POLITICA
El juez de Campana pidió quedarse con la causa por la fastuosa quinta de Pilar valuada en US$ 20 millones
El juez federal de Campaña Adrián González Charvay pidió a su colega en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky que se inhiba de seguir investigando la causa por la mansión de Villa Rosa, en Pilar, valuada en 20 millones de dólares y que se sospecha es de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
Aguinsky, que es juez de la Capital, especializado en delitos económicos, insistirá en quedarse con el caso, con lo que el conflicto entre ambos magistrados deberá ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín.
Los jueces de feria de la Cámara en la primera quincena de enero son Marcos Morán, Marcelo Fernández y Juan Pablo Salas.
Este caso primero lo gestionó el juez federal Daniel Rafecas, que puso una consigna policial para que no vaciaran la quinta y mandó a peritarla para conocer su valuación.
El juez Marcelo Aguinsky se quedó con la causa por decisión de la Cámara Federal, que dijo que de todos modos no era una situación definitiva.
Los investigados como testaferros de Pablo Toviggino, dueño de la sociedad Real Central SRL -que aparece como dueña de la quinta cuestionaron la intervención del juez-, Luciano Pantano y Ana Conte, su madre, plantearon que Aguinsky no era competente para intervenir sino que debía investigarlos González Charvay, juez federal de Campana, porque la quinta está en jurisdicción del tribunal.
Por eso, le platearon a Charvay que le requiera a Aguinsky la inhibitoria. Y así lo hizo hoy el juez de Campana, previa opinión del fiscal federal Sebastián Bringas, que se opuso a esa medida.
El juez entendió que le corresponde investigar la acusa al amparo de las garantías del juez natural, dado que el objeto de la investigación se encuentra en la jurisdicción de su tribunal.
Dijo Charvay: “Entiendo que, si la hipótesis que comprende el objeto procesal de la presente fue encuadrada -en principio- en el supuesto típico del artículo 303 del Código Penal [Lavado de dinero] y habría tenido lugar en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, resulta este Juzgado competente en razón del territorio”.
Y abundó al sostener que ese criterio ya fue sostenido en otras causas por la Cámara Federal de San Martín por una causa con una hipótesis delictiva similar.
En ese caso, los denunciados eran funcionarios que residían en Pilar y se habrían hecho operaciones patrimoniales en esa jurisdicción.
“Teniendo en cuenta que la hipótesis delictiva trazada se circunscribe al partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, y siendo este Juzgado Federal de Campana al que por ley le corresponde entender en la causa”, el juez González Charvay dispuso “solicitar al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 10 que se inhiba de seguir entendiendo” en el caso y le remita el expediente.
Adrián González Charvay es un juez que conoce las implicancias políticas que trae aparejado su cargo.
Sus decisiones se cruzaron con los deseos del Gobierno de Javier Milei, por ejemplo, cuando recientemente le dio nueva vida a la ley de emergencia en discapacidad, que un decreto presidencial había suspendido o cuando permitió a la municipalidad de Pilar cobrar sus tasas en la misma boleta que la luz o el gas, en contra de lo postura del gobierno nacional.
González Charvay reemplazó como juez a Federico Faggionatto Márquez, quien fue destituido luego de realizar operaciones de inteligencia contra Francisco de Narváez y acusado de quedarse con el dinero producido por un campo de soja, que estaba secuestrado en una causa bajo su instrucción.
Aunque González Charvay ya tenía experiencia en el juzgado federal número 1 de San Isidro, como secretario, y además fue secretario de la Cámara Federal de San Martín.
Es un hombre de la familia judicial de la zona norte del conurbano, una rama diferente de la Comodoro Py 2002, con gimnasia para la política, aunque más lejos de los reflectores de los medios porteños.
Allí campea la influencia política del binguero radical, empresario y expresidente de Boca Daniel Angelici, con terminales en la Cámara Federal de San Martín y diálogo con todos los jueces federales de la zona. Aunque el juez federal no es tropa de Angelici, a quien conoce socialmente y como operador judicial.
En Zárate-Campana, una de las rutas favoritas para el paso de la droga por la Argentina, el juez federal fue implacable con el narcotráfico. Operativos con miles de kilos de cocaína decomisados fueron dirigidos por el magistrado. Metió preso a un narco que acopió 3.000 kilos de cocaína para llevarla al mundial de Qatar. Frustró el envío y secuestró 1.650 kilos de cocaína que iban a Asia, valuados en 60 millones de dólares. No dudó en detener a gendarmes cuando aparecieron robando droga e impuso condiciones de arresto durísimas para los narcotraficantes, inspiradas en los castigos de la justicia italiana a los mafiosos.
En su carrera como juez fue el encargado de mandar a juicio oral al exintendente de Pilar del Pro Nicolás Ducoté el 5 de mayo de 2022, acusado de irregularidades en la firma de tres convenios para la construcción de obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y un plan de microcréditos para refacción de viviendas.
La causa terminó de enterrar las aspiraciones políticas de Ducoté. Aunque el principal motor del caso contra Ducoté fue la información que llegó del Gobierno nacional.
González Charvay ya había mandado a juicio a otro intendente antes, Osvaldo Cáffaro, de Zárate. Allí el jefe comunal fue sepultado por las pruebas que aportó rápido el propio ministerio de Planificación, en manos de Julio De Vido en esa época.
González Charvay no oculta que tiene relación con la mayoría de los seis intendentes que están en jurisdicción del juzgado federal de Campana.
Achaval logró otra victoria en el juzgado cuando consiguió que se aprobara una cautelar contra el Gobierno de Javier Milei cuando suspendió la construcción de la universidad de Pilar. González Charvay hizo lugar a una cautelar de Lizzie Wanger, rectora de la futura casa de estudios y permitió que se siga adelante con el proyecto.
El fallo no juzga si es políticamente oportuna o no la medida del Gobierno, sino que pone el acento en que una resolución ministerial no puede estar por encima de una ley nacional, provincial o la autonomía municipal.
Hernán Cappiello,Conforme a
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VIDEO | Durísima denuncia contra Marcela Pagano por un presunto episodio de maltrato laboral
Un conjunto de versiones difundidas en redes sociales en las últimas horas menciona a la diputada Marcela Pagano y a su pareja, Franco Bindi, en relación con un presunto episodio de maltrato laboral ocurrido en su vivienda de Punta del Este.
De acuerdo con lo que trascendió en el video donde una empleada doméstica cuenta lo sucedido, el hecho habría terminado en su despedido luego de un desacuerdo vinculado al cuidado de una mascota.
“Se termino el ciclo, gente de mierda, gracias a Dios encontré dos personas que nos llevan hasta la entrada”, comienza el testimonio de la mujer que denunció a la legisladora.
La Justicia rechazó un recurso de Marcela Pagano en la causa por espionaje contra Karina Milei
En el video en el interior de una camioneta, detalló: “Anoche nos cortaron internet, no comimos, estamos sin desayunar, y simplemente por a la perra la meo un zorrino y fue nuestra culpa de no cuidarla. Simplemente por eso”.
“¿Qué culpa tengo yo si la perra salió y le meo un zorrino?“, se preguntó, y agregó: “Llegamos y nos dijo ‘vayanse a la habitación’. Nos cortaron internet. No nos preguntaron por la comida. Nos retaron porque comimos al otro día”.
“Eso es Marcela Pagano y Franco Bindi, eso es, la diuptada y todo“, concluyó el relato de la mujer que según circulo en redes social, sería Laura Silvia Báez.
Hasta el momento, no existen presentaciones judiciales confirmadas ni declaraciones oficiales por parte de los involucrados. El caso se mantiene en el plano de versiones que comenzaron a circular recientemente y cuya veracidad, hasta el momento, no ha sido corroborada.
El video
Hablando de mucamas, estás durisimas quejas llegan de una mucama (Laura Silvia Baez) que limpiaba la casa en Punta del Este donde pasaron el verano Marcela Pagano y Franco Bindi! Ambos kirchneristas, afines a Irán, Rusia y al eje castro-chavista. pic.twitter.com/FYHUNmEhhH
— Artem Joyero Ucraniano 💍 🇦🇷🇺🇦🇮🇱🇬🇧🇫🇷🇪🇺 (@ArtemJoyero1) March 17, 2026
El oficialismo cruzó a Cristina Kirchner: “Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado”
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EMPLEADA MARCELA PAGANO,Franco Bindi,Maltrato laboral,Marcela Pagano
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Salida de la OMS: qué pierde Argentina en asistencia técnica y la clave para sostener vacunas y fondos en la OPS
Argentina salió de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ayer, tras un año de espera establecido por la Convención de Viena. La decisión se tomó después de que el país expresara su disconformidad con las políticas de la entidad durante la pandemia. El gobierno nacional formalizó la salida y mantiene su participación en la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, el doctor Guillermo Capuya brindó detalles acerca de las consecuencias y la importancia de la permanencia en la OPS.
“Hace un año, Argentina tomó la decisión, justamente coincidiendo con la visita del ministro de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Junior”, recordó el médico y afirmó: “La OMS está compuesta por gente de diferentes países con diferentes bolsillos. Argentina contribuye con muy poco dinero para la OMS. No significa que sea poco dinero para el país”. El especialista calculó que la cuota anual ronda entre cuatro y cinco millones de dólares.
El doctor señaló: “¿Es un drama haber salido de la OMS? La verdad no, no parece ser.” Según el médico, la pandemia de COVID-19 generó malestar en el gobierno y en la población por las prolongadas cuarentenas y la gestión de los medicamentos.
Capuya detalló: “Hubo mucha disconformidad de parte del Gobierno y también de la gente en general, no solamente de Argentina, sino en el mundo, con la pandemia de COVID”. El médico aclaró que Argentina paga una cuota fija determinada por el PBI y la población, y la salida tiene componentes económicos, políticos y sanitarios.
Al mismo tiempo aseguró que Argentina “no tiene un beneficio». En este sentido reflexionó sobre las consecuencias: “Posiblemente te falte asistencia técnica”, pero precisó que en la actualidad la ayuda “está llegando en tiempo real a cualquier lugar del mundo.”
La continuidad en la OPS y las vacunas
Capuya fue enfático sobre la continuidad en la OPS: “Es importante decir que Argentina no sale de la Organización Panamericana de la Salud. Esto significa que va a seguir teniendo asistencia técnica, va a seguir teniendo fondos, sobre todo el fondo rotatorio para compra de vacunas”.
El médico precisó: “La OPS lo que hace es una compra mayoritaria para conseguir mejores precios y distribuir esas vacunas de acuerdo a la necesidad de cada país”. Capuya ejemplificó que Brasil compra cincuenta millones de dosis, Argentina diez millones y Uruguay quinientas mil, lo que permite obtener precios más convenientes.
Asimismo remarcó: “Se compra a un valor más económico las vacunas que si yo negociase de manera individual. Es una compra continua.” El médico aclaró que los créditos que recibe Argentina provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y no de la OMS.
¿Decisión económica, política o sanitaria?
El especialista aseguró que la médida está compuesta por consideraciones políticas, económicas y sanitarias. Y resaltó que pertenecer a la OMS implica una cuota elevada y que el país puede reforzar la vigilancia epidemiológica mediante acuerdos bilaterales y la información en tiempo real.
El médico agregó: “Argentina dice va a reforzar la vigilancia epidemiológica y va a tener acuerdos bilaterales. Esto significa que yo puedo un acuerdo con algún país de la región”. Capuya sostuvo que no ve una catástrofe por la salida de la OMS y que la decisión responde a una combinación de factores.
“No sé si veo tan importante que se vaya de la OMS, porque Argentina en realidad los créditos que recibe creo que no eran de la OMS, sino era a través del BID”, reafirmó. El especialista consideró que la pertenencia a la OPS garantiza la continuidad en la asistencia técnica y la compra de vacunas para el país.
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Por la Ley de Inocencia Fiscal, la Justicia benefició a Lázaro Báez en una causa por presunta evasión
La vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el Gobierno benefició al empresario K, Lázaro Báez, a sus hijos y a otras 11 personas, que tuvieron un sobreseimiento parcial en una causa por evasión de la empresa Austral Construcciones.
El expediente es por la falta de pago de Austral Construcciones del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y la tasa prevista en el artículo n°37, de la ley de Ganancias, durante los períodos fiscales de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, por evasión millonaria.
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Inocencia Fiscal elevó de $1,5 millones a $100 millones para la evasión simple y de $15 millones a $1000 millones la agravada. A partir de la vigencia de esta nueva legislación los abogados del empresario K pidieron los sobreseimientos de sus defendidos, al plantear que los montos de evasión estaban por debajo de los $100 millones.
El fiscal general Diego Velasco rechazó los pedidos de las defensas y dijo que la ley representa solo una actualización de montos con el fin de compensar la depreciación de la moneda. Por eso pidió el avance de la realización del juicio oral y público.
Mientras que el abogado que representa a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Nicolás Dertinopulos, adelantó que no se opondría si los montos quedaban por debajo del piso. Aunque aclaró la vigencia de la acción penal para los períodos fiscales con cifras superiores a la base.
Las claves del fallo que sobreseyó parcialmente a Lázaro Báez por evasión a partir de una ley impulsada por el Gobierno
Los jueces Fernando Machado Pelloni, Karina Perilli y Jorge Zabala, del Tribunal Oral Económico Nº 3, dispuso el sobreseimiento parcial en la causa de Báez y sus hijos, Martín y Luciana, y el sobreseimiento total de su hijo menor, Leandro Báez. Además de otras once personas, a partir de Inocencia Fiscal, impulsada por el Gobierno.
Los magistrados rechazaron el planteo del fiscal y dispusieron los sobreseimientos únicamente por los períodos cuyos montos de evasión quedaron por debajo del nuevo piso. El derecho penal local obliga a aplicar la legislación vigente en caso de que sea más favorable para los acusados. Incluso de manera retroactiva, y esa fue la interpretación del tribunal.
La jueza Perilli citó el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional que acompañó el proyecto original: “Racionalizar la normativa penal tributaria vigente con el fin de ordenar el ejercicio del poder punitivo” y “castigar de manera proporcional, efectiva y focalizada aquellas conductas que impliquen un perjuicio real y significativo a la hacienda pública”.
El fallo mencionó los montos exactos, año por año, de evasión de Austral Construcciones S.A.: $23.959.038 en IVA y $ 46.461.367 en Ganancias en 2010, $99.964.224 en IVA y $90.014.387 en Ganancias en 2011, $8.753.187 en IVA y $8.495.232 en Ganancias en 2013 y $59.954.725 en IVA y $22.860.611 en Ganancias en 2014.
El único año que excedió el piso de $100 millones, a partir de la vigencia de la nueva legislación, fue 2012, con deudas por $113.190.286 en IVA y $178.037.143 en Ganancias. Es por eso que se mantiene la causa a partir de esta acción, la evasión impositiva de la empresa por el ejercicio 2012.
Lázaro Baez
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