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POLITICA

El imperio del dólar barato

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Desde que es presidente, la intervención de Javier Milei en el debate público combina la vanidad y el cálculo. Tiene el talento expresivo para hablar con arrogancia y presentarse estratégicamente como víctima. Apela al desparpajo y la violencia como proyección de una debilidad de raíz que a la vez lo define y es la armadura que lo protege de sus propios defectos. 

Los días que siguieron a la flexibilización del cepo cambiario devolvieron a Milei a su zona de confort después de un incómodo bimestre de zozobra. Desbordante, eufórico, revanchista, se ubicó en la cima del poder para anunciar la liberación nacional. “Salimos de Egipto”, dijo, bíblico. Desde el desierto por el que proclama conducir a los argentinos hacia la tierra prometida propuso un festejo triunfal, definitivo. Ahora sí, lo peor ya pasó.

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Milei festeja la salida del cepo con Caputo, Quirno y otros funcionarios en el Ministerio de Economía; una imagen que difundió el vocero Manuel Adorni

Como en todo líder político, la palabra lo asiste para revelar lo que no es evidente. Milei salió a decirles a los argentinos que las cosas van bien porque percibe, como marcan encuestas y estudios cualitativos, que hay dudas sobre la salud de la economía entre aquellos que acompañan al Gobierno. El salto de los precios en marzo fue una señal de alarma que puede convertirse en preocupante si la nueva regla cambiaria consolidara un quiebre en la tendencia de desinflación, el mayor tesoro el gobierno libertario. 

El Presidente decidió pasar a la acción. Desplegó una presión intensa a los supermercados, a grandes formadores de precios y a las prepagas para que desistan de lanzarse a una carrera de remarcaciones. En simultáneo, advirtió con tono áspero a los exportadores de productos agropecuarios que si especulan con un tipo de cambio más alto van a perder. Les recordó que en julio se termina la baja temporal de retenciones, ese tributo que tantas veces prometió eliminar. No será ahora.  

Para que la amenaza sea convincente reveló que su objetivo es que el dólar flote hacia el piso de la banda, 1000 pesos, y no hacia el techo, 1400. “Vení y jugá contra la moneda a ver cómo te va a ir. Apostá, apostá, porque esos dólares están ahí para romperte todo”, dijo en la charla de casi 5 horas que mantuvo con Alejandro Fantino. El préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permitió salir de la encerrona de las microdevaluaciones mensuales es su nueva arma de disciplinamiento. 

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A contramano con lo que muchos pronosticaban, Milei y su empoderado ministro de Economía, Luis Caputo, perciben la desarticulación del viejo cepo como un mecanismo para mantener el imperio del dólar barato. Persisten en aquello que parecía haberlos llevado a un callejón sin salida: un tipo de cambio que perdió competitividad

Con un dólar recontra-bajo, el Gobierno puede aspirar a torcer hacia abajo otra vez la curva de la inflación y a reinstaurar la calma en la que había florecido el sueño de una hegemonía libertaria.  

Es un objetivo de primer orden para Milei, en el que siempre se combina convicción ideológica y interés político. Si logra que una parte mayoritaria de la población perciba “que las cosas van bien”, tendrá allanado el camino a un triunfo electoral en octubre.

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¿Podrá ejecutar el milagro? El acuerdo con el FMI incluye una meta ambiciosa de acumulación de reservas. Los burócratas de Washington se resistían a darle una montaña de dólares a la Argentina para financiar vacaciones en Miami y un boom de compras en Amazon. La gimnasia de un prestamista consiste en convencer al deudor de que debe achicarse para pagar. En el caso de un país, eso implicaría devaluar la moneda para mejorar la competitividad y, de esa manera, generar las divisas que aumenten su capacidad de cumplir. 

Dólar y precios, dos variables que se entrelazan en los comercios argentinos[e]MARTIN ZABALA – XinHua

Pero Milei insiste en que solo va a comprar dólares cuando la cotización se acerque a 1000 pesos. A la vez, habilitó el ingreso de inversores extranjeros a los que alienta a pesificarse, con una tasa beneficiosa. Les impone un plazo de seis meses en que no pueden repatriar los fondos. Es decir, hasta octubre, en coincidencia con las urnas. Todas las señales que da el Gobierno apuntan a una baja del tipo de cambio, pero anticipan una fuerte pulseada con el sector agropecuario. ¿Por qué si ya no liquidaban la cosecha a 1130 pesos hace 10 días lo harían ahora a una cifra menor? ¿Habrá oferta suficiente en el mercado para que la cotización se desplome?  

Al plantearse una guerra discursiva, Milei no va a ahorrar recursos. A su juego lo llamaron. La crítica le suena a agresión. Superó en una semana su marca histórica de ataques a economistas y periodistas, en especial para negar cualquier sugerencia de que el acuerdo con el FMI obligó al Gobierno a recalcular. Se convirtió en dogma libertario afirmar que la salida del cepo antes de Semana Santa era un plan diseñado al milímetro desde tiempos inmemoriales.

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No importa que durante años Milei hubiera dicho que tomar deuda era inmoral o que con superávit fiscal no habría necesidad de tomar nuevos préstamos. Ni que hubiera anticipado desde noviembre hasta marzo que solo saldría del cepo después de que la tasa de inflación convergiera con la devaluación inducida en el programa (1%), pero finalmente lo hizo justo después de un repunte del 3,7%.  

Milei, contra periodistas, como Fernández Díaz y Pagni

Quien dude de la infalibilidad de las Fuerzas del Cielo se arriesga a entrar en la lista de los réprobos del nuevo poder. La reacción de Milei contra el periodismo profesional es sintomática. Solo en los últimos siete días el Presidente escribió o dijo sobre los periodistas que son “operadores, mentirosos y farsantes”, “sicarios con micrófonos”, “ensobrados”, “corruptos que extorsionan por dinero”, “basuras asquerosas” que mienten, injurian y calumnian, que “envenenan a la gente”, que tienen “déficit de IQ” y “abstinencia de pauta”. 

A los economistas también les rezó un rosario de insultos. Los acusa de pifiadores. Muchos cometen un error indudable: hacen pronósticos sobre la base de las promesas del propio presidente. A Carlos Melconian lo ridiculizará de por vida por haber advertido que el programa libertario fracasaría si iba a la dolarización que sugería Milei en campaña. “Me invitás a comer fideos con tuco y no tenés fideos ni tuco”, decía Melconian. El Presidente le refriega la pasta por la cara desde que el año pasado sus medidas lograron estabilizar las principales variables… con un plan que fortaleció al peso en lugar de eliminarlo. 

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A otros, como Hernán Lacunza, los fulmina por haber advertido que la regla intocable del crawling peg descendiente lo llevaba a una crisis de reservas. Los criticaba antes, cuando hacían sonar esas alarmas, y ahora cuando efectivamente el Gobierno tomó un nuevo rumbo. Como con “la casta”, es mandil quien Milei decide. 

Ya hay algunos anotados en la próxima tanda. Ricardo López Murphy dijo que sería muy negativo incumplir las metas de acumulación de reservas pactada con el FMI (más de US$9000 millones hasta fin de año): “¿Dónde está dicho que el Banco Central solo compra en el límite inferior de la banda? Hay que comprar ahora. Lo peor que podría pasar es que después de un apoyo descomunal no lo usemos correctamente. Hay que comprar genuina y sistemáticamente divisas“. 

La sugerencia implícita en esas palabras lleva a pensar en el largo plazo, justo cuando la dinámica oficialista se orienta a garantizar un corto plazo confortable de cara al desafío de las elecciones.  

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La “tercera fase” del plan constituye un puente hacia la cuarta, de la estabilización definitiva, después de un triunfo electoral.  

El dilema de Milei es que, al igual que casi todos sus predecesores, gasta crédito de largo plazo en función de las urgencias inmediatas. Su programa político consiste en la construcción de una hegemonía, contraria a la idea de un escenario de cooperación para los momentos desafiantes que vendrán en 2026.  

Incluso con un triunfo legislativo importante, La Libertad Avanza (LLA) seguirá siendo minoría en los dos cámaras del Congreso y así tendrá que sacar adelante una agenda delicada en términos sociales como la comprometida con el FMI, que incluye una reforma jubilatoria, la eliminación del monotributo y otros cambios impositivos, privatizaciones y una meta ambiciosa de acumulación de reservas. 

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Javier Milei y Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU. en la Casa Rosada; una señal de apoyo potente del gobierno de TrumpWalter Carrera/ Presidencia

Es un dilema clásico: lo que sirve para ganar elecciones puede ser tóxico para gobernar.  

La técnica de alinear a los enemigos ha resultado tan exitosa para Milei que solo se plantea acentuarla.  

Un reciente estudio de la consultora Methodo, que dirige Patricio Hernández, aporta datos que pueden explicar este acto reflejo del oficialismo. A partir del procesamiento de datos de encuestas y de millones de interacciones en redes sociales, elaboró un modelo estadístico predictivo del voto. La conclusión a la que arriba el trabajo es que tanto la aprobación presidencial como su intención de voto se sustentan más en símbolos que en resultados concretos. El principal motivo de apoyo a Milei es la lucha contra “la casta”, representada en la motosierra como instrumento para castigar a los privilegiados. Quien valoran la acción del Gobierno en este aspecto tiene un 42% de probabilidad de votar a los libertarios en las próximas elecciones, sostiene el estudio.  

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Las demás razones .-muy pocas en comparación con otros líderes políticos- son la identidad antiperonista (23%), lucha contra la inflación (16%), la política de seguridad (15%) y la ideología (apenas 5%). 

“El núcleo duro de su respaldo responde a una narrativa que combina austeridad moral (“anti casta”), lucha contra un enemigo tradicional (el peronismo) y una esperanza difusa en que alguien está haciendo algo de una buena vez contra problemas estructurales como la inflación y el narcotráfico”, añade el trabajo.  

El reto de Milei es mantener viva la llama de la rebelión contra el poder establecido, aun cuando ahora es él quien se sienta en el trono. Acaso por eso las dimensiones de “la casta” se amplían a diario. 

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Hacia allí empezó a empujar al propio Mauricio Macri, a quien durante meses invitó a comer a Olivos y le reconoció en público su ayuda para ganar el balotaje. Esta semana le reprochó la instauración del cepo en 2019 y sugirió (aunque lo personalizó en su primo Jorge) que pelea por “los negocios de la ciudad”.  

Las elecciones porteñas le caen en un momento incómodo a Milei, justo cuando podría sentirse el pico inflacionario. Saldrá a poner el cuerpo en una disputa local a la que empujó a su vocero Manuel Adorni porque siente que el verdadero sentido de este año electoral es conquistar definitivamente la derecha argentina. Macri se convirtió en un obstáculo a su juicio.  

Al expresidente, de campaña a tiempo completo, suelen pararlo en la calle para pedirle que no abandone a Milei. “A veces parece que no se deja ayudar”, le respondió a una comerciante esta semana. 

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Una vecina le pidió a Mauricio Macri que “acompañe a Milei” y respondió que el Presidente “se tiene que dejar”Captura

Su estrategia se sostiene en el voto dual: que aquellos porteños que se ilusionan con el programa de Milei no sientan como una ruptura emocional votar al Pro. Ofrece algo así como “vótenos para que nuestro rival puede hacer mejor las cosas”. En el fondo, lo que se discute es si Macri tiene un lugar en la mesa de las decisiones de la etapa que viene. 

Milei se presenta como el instrumento más eficiente para jubilar a Cristina Kirchner. Por eso ahora presiona para que se vote el proyecto de ficha limpia en el Congreso y anuncia que impulsará una ley de ética pública. Esa norma ya existe: es aquella que, entre otras cosas, impide a los funcionarios “usar bienes, servicios o información oficial para promover productos o empresas privadas” y que lo incomodó en el caso $LIBRA. 

En paralelo, al búnker de Cristina le llegan señales del Gobierno de que no buscan proscribirla y de que no están buscando acelerar un fallo de la Corte que le impediría ser candidata. Incluso si saliera la ficha limpia, ella podría competir como legisladora bonaerense, tal como de momento prevé. 

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Milei busca arrebatarle a Macri la bandera de transparencia que suele flamear el Pro. Acusa a los primos de ineficiencia en la gestión y de operar contra su gobierno. Lo hace a su manera, ajustando dichos anteriores. Dice que no pudo acordar con el Pro en la ciudad por culpa del adelantamiento electoral. Es un argumento construido con el tiempo: Jorge Macri anunció el 27 de diciembre el desdoblamiento y el 8 de enero el Presidente dijo en una entrevista que estaba abierto a “un acuerdo total con el Pro para arrasar al kirchnerismo”.  

Cristina Fernández de Kirchner, la semana que pasó, con Eduardo Bali BuccaX.com

Otro punto de discordia es la contratación del español Antoni Gutiérrez-Rubí como arquitecto de la campaña del Pro. “Contrataron para campaña negativa al mismo que contrató Massa. ¿A usted no le parece que eso es un acto de deslealtad? A mí me parece una traición en la espalda”, dijo este lunes. Gutiérrez-Rubí trabajó para Massa en 2023, pero antes de las elecciones tomó el control un grupo de expertos brasileños que coordinaba Edinho Silva. Milei lo sabía: en febrero de 2024 acusó en una entrevista con Marcelo Bonelli al “grupo de brasileros que tenían contratados para hacernos campaña negativa”. Volvió a hablar de “los brasileros” en otras dos notas, en abril y mayo del año pasado. 

Las palabras son arcilla para él: lo que vale es lo que dice hoy. Parece interpretar por momentos el guion del segundo capítulo de la nueva temporada de la ficción distópica Black Mirror. En él, la protagonista crea una computadora cuántica que le permite cambiar el pasado y la realidad a su alrededor. Con solo apretar un botón lo que pasó se ajusta a lo que ella dice. Así se hace rica y poderosa, pero su misión real consiste en ejecutar una cruel venganza contra antiguas compañeras de colegio que le hicieron bullying en la adolescencia. Las manipula psicológicamente hasta llevarlas a cuestionar su percepción, su memoria, su cordura. Spoiler alert: al final la descubren y termina mal. 

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La CGT prepara un recurso de inconstitucionalidad con tres argumentos centrales contra la ley de reforma laboral

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La Confederación General del Trabajo (CGT) prepara un recurso para que la Justicia declare inconstitucional en general la ley de reforma laboral, en caso de que sea aprobada en el Congreso a fin de este mes, anticiparon fuentes sindicales a .

El planteo será general sobre asuntos globales y conceptuales de la ley y no artículos puntuales, dado que esos planteos deberán ser efectuados por los trabajadores, caso por caso, en la medida en que sean alcanzados por un conflicto concreto.

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En cambio, los planteos generales están reservados para los gremios y la CGT, que se prepara con una demanda de inconstitucionalidad.

La denuncia se efectuará en la Justicia contencioso administrativa federal, y tras un fallo de primera instancia y de la Cámara, podría intervenir la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal no tiene plazos para expedirse. De hecho, nunca lo hizo sobre el capítulo laboral del DNU 70/23 de Milei, segmento que está suspendido en su aplicación.

El planteo está en elaboración y se efectuará a pesar de que la propia CGT negoció con el Gobierno el contenido de la ley y logró evitar que se tocaran las cajas sindicales. Así, mantuvieron los recursos de las obras sociales sindicales, las cuotas solidarias y a los empleadores como agentes de retención del pago de afiliación.

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Una de las protestas que montó la CGT contra la reforma laboralRodrigo Néspolo

Los principales puntos de este cuestionamiento general apuntan a la violación de dos principios constitucionales: la no regresividad de los derechos laborales y la protección del derecho al trabajo.

El tercer argumento es el cuestionamiento a la desaparición del fuero laboral nacional, una justicia del trabajo que siempre fue cercana a los gremios y al peronismo.

El principio de la no regresividad de los derechos laborales implica que el Estado no puede reducir el nivel de protección de los derechos laborales ya alcanzado, salvo que exista una justificación excepcional y razonable.

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Esta idea surge del derecho constitucional y del marco internacional de los derechos humanos. Se basa en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales y, en particular, a lo prescripto por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc).

Significa, en esencia, que no se puede ir hacia atrás con los derechos ya alcanzados sin una razón constitucionalmente fuerte y sin respetar el núcleo esencial del derecho. Por el contrario, implica que el Estado debe ampliar esa protección.

Este principio no impide reformas, pero deben estar fundadas, pues protege la idea de que no haya retrocesos arbitrarios o desproporcionados.

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No obstante la Corte Suprema, en su doctrina, no aplica la regresividad de manera automática como argumento de inconstitucionalidad. El máximo tribunal no la aplica como una prohibición absoluta de retroceso, sino como un límite a reformas que desnaturalicen el contenido esencial de los derechos laborales.

Se trata de principios básicos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho de huelga, el carácter alimentario del salario y el acceso a la justicia.

Por eso, ante una reforma como la actual, la Corte podría no frenarla en bloque sino pronunciarse cuando lleguen a sus estrados los casos específicos de artículos que impliquen un avance desproporcionado sobre estos derechos.

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Patricia Bullrich, la punta de lanza del oficialismo para la reforma laboralPilar Camacho

El otro principio, emparentado con el de la regresividad de los derechos, es el de impedir la violación de la protección de los derechos de los trabajadores.

Está basado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el trabajo en condiciones dignas y equitativas, la protección contra el despido arbitrario, el salario justo, la organización sindical, el derecho de huelga y la seguridad social.

La Constitución dice que el trabajador, como la parte más débil de la relación laboral, debe tener una «tutela especial“.

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La violación se produce cuando la ley implica vaciar el contenido esencial de ese derecho o se reduce la tutela sin justificación razonable. Pero, nuevamente, la Corte reconoce al Congreso el derecho de reorganizar el sistema laboral; lo que no puede hacer es desnaturalizarlo.

La CGT incluirá en su demanda de inconstitucionalidad los cuestionamientos a los artículos que plantean la disolución de la justicia nacional del trabajo y el convenio de transferencia de competencias de la justicia laboral nacional a la justicia laboral de la Ciudad.

El argumento constitucional tiene pocas chances ante la Corte: el máximo tribunal ya tiene dicho que el camino es la transferencia a la Ciudad de la justicia nacional.

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Una de las protestas recientes contra la reforma laboralTadeo Bourbon

Pero el argumento político es muy fuerte, ya que el fuero laboral nacional siempre fue cercano al peronismo y a la CGT. La central sindical digitó las designaciones de jueces amigos mediante sus diputados y representantes en el Consejo de la Magistratura, que dictaron fallos con decisiones desproporcionadas, corregidas luego por la Corte. Los Moyano y la familia Recalde incidieron en el fuero.

La CGT no quiere quedar en manos de la justicia laboral de la Ciudad, pues sospecha que los jueces que sean designados allí serán favorables a las empresas y fallarán contra los trabajadores.

Amén de estos dos planteos generales, los gremios por su lado pueden acudir a la justicia para considerar inconstitucional algunos principios generales afectados por la nueva ley.

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Así, podrían plantear que la ley es contraria a la Constitución Nacional porque limita el derecho de huelga. Esto se da cuando amplía los “servicios esenciales” que deben trabajar con porcentajes mínimos obligatorios.

La nueva norma introduce, además, la categoría de servicios “de importancia trascendental”, que no pueden parar. Antes, los servicios esenciales que debían ser garantizados eran los que afectaban la vida, la salud o la seguridad.

La plata de Fate en San Fernando, en medio de una toma por el despido de 920 trabajadoresMARTIN COSSARINI

Ahora podrían entrar en esta nueva categoría el transporte de pasajeros y de cargas, el puerto, la logística, la distribución de alimentos y combustibles, el comercio exterior, los servicios bancarios y financieros, las telecomunicaciones, los residuos o la educación, es decir que la redacción es abierta.

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Lo que se plantea es que deben garantizarse servicios mínimos obligatorios, con porcentajes elevados, y la autoridad administrativa puede intervenir si no se cumple este requisito.

Los gremios podrían argumentar que el derecho de huelga no puede limitarse por porcentajes que neutralicen un paro, pues vaciarían ese derecho. Un planteo en esos términos podría prosperar, señalan en la Justicia.

Otros asuntos que podrían ser cuestionados por inconstitucionales por los gremios o trabajadores individuales son, por ejemplo, la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por sistemas de capitalización mediante un convenio colectivo.

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Otro asunto espinoso y de cuestionamiento constitucional es el pago en cuotas de sentencias laborales y honorarios. Los abogados del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad ya lanzaron el alerta, pues se verían afectados sus honorarios.

Aquí, el argumento es que se afecta el carácter alimentario del crédito laboral y se coloca al trabajador en una situación donde los acreedores le fijan los plazos de pago.

Otro asunto, que también plantearon los abogados, es el de la responsabilidad objetiva por “pluspetición inexcusable”: si el abogado plantea una demanda desproporcionada sobreestimando los reclamos, es solidariamente responsable si debe pagar las costas del juicio, lo que generaría un efecto disuasivo a la hora de pedir.

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También es cuestionable legalmente la reforma ligada a la ampliación del período de prueba, que va de los tres a los 6, 8 o 12 meses según el tamaño de la empresa. Este cambio debilita la protección ante el despido y es regresivo, plantean sus objetores.

Los jueces supremos Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo LorenzettiCSJN

La redefinición del salario es otro punto que traerá planteos de inconstitucionalidad. En la nueva ley, de aprobarse, ya no integran el salario el aguinaldo y otros extras, como el celular o el automóvil corporativos, lo que reduce indirectamente la indemnización.

La Corte Suprema tiene una doctrina consolidada en defensa de estos rubros como integrantes del salario, con lo que un planteo de este tipo en un caso particular podría prosperar.

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Hernán Cappiello,Conforme a

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“A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”: la reacción de Alberto Fernández tras la medida de fuerza de la CGT contra la reforma laboral

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Luego de que la CGT convocara a una huelga de 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa Javier Milei, el expresidente Alberto Fernández se refirió a su propia gestión y aseguró: “A ese gobierno jamás le hicieron un paro general”.

El mensaje fue publicado en su cuenta personal de X, donde este miércoles por la noche compartió una infografía de Infobae que muestra los paros generales de la Confederación General del Trabajo que enfrentaron todos los gobiernos desde Raúl Alfonsín hasta la actualidad.

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“Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan“, comenzó escribiendo el expresidente, alrededor de las 11 de la noche.

En la placa de este medio se observa que Alfonsín encabeza el ranking con 13 paros generales. Lo siguen Carlos Menem y Fernando de la Rúa, con 8 cada uno; Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, con 5; y Javier Milei, con 4 -incluido el de hoy-. Más atrás aparecen Eduardo Duhalde, con 2; Néstor Kirchner, con 1; y Alberto Fernández, sin paros generales.

Y siguió: ”Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia. A ese gobierno jamás le hicieron un paro general“.

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El expresidente argentino Raúl Alfonsín fue quien enfrentó mayor cantidad de paros generales de la CGT (EFE/INFOSIC/SILVIA RÍOS/MK)

El alcance de la medida de fuerza será amplio: el transporte público, los bancos y el funcionamiento de oficinas estatales quedarán interrumpidos y se prevén complicaciones adicionales por la adhesión de gremios estratégicos.

El escenario anticipa una jornada sin precedentes recientes en materia de servicios, con el Congreso como epicentro del debate y un fuerte operativo preventivo en la Ciudad de Buenos Aires.

El principal punto de conflicto de la reforma laboral es el artículo 44, que establece que los trabajadores percibirán únicamente el 50% del salario en caso de enfermedad, aunque este porcentaje podría aumentar hasta el 75% en casos donde el motivo no responda a una acción voluntaria ni exista conocimiento previo del riesgo. Sin embargo, el Gobierno adelantó que quitaría ese apartado. De igual forma, el paro se mantiene vigente.

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El rechazo sindical abarca también otras disposiciones, incluyendo restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, modificaciones en las indemnizaciones, la implementación del banco de horas, cambios en el régimen de vacaciones y limitaciones a las asambleas sindicales.

La estación Plaza Constitución, en medio del paro de la CGT (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

En el caso del transporte, el paro contará con el respaldo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). De acuerdo a Infobae, el cese de actividades abarca a los servicios de colectivos urbanos y de larga distancia, que no circularán en todo el país. La conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, ratificó la postura de acompañar todas las medidas que disponga la central obrera.

El transporte ferroviario también paralizará completamente sus operaciones. La Unión Ferroviaria y La Fraternidad comunicaron la suspensión de los servicios en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y todos los interurbanos, afectando tanto a pasajeros metropolitanos como a los del interior.

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En la red de subtes y premetro, la AGTSyP confirmó un paro total entre las 00 y las 24 horas del jueves. De esta manera, no habrá ningún servicio disponible durante la jornada. Los metrodelegados argumentaron en un comunicado: “No se trata de modernización, sino de quita de derechos a las y los trabajadores. Con su aprobación pretende borrar, de la noche a la mañana, décadas de conquistas del pueblo trabajador”.

Además, la Asociación Bancaria, sindicato liderado por Sergio Palazzo, anunció su adhesión total a la huelga. No habrá atención presencial en ninguna sucursal pública o privada a nivel nacional. Las operaciones presenciales, como cobro de cheques y trámites cambiarios, quedarán suspendidas por completo durante el jueves. El gremio definió la jornada como “cese total de las actividades”.

Las entidades bancarias garantizaron el funcionamiento normal del homebanking, aplicaciones y billeteras virtuales, permitiendo transferencias y pagos de servicios en línea.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto al Frente de Sindicatos Unidos (que agrupa a gremios como la UOM, Aceiteros y las CTA), convocó a un paro y movilización hacia el Congreso. El Gobierno nacional anunció que descontará el día a los empleados públicos que adhieran a la medida.

Por su parte, los gremios docentes CTERA y CONADU participarán de la huelga y prevén manifestaciones frente al Parlamento.

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La interna entre Kicillof y Máximo Kirchner reaparece en un tironeo por las autoridades del Senado bonaerense

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El acuerdo al que llegaron el gobernador Axel Kicillof y el diputado Máximo Kirchner para anudar una lista única y evitar una elección interna en el Partido Justicialista bonaerense no tiene más alcance que el partidario. El entendimiento, logrado a principios de mes, por el que Kicillof asumirá la presidencia del justicialismo de Buenos Aires, no derrama sobre otros aspectos de la interna entre kicillofistas y cristinistas, y un nuevo episodio de esa saga de disputas se avecina.

Se trata de la definición de las autoridades del Senado provincial, Cámara que preside la vicegobernadora Verónica Magario y que en diciembre pasado no logró acuerdos para repartir esos cargos debido a la interna del peronismo. El intento por destrabar la situación será el jueves, en una sesión preparatoria agendada desde el año pasado.

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“Solo alcance partidario”, confirmó a una fuente cercana a Kicillof al caracterizar el acuerdo sellado con las filas camporistas en el PJ bonaerense, que aún conduce Máximo Kirchner. El resto de las pujas internas se irán definiendo una a una. “La gallina se pela pluma por pluma”, graficó la fuente. En el sector identificado con Máximo y Cristina Kirchner ratificaron que el entendimiento que se anudó en el partido provincial es solo para ese ítem.

Sergio Berni, enojado por el reparto de las vicepresidencias del Senado bonaerenseHernán Zenteno –

En el almanaque, el jueves 26 de febrero aparece como una fecha en la que el estado de la interna peronista volverá a exhibirse. Deben definirse las seis vicepresidencias del Senado provincial, un punto que no se pudo destrabar el 8 de diciembre, en la sesión en la que asumieron los nuevos legisladores electos en septiembre.

Esa reunión legislativa incluyó el enojo de Sergio Berni, flamante senador provincial, que impugnó las licencias aprobadas para el peronista Gabriel Katopodis y el libertario Diego Valenzuela, en una maniobra que se interpretó como expresión de descontento por la falta de acuerdo por las autoridades.

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El exministro de Seguridad negó que se debiera a eso y argumentó que lo hizo porque los nuevos senadores no están habilitados para aprobar licencias.

Verónica Magario, titular del Senado bonaerenseCaptura

La vicepresidencia primera del Senado es un puesto apetecible para las distintas vertientes del peronismo. Con la conformación anterior de la Cámara, estaba a cargo de Luis Vivona, líder del peronismo en el distrito de Malvinas Argentinas, que pasó a ser diputado provincial. El vicepresidente primero del Senado es el tercero en la línea de sucesión del gobierno provincial, detrás del gobernador y el vicegobernador.

A fines de 2025, los nombres que se barajaban para ese lugar eran los de los senadores Mario Ishii, Berni y Malena Galmarini, respaldados por distintos sectores del peronismo.

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Si bien la pelea central se produce dentro del justicialismo, otras fuerzas intentarán quedarse con representación en los cargos de conducción del Senado provincial. Según pudo saber de una calificada fuente libertaria bonaerense, La Libertad Avanza considera que le corresponden las vicepresidencias tercera y sexta.

Los exlibertarios comandados por Carlos Kikuchi cuentan con la vicepresidencia quinta, en manos del propio Kikuchi, exarmador político de Javier Milei.

Carlos Kikuchi, en el centro, uno de los exlibertarios que aspiran a una de las vicepresidencias del Senado bonaerense

El escenario se vislumbra complejo para el reparto en el peronismo. “Se están matando para ver quién se queda con qué”, señaló un hombre del Frente Renovador. “Todavía no hay nada. En los próximos días, se generará algún acercamiento para ir definiendo los nombres para los cargos en disputa”, aportó un senador de Unión por la Patria. Una fuente cristinista de la Legislatura definió el clima como de “incertidumbre”.

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“Están intentando sesionar el 26, pero no veo que haya acuerdos. Ellos siguen con problemas”, dijo a un dirigente de Pro con experiencia legislativa, al referirse al peronismo.

En la última conformación de la Cámara de Senadores, la vicepresidencia primera era del cristinismo (Vivona); la segunda, de Pro (Christian Gribaudo); la tercera, del cristinismo (Pablo Obeid); la cuarta, del radicalismo (Alejandro Cellillo); la quinta, de los exlibertarios (Kikuchi), y la sexta, de La Libertad Avanza (Daniela Reich).

La Cámara deberá elegir también a un nuevo secretario legislativo. Luis Lata, dirigente del peronismo de La Matanza que ejercía ese cargo, falleció a fines de enero.

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La sesión para designar autoridades está programada por Magario desde el 17 de diciembre del año pasado, prevista para la hora 15 del jueves. La interna tuvo un avance en el tiempo transcurrido, al resolver el dilema de la conducción del PJ bonaerense, pero el Senado promete un nuevo capítulo de tensión.


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