El diputado bonaerense de La Libertad Avanza Oscar Liberman presentó un proyecto de ley para prohibir los teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue elaborada con la colaboración de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul, Carlos Pagliere (hijo).

La propuesta fue denominada “Ley Rodrigo”, en referencia al soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó en la Quinta de Olivos luego de una extorsión que, según la investigación judicial, se organizó desde la cárcel bonaerense de Magdalena.

El proyecto modifica la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense y plantea que las personas privadas de la libertad no puedan tener celulares ni dispositivos electrónicos capaces de conectarse a redes de telefonía móvil o transmisión de datos.

El texto establece que la comunicación telefónica de los internos deberá realizarse únicamente a través de equipos provistos y supervisados por el Servicio Penitenciario. Además, fija un límite diario para esos contactos.

“La comunicación telefónica se realizará exclusivamente a través de los medios fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario. El tiempo de comunicación por interno quedará limitado a un máximo de dos horas diarias, y en ningún caso los dispositivos móviles podrán estar a su libre disposición”, indica el proyecto.

También dispone que cada detenido podrá comunicarse únicamente con un listado de hasta cinco personas previamente registradas. Según la iniciativa, el Servicio Penitenciario deberá supervisar esos contactos “para garantizar la seguridad del establecimiento y la protección del orden público y de las víctimas”.

Entre los cambios previstos, el proyecto declara la caducidad del “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” aprobado durante la pandemia mediante la Resolución N° 47688/20, que había flexibilizado el uso de dispositivos personales dentro de las unidades penitenciarias.

En los fundamentos, Liberman sostuvo que la regulación vigente debe adecuarse a las exigencias actuales de seguridad pública.

“El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles serán sanas y limpias ‘para seguridad y no para castigo de los reos’. Este mandato implica no sólo la prohibición de tratos crueles, sino también la obligación estatal de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo”, expresó.

El legislador afirmó además que el proyecto apunta a restablecer condiciones de control sobre las comunicaciones dentro de los establecimientos penitenciarios. En ese sentido, sostuvo que la normativa “tiene por finalidad adecuar el régimen de comunicaciones de las personas privadas de libertad a las exigencias actuales de seguridad pública, protección de las víctimas y adecuado funcionamiento del sistema penitenciario”.

La iniciativa también establece la instalación obligatoria de sistemas de inhibición o bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores de alojamiento de los internos. Según el texto, esos mecanismos deberán implementarse de forma progresiva y sin interferir con comunicaciones institucionales o de emergencia.

El proyecto dispone además que el uso de inhibidores deberá complementarse con medidas de control permanentes. Entre ellas menciona requisas periódicas en celdas y pabellones, controles tecnológicos para detectar dispositivos electrónicos y acciones preventivas destinadas a evitar el ingreso de elementos prohibidos.

En las disposiciones transitorias, la iniciativa fija un procedimiento para retirar los teléfonos que actualmente poseen los internos. Dentro de los diez días hábiles de promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense deberá notificar a los detenidos para que entreguen voluntariamente los dispositivos en un plazo de 24 horas.

La norma establece que los teléfonos registrados podrán ser retirados por familiares o allegados del interno luego de seis meses. En cambio, aquellos equipos que no estén declarados deberán ser destruidos en un acto público ante escribano.

Si los dispositivos no son entregados voluntariamente, el proyecto ordena realizar requisas en celdas y espacios comunes para secuestrar los teléfonos y aplicar sanciones a los responsables.

Arroyo Salgado dictó recientemente la prisión preventiva para siete personas acusadas de integrar una organización criminal que operaba desde cárceles bonaerenses y que, según la investigación, habría participado en la extorsión al soldado Rodrigo Gómez. La causa sostiene que las maniobras se realizaban mediante comunicaciones telefónicas desde el interior de las unidades penitenciarias.

El apoyo del intendente de San Isidro

En paralelo, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, presentó un pedido formal y urgente ante la Justicia Provincial para que deje sin efecto la autorización que permite, desde el Gobierno de Alberto Fernandez, el uso de teléfonos celulares en las unidades penitenciarias bonaerenses.

En una carta dirigida al Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Lanús argumenta que esta medida fue una disposición excepcional y temporal, adoptada durante la pandemia por el DNU 297/20 y sus prórrogas, cuya vigencia ya finalizó hace tiempo.

“No podemos permitir que personas condenadas por delitos sigan operando y comandando nuevos desde la cárcel”, enfatizó el intendente.

El escrito detalla que, a pesar del cese de la emergencia sanitaria, los detenidos continúan utilizando dispositivos de telefonía celular de manera indiscriminada y sin control efectivo. Esto facilita la planificación y ejecución de delitos desde el interior de los penales, agravando los niveles de inseguridad en el conurbano bonaerense, incluido el distrito de San Isidro.

Rodrigo Andrés Gómez,Quinta de Olivos,Granaderos

En el lanzamiento de la alianza regional Escudo de las Américas en Miami, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó públicamente su respaldo al presidente Javier Milei.

El nuevo apoyo público de Trump a Milei refuerza la relación bilateral y proyecta a Argentina como un socio estratégico de Estados Unidos en América Latina. Según el discurso brindado en Miami, el respaldo de Trump se da en el contexto de una coalición regional aunque con la ausencia de países como Brasil y México.

El exmandatario estadounidense dijo que su apoyo tuvo impacto en la carrera electoral de Milei y lo señaló entre los líderes preferidos en la cumbre, al afirmar: “Estaba unos puntos abajo y subió como un cohete”.

Durante el acto de presentación de la Coalición Anticártel de las Américas, Trump agradeció la presencia de más de 17 delegaciones nacionales y elogió la decisión de los líderes que participaron en la nueva alianza. Subrayó la importancia de este bloque para combatir el avance de los cárteles y las redes criminales en la región.

“Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría de los cuales son amigos míos. Algunos los conocí recién, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé. Ellos tomaron ese respaldo y ganaron en grande”.

El expresidente destacó a Milei entre los presentes y reiteró que aquellos a quienes ha respaldado en el pasado lograron victorias significativas. Entre bromas, Trump señaló desde el escenario: “No he tenido un mal respaldo todavía, ¿cierto?”, y a continuación, mencionó la rápida recuperación de Milei en las encuestas electorales: “Estaba unos puntos abajo y subió como un cohete, ¿verdad? En Argentina”.

Junto al presidente argentino, Trump también reconoció a los mandatarios de El Salvador, Paraguay, Ecuador y Panamá, al hacer especial mención a Nayib Bukele, Santiago Peña y Daniel Noboa por la confianza y los vínculos construidos con Estados Unidos en el marco de la alianza regional.

Apoyo previo de Trump a Milei y contexto internacional

En la Junta de la Paz celebrada en Washington en febrero, Trump ya había subrayado su apoyo a Milei ante líderes internacionales. Allí, el líder republicano recordó que su historial de respaldo a candidatos ha sido positivo tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

Durante ese foro internacional, orientado a la reconstrucción de Gaza, Trump declaró sobre Milei: “Yo lo apoyé, lo respaldé. No se supone que deba respaldar a personas, pero respaldo cuando me cae bien alguien”. Añadió que el presidente argentino “estaba un poco atrás en las encuestas” antes de las elecciones legislativas de 2025, pero, a su juicio gracias al respaldo, “terminó ganando por goleada”.

El apoyo del gobierno estadounidense sitúa a Argentina en una posición relevante dentro de la agenda diplomática y militar de la Casa Blanca. Junto con El Salvador y Paraguay, Argentina es uno de los tres países latinoamericanos que forman parte de la Junta de la Paz, un foro impulsado por Estados Unidos y enfocado en la reconstrucción de Gaza.

Durante la Junta en febrero, Trump anunció ayudas internacionales por 7.000 millones de dólares. Argentina, sin embargo, no realizará un aporte monetario, sino que podría contribuir con su “experiencia militar” en zonas de conflicto, diferenciando su papel del de otros países que sí ofrecerán financiación directa. Esta conducta destaca la orientación eminentemente estadounidense del foro, con una participación latinoamericana selecta y la exclusión de actores europeos y asiáticos relevantes.

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Tras la apertura de sesiones legislativas que encabezó esta semana que finaliza el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la Legislatura aceleró la negociación y distribución de las comisiones. Una instancia que está cerrándose, sobre todo en la Cámara de Diputados provincial, donde hay especial interés por algunas comisiones de relieve como la de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Justicia o Legislación General; básicamente porque por allí pasan la mayoría de los proyectos de ley de peso, tanto del Ejecutivo como los generados propiamente por los integrantes del recinto legislativo provincial.

En las próximas horas se terminará de definir el esquema. Lo comunicará el presidente de la Cámara Baja, Alejandro Dichiara. En el marco de las conversaciones se llegó a un esquema que buscó evitar el quiebre del bloque del peronismo, un espacio que convive con sus diferencias desde hace tiempo. Así fue que el cristinismo, el Movimiento Derecho al Futuro que representa a Axel Kicillof y el Frente Renovador de Sergio Massa, tendrán el control de las tres comisiones de mayor impacto.

Pese al recambio de legisladores y la llegada de dirigentes de peso dentro del universo peronista bonaerense como la intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza o de Almirante Brown, Mariano Cascallares, la mayoría de los nombres se repetirán.

El diputado Juan Pablo De Jesús seguirá al frente de la comisión de Presupuesto e Impuesto. Ex jefe comunal del Partido de La Costa, se trata de un legislador de perfil técnico y que se encuadra en el grupo de los intendentes cercanos al esquema de CFK. Supo estar dentro de la estructura de los jefes comunales que seguían los movimientos del entonces jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Desde que es legislador está al frente de dicha comisión por la que se realizan los cambios a cada Presupuesto y Ley Fiscal bonaerense. Siempre oficia de negociador.

El MDF, el espacio de Kicillof, controlará la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Es otro de los ámbitos de relevancia por donde pasan proyectos con cierto impacto político. Hasta fines del año pasado estaba presidida por la diputada Susana González, que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco. Pero González venció mandato y pasó a presidir el consorcio del Puerto La Plata. Sin embargo, el sector del gobernador se quedaría con el control de esa comisión y será para la diputada por la Octava Sección Electoral, Lucía Iáñez. La legisladora es cercana al intendente de La Plata, Julio Alak y de estrecha relación con el círculo íntimo de Kicillof.

Finalmente, el Frente Renovador de Sergio Massa retendrá la comisión de Legislación General con la presidencia a cargo de Rubén Eslaiman, una de las voces legislativas en el ámbito bonaerense del ex ministro de Economía. El otro es el actual vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Guerrera. Eslaiman seguiría al mando de Legislación General.

Se espera que el lunes se oficialice cómo queda la nómina de comisiones, que también deberá tener una correlación de las fuerzas políticas. Esto sugiere que La Libertad Avanza quedará al mando de varias comisiones, ya que en la Cámara Baja provincial tiene un bloque de 20 diputados, mientras que Fuerza Patria cuenta con un total de 38 bancas.

En el Senado, otro pedido a Magario

En la Cámara Alta provincial, la negociación por las comisiones también se activará. Luego de lo que fue la compleja designación de autoridades, que finiquitó con la elección del intendente de José C. Paz en uso de licencia Mario Ishii como vicepresidente I del Senado, a contramano de los deseos del propio Kicillof, que buscaba para ese lugar ubicar a la senadora del MDF, Ayelán Durán, lo que sigue son las comisiones.

La Cámpora tenía hasta diciembre la presidencia de la poderosa Asuntos Constitucionales y Acuerdos bajo la figura de Emmanuel González Santalla. Se trata de un ámbito clave para el nombramiento de jueces. Y más con la especulación dando vuelta de que este 2026 el mandatario elevará pliego para ocupar vacancias en la Suprema Corte bonaerense, que funciona con tres de sus siete miembros.

En las últimas horas a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, le hicieron un pedido desde el cristinismo: la creación de una nueva comisión. La senadora por Nuevo Encuentro, Mónica Macha, elevó un pedido para activar la Comisión de Mujeres y Diversidades.

La solicitud hacia Magario no es nueva. Ya había sido presentada, sin éxito, por la senadora camporista Amira Curi. En esta oportunidad, la legisladora de La Matanza acompañó el pedido de Macha; iniciativa que también lleva las firmas de las senadoras cristinistas María Inés Laurini, Evelyn Díaz, Sabrina Bastida, María Rosa Martínez y Laura Clark.

Técnicamente, el proyecto promueve la modificación del artículo 154 del reglamento del Senado. Con la incorporación de esta comisión, el Senado bonaerense pasaría a contar con 28 comisiones permanentes. El texto indica que la nueva comisión tendrá competencia para dictaminar sobre iniciativas referidas a igualdad de oportunidades y trato, así como garantizar el acceso y reconocimiento de derechos para mujeres y diversidades. Hoy, todo se canaliza por la Comisión de Igualdad Real de Oportunidades y Discapacidad.

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