La abogada Adriana Francese, referente de las víctimas del fentanilo contaminado y familiar de una de las primeras personas fallecidas, remarcó que “el informe de la Corte Suprema refuerza la responsabilidad penal por las muertes causadas por el fentanilo contaminado” e insistió en que “la pericia ratifica el nexo entre el lote de la farmacéutica HLB Pharma y el desenlace fatal de al menos 12 personas”. “El factor concausal es jurídicamente relevante; este fentanilo no solo agravó la situación clínica de los pacientes, sino que contribuyó de manera significativa a la muerte”, destacó Francese.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En ese contexto, Francese aportó definiciones clave para el proceso judicial, luego de que entrara formalmente en la causa la pericia de la Corte Suprema, la cual concluye que el fentanilo adulterado fue un agravante determinante en los fallecimientos investigados. La abogada se ocupó de rebatir versiones sobre supuestas dudas en el informe y resaltó que “ya se estableció científicamente el vínculo entre el producto y la tragedia”.

El clima del proceso sigue siendo de “mucha ansiedad y expectativa”, reconoció Francese, quien explicó que las familias aguardan las últimas instancias periciales, convencidas de que la prueba científica debería acelerar las imputaciones y eventuales arrestos de los involucrados. “Sabemos que en estos días están en marcha otras pericias biológicas y médicas que serán fundamentales para la determinación de responsabilidades”, agregó la abogada, sintetizando la incertidumbre que se vive puertas adentro, mientras todavía no hay ninguna persona detenida en el marco de la causa.

El Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elevó el primer informe sobre el análisis que realiza sobre historias clínicas de pacientes que habrían fallecido por haber sido tratados con el fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma de Ariel García Furfaro. Se trata del Lote 31202 elaborado el 18 de diciembre de 2024 y adulterado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

De 20 pacientes analizados por el Cuerpo Médico Forense, se concluyó que los fallecimientos no se los pudo asociar como “Nexo Causal Directo” de la muerte del paciente. Sí, en cambio, certificaron que en doce historias clínicas la aplicación del fentanilo de HLB Pharma “constituye un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal”.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, Francese analizó los resultados del informe forense y rebatió directamente las declaraciones del abogado defensor de algunos imputados, quien había señalado que no existía un “nexo directo” entre el fentanilo contaminado y los decesos. “Lejos de decir que es indirecta, la pericia destaca que el fentanilo fue un factor agravante significativo de la situación clínica de los pacientes, es decir, contribuyó al desenlace fatal, así como lo demuestran los informes del Malbrán”, expuso, y señaló que “la concordancia molecular, genómica y fonotípica entre las muestras, asociada a la trazabilidad del lote N° 32.202, establece científicamente la relación causal entre el fármaco y los fallecimientos”.

Desde la posición de las querellas, la letrada insistió en que el tipo de responsabilidad penal en juego va más allá de la mera negligencia: “Se puede condenar por homicidio, ya sea culposo o doloso. Nuestro planteo es que estamos ante un caso de dolo eventual porque tenían conocimiento de las alertas y eligieron continuar produciendo. No hay ninguna duda de que sabían el resultado que podían causar y siguieron trabajando de esa forma”, sostuvo, haciendo referencia directa a HLB Pharma.

Respecto de las alertas previas y las acciones preventivas que debieron tomarse, Francese detalló: “Hubo 139 alertas. Las autoridades del laboratorio y los organismos de control no pueden desconocer eso. Las irregularidades están en la causa”. E insistió en que las prácticas defectuosas e informadas reiteradamente se relacionan con problemas estructurales en la fabricación y los controles. “No eran retiros de mercadería por simples tapas dobladas; muchos retiros eran por contaminación microbiana, fallas graves o gravísimas para la salud pública. Era su deber clausurar o inhabilitar ese laboratorio para evitar más muertes”.

La abogada defendió la actuación del juez Ernesto Kreplak y de la fiscal María Laura Roteta, subrayando la velocidad y rigurosidad con la que trabajan: “Consideramos intachable la tarea judicial. Hay mucha gente trabajando sin descanso, habilitando días y horas extra, sin vacaciones, avanzando con pericias clave. Veo que el expediente se mueve, que no se está deteniendo la causa”, afirmó, despejando las sospechas sobre demoras en el proceso.

Sobre la pregunta clave de hasta dónde llega la cadena de responsabilidades, Francese consideró: “Aquí no termina en el laboratorio. Hay una cadena enorme, incluso funcionarios del INAME —el organismo nacional de control de medicamentos—, que hicieron inspecciones o retiraron mercadería, pero no tomaron sanciones más contundentes. Luego del retiro inmediato de productos contaminados, debió inhabilitarse el laboratorio”. Así, ubicó a la ANMAT, al INAME y a los responsables de la empresa en la mira de la justicia. “No se actuó con la urgencia y severidad que exigía la salud pública; muchas de estas muertes se podían haber evitado”, sentenció.

Consultada acerca de cuáles son los pasos judiciales que deberían esperarse de inmediato, Francese fue contundente: “Las familias esperan el resultado de las pericias que, creemos, comprobarán lo que ya sabíamos: que el fentanilo adulterado produjo las muertes. La justicia tiene que avanzar con las imputaciones adecuadas conforme a estos nuevos elementos y será el juez quien resuelva la carátula definitiva, pero las pruebas ya están”.

Al referirse a los elementos periciales en curso, la abogada precisó: “Queda pendiente una pericia del Malbrán sobre la trazabilidad y controles en el lote N° 31.202. Esta pericia va a determinar taxativamente cuáles fueron los errores de fabricación: ya sabemos que no se respetaron los protocolos de temperatura, higiene y tiempos de producción, pero necesitamos el dictamen categórico que aporte elementos decisivos para el expediente”. Subrayó, además, la relevancia de informes de la Facultad de Ciencias Exactas, que también se encuentran en etapa avanzada.

Interrogada acerca de las denuncias públicas de extrabajadores del laboratorio —quienes en medios de comunicación afirmaron que todo el personal “sabía que salían ampollas contaminadas”—, Francese aclaró: “Escuché esas declaraciones como todos, pero no las vi en el expediente. Sin embargo, los incumplimientos ya figuran en los registros del lote. Tal vez estos testimonios aporten detalles adicionales, aunque lo relevante hoy está acreditado en los documentos técnicos”.

El procedimiento judicial, según la abogada, ha tenido que superar dificultades adicionales: “El juzgado debió solicitar en reiteradas ocasiones nuevas listas a hospitales y clínicas por la cantidad de ampollas utilizadas. En algunos casos, hubo que allanar centros para rescatar historias clínicas y analizar correctamente la causal de muerte de las víctimas”. Detalló también el trabajo del juzgado para esclarecer la dimensión total de la tragedia: “Hoy se están revisando al menos 150 casos posiblemente vinculados, y lamentablemente es probable que la cifra final de víctimas aumente”, advirtió.

Con respecto a la expectativa social y familiar, Francese reconoció: “Todas las familias esperan que, con estas pericias, la Justicia pueda imputar a los responsables por los delitos que determinan los hechos. La causa aún no tiene carátula definitiva; los cargos están en análisis”.

En la última parte de la entrevista, Francese hizo foco en los pasos concretos por delante: “Esperamos que, luego de culminadas las pericias pendientes, el juez proceda a las imputaciones y se avance finalmente hacia órdenes de arresto. La presión social y el dolor de las familias no debe hacer perder de vista que se trata de un proceso delicado, pero hoy todas las pruebas apuntan en la misma dirección: la responsabilidad penal es ineludible”.

A modo de cierre, la abogada reiteró que el resultado pericial brinda elementos objetivos y contundentes. “Con estos informes no hay más especulaciones posibles. La responsabilidad de los laboratorios y de los organismos de control está acreditada. La Justicia tiene en sus manos la posibilidad de dar un mensaje ejemplar a la sociedad: no se puede poner en riesgo la vida para obtener ganancias y esperar quedar impune”.

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