POLITICA
El infierno astral del Gobierno

En la cultura popular brasileña suele hablarse de “infierno astral”. Se refiere a un período, el del mes previo al cumpleaños de una persona. En esa etapa se suceden los conflictos, las crisis emocionales, la sensación de estancamiento. Son semanas en las que todo parece salir mal. Javier Milei parece estar atravesando ese calvario, en la que se enlazan las turbulencias financieras con los escándalos políticos.
Hace apenas una semana las autoridades celebraban a través de las redes sociales haber sido salvados del abismo. Fue cuando el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que el Banco Central de la República Argentina dispondría de 20.000 millones de dólares para fortalecer sus reservas. Bessent adelantó también que su oficina podría comprar títulos argentinos en el mercado secundario e, inclusive, adquirir bonos emitidos para ese exclusivo comprador. El gobierno de Donald Trump estaba diciendo, con esas declaraciones, que se haría responsable de que la Argentina pague su deuda en dólares. El precio de los bonos encontró un piso. Y el mercado de cambios, advertido de que el Central fortalecería sus reservas, dejó de presionar sobre la cotización del dólar.
Hubo dos circunstancias parecidas a la que se produjo la semana pasada. Fue cuando México recibió una ayuda similar del Tesoro norteamericano, en 1994, y cuando lo hizo Uruguay, en 2002. En ambos casos no hubo necesidad de gastar un solo dólar. El sólo anuncio de la ayuda detuvo la turbulencia.
En la Argentina no se produjo el mismo efecto. Desde el jueves de la semana pasada los tenedores de papeles argentinos siguieron desprendiéndose de ellos. Es decir, se recreó la conjetura de un default, que se expresa en el índice de riesgo-país. Ese número trepó 8 escalones ayer respecto del martes se ubicó en 1230 puntos. Cuando Bessent comunicó sus novedades se había ubicado en 900 puntos. El dólar recorrió el mismo camino negativo. Ayer cotizó 1450 pesos, 50 pesos más caro del precio del día anterior. El dólar MEP se ubicó en 1523 pesos y el contado con liquidación en 1573. Quiere decir que la brecha, cuya eliminación había sido uno de los grandes éxitos de la política cambiaria de Milei y Luis Caputo, se repuso y está ubicada en 9%.
¿Cuáles son las razones por las cuales el inusual espaldarazo de los Estados Unidos no logró detener la inquietud? ¿Por qué los bonos siguen perdiendo valor y por qué el mercado sigue desafiando el techo de la banda cambiaria? Las respuestas no habría que buscarlas en el reino de la técnica cambiaria y monetaria. Hace falta mirar de cerca otros dos campos. Hay que detenerse en la calidad de la gestión, lo que incluye las decisiones económicas, y hay que prestar atención a la estabilidad de la política.
Javier González Fraga suele afirmar que la línea que divide a la macro de la microeconomía es ilusoria. Ambas dimensiones mantienen una relación de mutuo condicionamiento. Atormentado por la emergencia, el equipo económico adoptó una serie de medidas apresuradas que crearon una sensación de falta de serenidad y profesionalismo. Modificaron las reglas cambiarias con resoluciones miniaturistas. Por ejemplo, la que repuso la prohibición de operar en el mercado del contado con liquidación a quienes compraran dólares oficiales. Ese impedimento se enfocó en un conjunto limitado de personas, definido por su ocupación en las empresas. Después se extendió a todos los agentes económicos. Una alteración en la normativa tomada a las apuradas, en medio de la rueda de operaciones del viernes de la semana pasada. Pocas veces visto.
La misma chapucería se advirtió en la suspensión de las retenciones. Cuando no se sabía si Bessent hablaría a favor del Gobierno, se comunicó que se suspendería ese “impuesto” hasta tanto el Banco Central recibiera 7000 millones de dólares de los exportadores de granos. Esas empresas y muchos productores se apresuraron a realizar, o al menos anotar, sus operaciones de venta cuando leyeron el mensaje del secretario del Tesoro. Allí Bessent adelantó, como si fuera un funcionario del Palacio de Hacienda, que trabajaba para reponer lo antes posible la exención que se había realizado. Es posible que el ministro de Economía de Trump no estuviera pensando en las tribulaciones de su colega argentino Caputo, sino en las de su colega norteamericana Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura, que le hizo llegar el enojo de los chacareros de su país ante la mejor en la competitividad que obtenían los chacareros argentinos. Una demostración indirecta de lo que ya se sabe: la enorme mochila que significan las retenciones para la carrera que corren los agricultores argentinos contra los de los demás países. Con independencia de estas lecciones generales, la aventura decantó en varias demandas penales que pesan ahora sobre los funcionarios.
La advertencia agropecuaria de Bessent aceleró la declaración de exportaciones. El meta de 7000 millones de dólares se alcanzó en apenas tres días. Las cerealeras se liberaron del gravamen, pero no trasladaron ese beneficio a sus proveedores, que son los productores. Al menos no lo hicieron por completo, lo que enojó a todo el sector agropecuario con Milei, en plena campaña electoral. La jugada tuvo otro efecto: las grandes exportadoras recibieron una masa gigantesca de pesos que aplicaron a comprar dólares en el mercado del contado con liquidación. Por eso el Central tuvo que cambiar las reglas en medio del partido: había que impedir que ese mercado se abasteciera con dólares que los ahorristas compraban en el oficial. Aun así se siguieron comprando dólares. Milei y Caputo se habían olvidado de las billeteras virtuales y, en especial del mundo cripto, desde donde se seguía operando. Todo por no hablar con Karina.
Más allá de todos estos avatares, toda la jugada arroja un balance inesperado: para conseguir 7000 millones de dólares Caputo pagó alrededor de 1500 millones de dólares, que es lo que Hacienda resigna por la baja de retenciones.
La descripción de esta secuencia expone uno de los motivos por los cuales el anuncio de Bessent no detuvo la caída. Se multiplicaron los errores. Por lo tanto, el mercado quiere despejar esa duda: ¿qué hará Milei una vez que reciba la ayuda? Es una incógnita que se enmarca en otra más importante: ¿el Gobierno corregirá las decisiones que lo trajeron hasta esta encrucijada? En otras palabras: ¿cumplirá lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, es decir, liberará el mercado cambiario y comenzará una compra sistemática de reservas?
Lo que demostraron los últimos días es que el respaldo de Trump no sustituye la falta de confianza en el equipo que gestiona la Argentina. Esa enseñanza quizá llega tarde. O todavía no llegó. Milei corre de nuevo a sacarse una foto con su padrino en Washington, con quien estuvo reunido la semana pasada.
Hay un motivo más que explica por qué no alcanzan los anuncios norteamericanos para despejar la incertidumbre. Bessent mostró el salvavidas pero aclaró que antes de enviarlo espera ver el resultado electoral. Es una condición incómoda. Hasta las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre se suponía que las elecciones nacionales del próximo 26 serían muy favorables a La Libertad Avanza (LLA). Los encuestadores moderaron ese entusiasmo. Pero muchos de ellos, aun los que proveen información al kirchnerismo, siguen augurando una victoria de Milei. Es cierto: mucho más modesta. El problema es de sentido común: esos consultores vaticinaban una victoria del PJ bonaerense por apenas 5 puntos porcentuales. Cuando esa victoria se amplió a 14 puntos, se disolvió la confianza en las profecías sobre octubre.
Sería un error limitar el riesgo del oficialismo a esa álgebra. Para los que esperaban que la política ayude a la economía, de tal manera que Bessent firme su cheque sin demasiadas condiciones, acaba de aparecer una novedad muy desalentadora. La campaña del oficialismo en el territorio donde se libra la principal batalla, la batalla contra el kirchnerismo, acaba de estallar por la denuncia contra José Luis Espert, sospechado de haber recibido 200.000 dólares de Fred Machado, un hombre de negocios chubutense condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. Publicaciones de DiarioAR y de Perfil documentaron que esa transferencia figura en el expediente de los tribunales norteamericanos. Juan Grabois, que compite con Espert desde el segundo lugar de la lista de Fuerza Patria, lo llevó a la Justicia de San Isidro.
Las publicaciones periodísticas y la denuncia de Grabois dispararon otras informaciones. Marcelo Longobardi, desde su canal de Youtube, contó que la agente de prensa de Espert lo había contactado hace un par de años para que atendiera al oscuro Machado en Nueva York. Jorge Yoma recordó que los abogados de Machado lo habían visitado para que hiciera lobbying ante el procurador Eduardo Casal, con el propósito de evitar la extradición a los Estados Unidos. Yoma informó, como es obvio, que se negó.
El escándalo de Espert puso en crisis al Gobierno en dos frentes relevantes y entrelazados entre sí. Uno es el electoral, que inquieta a Bessent. El primer problema es que el candidato todavía no dio una explicación para refutar las acusaciones. Se limitó a decir que todo es una campaña del kirchnerismo que quiere entorpecer la estrategia económica oficial. Es un argumento verdadero. El kirchnerisno hace campaña y la hace con la consigna “hay que frenar a Milei”. Sin duda pretende dañar la política económica. Pero admitidas esas premisas, queda la pregunta: “Espert recibió o no 200.000 dólares de un narcotraficante?”. En otros términos: puede ser cierto que a Espert lo están “operando”; pero, ¿lo operan con la verdad?
La coartada de estimular el rechazo que el kirchnerismo despierta en una parte muy extendida de la sociedad, que Milei llamaría “falacia ad hominem”, no parece ser una defensa muy eficaz. Ya la llevó al extremo el propio Milei cuando explicó, para justificar las acusaciones de presuntas exacciones indebidas del 3% con que señalan a su hermana, que “están indignados porque les afanamos los choreos”. Sobre ese mismo escándalo, el de las supuestas coimas cobradas a la droguería Suizo Argentina, aclaró ante Antonio Laje que su Karina, la secretaria general de la Presidencia, se niega a comparecer ante el Congreso “porque ella es de hablar poco”. La misma falta de preparación retórica exhibió el Presidente cuando dijo que las imputaciones a Espert son “chimentos de peluquería”. Laje le recordó que se trataba de una causa penal en los Estados Unidos.
El silencio de Espert y el exceso de palabras de Milei llevaron ayer a Patricia Bullrich a pedir explicaciones al diputado acusado en la Justicia. Bullrich es ministra de Seguridad y vive envuelta en la bandera de la lucha contra el narcotráfico. Además, es candidata a senadora de una campaña que no distingue una frontera a uno y otro lado del Riachuelo. Es decir: Espert es su compañero de proselitismo y amenaza con contaminar su propia táctica. Sin embargo, la presión de Milei sobre Bullrich fue suficiente para que la ministra corrija por la tarde sus exigencias de la mañana. Fue cuando dijo que cuando Espert recibió la ayuda de Machado todavía no se sabía, al menos desde el punto de vista de la acusación penal, que era narcotraficante. Un argumento novedoso porque Espert no lo utilizó en 2021, cuando ya lo acusaban por estas relaciones, ni ahora, cuando su carrera se empantana en su silencio.
El otro frente en el que Espert complica al Gobierno es el económico: ayer se reunió por primera vez la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados para analizar el presupuesto enviado por la Casa Rosada. Pero la cuestión fue la situación de Espert, al que el peronismo exige abandonar la presidencia de ese comité. La batalla podría confirmar la tesis del candidato libertario: estoy bajo acoso kirchnerista. El problema es que ayer Ricardo López Murphy reclamó explicaciones a Espert. Ya lo había hecho un día antes Eugenia Talerico, candidata de su partido, Potencia, en la provincia de Buenos Aires. López Murphy y Talerico tienen derecho a aspirar al voto de los que, por el enredo penal de Espert, renuncien a votar a LLA y, a la vez, se resistan a refugiarse en la opción peronista. López Murphy tiene autoridad para el planteo: en 2021 se negó a sellar una alianza con Espert porque no quería quedar asociado a un candidato sospechado de financiarse con el narco. Tampoco en aquel momento el señalado ofreció una explicación satisfactoria. Al contrario, se limitó a decir que la financiación de Machado no era a su persona sino a su partido.
Los astros se confabularon contra Milei organizando una amenaza en la que se hilvanan las razones financieras con las políticas. Bessent espera a que los argentinos “voten bien” antes de librar su cheque. Uno de los principales candidatos a los que deberían votar está acorralado con informaciones que lo vinculan con un narco. Nada menos que en la provincia de Buenos Aires, donde la presencia del narcotráfico se ha vuelto aterradora después del horrendo asesinato de tres jóvenes. ¿Espert debería renunciar a la candidatura? Sería la hora providencial para Karen Reichardt, a quien Milei ubicó en el segundo lugar de esa misma lista. ¿Esa opción calmaría a los mercados? Tal vez no sea la solución a la que apuesten los expertos. Habrá que seguir quemándose en el infierno astral.
Carlos Pagni,Conforme a
POLITICA
Una encuesta arrojó que más del 70% de los consultados está de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad

En las últimas horas se difundieron los resultados de una encuesta que arrojó resultados abrumadoramente positivos para la intención del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad. Según el estudio, más del 70% de los consultados están a favor de la medida, e incluso el 63,6% apoya la idea original del oficialismo de que la edad mínima se fije en 13 años, y no en 14, como se acordó con la oposición dialoguista en el Congreso de la Nación.
La encuesta realizada por Giacobbe Consultores respecto de la Reforma Penal Juvenil indica que el 63,6% de quienes respondieron están de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad a 13 años, mientras que un 9,5% coincide con el proyecto que finalmente será tratado esta semana en la Cámara de Diputados, que estipula la edad mínima en 14 años. Del otro lado, un 20,1% sostiene que debería mantenerse en 16 años, como establece la ley actual.
El proyecto que sigue en pie en el Congreso, tras los acuerdos con parte de la oposición, contempla tres aspectos centrales que la diferencian del originario que había impulsado originariamente en 2024: que la edad mínima de imputabilidad sea desde los 14 años, que se detallen las partidas presupuestarias que harán efectivas el tratamiento de la ley y que se baje la pena máxima para menores de veinte a quince años.
La reunión de comisiones está fijada para este miércoles a las 11. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados se convocó para el jueves a las 11.

El estudio, además, consultó a los encuestados por otras tres reformas que impulsa el Gobierno. En ese sentido, hubo dos en los que el oficialismo quedó con saldo a favor y otra en la que sufrió un ajustado traspié.
En cuanto a la Reforma Laboral, un 45,6% manifestó estar de acuerdo con lo propuesto por la administración central, mientras que un 42,7% se opone.
La Reforma Tributaria dejó un resultado aún más contundente, con un 36,4% a favor y un 27,2% en contra, aunque con un 20,7% que afirmó no contar con la información suficiente como para emitir un juicio de valor.
Fue en la Reforma Previsional que se dio vuelta el panorama, ya que un 35,6% se pronunció en contra y un 32,1% a favor. En ese punto también se destacó que un 16,3% dijo no contar con la información suficiente para responder de la manera adecuada.

En otro punto de la encuesta que el Gobierno mira con preocupación, la imagen de Javier Milei sufrió una ligera recaída.
El jefe de Estado. en la última medición, contó con un 42,8% de imagen positiva, contra un 47,1% de imagen negativa.

Entre los demás políticos puestos a consideración de los encuestados, ninguno obtuvo saldo favorable, y la única que cosechó mejores números que el Presidente fue la senadora nacional Patricia Bullrich, con un 44% de imagen positiva y un 45,8% de imagen negativa.
Los opositores, quedaron muy lejos. Mauricio Macri obtuvo un 23,2% de imagen positiva contra un 51,2% de imagen negativa y Axel Kicillof quedó con un 25,6% verde frente a un 57,1% en rojo.

Cristina Kirchner, presa en su domicilio por corrupción, no solo tuvo un pobre 21,9% de imagen positiva contra un 60,5% de imagen negativa. Además, en una pregunta aparte del cuestionario, el 67% de los encuestados consideraron que la ex presidenta es “una figura del pasado”. Lejos, un 20,2% creen que aún es un personaje relevante en la política argentina.
Solo un 11,2% identifica a la referente del peronismo como “una figura del futuro”.

Lo que está claro, al menos desde estos números, es que no se vislumbra de momento una figura que esté en condiciones de disputar el poder político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Encuesta
POLITICA
El Gobierno presentó la versión definitiva de la reforma laboral: “Tiene 28 modificaciones”

El Gobierno presentó este martes la versión de la reforma laboral que se tratará durante el miércoles en el Senado de la Nación. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bulllrich, realizó una conferencia de prensa y aseguró: “Un gran bloque de distintos partidos políticos, hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia”.
El debate está previsto que inicie cerca del mediodía del miércoles en la Cámara Alta, donde afuera se espera una importante movilización de diferentes gremios, encabezados por la CGT, como de partidos políticos y movimientos sociales. En ese marco, Bullrich aseguró que el dictamen final de la reforma que se tratará fue acordado con 44 senadores de partidos como la Unión Cívica Radical, el PRO y diferentes estructuras provinciales: “Venimos a anunciar que logramos un gran acuerdo. El texto tiene 28 modificaciones consensuadas”
“La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas y horas de trabajo de los bloques que conformamos cuarenta y cuatro senadores de la nación. Tiene 28 modificaciones consensuadas. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”, señaló la ex ministra de Seguridad.
En ese sentido, remarcó que uno de los puntos más importantes de cara a la discusión en el recinto es el fin de la industria del juicio que, según la senadora, “ha perjudicado a empresas que han cerrado dejando sin sus puestos de trabajo a miles de trabajadores”.
“Este capítulo marca qué puede judicializarse y qué no. Se ha llegado a deformaciones tan grandes, que un juicio de 3 millones de pesos termina en 300 millones de pesos. Hemos establecido una serie de sistemas de protección para que no haya industria del juicio”, explicó.
Además, enfatizó también en el Fondo de Asistencia, este mecanismo que busca ayudar al cumplimiento de las obligaciones y pagos que surjan cuando se termine un contrato de trabajo, y sostuvo que será el “IPC más el 3%”. Y aclaró: “Hemos delimitado qué son los beneficios sociales de un trabajador. Esto es importante para que esto no sea parte de la judicialización. Que ya hemos dicho que es una industria”.

A todo esto, durante la mañana de este martes, la mesa política se reunió en la Casa Rosada antes de la apertura del debate en el recinto. Allí estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Además, como invitado circunstancial, pero cada vez más habitual, se lo vio ingresar al ministro de Economía, Luis Caputo, que se quedó solo una hora y fue el primero en retirarse. Esto se debe a que el proyecto de Modernización Laboral tiene implicancias en términos fiscales, tanto si el oficialismo quiere mantener o no el controvertido artículo que baja la percepción del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, ya que afecta a la recaudación nacional y al giro de fondos a las provincias vía coparticipación.

El encuentro de mesa política duró una hora y 45 minutos. Una fuente que participó del encuentro marcó a Infobae que “no se tomó una determinación sobre qué hacer con Ganancias”. O al menos es lo que hacen trascender. Otro integrante que estuvo en las oficinas de la Jefatura de Gabinete también se comportó con un fuerte hermetismo.
En el Gobierno aseguran en público y fuera de los micrófonos que están los votos para la media sanción del proyecto en la votación en general. Lo que se está determinando en esta reunión es qué se hará con la reescritura de ciertos capítulos que no tuvieron un consenso con la oposición.
El oficialismo está poniendo en discusión cerca de 20 de los 182 artículos que componen al proyecto libertario. Ayer, Bullrich se reunió con jefes de bloque de la oposición y ciertos senadores que son determinantes para la aprobación o no de ciertas partes del proyecto. Habría un acuerdo en general sobre la mayoría de cuestiones técnicas, en las cuales el oficialismo tendría más de 40 votos.
El hermetismo está sobre lo que sucederá con Ganancias. Tal y como está escrito, el artículo no prosperará porque los gobernadores no quieren recibir menos fondos. Con esa situación como base, el Gobierno tiene para elegir una baja más atenuada en el tiempo o una eliminación rasa de esa normativa.
Mesa Política
POLITICA
Procesaron a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández en la causa por corrupción con los Seguros

El juez federal Sebastián Casanello procesó a la empresa del broker Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su gobierno. La firma Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A. fue acusada de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y quedó alcanzada por un embargo de 2.870.729.545,61 pesos.
La decisión judicial también incluyó el procesamiento de otras seis empresas intermediarias de seguros y de un exfuncionario de la Quinta de Olivos. En conjunto, el fallo apunta a un esquema de intermediación con Nación Seguros que habría permitido el cobro de comisiones millonarias en contratos con organismos públicos entre el 10 de diciembre de 2019 y, al menos, marzo de 2024.
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El pronunciamiento fue dictado por Casanello en los últimos días de su subrogancia al frente del Juzgado Federal Nº 11, donde tramita el expediente. Allí resolvió la situación procesal de ocho personas jurídicas y de Hugo Daniel Rodríguez, un estrecho colaborador de Alberto Fernández durante su gestión presidencial.
Además de la empresa de Martínez Sosa, el magistrado procesó como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública a Bachellier S.A., con un embargo de 9.669.697.257,25 pesos; Bri Broker S.A., por 851.650.603,17 pesos; TG Broker S.A., con 2.190.607.187,86 pesos; San Germán Seguros S.A., con un embargo de 6.582.763.800,51 pesos; y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., por 1.872.781.809,21 pesos. En los dos últimos casos, además, se les imputó el delito de cohecho activo, por presuntos pagos de sobornos.
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También fue procesada San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, aunque únicamente por el delito de dádivas, con un embargo fijado en 7.866.484.968,3 pesos. En contraste, el juez dictó la falta de mérito para la firma Levelar S.A., al considerar que no había elementos suficientes para procesarla ni para sobreseerla en esta etapa.
En paralelo, Casanello dispuso el procesamiento de Hugo Daniel Rodríguez, exadministrador de la Residencia Presidencial de Olivos. Al exfuncionario se le imputaron los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, como autor. Sobre Rodríguez recayó un embargo de 787.997.801,56 pesos.
En su resolución, el juez sostuvo que las empresas imputadas se beneficiaron económicamente de la actuación ilegal de personas físicas que las representaban formal o informalmente y que no adoptaron medidas adecuadas para prevenir hechos de corrupción. Según el fallo, las firmas “toleraron la conducta desplegada por quienes ejercieron la máxima representación de la persona jurídica”, no denunciaron los hechos investigados a partir de mecanismos internos de control y no implementaron programas de integridad ni sistemas de supervisión orientados a prevenir ilícitos.
El magistrado remarcó, además, que ninguna de las compañías procedió a la devolución de los beneficios que habría obtenido de manera indebida, a pesar de los riesgos evidentes que implicaban sus contrataciones con organismos estatales y con Nación Seguros, la aseguradora pública involucrada en el esquema investigado.
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La causa Seguros ya había tenido un fuerte impacto político en noviembre pasado, cuando la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. En esa resolución, los camaristas señalaron que existían elementos suficientes para sostener que el entonces Presidente intervino en favor de intereses privados vinculados a su entorno a través de su secretaria María Cantero, pareja de Martínez Sosa.
Según lo señalado por el Tribunal de Apelaciones, la concentración de las pólizas de seguro del Estado en Nación Seguros, tras un decreto firmado por Fernández, generó un aumento exponencial de los negocios derivados de esa relación. Esa situación, indicaron los jueces, fue aprovechada por intermediarios privados, con la intervención de funcionarios de la aseguradora estatal y la connivencia de brokers organizados en torno a Martínez Sosa.
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