Después de enviar a juicio oral a Eduardo Belliboni por fraude y extorsión por el desvío de fondos que correspondían a los planes sociales que debían recibir 85.000 beneficiarios, el juez Sebastián Casanello citó a indagatoria a dos personas señaladas como los “facilitadores profesionales que intervinieron en el armado de sociedades apócrifas”, que fueron usadas por el Polo Obrero para simular gastos. El juzgado investigó la ruta de las facturas apócrifas y la utilización de «empresas pantalla” para la maniobra defraudatoria ya corroborada.

Como parte de una investigación suplementaria a cargo del juzgado de Casanello, se detectaron más irregularidades en las rendiciones de gastos que firmó el piquetero Eduardo Belliboni con las que pretendía “simular los gastos” realizado con los fondos que el Estado destinaba a los planes sociales correspondientes al programa Potenciar Trabajo.

A la hora de analizar las responsabilidades penales, se planteó que la maniobra defraudatoria -ocurrida entre junio de 2020 y marzo de 2024- tenía entre sus líneas de investigación, el desvío de los fondos públicos.

Ese circuito fue posible mediante la utilización de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados, con la finalidad de ocultar el verdadero uso del dinero que debían aplicarse exclusivamente, a los beneficiarios de los planes sociales. Esto último, no ocurrió.

La justicia corroboró que más de 361 millones de pesos se destinaron a la financiación de actividades político-partidarias, “para lo cual se emplearon distintos vehículos societarios, entre ellos la firma Coxtex SA, que no tenía sede social y/o comercial, que carecía de una operatoria real y que estaba conformada por prestanombres (al punto que fue calificada por la AFIP como usina de facturas apócrifas)”.

No fue la única empresa detectada con estas características. Para desentrañar este entramado el juez federal, Sebastián Casanello, llamó a indagatoria a dos personas que se reiteran en el armado de las empresas “pantalla” utilizadas para el desvío de fondos.

Según se determinó en el marco del expediente penal, entre junio de 2020 y diciembre de 2022 el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor firmaron cinco convenios por una suma global de 361.087.500 pesos. El dinero que recibían vía transferencia bancaria era para la administración del programa social Potenciar Trabajo.

Ambas entidades se habían constituido en unidades de gestión y debían garantizar que los beneficiarios finales, siempre personas en estado de vulnerabilidad, recibieran el dinero correspondiente al principal programa de asistencia social que tenía el ministerio de Desarrollo Social. Por supuesto, debían rendir el uso de los gastos comprometidos.

Las Unidades de Gestión (Asociación Civil Polo Obrero y Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda.) recibieron más de 361 millones de pesos en concepto de subsidio.

A pesar del sentido del programa, previsto normativamente, y de aquellas actividades comprometidas, a desarrollar con los fondos otorgados por el Estado, una importante parte de estos fueron “administrados indebidamente”, determinó la justicia federal cuando se firmó la elevación a juicio oral de Belliboni y otras 15 personas vinculadas al Polo Obrero.

Los responsables de la organización social tenía bajo su responsabilidad el manejo y la administración de los fondos que integraban parte del presupuesto del extinto Ministerio de Desarrollo Social.

Entre los delitos atribuidos al líder piquetero, el juez Casanello convalidó lo sostenido por el fiscal federal Gerardo Pollicita: Belliboni y su gente “engañaron al Estado en las rendiciones de cuentas elaboradas, a través de la presentación de facturas apócrifas emitidas por empresas ficticias, la simulación de gastos no concretados en favor de otras allegadas a sus miembros, y la utilización de cheques para dificultar el verdadero destino del dinero desviado”.

A ello se sumó otra irregularidad: la no rendición ante el ministerio de una parte de los desembolsos referidos. Es decir: la defraudación podría ser aún mayor.

La falta de rendición se convirtió en un circuito clave para evitar los controles correspondientes y así, se facilitó el “desvío de fondos públicos manejados para obtener un fin particularizado, a la par de obtener nuevos desembolsos, provocando, en consecuencia, un perjuicio a las arcas de la administración pública”, había señalado Pollicita en el pedido de elevación a juicio que respaldó el magistrado.

El accionar fraudulento, determinaron los investigadores, se concretó mediante dos vías: de manera directa, por intermedio de la firma Ediciones e Impresiones Rumbos SRL (empresa utilizada como vehículo de financiamiento del Partido Obrero); y de manera indirecta, a partir de la intervención de otras personas físicas y jurídicas (Coxtex SA, Urban Graphics SA, Ricoprint SRL y Carlos Osvaldo Monfrini), que “actuaron como puente para llegar a la primera empresa mencionada. Cabe agregar que una de estas firmas, Coxtex SA, siquiera era real (por el contrario, era de papel)”.

Por ejemplo: Rumbos emitió alrededor de 179 facturas por $31.475.027,04. La justicia explicó que la mayoría de las facturas presentaban distintas particularidades que corroboraron que eran apócrifas: la gran variedad de los conceptos facturados (algunos, incluso, que no coincidían con la actividad registrada ante AFIP). Muchas se emitieron el mismo día por montos idénticos, pese a que se expresaban productos diversos.

También se explicó que muchas de las facturas contaban con conceptos amplios e indeterminados, sin precisar “el tipo de bien o la cantidad de unidades adquiridas”. La justicia detectó más: su asociación a supuestas entregas de mercadería o pagos realizados con meses de anterioridad; y la identificación en el documento (con tachaduras y sellos a mano) de más de un convenio al que se la asignaba.

Como si todo ello fuera poco, durante la pesquisa y a raíz de los allanamientos ordenados, se determinó que esta compañía no sólo “era un pantalla ya que no tenía sede real ni actividad comercial”, sino que además era “utilizada como canal para materializar gastos corrientes y de funcionamiento, como la recolección de las cápitas”. Estás últimas eran las que se les cobraba a los beneficiarios de los planes sociales por parte del Polo Obrero.

Otra de las firmas utilizadas fue Coxtex SA que emitió dos facturas “para simular gastos del programa por un monto total de $5.144.418”. El seguimiento de los cheques usados para el pago de las presuntas compras, expuso que ninguno de ellos fue dirigido o cobrado por esta empresa ficticia, “sino que todos terminaron en manos de distintas firmas -muchas de ellas aún investigadas-, entre las que se encuentra la propia Rumbos”.

Sobre este accionar, el juzgado de Casanello junto con la fiscalía, determinaron que las firma no contaba con sede social o comercial, ni lugar de funcionamiento, “estaba constituida por prestanombres, no tenía capacidad económica e, incluso, fue incorporada a la base de usinas de facturas apócrifas de la AFIP en el año 2022”; su único propósito de funcionamiento habría sido, precisamente, “la emisión de comprobantes falsos para justificar operaciones inexistentes”.

También se verificó la emisión de una factura apócrifa de Urban Graphics SA por un monto de $5.180.019 a favor de la cooperativa investigada. El cheque con el que se pagó fue librado a favor de Rumbos, se corroboró.

Por otro lado, está Ricoprint SRL que emitió dos facturas a favor de la Asociación Civil Polo Obrero, por un monto total de $5.538.756,58. Fueron abonadas mediante diversos cheques, uno librado a Rumbos, al igual que el anterior caso.

Finalmente, Monfrini emitió cuatro facturas a favor de la asociación civil por un monto total de $2.946.913,12, abonado en parte mediante cheques dirigidos a Monfrini, que los endosó a favor de Rumbos.

Como contó Clarín, el mismo grupo de profesionales que intervino en la constitución de Coxtex creó en el mismo año 2020 otras tres firmas: Recinsur SA, VSP Consulting SA y Ciriaco Shoes SRL, con otros datos que llamaron la atención de los investigadores.

En primer término, en la conformación de las cuatros compañías participó el mismo grupo de profesionales: la gestora Anahí Rivero, la abogada Lucía Agúndez y el escribano Juan Bautista Derrasaga. Este último no era un nombre desconocido para el juez Casanello, quien instruyó el caso conocido como la Ruta del Dinero K, donde Lázaro Báez (ex socio comercial de Cristina Kirchner) lavó 55 millones de dólares.

Es justamente a Anahí Rivero a quien se llamó a indagatoria el juez Sebastián Casanello, junto a Leandro Gastón Kebleris para el 13 de mayo.

Estas personas se reiteran en el armado de las compañías “fantasmas” utilizadas por el Polo Obrero para “concretar la maniobra defraudatoria”, sostuvieron fuentes judiciales ante la consulta de Clarín.

La totalidad de las operaciones que cuestionó la justicia federal, tenían un denominador común: la simulación de un gasto computable al programa estatal y el retorno del dinero, a través de la firma Rumbos, a la propia organización.

Junto con estos datos, se señaló que el desvío de los fondos públicos se materializó, gracias a la intervención de otra compañía: Miniso Trade SA, “cuyas irregularidades en la facturación y conformación permitieron arribar a la misma conclusión que las anteriormente analizadas, aunque sin la intervención de Rumbos”.