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El juez avanza con las empresas “pantalla” que usó Eduardo Belliboni para desviar fondos públicos de los planes sociales

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Después de enviar a juicio oral a Eduardo Belliboni por fraude y extorsión por el desvío de fondos que correspondían a los planes sociales que debían recibir 85.000 beneficiarios, el juez Sebastián Casanello citó a indagatoria a dos personas señaladas como los “facilitadores profesionales que intervinieron en el armado de sociedades apócrifas”, que fueron usadas por el Polo Obrero para simular gastos. El juzgado investigó la ruta de las facturas apócrifas y la utilización de «empresas pantalla” para la maniobra defraudatoria ya corroborada.

Como parte de una investigación suplementaria a cargo del juzgado de Casanello, se detectaron más irregularidades en las rendiciones de gastos que firmó el piquetero Eduardo Belliboni con las que pretendía “simular los gastos” realizado con los fondos que el Estado destinaba a los planes sociales correspondientes al programa Potenciar Trabajo.

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A la hora de analizar las responsabilidades penales, se planteó que la maniobra defraudatoria -ocurrida entre junio de 2020 y marzo de 2024- tenía entre sus líneas de investigación, el desvío de los fondos públicos.

Ese circuito fue posible mediante la utilización de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados, con la finalidad de ocultar el verdadero uso del dinero que debían aplicarse exclusivamente, a los beneficiarios de los planes sociales. Esto último, no ocurrió.

La justicia corroboró que más de 361 millones de pesos se destinaron a la financiación de actividades político-partidarias, “para lo cual se emplearon distintos vehículos societarios, entre ellos la firma Coxtex SA, que no tenía sede social y/o comercial, que carecía de una operatoria real y que estaba conformada por prestanombres (al punto que fue calificada por la AFIP como usina de facturas apócrifas)”.

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No fue la única empresa detectada con estas características. Para desentrañar este entramado el juez federal, Sebastián Casanello, llamó a indagatoria a dos personas que se reiteran en el armado de las empresas “pantalla” utilizadas para el desvío de fondos.

Según se determinó en el marco del expediente penal, entre junio de 2020 y diciembre de 2022 el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor firmaron cinco convenios por una suma global de 361.087.500 pesos. El dinero que recibían vía transferencia bancaria era para la administración del programa social Potenciar Trabajo.

Ambas entidades se habían constituido en unidades de gestión y debían garantizar que los beneficiarios finales, siempre personas en estado de vulnerabilidad, recibieran el dinero correspondiente al principal programa de asistencia social que tenía el ministerio de Desarrollo Social. Por supuesto, debían rendir el uso de los gastos comprometidos.

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Las Unidades de Gestión (Asociación Civil Polo Obrero y Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda.) recibieron más de 361 millones de pesos en concepto de subsidio.

A pesar del sentido del programa, previsto normativamente, y de aquellas actividades comprometidas, a desarrollar con los fondos otorgados por el Estado, una importante parte de estos fueron “administrados indebidamente”, determinó la justicia federal cuando se firmó la elevación a juicio oral de Belliboni y otras 15 personas vinculadas al Polo Obrero.

Los responsables de la organización social tenía bajo su responsabilidad el manejo y la administración de los fondos que integraban parte del presupuesto del extinto Ministerio de Desarrollo Social.

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Entre los delitos atribuidos al líder piquetero, el juez Casanello convalidó lo sostenido por el fiscal federal Gerardo Pollicita: Belliboni y su gente “engañaron al Estado en las rendiciones de cuentas elaboradas, a través de la presentación de facturas apócrifas emitidas por empresas ficticias, la simulación de gastos no concretados en favor de otras allegadas a sus miembros, y la utilización de cheques para dificultar el verdadero destino del dinero desviado”.

A ello se sumó otra irregularidad: la no rendición ante el ministerio de una parte de los desembolsos referidos. Es decir: la defraudación podría ser aún mayor.

La falta de rendición se convirtió en un circuito clave para evitar los controles correspondientes y así, se facilitó el “desvío de fondos públicos manejados para obtener un fin particularizado, a la par de obtener nuevos desembolsos, provocando, en consecuencia, un perjuicio a las arcas de la administración pública”, había señalado Pollicita en el pedido de elevación a juicio que respaldó el magistrado.

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El accionar fraudulento, determinaron los investigadores, se concretó mediante dos vías: de manera directa, por intermedio de la firma Ediciones e Impresiones Rumbos SRL (empresa utilizada como vehículo de financiamiento del Partido Obrero); y de manera indirecta, a partir de la intervención de otras personas físicas y jurídicas (Coxtex SA, Urban Graphics SA, Ricoprint SRL y Carlos Osvaldo Monfrini), que “actuaron como puente para llegar a la primera empresa mencionada. Cabe agregar que una de estas firmas, Coxtex SA, siquiera era real (por el contrario, era de papel)”.

Por ejemplo: Rumbos emitió alrededor de 179 facturas por $31.475.027,04. La justicia explicó que la mayoría de las facturas presentaban distintas particularidades que corroboraron que eran apócrifas: la gran variedad de los conceptos facturados (algunos, incluso, que no coincidían con la actividad registrada ante AFIP). Muchas se emitieron el mismo día por montos idénticos, pese a que se expresaban productos diversos.

También se explicó que muchas de las facturas contaban con conceptos amplios e indeterminados, sin precisar “el tipo de bien o la cantidad de unidades adquiridas”. La justicia detectó más: su asociación a supuestas entregas de mercadería o pagos realizados con meses de anterioridad; y la identificación en el documento (con tachaduras y sellos a mano) de más de un convenio al que se la asignaba.

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Como si todo ello fuera poco, durante la pesquisa y a raíz de los allanamientos ordenados, se determinó que esta compañía no sólo “era un pantalla ya que no tenía sede real ni actividad comercial”, sino que además era “utilizada como canal para materializar gastos corrientes y de funcionamiento, como la recolección de las cápitas”. Estás últimas eran las que se les cobraba a los beneficiarios de los planes sociales por parte del Polo Obrero.

Otra de las firmas utilizadas fue Coxtex SA que emitió dos facturas “para simular gastos del programa por un monto total de $5.144.418”. El seguimiento de los cheques usados para el pago de las presuntas compras, expuso que ninguno de ellos fue dirigido o cobrado por esta empresa ficticia, “sino que todos terminaron en manos de distintas firmas -muchas de ellas aún investigadas-, entre las que se encuentra la propia Rumbos”.

Sobre este accionar, el juzgado de Casanello junto con la fiscalía, determinaron que las firma no contaba con sede social o comercial, ni lugar de funcionamiento, “estaba constituida por prestanombres, no tenía capacidad económica e, incluso, fue incorporada a la base de usinas de facturas apócrifas de la AFIP en el año 2022”; su único propósito de funcionamiento habría sido, precisamente, “la emisión de comprobantes falsos para justificar operaciones inexistentes”.

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También se verificó la emisión de una factura apócrifa de Urban Graphics SA por un monto de $5.180.019 a favor de la cooperativa investigada. El cheque con el que se pagó fue librado a favor de Rumbos, se corroboró.

Por otro lado, está Ricoprint SRL que emitió dos facturas a favor de la Asociación Civil Polo Obrero, por un monto total de $5.538.756,58. Fueron abonadas mediante diversos cheques, uno librado a Rumbos, al igual que el anterior caso.

Finalmente, Monfrini emitió cuatro facturas a favor de la asociación civil por un monto total de $2.946.913,12, abonado en parte mediante cheques dirigidos a Monfrini, que los endosó a favor de Rumbos.

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Como contó Clarín, el mismo grupo de profesionales que intervino en la constitución de Coxtex creó en el mismo año 2020 otras tres firmas: Recinsur SA, VSP Consulting SA y Ciriaco Shoes SRL, con otros datos que llamaron la atención de los investigadores.

En primer término, en la conformación de las cuatros compañías participó el mismo grupo de profesionales: la gestora Anahí Rivero, la abogada Lucía Agúndez y el escribano Juan Bautista Derrasaga. Este último no era un nombre desconocido para el juez Casanello, quien instruyó el caso conocido como la Ruta del Dinero K, donde Lázaro Báez (ex socio comercial de Cristina Kirchner) lavó 55 millones de dólares.

Es justamente a Anahí Rivero a quien se llamó a indagatoria el juez Sebastián Casanello, junto a Leandro Gastón Kebleris para el 13 de mayo.

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Estas personas se reiteran en el armado de las compañías “fantasmas” utilizadas por el Polo Obrero para “concretar la maniobra defraudatoria”, sostuvieron fuentes judiciales ante la consulta de Clarín.

La totalidad de las operaciones que cuestionó la justicia federal, tenían un denominador común: la simulación de un gasto computable al programa estatal y el retorno del dinero, a través de la firma Rumbos, a la propia organización.

Junto con estos datos, se señaló que el desvío de los fondos públicos se materializó, gracias a la intervención de otra compañía: Miniso Trade SA, “cuyas irregularidades en la facturación y conformación permitieron arribar a la misma conclusión que las anteriormente analizadas, aunque sin la intervención de Rumbos”.

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Villarruel activa un sistema de pasantías de 20 horas semanales y ofrece más que una jubilación mínima

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En medio de las advertencias al Gobierno sobre los niveles de desempleo, la titular del Senado, Victoria Villarruel, activó un sistema de pasantías para estudiantes mayores de 18 años con pagos por encima de lo que sería hoy un haber previsional mínimo. La Vicepresidenta, cada vez más alejada de la administración central a la que aún pertenece -al menos, en los papeles-, además extendió dos retiros para empleados: el reciente de plata en mano y el clásico previo a la jubilación, que bajo la excusa de liberación de cupos se esconde, muchas veces, la frenética ubicación de propios para copar espacios de poder y blindar cierto control en la Cámara alta, que es lo único a lo que puede aspirar en la actualidad la funcionaria en cuestión y su ínfima mesa política, que la “ayuda” casi en nada.

Para avanzar con este asunto, Villarruel se apoyó en una ley y reglamentaciones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Qué se exige? En primer lugar, ser “alumno regular de la institución secundaria técnica, terciaria o universitaria seleccionada” por el Senado, así como la mayoría de edad (18) y contar con antecedentes académicos como “promedio mínimo de 7 durante los 12 meses anteriores a la pasantía”; haber aprobado “el equivalente a 10 materias en su carrera terciaria o universitaria”, o “cursar el último año del secundario técnico”; y un certificado médico por autoridades sanitarias oficiales que permitan realizar las eventuales tareas.

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“Los pasantes percibirán una asignación estímulo mensual para viajes, gastos y erogaciones derivadas del ejercicio. El monto al que ascenderá dicho estímulo, por todo concepto, será el equivalente a 200 módulos”. El valor de cada uno se encuentra hoy en $2.554. Por ende, $510.800. La cantidad de horas que se demanda es de 20 por semana, y la relación –no laboral, pero sí correrá la antigüedad, por caso- se “extenderá durante un mínimo de dos meses y un máximo de 11”. Se permite una renovación, “por única vez”, de medio año.

Por otra parte, la “Dirección General de Recursos Humanos designará” a “tutores, de acuerdo a las áreas que se encuentren implicadas en el proyecto integral de pasantía”. En ese sentido, el decreto presidencial firmado por Villarruel impone que cada uno de éstos “podrá tener asignado hasta cinco pasantes” y que la “labor será retribuida con el equivalente a 10 horas cátedra, por todo concepto”.

La fachada principal del Congreso (Prensa Senado)

Días atrás, este medio contó que la mencionada dirección, que comanda Alejandra Figini -responde sin chistar a la vice-, fomentó un curso sobre “herramientas de coaching” ontológico “para el entorno laboral”. La tarea fue realizada por una planta permanente que trabaja hace largos años en despachos de extracción radical. Entre los “objetivos específicos” se hallaba el de “adquirir conocimiento sobre las tres dimensiones del ser humano”: cuerpo, lenguaje y emociones.

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Retiros por doquier

Según consta en la web de la Cámara alta -pese a olvidos selectivos de decretos, continúa muy arriba de Diputados a la hora de comparar la transparencia en información-, Villarruel aprovechó el 19 de marzo último para sostener dos medidas.

Una de ellas reanuda “a partir del 9 de marzo y hasta el 29 de mayo de 2026, inclusive, el plazo para la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Retiro Anticipado Previo a la Jubilación”. Este tema ya fue comentado en el pasado y permite limpiar decenas de cupos por todos lados. Varias gestiones lo han llevado a cabo. No es nuevo.

Sí fue llamativa la prórroga, hasta el 30 de abril, del que implica plata en mano -sólo para planta permanente-, debido a quesignificaría un gasto adicional para un presupuesto en el Senado sobre el que advirtió la propia Villarruel, en diciembre, último a este medio y un centenario matutino impreso. Las cosas parecen haber cambiado y hasta se actualizaron los viáticos de legisladores y autoridades que viajen al exterior, ya sea en euros o dólares, según la zona. Curioso.

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Aumento salarial para los empleados públicos: de cuánto será y cuándo pagarán una nueva suma fija

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El Gobierno oficializó esta madrguada un nuevo aumento salarial para los empleados públicos. Este entendimiento, formalizado mediante el Decreto 206/2026, tiene carácter retroactivo y abarca a agentes permanentes y no permanentes de la administración pública nacional. El pacto fue oficializado con la homologación de las Actas Acuerdo firmadas el 6 de marzo de 2026.

De acuerdo con lo dispuesto, el nuevo esquema de remuneraciones máximas para quienes prestan servicios extraordinarios —salvo los requeridos por terceros— fija topes que irán desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo de 2026. Para el cálculo de estas sumas no se tendrán en cuenta compensaciones transitorias, adicionales por zona, premios por asistencia ni otros conceptos fijos no bonificables, tal como se detalló en la normativa oficial.

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A partir de enero, los aumentos serán del 2,50 % a partir de enero de 2026; del 2,20 % desde febrero; del 2 % en marzo; del 1,70 % en abril; y del 1,50 % en mayo, siempre calculados sobre la base de las retribuciones mensuales normales, habituales, regulares y permanentes vigentes al último día del mes anterior.

Hay actualizaciones salariales para bibliotecarios y empleados del ISER entre otros (REUTERS/Agustin Marcarian)

A su vez, también se extenderán aumentos anteriores —homologados por varios decretos entre 2024 y 2026— al suplemento previsto para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), según lo dispuesto en el artículo 84 del convenio sectorial.

Las escalas retributivas de los diferentes escalafones y entidades comprendidas serán actualizadas conforme a los nuevos valores, incluyendo compensaciones por viáticos, servicios en la Antártida, reintegros de comida y movilidad, y gastos de guardería.

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En cuanto al régimen de licencias, la normativa introduce modificaciones en los incisos b), c) y d) del artículo 3° del régimen sustituido por la Cláusula Primera del Acta Acuerdo del 29 de septiembre de 2020. Estas modificaciones alcanzan a licencias para rendir exámenes, por enfermedad, tratamientos médicos y acompañamiento terapéutico de familiares a cargo. Se estableció que las sumas fijas remunerativas no bonificables otorgadas por el Decreto N° 56/20 mantendrán sus montos hasta el 31 de mayo de 2026.

Por otra parte, se acordó la entrega de una suma fija excepcional y no bonificable de $40.000, a liquidarse en mayo de 2026, para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General. Esta medida será de percepción única por persona y busca cubrir el diferencial inflacionario acumulado en el período.

Aumentos para residentes nacionales

La normativa también fija los montos para los profesionales residentes nacionales en los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud y el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”. A modo de ejemplo, la remuneración de un jefe de residentes será de $1.473.717 en enero y alcanzará $1.585.814 en mayo, mientras que los residentes de primer año percibirán $1.117.549 en enero y $1.202.555 en mayo.

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Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (Google Maps)

Además, se actualizan las asignaciones de becas para residentes, que irán desde $470.883 para jefes en enero hasta $506.700 en mayo de 2026, y desde $353.803 a $380.715 para residentes de primer año en igual período.

Otras actualizaciones de salarios

El Gobierno también hizo efectiva la suba para cargos docentes y administrativos de escuelas y organismos estatales. La medida se oficializó mediante el decreto 208/2026 e impacta directamente en la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y otras dependencias.

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La medida también alcanza a quienes cumplen funciones en organismos como el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Curia Castrense y el Tribunal Fiscal de la Nación, así como a quienes prestan servicios en la Antártida. De este modo, el nuevo esquema salarial pretende garantizar la actualización uniforme de los ingresos en todos los estamentos del Estado, en cumplimiento de los acuerdos paritarios y los dictámenes técnicos y jurídicos requeridos.

El decreto modifica la retribución mensual de los cargos de Rector, Regente y Ayudante de Trabajos Prácticos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios.

Para el personal del ISER, dependiente del ENACOM, la retribución mensual del cargo de Bedel se fija en $111.212 a partir del 1° de abril de 2026 y en $112.880 desde el 1° de mayo de 2026. El ajuste se establece en el artículo 2° y responde a la política de actualización periódica de los haberes estatales.

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El valor de la hora cátedra para personal docente retribuido por este sistema en la administración central se fija en $8.143 desde el 1° de abril de 2026 y en $8.266 a partir del 1° de mayo de 2026. Esta actualización no comprende al personal docente civil bajo la Ley N° 17.409 ni a quienes están dentro del convenio marco del artículo 10 de la Ley N° 26.075. La nueva escala reemplaza la establecida por el Decreto N° 1536/08 y sus modificatorios.

En materia de viáticos, el decreto sustituye la tabla correspondiente al Decreto N° 686/08 por una versión actualizada (Anexo III, IF-2026-26826385-APN-SSDYMEP#MDYTE), que será de aplicación para el personal del Servicio Exterior de la Nación y cargos extraescalafonarios. Los valores y fechas específicas están consignados en el anexo respectivo.

El valor del adicional remuneratorio por servicios en la Antártida se establece en $1.448.923 a partir del 1° de abril de 2026 y en $1.470.657 desde el 1° de mayo de 2026, conforme lo previsto en la Ley N° 23.547. Este ajuste alcanza al personal militar contemplado en el Decreto N° 690/11 y sus modificatorios.

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Murió María del Carmen Roqueta, la ex jueza que dio por probado el plan sistemático de robo de bebés en la dictadura

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El mundo de los derechos humanos despidió a una de sus figuras más relevantes: la ex jueza María del Carmen Roqueta. Su trayectoria marcó un antes y un después en la búsqueda de justicia para las víctimas de la última dictadura militar, especialmente en los casos vinculados al Plan de apropiación de menores.

La noticia de su fallecimiento generó expresiones de pesar desde diferentes organismos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, quienes destacaron su compromiso y agradecieron por el rol de Roqueta en su lucha.

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La ex magistrada tuvo a su cargo procesos que permitieron esclarecer y condenar crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. Su presencia como presidenta del Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires fue determinante para poner fin a décadas de impunidad y reconocer oficialmente la existencia de un plan sistemático de secuestro, retención y ocultamiento de niños y niñas.

El 6 de julio de 2012, en una audiencia histórica, la magistrada comunicó la condena a nueve militares por estos delitos, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla, sentenciado a 50 años de prisión.

Así, bajo la presidencia de Roqueta en el Tribunal Oral Federal N°6, la Justicia dio por probada la “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Así lo declaró la jueza al comunicar la sentencia en 2012.

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Este fallo estableció un precedente fundamental al reconocer por primera vez en sede judicial la existencia de este sistema de apropiación, una de las demandas históricas de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Jorge Rafael Videla fue condenado por el robo de bebés por la jueza Roqueta el 6 de julio de 2012 (Photo by AFP)

El impacto de esta resolución fue inmediato: sentó las bases para otros procesos judiciales y contribuyó a la identificación y restitución de la identidad de decenas de nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado.

Durante su gestión en el Tribunal Oral Federal N°6, Roqueta también presidió otras causas vinculadas a la apropiación de bebés, como las conocidas bajo los nombres de Fontana-Sandoval, Madariaga-Quintela y Médicos de Campo de Mayo.

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En todos esos procesos, la actuación de Roqueta fue valorada por su rigor y su respeto por los testimonios de las víctimas. Abuelas de Plaza de Mayo destacó especialmente su “trayectoria amplia y comprometida con los derechos humanos”, y subrayó que su tarea judicial resultó esencial para esclarecer el destino de los menores desaparecidos y restituir su identidad.

De hecho, en 2019, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la distinguió como Personalidad Destacada en el ámbito de los Derechos Humanos. El acto se realizó el 10 de junio en el Salón San Martín, con la presencia de familiares, colegas y referentes de organismos de derechos humanos. La propuesta fue impulsada por la diputada Victoria Montenegro.

Roqueta también se desempeñó como docente universitaria, donde formó a nuevas generaciones en temas vinculados a la justicia y los derechos humanos.

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La despedida de sus restos se realizó durante la noche del domingo en Casa América, ubicada en Acevedo 1120, entre las 20 y la 1.

En sus últimas apariciones públicas, Roqueta participó el 31 de mayo de 2025 en un acto por el décimo aniversario del Museo Sitio de Memoria ESMA, reafirmando su vínculo con los espacios de memoria. Además, en junio de 2025, compartió reflexiones sobre los juicios del Plan Cóndor en un Encuentro Regional de Derechos Humanos, aportando su experiencia a debates académicos y sociales.

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