POLITICA
El informe socioambiental de Cristina Kirchner: sin ingresos, en juicio con la Anses, con Máximo como fiador y OSDE 510

Antes de concederle la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner, en contra del pedido de los fiscales que habían solicitado que fuera encarcelada por su condena en la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N°2 tuvo en cuenta un informe socioambiental que describió las condiciones en las que vive la expresidenta en su departamento de Constitución.
Ese estudio, realizado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal del Poder Judicial, describió que Cristina Kirchner vive sola en ese departamento, que no está cobrando su jubilación como expresidenta ni la pensión que recibía por Néstor Kirchner, por lo cual se sostiene económicamente por sus ahorros, y que cuenta con la cobertura de salud más completa de la prepaga OSDE.
“Cristina Elisabet Fernández de Kirchner tiene setenta y dos años de edad, reside sola en el departamento en cuestión ubicado en el barrio de Constitución de esta ciudad desde el año 2022″, comienza el resumen del informe que recibieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
Allí también se explica que la expresidenta se mudó a ese departamento “por haber sufrido un atentado en la puerta de su anterior domicilio”, en relación al piso en Recoleta, frente al cual intentaron asesinarla en septiembre de 2022.
El departamento actual, sobre la calle San José, está embargado por la Justicia y forma parte de los activos que podrían ser decomisados de Los Sauces, una de las empresas más importantes de los Kirchner y que le da nombre a otra de las causas que enfrenta la expresidenta, Hotesur y Los Sauces, donde se investigan los presuntos retornos que, en forma de alquileres, la familia Kirchner recibía de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, a cambio de las contrataciones que obtenían del Estado. El departamento fue utilizado en el pasado por Florencia Kirchner y su hija.
“El inmueble, de propiedad familiar, se encuentra emplazado en una zona urbana de fácil accesibilidad, en buen estado de conservación, y cuenta con todos los servicios”, agrega el informe sobre la propiedad.
Los funcionarios judiciales señalaron en el documento que la expresidenta “no posee ingresos regulares previsionales (asignación especial y pensión), motivo por el cual se encuentra en juicio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)”.
Como contó , Cristina Kirchner tuvo acceso a la doble jubilación y pensión presidencial hasta noviembre de 2024, cuando percibió en mano (luego de los descuentos) $21.828.203,92, monto equivalente a 89 haberes mínimos netos de ese mes. La cifra en bruto ascendió a $35.255.297,73.
Pero las prestaciones incluían adicionales que sumaban casi $6 millones, en concepto de residencia en zona austral, porque CFK vivía y vive en la ciudad de Buenos Aires hace años, pero tenía domicilio declarado en Santa Cruz. Por la percepción de ese plus, la Anses presentó el año pasado una demanda penal contra la exfuncionaria “por presuntos delitos de estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica”.
El informe indicó que, sin esos ingresos, la expresidenta informó que “solventa sus gastos mediante ahorros”. La última vez que presentó una declaración jurada, Cristina Kirchner informó un patrimonio total de $249 millones repartidos entre cuatro cajas de ahorro, un plazo fijo, acciones en distintas empresas y un auto, entre otros bienes. Actualizada por inflación, la cifra alcanzaría los $606 millones. No contempla, claro está, la cesión que hizo de casi todos sus bienes, en 2016, a Máximo y Florencia Kirchner.
El informe señala que la expresidenta “goza de buena salud” y que tiene cobertura médica con el plan 510 de OSDE. Se trata del servicio más completo que ofrece la prepaga. “Toma medicación porque tiene dificultades en uno de sus oídos, y Levotiroxina porque en el año 2011 le extirparon la glándula tiroides”, añade el documento al que accedieron los jueces.
Por último, el estudio se enfoca en el círculo familia de Cristina Kirchner. “Cuenta con vínculos familiares estrechos (hijos, nietos y hermana), todos con contacto frecuente”, explica, y deja constancia de que Máximo Kirchner fue propuesto por su madre como “fiador” responsable en caso de que le concedan la prisión domiciliaria, como finalmente hizo el tribunal.
“Finalmente, el informe concluye que la vivienda es apta para el cumplimiento de una eventual detención domiciliaria, sin observaciones negativas en cuanto al entorno, condiciones habitacionales ni aspectos personales o familiares”, se cierra el resumen.
Además del estudio socioambiental, los jueces del TOF2 recibieron un informe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que desaconsejó expresamente que se le conceda la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner en ese departamento del barrio de Constitución.
“La ejecución de una condena penal bajo modalidad domiciliaria en el inmueble de la calle San José 1111 (…) conllevaría una interrupción grave, constante e indeterminada de los servicios públicos a cargo de esta jurisdicción, comprometiendo estándares mínimos de higiene urbana, mantenimiento del espacio público y salubridad ambiental”, advirtió el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi.
Para llegar a esa conclusión, la Ciudad tomó en cuenta los hechos que sucedieron en esa zona desde que el martes pasado la Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.
A continuación, los cinco ejes que destacó la Ciudad:
1. Obstrucción de los servicios de recolección de residuos. La presencia permanente de vallas, móviles policiales y aglomeraciones de personas en torno al inmueble en cuestión impide el ingreso habitual de los camiones recolectores en el horario y trazado previsto para el servicio. Dicha situación interrumpe el cumplimiento de frecuencias establecidas y genera acumulación de residuos domiciliarios en veredas, lo que compromete las condiciones de salubridad ambiental del entorno inmediato. Ante esta situación y la aglomeración de personas, el GCBA debe readaptar el servicio destinando más recursos de lo habitual, incluyendo dos camiones compactadores, dos flushers, 20 barrenderos y 8 cargadores.
2. Imposibilidad de ejecución de tareas de mantenimiento urbano. Las tareas programadas de barrido mecánico, vaciado de cestos papeleros y mantenimiento de mobiliario urbano se ven impedidas por la imposibilidad de acceso de las cuadrillas, debido al vallado perimetral y a la concentración de personas en la vía pública. Las interrupciones constantes de los trabajos generan deterioro del entorno urbano y percepción de abandono por parte de la comunidad barrial
3. Riesgos operativos y conflictos con trabajadores. El despliegue de tareas de limpieza y mantenimiento en entornos con manifestaciones activas y presencia policial genera riesgos concretos para el personal operativo (técnicos, choferes, auxiliares de calle), quienes se ven expuestos a situaciones de tensión o posibles confrontaciones. Esta circunstancia ha motivado la necesidad de suspender preventivamente intervenciones nocturnas, lo que repercute en la calidad del servicio.
4. Afectación al cronograma de poda y control del arbolado. Durante los meses de invierno, se ejecuta en la zona un plan de poda estacional del arbolado urbano, que requiere el ingreso de camiones, plataformas elevadoras y equipos de trabajo a los frentes de vereda. La imposibilidad de acceder a la cuadra en condiciones seguras conlleva la postergación de estas tareas, lo que podría derivar en riesgos por caída de ramas, obstrucción de luminarias y afectación de cableado aéreo.
5. Saturación y uso anómalo del espacio público. La ocupación continua de veredas y calzadas por manifestantes, prensa y vallados genera un uso anómalo y sostenido del espacio público, impidiendo su destino natural para la circulación de peatones, descanso urbano, acceso a frentes y continuidad de recorridos escolares o barriales. Esto afecta negativamente a vecinos, estudiantes y trabajadores que transitan por la zona, produciendo condiciones de inseguridad física y deterioro en la calidad del ambiente urbano. Además, se requiere asignar personal permanente del equipo de orden público para garantizar el uso correcto del espacio público, lo que implica despriorizar otras tareas que también deben realizarse.
POLITICA
Operativo Puf: anulan el caso donde se investigaba un supuesto complot kirchnerista para perjudicar al fiscal Stornelli

La Cámara Federal anuló la causa en que se investigaba un supuesto complot de presos kirchneristas para perjudicar el fiscal Carlos Stornelli y dispuso el archivo del caso.
Los jueces de la Cámara Federal actuaron a instancias de un fallo de la Cámara de Casación de Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Daniel Petrone.
En esta causa, conocida popularmente como el “Operativo Puf”, se investigaba, entre otros, al juez Juan María Ramos Padilla y al diputado Eduardo Valdés.
Se investigó una maniobra para descalificar al fiscal Stornelli, que era quien llevaba adelante la causa de los cuadernos de las coimas contra Cristina Kirchner y exfuncionarios del kirchnerismo.
La decisión puso fin a casi seis años de caso y se dio a continuación de que todas las acusaciones que se realizaron contra Stornelli desde el kirchenrismo fueron desechadas.
Ahora, la Cámara Federal -a instancias de la Casación- dijo que no estaba claro el objeto procesal. La resolución, firmada por los jueces Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, habla de una falta de una hipótesis delictiva identificable.
El fiscal Franco Picardi había considerado que las escuchas telefónicas de presos K, utilizadas como prueba en la investigación, eran “ilegales” y no podían ser avaladas.
Picardi aplicó la doctrina del “fruto del árbol envenenado” para solicitar la nulidad y/o exclusión de estas trascripciones.
El juez de la Cámara Federal Eduardo Farah, quien ya había votado en disidencia por el archivo en marzo de 2021, reiteró que «no se ha identificado a la fecha un objeto procesal claro, en que exista una hipótesis delictiva identificable y concreta“.
Farah enfatizó que la falta de esta “base fundamental constituye un óbice a la pretensión de que se profundice una investigación que, así planteada, carece de un norte específico que le dé sentido y finalidad”.
Dijo el camarista que el caso se apoya en el contenido de las informaciones anónimas que desencadenaron las denuncias.
Según el magistrado, esta situación refuerza la conclusión de que es “improcedente dar vía favorable a la pretensión de esos actores de mantener abierto un caso judicial”.
Los jueces Pablo D. Bertuzzi y Leopoldo Bruglia adhirieron a esta postura: “Consideramos que este temperamento permite, a su vez, brindar una solución a la controversia suscitada, frente al sistema de reenvíos propuesto por el ad quem que, en el caso, aparece demorando innecesariamente la decisión, en detrimento del derecho del que goza todo imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal“.
La denuncia del “Operativo Puf” se originó a raíz de las interceptaciones telefónicas hechas por un juez de Lomas de Zamora Federico Villena para conocer los diálogos en prisión del narcotraficante Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”, a raíz de la sospecha de que estaba planificando un atentado con explosivos.
Villena autorizó el pedido de la AFI para escuchar a Segovia en un teléfono público que usaban otros presos. La AFI lo hizo y se lo reportó al juzgado. Pero también se grabaron conversaciones de otros detenidos, que no estaban en foco en la investigación.
El contenido de esas conversaciones tomó estado público a través de medios de comunicación. En uno de los audios, el diputado Eduardo Valdés le adelanta a Juan Pablo Schiavi, entonces preso, que “va a haber novedades” y le recomienda “quedarse tranquilo”.
“Bonadio, Stornelli, Puf”, asegura, en alusión a que el juez y el fiscal iban a tener problemas. Esa frase fue la que generó el nombre con el que se conoció esta causa.
Esas escuchas llegaron en un sobre anónimo a manos de las diputadas Paula Oliveto y Mariana Zuvik, que las presentaron en la justicia y se inició el caso, ahora archivado.
El contenido de las escuchas fue admitido como prueba por la propia Cámara Federal, pues en la causa de “La ruta del dinero K” validó la conversación de Lázaro Báez con una mujer cuando le decía que su fortuna no le pertenecía, sino que era de alguien que estaba por encima de él.
Stornelli efectivamente enfrentó múltiples acusaciones que terminaron rechazadas en todos los tribunales y el caso cuadernos está elevado a juicio oral con Cristina Kirchner como la principal imputada.
Los cuadernos de las coimas,Carlos Stornelli,Conforme a,Los cuadernos de las coimas,,Reto a los jueces. Emplazan al tribunal de “los cuadernos de las coimas” para que agilice el juicio contra Cristina Kirchner,,Sin vuelta atrás. Los cuadernos de las coimas: convocan a una audiencia clave para iniciar el juicio contra Cristina,,Bajo agua. Un país que muestra la extrema pobreza en infraestructura que no soporta ni la lluvia, ni el frío o el calor
POLITICA
La CGT marchó casi a reglamento, con menos gente que la esperada y algunos guiños al Gobierno

Antes de la marcha de San Cayetano, en la CGT había entusiasmo por la posibilidad de protestar en la calle contra el Gobierno y algunos dirigentes coincidían en un pronóstico con tono de advertencia: “Vamos a mover a toda nuestra gente”. Sin embargo, la postal que dejó la movilización del 7 de agosto no estuvo a tono con ese vaticinio. Hubo mucha gente, pero no fue la cantidad esperada. Y sólo un puñado de sindicatos que pertenecen a la CGT se destacó por el número de manifestantes.
Sin embargo, para la cúpula cegetista el balance fue positivo. En diálogo con Infobae, uno de sus líderes dijo: “Cumplimos lo que nos habíamos propuesto. No era nuestra marcha, sino que nos sumamos a la que organizaron los movimientos sociales. Pero fuimos todos los que teníamos que ir, llevamos mucha gente y sacamos un documento para fijar nuestra posición».
Lo cierto es que la participación de la CGT se fue deshilachando con el correr de los días. La propuesta de adherir a la marcha fue aprobada el 21 de julio por la mesa chica ampliada, pero, en el fondo, se pareció más a un recurso para contener a los sectores duros que presionaban por otro paro general contra el Gobierno.
Al comienzo, la expectativa era que los sindicatos enviaran manifestantes para que marcharan desde Liniers con los movimientos sociales, que organizan esta movilización a partir de 2016 para reclamar por más trabajo, pero luego hubo un viraje: la CGT se concentraría en Diagonal Sur y Perú para caminar una cuadra a Plaza de Mayo.
El cambio se produjo, como anticipó Infobae, por el temor de que algunos sectores radicalizados increparan a la dirigencia de la CGT para exigirle un paro nacional.
Aún está fresco el traumático recuerdo de lo que sucedió en marzo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la conducción cegetista de entonces (casi igual a la de hoy) realizó un acto de protesta y no precisó cuándo haría una huelga general, lo que provocó la reacción de un grupo que reclamó que le pusieran fecha al paro e increpó al triunvirato que lideraba la CGT (Héctor Daer, de Sanidad; Carlos Acuña, de estaciones de servicio, y Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento), que tuvo que bajarse del palco entre insultos y empujones de la gente para refugiarse en el Sindicato de Comercio. En los incidentes se robaron el atril con el logo de la CGT.
Ahora, algunos sindicalistas temían la explosiva combinación que se iba a dar en la calle de sectores críticos y hostiles hacia la CGT como La Cámpora, gremios combativos y expresiones de izquierda.
Por eso pasaron de la idea inicial de caminar 15 kilómetros entre Liniers y Plaza de Mayo a recorrer 100 metros hasta donde finalizaría la marcha. Para tener mayores garantías, incluso, los dirigentes de la CGT sólo estuvieron 2 o 3 horas, se acomodaron sobre la calle Hipólito Yrigoyen, cediendo la ubicación principal del acto, y se retiraron antes de que se leyera el documento.
Esa declaración incluyó duras críticas a las políticas del Gobierno y al estilo presidencial, como cuando señala que “la descalificación, el agravio y la violencia verbal son incompatibles con la democracia y el necesario debate de ideas”. Pero el texto también tiene guiños a la administración libertaria con apelaciones al diálogo y la búsqueda de consensos (a lo que apuestan los líderes cegetistas al participar del Consejo de Mayo).
“Creemos en el diálogo social como herramienta clave y eje central en la búsqueda de consensos que posibiliten la puesta en marcha de políticas superadoras para dejar atrás una crisis que venimos soportando desde hace años y que golpea inequitativamente a la gran mayoría de nuestra sociedad”, afirma el documento, que seguramente no conformó al ala dura de la CGT, que no quiere dialogar con el Gobierno y busca desgastarlo a fuerza de paros.
Entre quienes redactaron el texto figura Gerardo Martínez (UOCRA), del ala dialoguista de la CGT, miembro del Consejo de Mayo y partidario de negociar con Milei para impedir que se avance con una reforma laboral que pondría en peligro al sindicalismo, entre otros puntos.
Más allá de estos matices, lo que mostró la CGT en la calle este jueves fue un muestrario de datos sugestivos.
Algunos de los sindicatos que llevaron más gente fueron Camioneros, UOCRA, UPCN, UDA y los integrantes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezados por Juan Carlos Schmid y Juan Pablo Brey, junto a ATE y los miembros del ultraopositor Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, entre otros. Pero, como se preveía, impactó la capacidad de movilización de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el gremio de los movimientos sociales que lidera Alejandro Gramajo y que organizó la marcha.
En materia de concurrencia de dirigentes, hubo falta con aviso del cotitular de la CGT, Héctor Daer, que este mismo 7 de agosto tuvo comicios en su sindicato, ATSA Buenos Aires, donde no compitió por una nueva reelección.
En la columna principal de la CGT hubo sindicalistas de perfil más bajo que pasaron a una ubicación destacada, como Cristian Jerónimo (vidrio), Maia Volcovinsky (judiciales) y Jorge Sola (seguro), cuyos nombres, casualmente (o no), circulan como posibles miembros del triunvirato cegetista que se elegiría en el congreso de renovación de autoridades, en noviembre próximo.
La nota destacada la dio Hugo Moyano, por primera vez en mucho tiempo en la columna principal de la CGT, flanqueado por Gerardo Martínez y por Octavio Argüello (Camioneros), el único cotitular cegetista presente en la marcha (además de Daer, tampoco estuvo Carlos Acuña). Detrás del líder sindical estuvo en todo momento su hijo menor, Jerónimo, mencionado como el candidato de Camioneros para la Secretaría de la Juventud de la CGT.
A quien nadie vio en la marcha es a Pablo Moyano, quien había convocado a movilizarse desde un video con ruido ambiente de una cancha de fútbol y vestido con una campera que lleva el escudo del club Camioneros, del que es presidente. ¿No habrá querido cruzarse con su padre, con quien está peleado? ¿O estará concentrado en el partido que su equipo jugará el sábado con Deportivo Paraguayo por el torneo de la Primera C?
POLITICA
Milei y Petro vuelven a acercarse luego de meses de frialdad y distancia

Lejos, muy lejos, parecen haber quedado aquellos intercambios de insultos y descalificaciones, moneda corriente en aquellos tumultuosos primeros meses de gestión, con Javier Milei en la Casa Rosada y Gustavo Petro como presidente de Colombia. Hoy, ambos países dieron un nuevo paso hacia la reconciliación, al menos en lo que hace al vínculo político y económico bilateral.
Este jueves, el flamante embajador de Colombia en el país, José Roberto Acosta, encabezó los festejos por el aniversario número 206 de la independencia de Colombia. Debajo de un retrato de Simón Bolívar en la sede diplomática en Buenos Aires, Acosta contó que el canciller Gerardo Werthein le había dado, en tiempo récord y el día anterior, su plácet para desempeñarse como embajador. Con gracia, afirmó que las relaciones entre ambos países son “sólidas y fraternas” y que no hay “twitter que nos pueda separar”, en referencia a las redes sociales, a las que son tan afectos ambos presidentes, separados por un océano ideológico, pero unidos –al parecer- por un pragmatismo a prueba de batallas culturales.
Nadie quiso recordar que, a fines de marzo de 2024, Milei había tildado de “terrorista asesino” a Petro por su participación en organizaciones guerrilleras de izquierda durante su juventud. Declaraciones que derivaron en la expulsión de los diplomáticos argentinos de Bogotá. Tampoco nadie mencionó que el colombiano calificó de “neonazi” al presidente argentino y luego dijo, en diciembre y en una entrevista con Clarín, que Milei era un “potencial dictador”, que sus discursos eran “anacrónicos”, y que su discurso en el G20 de Río de Janeiro había sido “más aplaudido” que el de su par argentino.
Intentando una vuelta de página, el nuevo embajador colombiano habló de “fortalecer” una “relación de hermanos”, citó el histórico encuentro entre San Martín y Bolívar, y hasta reconoció que el himno argentino le parece “emocionante”. Lo escuchaban, en primera fila, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, y su jefe de gabinete, Marcelo Lucco, enviados del canciller Werthein a la celebración, y parte de una concurrencia dónde se destacaron diplomáticos de Chile, Paraguay, Brasil, Cuba, la Unión Europea, Marruecos, entre otros.
“Nos unen recuerdos como el 5 a 0 en la cancha de River, que nunca vamos a olvidar”, bromeó el embajador en relación a aquel partido en las eliminatorias mundialistas de 1993 que terminó en goleada para los colombianos. “Esto es pragmatismo, un trabajo bien hecho”, sostuvieron voces de la diplomacia argentina, dejando de lado las antiguas-y profundas- rencillas.
No se trata de la primera vez que Petro y Milei intentan recomponer sus ásperos vínculos, que tienen como antecedente un solo saludo, a medias e informal, en esa reunión del G20 en Brasil. Luego de llamar a consultas a su embajador en el país, Camilo Romero, Petro le ordenó al diplomático que regresara a Buenos Aires. “Debe haber un acuerdo básico de civilidad”, dijo Romero a cuando volvió al país, en abril de 2024, con la intención de calmar las aguas.
Pero su estadía en la Argentina duró unos pocos meses, ya que en febrero de este año renunció al cargo, con el objetivo de ser candidato a presidente en 2026, año en el que Petro culminará su mandato. Por el lado argentino, Mario Raúl Verón Guerra continúa siendo el embajador en Bogotá desde mayo de 2024, cuando reemplazó a Gustavo Dzugala, quien pagó los platos por el conflicto entre ambos presidentes.
Milei y Petro, que duda cabe, siguen perteneciendo a mundos distintos. Aliado del norteamericano Donald Trump y del premier israelí Benjamín Netanyahu, el presidente argentino tiene como uno de sus slogans luchar contra los “comunistas” como Petro, quien sostiene un buen vínculo con la Venezuela de Nicolás Maduro y tomó partido por los palestinos en el conflicto de Medio Oriente, además de que suele polemizar con Washington.
Los más de cien mil colombianos que viven en Argentina, y sobre todo la necesidad de expandir las puertas del comercio parecen haber sido razones suficientes para no alimentar más el conflicto y deponer las armas, al menos por ahora.
había tildado,cuando volvió,Jaime Rosemberg,Conforme a
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