La Justicia Federal de Entre Ríos aplicó la nueva ley de Inocencia Fiscal y absolvió a un empresario agropecuario que era acusado de evasión agravada. La jueza subrogante Noemí Berros hizo lugar a la solicitud de sobreseimiento presentada por la abogada del implicado, quien recordó que la nueva legislación está vigente desde el 2 de enero de este año.

La decisión benefició a Ignacio Veronesi, un empresario rural responsable de la firma Aceitera Agroindustrial SA. La Fiscalía los había acusado a él y a su fallecido padre, Antonio Joaquín Veronesi, de evasión agravada. La operatoria fraudulenta se había realizado en liquidaciones de IVA y Ganancias. El monto ascendía a un total de $9.274.986.

A raíz de la sanción de la ley de Inocencia Fiscal, vigente desde el 2 de enero, el piso para que pueda configurarse el delito que se le achacaba subió de $1,5 millones a $100 millones. Por esta razón, la defensa oficial, a cargo de Julieta Elizalde, solicitó el sobreseimiento. Apeló para eso al criterio de ley más benigna, establecido en el Código Penal. La Fiscal Josefina Minatta y la jueza federal subrogante Noemí Berros convalidaron la postura.

De qué se lo acusaba

Según el cargo que había formulado el Ministerio Público Fiscal, Veronesi y su padre habrían evadido el pago de IVA correspondiente a los períodos 11/2015 a 07/2017 por la suma de $7.725.115,01. La misma operación habría alcanzado a las liquidaciones del Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2016. En este caso, la cifra ascendía a $1.549.871,71. El total evadido se ubicaba en $9.274.986.

La causa se inició en 2020. Al tipo de cambio oficial de ese momento ($63 por dólar), el monto del desfalco al fisco rondaba los USD 145 mil. A valores de hoy ($1.415 por cada billete verde) el capital de la defraudación estaría en los $205 millones.

El expediente de la causa detalló que la maniobra urdida por Veronesi padre e hijo habría consistido en la omisión de declarar ventas de aceite de soja y la utilización de facturas apócrifas para justificar compras de soja en el circuito marginal.

El criterio de ley penal más benigna

El artículo 2° del Código Penal establece que “si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”.

La defensora de Veronesi sostuvo sobre este principio el planteo de sobreseimiento. La nueva norma penal resulta más benigna para su cliente que la que estaba vigente al momento en que se habría producido el perjuicio al fisco. Requirió entonces que se aplique en forma retroactiva la ley de Inocencia Fiscal.

Para sostener su postura citó jurisprudencia y artículos de pactos internacionales. Entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos.

El razonamiento de Elizalde fue que el monto de evasión total atribuido a Veronesi ($9.274.986,72) resultaba muy inferior al nuevo mínimo legal ($100 millones). Por eso, la conducta imputada ha dejado de ser penalmente relevante, pues no se encuentra configurada la condición objetiva de punibilidad del tipo penal.

Cómo fue la resolución

La jueza Berros recibió el planteo de la defensora de Veronesi. Y corrió traslado a la fiscal Minatta para que dictamine. Después de un repaso de fallos de la Corte Suprema de Justicia, la funcionaria judicial avaló el planteo defensivo.

“Las conductas reprochadas, calificadas como evasión tributaria por montos inferiores a los previstos en la legislación vigente, han dejado de constituir delito”, arguyó. Por ello, determinó “que asiste razón a la defensa” y corresponde ”dictar el sobreseimiento” del acusado.

Ante el planteo de la defensora y la fiscal, la conclusión de la magistrada caía de maduro. “Asiste razón a las partes, al concluir que la conducta atribuida al imputado ha perdido relevancia penal a la luz de la normativa vigente, por lo que corresponde sobreseer” a Veronesi, concluyó. Su resolución fue dictada el pasado miércoles 11 de marzo.

Sobre el acusado pesaba una condena previa en suspenso. Fue a raíz de un faltante de 419 vacunos que se le habían entregado en custodia. En mayo de 2024, la Justicia provincial lo sancionó con tres años de cumplimiento condicional por administración fraudulenta/infiel. Por lo tanto, de haber recibido una nueva condena, el acusado tenía muchas chances de ir a prisión.

El Gobierno atraviesa días de tensiones internas y negociaciones por cambios en áreas sensibles del Estado en medio de un clima que en distintos despachos oficiales describieron esta semana como “caótico”.

En el Ejecutivo advierten que la sucesión de episodios de esta semana puede acelerar definiciones políticas que el oficialismo venía evaluando para más adelante.

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Se trata de la avanzada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre los espacios de control que están bajo la órbita del asesor presidencial, Santiago Caputo. Abarca a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Secretaría de Legal y Técnica, YPF, Transporte, entre otros.

El último movimiento interno de la presidenta de La Libertad Avanza fue la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia junto con el desplazamiento de Sebastián Amerio como vice. El cambio tuvo una repercusión fuerte sobre el vínculo entre Javier Milei y Caputo y sobre su rol en la gestión. “Fue una señal de expulsión”, expresan en Nación.

Los cercanos al jefe de Estado aseguran que busca retenerlo en su rol como estratega, pero con menos atribuciones sobre áreas del Estado. En el entorno de la hermana del presidente insisten con que “este es el año de Karina” y admiten que el diálogo y la coordinación entre ambos sectores es casi nula.

“Es el mismo escenario que con Marra. Milei no quiere perder a su amigo, pero tampoco puede frenar los avances de Karina”, explican en sectores neutrales del Gobierno. La única instancia de acercamiento entre las partes se da en las reuniones de mesa política, que se retomarán la semana que viene.

El Ejecutivo definirá el cronograma de envío de reformas y de pliegos judiciales al Congreso junto con la estrategia de negociación con legisladores aliados y gobernadores. Las decisiones van a marcar también la dinámica y los roles que tendrá cada sector en este año y determinarán su progresión en la estructura de poder.

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La filtración del video en el que se ve al jefe de gabinete, Manuel Adorni, subiéndose a un avión privado para viajar a Punta del Este puso el foco sobre el orden interno y el manejo de áreas de ambos sectores.

“Se tienen que ir. Jugaron mal o fueron inoperantes. El resultado es el mismo”, expresan en relación a su manejo de las áreas vinculadas al Transporte y a la Inteligencia. En los equipos del asesor rechazan las acusaciones, le bajan el tono y ponen la mira sobre la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El proceso de investigación ahora quedó a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Gobierno, cambios

La cartera que conduce Alejandra Monteoliva puso en marcha el Consejo Federal de Delitos Económicos, mediante la publicación de la resolución 230/2026 de Boletín Oficial. De esta manera, el Ministerio de Seguridad Nacional avanzó en un plan de acción que coordina a las jurisdicciones para la prevención e investigación de los delitos económicos en todo el territorio argentino.

El nuevo organismo funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal, respondiendo a la necesidad de fortalecer el abordaje integral y federal de la criminalidad económica, con participación de representantes de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas federales.

Para tal fin, el consejo contará con “un representante titular y un suplente del área con competencia en materia de Delitos Económicos de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que adhieran a la presente, y por un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos y un representante de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” que dependan del Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con la resolución publicada esta madrugada, las funciones irán desde la asistencia en la detección y prevención de delitos económicos, la recolección y sistematización de la información proveniente de distintas fuentes, hasta el desarrollo de indicadores y elaboración de informes periódicos.

El artículo 2 de la normativa también subraya la confección de un mapa situacional a nivel nacional, regional y provincial para proponer medidas preventivas. También el intercambio de información para generar alertas tempranas y la formación de grupos de trabajo para analizar coyunturas y situaciones específicas.

No obstante, los integrantes buscarán optimizar las acciones mediante la identificación de oportunidades de mejora en los procedimientos de las fuerzas policiales y de seguridad. La coordinación funcional estará a cargo de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que también suministrará el apoyo técnico-administrativo necesario. En cuanto a las tareas conjuntas, se espera que el Consejo convoque a especialistas en distintas temáticas para ser abordadas durante los encuentros.

Pueden ser representantes de organismos gubernamentales, nacionales o internacionales, o de entidades privadas o de la sociedad civil, así como cualquier otra persona, organismo o institución, con una participación justificada. Asimismo, deberán reunirse al menos una vez por año, manteniendo comunicación permanente con las jurisdicciones adherentes “en pos de generar y mantener actualizado el estado de situación de la criminalidad económica en el territorio nacional y medidas para su afección”.

Este hecho se da en medio de compromisos internacionales que el Gobierno asumió para identificar bienes y recuperar activos de origen ilícito, en cumplimiento de tratados como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción.

Entre los argumentos esgrimidos por la cartera de seguridad, menciona a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, cuya responsabilidad es “articular acciones con los organismos gubernamentales locales, provinciales y nacionales e internacionales que tengan vinculación con los delitos económicos investigados, en el marco de sus competencias”, entre otras.

En este sentido, subraya que este tipo de acciones “se ha convertido en una parte fundamental de toda investigación de casos de criminalidad compleja”, señalando que “la delincuencia económica es aquella dedicada a negocios legales-ilegales de significativa complejidad que puede implicar la participación de instituciones y/o funcionarios estatales, que generan beneficios económicos importantes”.

Entre los ejemplos más claros mencionados, figura el lavado de activos, como uno de los principales pilares; y de otros delitos económicos (tales como el enriquecimiento de funcionarios públicos, el soborno transnacional, la evasión fiscal, etc.). Es por eso que resaltan la bimperiosidad de un “espacio común de abordaje a la problemática delictiva con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos económicos”.

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