POLITICA
El intenso odio de Milei al periodismo

Nunca hubo presidente, como sucede con Javier Milei, arropado por un grupo numeroso de periodistas muy cercanos a él y tan diseminados en varios medios. Cristina Kirchner tenía sus fanáticos en la prensa (y fue la creadora intelectual de la grieta dentro del periodismo), pero estaban encapsulados en dos o tres empresas periodísticas. Nunca hubo un presidente tan agresivo verbalmente con la prensa como lo es Milei. Néstor y Cristina Kirchner fueron también alegres guerreros contra el periodismo, pero lo hacían de otra manera −tal vez peor−: usaban los servicios de inteligencia para cambiar la historia de los medios, los editores y los periodistas que no les agradaban, siempre en nombre, claro está, de los derechos humanos. En los últimos días, el actual presidente se regodeó insultando a periodistas que habían escrito o dicho algo que le cayó mal. Según una investigación del periodista Martín Rodríguez Yebra publicada en , el Presidente y sus satélites en las redes despacharon cerca de 1000 mensajes cargados de agravios y ofensas contra el periodismo en general o contra periodistas en particular durante los días de Semana Santa.
Es contradictorio que Milei se presente como un hombre religioso cuando usa unos de los días más importantes del cristianismo para agredir, denigrar y ofender a un grupo humano. Ningún Evangelio lo autoriza a cometer semejante sacrilegio. La nueva estación de su combate perpetuo contra la prensa sucedió contemporáneamente con la publicación del periodista Hugo Alconada Mon en sobre una información encontrada por un consorcio internacional de periodistas de investigación. Esa investigación daba cuenta de la existencia de una red de agentes rusos, llamada “La Compañía”, que promovía en la Argentina una campaña de desinformación y de descrédito del gobierno de Milei. El representante argentino de ese consorcio es el periodista Santiago O’Donnell, que es editor del diario Página 12, un medio que no simpatiza con el gobierno libertario.
El propio Alconada Mon reveló también que el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, ya había informado públicamente en junio de 2025 que la SIDE detectó a ese grupo de agentes rusos; Adorni lo llamó por su nombre: La Compañía. En septiembre de ese mismo año, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció que existían en el país espías rusos que trabajaban contra Milei; las declaraciones de la actual senadora provocaron que el autoritario gobierno de Putin llamara al embajador argentino en Moscú para protestar formalmente.
Putin es Putin, y nada que venga de su lado puede sorprender. Que su servicio de inteligencia opera en el exterior es una de las certezas más difundida en el mundo. Llegó a extremos inéditos en el escenario internacional. La justicia norteamericana investigó si Putin lo ayudó a Donald Trump a ganar su primera elección presidencial, en noviembre de 2016, y también lo acusaron de haber influido en el resultado del referéndum británico para que se concretara lo que se conoció como el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Putin atravesó otras líneas: ordenó el asesinato en el extranjero (también en el interior de Rusia) de disidentes, según reiteradas denuncias de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de defender los derechos humanos del maltratado pueblo ruso.
Es probable que el dictador ruso haya pataleado en Moscú por la adhesión incondicional de Milei a Trump y por la decisión acertada del presidente argentino de colocarse al lado de Ucrania en la guerra inconclusa entre este país y Rusia. Pero nada de todo eso autoriza a Milei a zamarrear otra vez al periodismo argentino en general. Resulta imposible imaginar a un liberal (él se define como un liberal-libertario) desconociendo la importancia que la prensa libre tiene en un sistema democrático. ¿Qué significa el eslogan “Viva la libertad, carajo” cuando no se respeta la libertad del periodismo? Solo un eslogan, presuntuoso y vacío. Nada más.
Junto con la información sobre esa red de espionaje extranjero se conoció la lista de medios que habrían publicado artículos pagados desde Moscú. Ninguno es relevante ni tampoco figuran en tal listado los grandes medios argentinos: , Clarín y Perfil, por ejemplo. Milei ordenó al día siguiente que le prohibieran la entrada a la Casa de Gobierno a los periodistas acreditados de los medios que están en la lista rusa; castigó al voleo, aunque cayeran también los inocentes. De hecho, no se conocen hasta ahora los nombres de los periodistas de esos medios que habrían servido a la campaña de Putin. Las investigaciones llegaron solo a los nombres supuestos de algunos firmantes de artículos, que eran meros seudónimos.
En medio de tantas relatividades, el jefe del Estado dedicó el fin de semana largo a vapulear a medios y periodistas que ni siquiera trabajan en las empresas que constan, presuntamente, en el inventario del espionaje. Una de ellas fue la periodista de LN+ Laura Di Marco, a la que Milei llamó “roñosa operadora”. ¿Dónde están las organizaciones que defienden al feminismo cuando el Presidente ofende tan groseramente a una mujer? No se trata solo de una mujer ofendida. ¿Dónde están ahora Patricia Bullrich, Silvana Giudici o Alejandro Fargosi, actuales mileístas que decían estar dispuestos a entregar al vida para defender al periodismo cuando este era agredido por el kirchnerismo? ¿O acaso llegaron al disparate de pensar que estaba muy mal que los Kirchner maltrataran al periodismo y que está muy bien que Milei ataque a ese mismo periodismo? ¿O en aquella época tenían unos principios y ahora tienen otros, porque los de entonces no le gustan a Milei? Inmortal Groucho Marx.
Milei es consciente de sus derechos, pero no de sus obligaciones. Ha publicado sus artículos en y en Clarín, por ejemplo, pero no hizo excepciones con esos diarios cuando trató de la peor forma al periodismo. Todos están en deuda con él. ¿O se trata de otro caso de resentimiento en el penacho del poder? Si fuera así, deberíamos concluir que es la sociedad argentina la que prefiere a los resentidos. Por otro lado, es común escuchar que el jefe del Estado no hace más que ejercer su libertad de expresión cuando aporrea al periodismo, la misma libertad, dicen, que tiene este. No es así, lamentablemente para él. El mundo civilizado llegó hace mucho a la conclusión de que un funcionario público no tiene los mismos derechos que un ciudadano común. Tampoco un funcionario del Estado, mucho más el presidente de la Nación, cuenta con el mismo margen de libertad de expresión que el que tiene la gente común, y el periodismo −por qué no−.
Un periodista escribe o habla en el medio que trabaja y la repercusión de lo que dice se encierra entre los lectores o en la audiencia audiovisual del medio donde se desempeña, salvo, desde ya, que haya revelado un monumental escándalo, no farandulero desde ya. En cambio, la palabra del Presidente (también sus tuit) tiene una profunda y amplia repercusión en todos los medios periodísticos. Ese intenso eco puede amedrentar y provocar la autocensura del periodismo y de los ciudadanos. En síntesis, los excesos en el uso de la libertad de expresión por parte del Presidente pueden terminar lesionando la libertad de expresión. ¿Querrá Milei pasar a la historia como el Presidente que en nombre de la libertad de sus ideas dañó la libertad de los argentinos?
Es fácil advertir otra rareza. Milei se remite a los resultados de las investigaciones judiciales cuando las denuncian asedian a sus funcionarios más cercanos, pero no duda en llamar delincuentes, ensobrados o pauteros a cualquier periodista que no integre su séquito periodístico. Es hora también de pedirles a los periodistas que militan en la causa del Presidente o que son sus amigos que le pregunten −y le repregunten− sobre sus ofensas al periodismo cuando lo entrevistan. Ellos son los únicos que acceden a la palabra presidencial.
Existe corrupción en el periodismo, como existió siempre. Desmentir eso sería ignorar lo que sucede al lado de cualquier periodista, bueno o malo; significaría también inclinarse hacia una defensa corporativa que nos igualaría a todos en el mismo nivel. Pero no es el jefe del Estado, cercado él mismo por denuncias de corrupción contra sus funcionarios más allegados (y algunas contra el propio Presidente) quien debe señalar cuáles periodistas son deshonestos y cuáles son honestos. Estamos, además, ante la extraña casualidad de que siempre los deshonestos son los periodistas independientes, y los honestos son los que lo frecuentan a él. De igual forma, el periodismo argentino independiente ha contribuido notablemente a investigar y esclarecer la corrupción de los políticos en la conducción del Estado. Es el periodismo que el país y la democracia necesitan.
Ya Daniel Santoro reveló en Clarín en los años 90 el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, que terminó con el expresidente Carlos Menem en prisión. Alconada Mon puso un haz de luz sobre el lavado de dinero de los Kirchner en sus hoteles de Santa Cruz, que extrañamente no llego hasta ahora al juicio oral y público. Siempre está por empezar. El mismo Alconada Mon descubrió que los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza defraudaron al Estado cuando se quedaron con la recaudación de los impuestos a los combustibles en sus estaciones de servicio. Los periodistas Diego Cabot, Alconada Mon, de , y Nicolás Wiñazky, de Clarín, investigaron y revelaron mucha información sobre los manejos corruptos de los recursos de Vialidad, que tienen hoy presa en su casa a Cristina Kirchner. Cabot realizó la enorme pesquisa sobre los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que dejaron constancia del permanente trasiego de sobornos en la cima del poder en la época del kirchnerismo. Y el prematuramente fallecido Jorge Lanata lideró investigaciones periodísticas desde el Swiftgate en la época de Menem hasta el lavado de dinero de los Kirchner en la llamada causa de “La ruta del dinero K” y las corruptas artimañas de Leonardo Fariña también con el dinero de los Kirchner. Alconada Mon destapó hace poco el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que complica a los hermanos Milei, tanto al Presidente como a su no menos poderosa hermana. Ningún gobierno se salvó, como es fácil advertir, de la curiosidad del periodismo honesto, que constituye la mayoría del periodismo.
“No odiamos lo suficiente a los periodistas” es una frase repetida y extraña, porque Milei es un producto de dos factores: del fracaso de todo lo anterior y del periodismo, sobre todo del audiovisual, que lo convirtió en una figura popular cuando no era nadie. Odiar es una emoción que no puede albergar ninguna persona con cierta sensibilidad política y moral. Se puede estar en desacuerdo o se puede sentir antipatía por una persona o por un grupo de personas, pero odiar a una comunidad humana solo por lo que es significa el triunfo del fanatismo y el delirio.
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POLITICA
Condenaron a seis años de prisión a un exfiscal por intentar beneficiar al prefecto que robó la casa de Sergio Massa

El exfiscal de Pilar Carlos Washington Palacios fue condenado a seis años de prisión, junto con dos abogados que fueron sentenciados a cuatro años de cárcel, por urdir una maniobra para favorecer al prefecto que ingresó a la casa de Sergio Massa en 2013, cuando enfrentó al gobierno de Cristina Kirchner como candidato diputado nacional.
El robo a la casa de Tigre de Massa siempre fue vinculado por el exministro de Economía y su entorno como una operación de inteligencia o un intento para amedrentarlo como candidato.
El Juzgado en lo Correccional N°6 de San Isidro dictó las condenas contra el exfiscal Palacios, a los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español, y el testigo César Emiliano Jaunarena.
La justicia los encontró culpables de orquestar un plan criminal destinado a favorecer a Alcides Gorgonio Díaz, el exagente de Prefectura Naval que había sido cercano a los Massa pero que entonces fungía como enlace de inteligencia en el Ministerio de Seguridad nacional. Gorgonio fue condenado por el robo a la casa de Massa.
La sentencia contra Palacios y los abogados dio por probado que entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, los acusados “violaron el deber de objetividad” y realizaron “actividad tendiente a prestar ayuda a Gorgonio Díaz” para que este eludiera la condena.
El plan comenzó cuando Jaunarena, quien había sido testigo presencial del allanamiento original en la casa de Díaz, fue instigado y asesorado, según el fallo, por los abogados Pérez Bodria y Español para presentarse en la fiscalía de Pilar a cargo de Palacios y radicar una falsa denuncia por amenazas.
En esa declaración, Jaunarena afirmó que en la casa de Díaz se había secuestrado mucho más dinero del documentado, ya que dijo haber visto seis fajos de 10.000 pesos y un “block” grueso de dólares. Señaló además que un hombre canoso de traje se había llevado un bolso repleto de dinero.
A partir de esta denuncia que se corroboró falsa, el fiscal Palacios desvió el objeto de la investigación. En lugar de investigar el origen de las amenazas, utilizó el expediente para intentar demostrar la ilicitud del allanamiento original.
Para que la maniobra no fuera descubierta, Palacios mantuvo la causa en secreto, no cargó los datos del denunciante y de los policías involucrados en el Sistema Informático del Ministerio Público.
La investigación judicial comprobó la connivencia entre los acusados: Palacios le entregaba copias de la investigación secreta a la esposa del delincuente (Graciela Garate) y coordinaba con ella a través de comunicaciones telefónicas clandestinas. Le advirtió incluso que no hablaran por teléfono porque “esta banda de delincuentes” (en alusión a otros fiscales) podía tener intervenidas las líneas.
Paralelamente, quedó demostrado que Palacios y el abogado Pérez Bodria citaron al comisario Gabriel Natiello a un estudio jurídico para presionarlo e intentar que cambiara su declaración oficial para que coincidiera con lo declarado por Jaunarena.
En marzo de 2015, en pleno juicio oral contra el prefecto Díaz, de manera “anómala e irregular” el fiscal Palacios envió un sobre al tribunal del juicio intentando incorporar su investigación paralela para lograr la nulidad de la causa. La maniobra fracasó y la prueba espuria fue rechazada por los jueces.
La justicia determinó que la principal finalidad directa y la intención esta asociación fue favorecer a Gorgonio Díaz para evitar su condena y protegerlo.
Se buscaba tumbar el allanamiento y anular todo. Sin embargo, el trasfondo revela un intrincado juego político y de enemistades en el Poder Judicial de San Isidro.
El robo afectaba directamente a Massa, en ese entonces candidato a diputado nacional por el recientemente surgido Frente Renovador, que hacía de la seguridad su eje de campaña.
La defensa argumentó que el ocultamiento inicial del robo y la aparición de testimonios sobre dinero no declarado tenían la intención política de perjudicar la imagen del candidato en plena disputa electoral.
El entonces fiscal Palacios debió apartarse y remitir la causa a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas, pero no lo hizo, porque desconfiaba de quien lideraba esa unidad, el fiscal Claudio Scapolán, condenado finalmente por narcotráfico.
Palacios formaba parte de un grupo de fiscales que había denunciado a Scapolán y a la cúpula de la Fiscalía General en 2009 por conformar una “estructura tenebrosa” de poder y corrupción.
Creyendo que Scapolán archivaría la causa para encubrir a “su banda”, Palacios decidió actuar por su propia mano.
Tras un largo proceso, el fallo sentenció a Palacios a seis años de prisión y 12 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Se lo halló autor de incumplimiento de los deberes del funcionario público, coautor de encubrimiento agravado, autor de falsedad ideológica e instigador de falso testimonio.
El juez destacó que “utilizó deliberadamente la función que le había sido confiada para instrumentar y sostener la maniobra ilícita”.
El 29 de noviembre de 2019, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires había resuelto −por unanimidad− la destitución de Washington Palacios de su cargo como Agente Fiscal a cargo de la UFI N° 1 de Pilar. En 2023 fue destituido también Scapolán, pero no por unanimidad: el único voto en su defensa fue de una senadora del massismo.
El jurado tuvo por acreditado que Palacios llevó adelante conductas demostrativas de un accionar irregular y anómalo, contrario al criterio objetivo que debía guiar su función, extralimitándose en sus atribuciones fiscales con la intervención de otras personas.
Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español fueron condenados a cinco años de prisión y cinco años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado.
Se los halló coautores de encubrimiento agravado, partícipes necesarios de falsedad ideológica e instigadores de falso testimonio. La sentencia recrimina que, como auxiliares de la justicia, erosionaron el sistema de administración judicial para fines ilícitos.
El testigo Jaunarena fue condenado a cuatro años de prisión como coautor de encubrimiento agravado (con ánimo de lucro), partícipe necesario de falsedad ideológica y autor de falso testimonio.
El juez, al ponderar la pena, mencionó la ausencia de atenuantes y como agravantes tuvo en cuenta la gravedad institucional de los hechos y la erosión al sistema de administración de justicia: el entrecruzamiento de vínculos ilícitos; la participación de más de tres personas; la instrumentalización de una persona en situación de vulnerabilidad y el uso del aparato judicial y de la función fiscal con fines espurios.
April 7, 2026,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Ajuste y Castigo: El Gobierno de Milei Pasa a «Disponibilidad» al Policía que se Encadenó por un Sueldo Digno

Mientras la inflación devora los ingresos de las fuerzas de seguridad, la respuesta de la ministra Alejandra Monteoliva no es el diálogo, sino la sanción. El caso de Miguel Ángel Montiel en la mira.

La política de «motosierra» del gobierno de Javier Milei ha encontrado un nuevo límite: el hambre y la desesperación de quienes deben garantizar la seguridad. Lo que comenzó como un grito de auxilio de un efectivo policial que llegó al extremo de encadenarse para visibilizar la miseria salarial, terminó con la firma de un documento oficial que huele a persecución.
El «Castigo» por Reclamar: Disponibilidad y Paso Previo al Despido
Según la Orden del Día Interna (ODI-61) del 6 de abril de 2026, el Ministerio de Seguridad ha decidido pasar a revistar en situación de Disponibilidad al Cabo Miguel Ángel Montiel, destinado en la Comisaría FF.CC. Belgrano Norte.
Esta medida, amparada en el artículo 48, inciso g) de la Ley 21.965, no es otra cosa que el paso previo a la baja definitiva. En la jerga interna, es «congelar» al agente, retirarle el arma y reducirle el sueldo (aún más) mientras se cocina su expulsión por el «delito» de haber reclamado un salario que alcance para cubrir la canasta básica.
Una Gestión de «Mano Dura» Solo con los De Abajo
La gestión de la ministra Alejandra Monteoliva parece haber heredado lo peor de sus antecesores: la inflexibilidad ante el reclamo legítimo. Mientras el discurso oficial habla de «revalorizar a las fuerzas», la realidad en los recibos de sueldo muestra una caída estrepitosa del poder adquisitivo.
- Sueldos de miseria: Un efectivo policial hoy percibe ingresos que los sitúan por debajo de la línea de pobreza.
- Represión interna: En lugar de mesas de negociación, el Ministerio utiliza la Ley 21.965 para silenciar voces.
- Desamparo: El caso de Montiel se suma al de otros efectivos, como Carlos Ezequiel Gómez (DUOF Neuquén), también desplazado según la misma orden ministerial.
El Doble Discurso de la Libertad
Resulta paradójico que un gobierno que llegó bajo la bandera de la «libertad» y la «defensa de los ciudadanos» castigue de forma ejemplificadora a quien ejerce su libertad de expresión frente a una situación de asfixia económica.
Para el personal de la Policía Federal Argentina (PFA), el mensaje es claro: si no te alcanza la plata, no protestes; si te encadenas, te vas a la calle.
La situación de las fuerzas de seguridad es una olla a presión. La ministra Monteoliva y el presidente Javier Milei deberán decidir si prefieren una fuerza profesional y bien remunerada, o un sistema de castigos que solo profundiza el resentimiento en los pasillos de las comisarías.
POLITICA
Carolina Losada defendió la ley para castigar falsas denuncias: “Le puede pasar a cualquiera”

La senadora nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada, defendió en Infobae al regreso la necesidad de aprobar una normativa que, según sus palabras, permitirá que “la justicia sea realmente como tiene que ser”, al establecer sanciones más severas para quienes incurran en denuncias infundadas.
Según relató Losada en la entrevista, el proyecto para agravar las penas por falsas denuncias ha transitado un largo recorrido legislativo. “La verdad que lo vengo luchando desde el año 2022. La primera vez que presento el proyecto fue en 2023. Pierde estado parlamentario, lo volvemos a presentar en 2025. Ahí lo dictaminamos. Ya lo dictaminamos dos veces y mañana va a ser la tercera”, explicó la senadora. La expectativa es que el dictamen alcance ahora el recinto y obtenga la media sanción necesaria.
El respaldo al proyecto, detalló Losada, involucró a diferentes fuerzas políticas. “Desde la Unión Cívica Radical, todos votaron a favor del dictamen desde la primera vez. De hecho, todos acompañaron con su firma el proyecto que yo presenté. Con el PRO también. Con el cambio de autoridades, cuando empieza a haber más, senadores de La Libertad Avanza, ellos también nos apoyaron. Y hoy podemos decir por eso que tenemos la posibilidad de sacarlo”, describió la legisladora.
Durante la entrevista, Losada hizo hincapié en la percepción extendida dentro del Senado sobre la necesidad de legislar en esta materia: “Cuando vos hablás con los senadores y senadoras en privado, te dicen todos: ‘Tenés razón, esto tiene que salir’”.
La senadora compartió además testimonios que recibió de colegas y de trabajadores del sector privado, quienes manifestaron temores respecto al impacto de las falsas denuncias en el ámbito laboral. “Yo no tengo mujeres en mi despacho, porque tengo miedo al tema de las falsas denuncias”, le habría confesado un senador según contó.
Carolina Losada relató casos concretos de personas que, según su testimonio, sufrieron graves consecuencias por denuncias que luego resultaron infundadas. Uno de los episodios citados fue el de Pablo Ghisoni, un ginecólogo que, según contó la legisladora, estuvo diez años alejado de sus hijos y tres años en prisión tras ser acusado de abusos que la justicia finalmente desestimó.
“Ese hombre estuvo tres años preso, privado de su libertad y encima con la carga mental de saber que están acusándote de violar a tus hijos. Y era mentira. Recién ahora la justicia lo absuelve”, detalló Losada .
Respecto a la estructura del proyecto, Losada explicó que la propuesta eleva las penas para el delito de falsa denuncia: “Hoy es de dos meses a un año, y nosotros llevamos las falsas denuncias en general de uno a tres años. Y en caso de violencia, y porque la mayoría de los casos se dan por ese lado”. El texto, según su exposición, fue consensuado con varios bloques parlamentarios.
La referencia a la resistencia de algunos sectores políticos también se hizo presente en la entrevista. Losada mencionó la influencia de figuras como Juliana Di Tullio en la bancada del Frente de Todos o Frente para la Victoria, a quienes atribuyó la decisión de bloquear el avance de la ley en función de los temas de género.
“El partido del Frente de Todos o como se llamen, es un partido totalmente verticalista y tienen una persona que se dedica a los temas de género. Juliana Di Tullio. Entonces, si Juliana Di Tullio dice: ‘Esto no se aprueba’, el resto no lo aprueba. Por lo menos eso es lo que me dicen los senadores y senadoras que quieren aprobarlo”, sostuvo Losada.
Frente a preguntas sobre la falta de estadísticas oficiales, la senadora enfatizó su decisión de abstenerse de citar cifras no verificadas. “En el observatorio de falsas denuncias hay estimaciones. Yo no quiero repetir cifras que no son oficiales, porque me parece que yo como funcionaria pública no puedo repetir cifras que no son oficiales”, aclaró.
La senadora expuso que el nuevo marco legal busca proteger tanto a víctimas reales como a quienes resultan afectados por acusaciones sin sustento. En su visión, la mejora de la justicia requiere normas que contemplen todas las aristas posibles y que eviten que el sistema penal sea manipulado. “Las leyes no son para esa gente, las leyes son para la gente que sea víctima. Esta ley es para defender la verdad”, concluyó Losada.
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