediante una adjudicación simple por especialidad”. Debido al vínculo entre Rouillet y Sturzenegger, por el que la esposa del ministro es considerada persona políticamente expuesta, intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), quienes dieron el aval para la operación luego de la firma de un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad educativa, por el cual las partes se comprometen a no solicitar ni aceptar dinero o cualquier tipo de dádiva derivada del vínculo. El contrato, a propuesta este año de la propia Roulliet, asciende a poco más de $113 millones, y abarca el dictado de clases y cursos para un total de 132 agentes a capacitar desde marzo a noviembre de este año, entre cursos regulares, talleres y test de nivelación.
Según informó el cable de la agencia noticiosa, en la tramitación del expediente intervinieron distintos estamentos de la Cancillería, como la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, más la Dirección del Instituto del Servicio Exterior (Isen). La disposición de adjudicación fue emitida por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, y el acto administrativo autorizó expresamente a la Dirección de Compras y Contrataciones a suscribir la orden de compra correspondiente y le delegó la facultad de aplicar eventuales penalidades por incumplimientos contractuales.
El portal COMPR.AR registra, además, una contratación previa de 2024, en la que no figura agregado un pacto de integridad. Desde el Gobierno afirmaron que, en el momento de la firma del contrato, a principios de ese año, “Sturzenegger no era ministro”, aunque sí fungía como asesor del presidente Javier Milei en la instrumentación de la ley Bases.
Conocida la información, y en el mismo sentido, el canciller Pablo Quirno defendió la contratación a través de las redes sociales. “!No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal. En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, quien revisó todo”, escribió el canciller en su cuenta de X. El jefe de la diplomacia nacional afirmó que el matutino Página 12 “escribió la nota que generó las dudas desde el título aunque leyendo la propia nota te das cuenta que ha sido todo manejado de manera correcta”.
Otros altos funcionarios prefirieron explicar a este diario, en estricto off the record, que “todo surge por hacer las cosas bien” a través del Pacto de Integridad. Sostuvieron que se trata del “mismo monto acordado en 2018” (cuando gobernaba Cambiemos, con Mauricio Macri) y actualizado por la inflación, además de sospechar de una “operación” del kirchnerismo contra Sturzenegger “por impulsar proyectos como la reforma laboral”.
Desde ese sector, la senadora Juliana Di Tullio (FPV-Buenos Aires), calificó el contrato como “un choreo de acá a Júpiter”, e ironizó al afirmar que “la familia de Sturzenegger capaz que es la única que tiene la “especialidad” de hablar inglés, digamos todo”. Prometió hacer “la denuncia correspondiente”, aunque desde el Gobierno reiteraron que “se dieron todos los pasos legales” en la contratación de la entidad educativa con sede en la calle Suipacha al 1300.
Federico Sturzenegger,Cancillería,Conforme a,Federico Sturzenegger,,Media sanción. Sturzenegger defendió los cambios de la reforma laboral: indemnizaciones, horas extra y licencia por enfermedad,,La situación económica. Se perdieron 180.000 empleos privados registrados durante la gestión Milei,,“No hay efecto sobre el empleo”. Sturzenegger volvió a atacar a la UIA y reiteró su defensa de la apertura económica
La investigación judicial por presuntas maniobras irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se prepara para una etapa decisiva. En las próximas semanas, la Justicia avanzará con la apertura y análisis forense de teléfonos celulares, computadoras y servidores incautados durante los allanamientos realizados en oficinas de la droguería Suizo Argentina.
La medida fue dispuesta dentro del expediente que ya acumula 19 procesados por administración fraudulenta, cartelización y sobreprecios en la provisión de medicamentos de alto costo destinados al programa Incluir Salud. Los investigadores buscan determinar si la empresa tuvo un rol más relevante del que aparece formalmente en las contrataciones estatales.
Sospechas de un “proveedor oculto”
La hipótesis principal apunta a que algunas droguerías de menor tamaño que resultaron adjudicatarias en licitaciones restringidas no contaban con estructura suficiente para cumplir los contratos. En varios allanamientos se hallaron depósitos vacíos, escaso personal e infraestructura mínima, lo que llamó la atención de los peritos.
Ante ese escenario, la fiscalía intenta establecer si Suizo Argentina funcionaba como proveedor real de los medicamentos que debían entregar esas firmas. Es decir, si las empresas ganadoras actuaban como intermediarias mientras la provisión efectiva se realizaba desde una compañía con mayor capacidad logística.
Coimas en la ANDIS: la Cámara Federal obligó a revisar el embargo multimillonario contra la empresa aérea Baires Fly
Según la reconstrucción del expediente, entre 2024 y 2025 se concretaron más de veinte procesos de compra con órdenes millonarias. Dos de las droguerías investigadas concentraron la enorme mayoría de las adjudicaciones, mientras otras también registraron un crecimiento abrupto de ventas al Estado sin antecedentes comerciales equivalentes.
Chats, audios y un nombre clave
El foco judicial también se dirige hacia un abogado vinculado a la firma, mencionado reiteradamente en conversaciones telefónicas incorporadas a la causa. En escuchas y mensajes se lo alude mediante un apodo y, para los investigadores, podría haber actuado como nexo entre proveedores y funcionarios del organismo.
Un audio agregado al expediente muestra a un exfuncionario comentando a un empresario que esa persona “ya estaba al tanto” de determinadas decisiones administrativas. La fiscalía sospecha que existía coordinación previa en procesos de compra y en cambios internos dentro del organismo.
Incluso, en una de las comunicaciones aparece la supuesta aprobación para desplazar a una funcionaria técnica que cuestionaba contrataciones, además de la recomendación de incorporar personal cercano al grupo empresario.
Desde Suizo Argentina negaron cualquier irregularidad. Voceros legales señalaron que la venta de medicamentos entre droguerías es una práctica habitual del mercado y remarcaron que, de haber existido operaciones comerciales, no correspondían a las licitaciones bajo sospecha.
También rechazaron la idea de que la firma necesitara triangular operaciones. “La compañía tiene una porción importante del mercado y vende directamente al Estado”, afirmaron desde su entorno jurídico.
Cambio de juez y prueba clave
El juez federal, Ariel Lijo.
El análisis de los dispositivos será central para la causa. Los peritos buscarán recuperar correos electrónicos, historiales de mensajería, registros de facturación y comunicaciones internas que permitan reconstruir la cadena comercial y las decisiones administrativas.
El expediente cambió recientemente de manos tras un sorteo en la Cámara Federal y ahora quedó a cargo del juez Ariel Lijo. Antes de apartarse, el magistrado anterior había dictado los procesamientos y describió un esquema que incluía direccionamiento de contrataciones, posibles retornos económicos y empresas interpuestas.
Mientras las defensas plantean nulidades, los investigadores consideran que el contenido de los equipos secuestrados podría confirmar —o descartar— la existencia de una estructura organizada para intervenir en compras públicas de medicamentos. El resultado de esas pericias será determinante para definir responsabilidades penales y la eventual ampliación de imputaciones.
La entrada Coimas en la ANDIS: la Justicia peritará teléfonos y servidores de Suizo Argentina se publicó primero en Nexofin.
Ariel Lijo,Coimas en ANDIS,Incluir Salud,Suizo Argentina
Kicillof se mostró con la cúpula policial e intendentes en medio del debate por ley penal juvenil
Del sapo concho de Bad Bunny a la rana de Darwin: anfibios en peligro en América
Las lágrimas de una puertorriqueña en el show de Bad Bunny en Buenos Aires: “Pone en alto nuestra cultura”
La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger para dar cursos de inglés
Lacunza, la lucha de Milei contra la inflación y la Reforma Laboral: «Puede ser un avance»
Rosario Central vs. Barracas Central: formaciones, hora y dónde ver por tv
A quién afecta la Reforma laboral: estos son los puntos clave del proyecto de Milei
Reforma laboral: la modificación sobre accidentes o enfermedades ajenas al trabajo
Cayeron 20% las ventas de automóviles en China y el régimen impone medidas para regular el mercado
El Barça y media Europa esperan: la joya de 19 años Diomandé atrapada en un lío legal
POLITICA2 días agoEl Gobierno busca aprobar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil antes del 1 de marzo
- SOCIEDAD2 días ago
Avistaron una ballena azul en Chubut por primera vez en la historia
- INTERNACIONAL2 días ago
Chaotic video shows passengers trading midair blows; plane forced to divert: reports
