El juez federal Ariel Lijo pidió todos los contratos de la TV Pública con la productora Imhouse de Marcelo Grandio, el periodista que es amigo del jefe de Gabinete y que pagó los vuelos para alojarse en su casa de Punta del Este.

A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Lijo solicitó la documentación, pues investiga si hay algún delito detrás del viaje familiar del jefe de Gabinete a Uruguay y en la relación entre Adorni y Grandio, según dijeron fuentes judiciales a .

Las medidas judiciales requeridas se denominan “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio”, lo que significa que si la persona no entrega lo solicitado, el magistrado está autorizado a allanar.

Asimismo, el juez pidió a la empresa Alpha Centauri S.A., que fletó el avión que fue a Punta del Este, toda la documentación comercial, contable, bancaria y de operaciones relacionadas con el viaje efectuado con el avión Honda Jet matrícula LVHWA, que partió del aeropuerto de San Fernando a Laguna del Sauce, en Punta del Este, el 12 de febrero y regresó el 17 del mismo mes.

En particular, el juez quiere presupuestos, solicitudes de servicio, contratos, registros, comunicaciones mantenidas con los clientes, instrucciones relacionadas con la facturación y saber quién pidió el servicio.

El juez Lijo quiere saber quién es el titular de la aeronave y los detalles de cómo se contrató la ida y la vuelta.

Esto, en particular, porque Grandio dijo que pagó el viaje de ida y que la vuelta es parte de un paquete de 10 vuelos pagados por US$42.250 por Issin Agustín Ismael.

Este piloto uruguayo facturó el vuelo de regreso, del 17 de febrero, a Marcelo Grandío el 9 de marzo, cuando se supo de la escapada de Adorni a Uruguay.

El juez quiere los originales o copias certificadas de todas las facturas, recibos, notas de débito o crédito, comprobantes de pago y registros contables.

Lijo le pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que se encargue de obtener esta información ante la empresa y levantar el secreto fiscal de Alpha Centauri S.A..

Al ARCA, Lijo le pidió un informe de la situación fiscal de la firma y de Marcelo Grandío.

Asimismo, le pidió a la Oficina Nacional de Contrataciones que informe todos los acuerdos que se registren con Grandío y su productora IMHOUSE S.A.

A la vez, la Televisión Pública debe detallar los contratos o programas que registra esa productora o Grandío.

Lijo ya había pedido al Gobierno informes sobre el viaje de Adorni, a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval.

Quiere saber si el funcionario cumplía alguna misión oficial. Además, el magistrado dispuso levantar el secreto fiscal de la productora de TV y del piloto a quienes les facturaron el vuelo de ida y de vuelta, realizado en un avión privado.

El juez también quiere investigar al comprador del paquete de viajes. Se trata de Agustín Issin Hansen, un piloto corporativo que actualmente trabaja en Consultatio.

Lijo pidió levantar el secreto fiscal de Issin Hansen. Luego apareció la factura del 9 de marzo donde Grandio también figura como quien pagó por ese vuelo.

El vuelo se hizo en un avión de la empresa Alpha Centauri S.A. Por el viaje de ida se pagaron 4.830 dólares. Por el paquete en el que está incluido el vuelo de vuelta la factura es de 42.250 dólares.

Lijo solicitó además que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, incluidos los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto.

Lijo pidió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que le informe si hay allí “expediente, actuación, autorización, misión oficial, comisión de servicio, licencia, solicitud o liquidación de viáticos, asignación de pasajes, rendición de gastos” relativos al viaje de Adorni o su “estadía, alojamiento o financiamiento del viaje”.

Además, levantó el secreto fiscal de Imhouse SA y le pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un informe sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera desde el 1° de enero de 2023 a la actualidad.

Lijo investiga si hay incompatibilidades por el viaje que pagó la productora, que a su vez tiene contratos con la TV Pública.

El juez pidió al Banco Santander la información sobre Imhouse, su cuenta corriente, la fecha de apertura, cierre o modificación, y el legajo completo.

Estas medidas se pidieron en la causa promovida contra Adorni por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Es uno de los tres expedientes abiertos en los tribunales de Comodoro Py en los últimos días contra el jefe de Gabinete.

El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas.

Otra causa por enriquecimiento ilícito, promovida por la diputada Marcela Pagano, se tramita contra Adorni en paralelo, pero es probable que los expedientes terminen unificándose.

La fiscalía de Pollicita pidió en su dictamen del jueves último “certificar en el fuero la existencia de causas que tengan vinculación con el objeto procesal” de este expediente.

En paralelo a lo del vuelo, se conoció esta semana que la esposa de Adorni registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Pagano.

Según documentación catastral, obtenida por en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular.

La denuncia que presentó Pagano sobre la casa de Indio Cua se montó sobre los cuestionamientos políticos que soporta Adorni desde que se conoció que su esposa había volado en el avión presidencial como parte de la comitiva que acompañó a Javier Milei a Miami y Nueva York y tras revelarse que había viajado en avión privado a Punta del Este con su familia durante el feriado de carnaval.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al tribunal que condenó a Cristina Kirchner por corrupción que le llame la atención por salir al balcón de su casa en la marcha del 24 de marzo y lo exhortaron a tomar medidas para evitar alteraciones del orden público y la seguridad en su barrio, Constitución.

Los fiscales solicitaron que esta advertencia se realice “bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido” de la prisión domiciliaria.

Luciani y Mola, en un escrito que presentaron ante el Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la expresidenta, recordaron que los jueces habían dispuesto que debía “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

El reclamo de los fiscales surgió por dos sucesos que, a su juicio, desnaturalizan las condiciones de su detención domiciliaria. El primero ocurrió el 17 de marzo, cuando la expresidenta fue convocada a los tribunales de Comodoro Py de manera presencial. Durante su salida y regreso, se registró una “llamativa concentración de personas” -según definieron- frente a su casa de San José 1111.

La fiscalía destacó que esa movilización “no fue totalmente espontánea”, sino que fue fomentada y cubierta a través de las redes sociales por La Cámpora.

El segundo hecho denunciado fue la manifestación del 24 de marzo, cuando una multitud volvió a congregarse en las afueras del domicilio cortando algunas calles. Y los fiscales dijeron que Cristina Kirchner permaneció una hora en el balcón de su casa saludando a los militantes.

Los fiscales exhibieron fotos del acto y posteos en X de La Cámpora. Y señalaron que “frente a tamaña convocatoria y la conducta asumida por la propia persona condenada nos preguntamos y se cierne una legítima duda sobre si, bajo tales condiciones, las condiciones de seguridad sobre las que la propia defensa basó su solicitud de arresto domiciliario y el Tribunal ponderó al concederle un beneficio extraordinario, se encuentran completamente aseguradas, y cuál es el rol que, en ese marco, cabe a la propia condenada”.

Luciani y Mola recordaron que ellos se habían opuesto a que les concedan el arresto domiciliario. Dijeron que estas situaciones “difícilmente sean compatibles con la obligación que asumió de adoptar comportamientos que no alteren la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Luciani y Mola dijeron que el “arresto domiciliario” es un beneficio “extraordinario” y se fundamenta en “la seguridad personal de la peticionante como consecuencia del intento de homicidio que la tuvo como víctima”.

Para los fiscales, las manifestaciones y la conducta de Cristina Kirchner la exponen a riesgos para su seguridad personal, contradiciendo el objetivo mismo del beneficio otorgado para neutralizar el peligro. Además, afirmaron que estos actos generan una “alteración de la circulación y normal orden del barrio”.

“Solicitamos que se tenga presente lo expuesto y que se exhorte a la condenada, Sra. Cristina Fernández, para que, en lo sucesivo, adopte las medidas que estime corresponder a los efectos de evitar situaciones que alteren el orden público y la seguridad como las que han sido descriptas, bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido”, aseguraron Mola y Luciani.

Mientras se dan estas circunstancias, la Cámara Federal de Casación analiza el temperamento a adoptar ante los reclamos de la fiscalía para que se ejecute el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, dispuesto en junio del año pasado, cuando la Corte dejó firme su condena.

Los jueces deben decidir si hacen lugar a los recursos de la defensa que se opone al remate de los bienes, a los que se sumaron además los reclamos de Máximo y Florencia Kirchner, pues la fiscalía hizo extensivo los pedidos de decomiso a los bienes que heredaron de Néstor Kirchner.