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El juez Ramos Padilla advirtió que no tiene competencia para modificar la asignación de mesas de votación en La Matanza

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En una resolución fechada el último viernes, el juez Alejo Ramos Padilla manifestó al municipio de La Matanza que no tiene competencia para modificar la asignación de locales y mesas de votación en esa comuna para las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre. Sin embargo, presentó un “plan alternativo de ubicación de mesas de votación” y advirtió que quedó “suspendido el proceso de notificación de autoridades de mesa” en ese distrito.

La decisión responde a una serie de presentaciones realizadas por el intendente Fernando Espinoza, quien había solicitado la suspensión de los cambios en los lugares de votación y el retorno al esquema utilizado en las elecciones de 2023. La resolución afecta directamente a los electores de La Matanza y a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que queda como única autoridad competente para decidir sobre la ubicación de mesas y locales de votación en el distrito.

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El conflicto se originó tras la difusión de un nuevo esquema de asignación de mesas y locales de votación en toda la Provincia. Espinoza argumentó que el cambio “sorpresivo” de lugares de votación, que habían permanecido “inalterables por décadas”, podría afectar la participación electoral y solicitó que se restableciera el esquema anterior.

La decisión judicial también había recibido cuestionamientos del gobernador Axel Kicillof, quien dijo que los cambios en los centros de votación “conspiran contra la voluntad” de la gente

El intendente del partido más populoso del territorio bonaerense pidió formalmente la “inmediata suspensión de la difusión del padrón de electores de La Matanza” y que se “abstenga de aplicar el nuevo esquema de establecimientos y mesas, volviendo al utilizado en las últimas elecciones del año 2023 con los agregados correspondientes”.

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El intendente del partido más populoso del territorio bonaerense pidió formalmente la “inmediata suspensión de la difusión del padrón de electores de La Matanza”

La Cámara Nacional Electoral intervino el 7 de agosto y ordenó al Juzgado Federal Electoral, a cargo de Ramos Padilla, dejar sin efecto “todas las reasignaciones de locales de votación de la sección electoral número 61 –La Matanza– derivadas del cambio de orden de prioridad asignado a los mismos, es decir, aquellos que no respondan a casos de fuerza mayor y/o deriven de la habilitación de una mayor cantidad de mesas como consecuencia del crecimiento del cuerpo electoral”.

Además, dispuso la suspensión de la publicación de los locales incorrectamente asignados y exigió garantizar la adecuada comunicación y difusión de los establecimientos de votación.

Sin embargo, Ramos Padilla -que ya había explicado los motivos de las modificaciones- analizó el alcance de la decisión de la Cámara Nacional Electoral y señaló que no resulta claro si la orden se refiere al proceso electoral nacional, previsto para el 26 de octubre, o al proceso electoral provincial del 7 de septiembre.

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El magistrado explicó que, en el caso de las elecciones nacionales, “lo ordenado resulta de imposible cumplimiento dado que aún no ha sido publicado el plan de ubicación de mesas para la elección nacional de octubre: no se podría dejar sin efecto una reasignación que no ha sido realizada y tampoco podría suspenderse una publicación de locales que no se efectuó”.

Respecto de las elecciones provinciales, el juez sostuvo que la competencia para decidir sobre la ubicación de mesas y locales de votación corresponde exclusivamente a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con la Constitución Nacional, la Constitución provincial y la Ley Electoral provincial N° 5109.

“La colaboración brindada, tal como surge del convenio, se limita exclusivamente a cuestiones logísticas y técnicas, pero no permite, ni podría permitir, la intromisión del Tribunal en la decisión respecto de solicitudes de particulares, candidatos, apoderados, partidos políticos o funcionarios, todo lo cual excede al cumplimiento de las tareas asumidas”, escribió en su resolución del viernes.

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El juez también citó doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fundamentar la autonomía provincial en materia electoral: “El sistema federal no solamente asegura que las provincias decidan sus regímenes electorales y elijan sus gobernadores, legisladores, y demás funcionarios, sino que también le prohíbe al gobierno central intervenir en aquellos asuntos propios de la autoridad provincial”.

En cuanto al trabajo técnico realizado en La Matanza, el juzgado detalló que el proceso de modificación de circuitos electorales fue impulsado por las propias autoridades municipales y luego suspendido a pedido del municipio y por decisión de la Cámara Nacional Electoral. El informe técnico destacó que no se realizó un “replanteo general de los establecimientos de votación” ni una “modificación de la cartografía electoral del distrito”, sino que se trató de un desplazamiento natural debido al aumento del padrón y a adecuaciones registrales.

El fallo también abordó la imposibilidad de replicar exactamente el esquema de 2023, señalando que “replicar el plan de asignación de electores y ubicación de mesas del año 2023, no solo resultaría materialmente imposible, ya que debieron incorporarse 38 nuevas mesas de votación debido al aumento del padrón electoral, sino que implicaría afectar establecimientos que ya no se encuentran habilitados, que han cerrado, que se encontraban duplicados por errores registrales o que no reúnen los criterios de afectación establecidos por la Cámara”.

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La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, será la primera candidata a diputada provincial por la Tercera Sección, que incluye La Matanza, distrito donde ella fue intendenta

En respuesta a los reclamos, el juzgado puso a disposición de la Junta Electoral provincial un “plan alternativo de ubicación de mesas de votación para La Matanza”, que replica las prioridades de asignación de locales y mesas de comicios de la elección 2023, con las correcciones necesarias derivadas de los reemplazos de establecimientos y las modificaciones del padrón. Sin embargo, advirtió que la decisión final corresponde a la Junta Electoral provincial, que deberá evaluar si adopta el plan publicado o el alternativo.

Las reformas de los circuitos de votación fueron dispuestas por la Justicia federal para ordenar los 6.426 establecimientos educativos habilitados en la Provincia con el objetivo de optimizar 38.788 mesas.

Los cambios buscan acercar a los electores a los centros de votación y eliminar los centros que no tienen infraestructura adecuada con accesibilidad para todos los electores.

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Con el apoyo de exaliados del oficialismo, el Senado volvió a rechazar los vetos de Milei y dejó aislada a LLA

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El Senado rechazó este jueves, por amplias mayorías que superaron los dos tercios requeridos por la Constitución, los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia en pediatría y financiamiento a las universidades nacionales.

Con esta decisión, el jefe de Estado queda obligado a promulgar e implementar las normas aprobadas por el Congreso. Sin embargo, como anticipó TN, en Casa Rosada ya estudian alternativas para evitar la implementación de estas leyes, como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad.

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Como viene ocurriendo en las últimas sesiones del Senado, La Libertad Avanza no logró construir mayorías, más allá de sus propios seis legisladores y algún acompañamiento más, pero a los votos en contra se sumaron exaliados del oficialismo como la gran mayoría de los senadores de la UCR y del Pro.

La insistencia a la Ley de declaración de Emergencia en Pediatría, donde se contempla el auxilio financiero para el Hospital Garrahan, fue sancionada por 59 votos afirmativos, siete negativos y tres abstenciones de los senadores del PRO Alfredo De Ángeli, Martín Goerling Lara y María Victoria Huala. En tanto, la Ley de Financiamiento a las Universidades Nacionales fue por 58 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones, los mismos senadores del PRO, más la radical Carolina Losada.

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Sesión ordinaria del Senado de la Nación, senador Oscar Parrilli (UxP) con una bandera a favor del Garrahan. Fotos: Charly Díaz Azcue / Comunicación Senado

El debate

La sesión encabezada por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, mostró una primera opinión del Cuerpo sobre estos dos debates. Al habilitar sus tratamientos en el recinto, ambas insistencias superaron los 60 votos a favor y solo siete en contra, donde estuvieron los seis libertarios y Carmen Álvarez Rivero del Pro.

Ambos vetos presidenciales se discutieron en conjunto y luego se votaron por separado. Abrieron la sesión los presidentes de las comisiones de Salud, Lucía Corpacci y de Educación, Eduardo Wado de Pedro, ambos de Unión por la Patria (UxP).

“Esta ley ya se ha discutido en comisiones y en el recinto. Dentro de sus objetivos contempla afianzar el ingreso y la permanencia de los estudiantes en la universidad pública, así como garantizar las condiciones laborales mínimas de docentes y no docentes”, dijo De Pedro, mientras que su colega Corpacci, en relación con la Emergencia Pediátrica dijo: “Parece increíble que estemos nuevamente hablando de la necesidad de la Emergencia Pediátrica. El proyecto ha sido aprobado en las cámaras prácticamente con la totalidad de los senadores. Esto refleja que las provincias necesitan del Hospital Garrahan”.

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Desde Convicción Federal, la senadora Carolina Moisés planteo: “El Garrahan es un hospital de alta complejidad y hay que tener en cuenta esto al analizar los números, no se lo puede comparar con un hospital común. Atiende a más de 600 mil pacientes por año, con 560 camas de internación y 120 de terapia intensiva”.

Por su parte desde la bancada Por Santa Cruz, la senadora Natalia Gadano expresó: “Que nuestros médicos y niños con las patologías más complejas, que nuestros docentes y estudiantes universitarios estén afuera esperando que volvamos a decidir por mayoría los mismos temas es una falta de respeto a ellos y al resto de los argentinos”.

En relación con el financiamiento a las universidades, la rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) planteó la sospecha de si desde el Gobierno “están caminando hacia el arancelamiento de la Universidad Pública”. Mientras que el radical Maximiliano Abad dijo: “Llevamos un año y medio debatiendo el financiamiento de las universidades, me da vergüenza decirlo. Ninguna política pública tiene sentido si no le damos prioridad a la educación”.

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Pablo Blanco, Senador UCR. Foto Senado nacional
Pablo Blanco, Senador UCR. Foto Senado nacional

Su correligionario Pablo Blanco afirmó: “El presidente debe entender que hay que tener empatía con la gente, que hay necesidades y que hay emergencia social. La obligación del Gobierno, si bien todos defendemos el equilibrio fiscal, es que haya también equilibrio social”.

Allí estuvieron los votos en contra de los vetos presidenciales, un amplio abanico opositor encabezado por UxP de José Mayans, gran parte de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.

La defensa del oficialismo

El debate transitó con los posicionamientos principalmente de la oposición que se llevó el mayor tiempo de los discursos en el recinto. El oficialismo tuvo la defensa de solo dos voces, Ezequiel Atauche, jefe de la bancada de La Libertad Avanza, quien cerró el debate con un cuestionamiento al kirchnerismo, y de la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero, que planteó: “No estamos discutiendo el abandono escolar, en Córdoba hay 150 mil adolescentes que están fuera de la secundaria. Hay una relación entre la falla en la educación y la pobreza”.

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El contenido de las leyes

En el caso de las universidades, la norma establecía medidas para garantizar el sostenimiento de la educación superior pública en todo el país. Entre sus puntos clave, incluía: asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes y establecer una actualización a partir del 1° de enero de 2025 para los gastos de funcionamiento, según la variación acumulada del IPC entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

Mientras que la Ley de Emergencia Pediátrica declara la emergencia sanitaria en el área por dos años. Dispone una recomposición inmediata de salarios para personal y residentes, que no podría ser inferior —en términos reales— a lo percibido en noviembre de 2023. Además, dejó sin efecto el nuevo régimen de becas optativas para residencias implementado por el Ministerio de Salud.

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Elecciones 2025 en Tucumán: quiénes serán los candidatos a diputados nacionales

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El 26 de octubre, Tucumán llevará a cabo las elecciones legislativas nacionales para renovar cuatro bancas de diputados nacionales. En este proceso, finalizarán sus mandatos los actuales legisladores como Paula Omodeo, que buscará renovar su banca con el espacio Creo. Con la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP), la provincia vivirá una jornada electoral que marca un hito en el sistema argentino y definirá la nueva representación provincial.

Los candidatos a diputados nacionales de Tucumán en las elecciones 2025, frente por frente

El proceso electoral cuenta con nueve listas oficializadas, lo que refleja la diversidad política vigente. Tucumán elegirá a sus representantes para el período 2025-2029.

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Las listas y candidatos oficializados son:

  • Frente Tucumán Primero: Osvaldo Francisco Jaldo, Gladys del Valle Medina, Mariano Javier Noguera, Elia Marina Fernández.
  • La Libertad Avanza: Federico Agustín Pelli, María Soledad Molinuevo, Manuel Guisone, Celina María Moisa Terán.
  • Creo: Paula Omodeo, Sebastián Murga, Sonia María Estela Assaf, Gustavo García.
  • Fuerza Republicana: Ricardo Argentino Bussi, Sandra del Valle Orquera, Gerónimo José Cruz Cornejo, Blanca Lorena Palomino.
  • Del Trabajo y del Pueblo: Sebastián Solís, Nidia Juri, Walter Díaz, Hilda Beatriz Disatnik.
  • Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad FIT: Alejandra Arreguez, José Martín Correa Tejerizo, Clarisa Alberstein, Carlos Alberto Melian.
  • Frente del Pueblo Unido: Silvio César Bellomio, María Alejandra Medina, Leandro Hipólito Parajón, Daniela Dennis Huespe.
  • Política para la Clase Obrera: Margarita Raquel Grassino, Diego Luis Carrazán, Alejandra Carolina del Castillo, José Rubén Kobak.
  • Unidos por Tucumán: Roberto Sánchez, María Micaela Viña, José María Canelada, Milagros Celiz.

Nueve listas competirán por las bancas, reflejando la diversidad política de Tucumán para el período 2025-2029

La Boleta Única de Papel de Tucumán para las elecciones 2025

La gran novedad de estos comicios será la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP), introducida por la Ley N.º 27.781. Este sistema reemplaza al tradicional de boletas partidarias múltiples y reúne a todos los candidatos y alianzas en una sola hoja oficial.

El nuevo mecanismo busca simplificar la elección, reducir la manipulación de boletas y brindar mayor transparencia al proceso. La Cámara Nacional Electoral ya difundió el modelo definitivo, idéntico al que emplearán los electores.

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Cómo se vota con la BUP

El procedimiento es sencillo. El presidente de mesa entrega al elector una Boleta Única de Papel en blanco y un bolígrafo indeleble. Luego, el votante marca su opción dentro de la cabina, según las indicaciones. Después debe plegar la boleta para mantener el secreto y depositarla en la urna.

Para votar, es obligatorio presentar uno de los documentos habilitados: libreta de enrolamiento, libreta cívica, alguna de las versiones de DNI (libreta verde, libreta celeste, tarjeta, incluyendo el formato 2012 y el más reciente). El documento no puede ser anterior al que figura en el padrón electoral.

Cómo consultar el padrón electoral

 

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Pueden votar los ciudadanos nativos y por opción desde los 16 años, así como los naturalizados a partir de los 18, siempre que figuren en el padrón y presenten el documento correspondiente.

El voto es obligatorio, aunque no hay sanciones para quienes tengan menos de 18 o más de 70 años.

El padrón electoral habilita a más de 1,3 millones de tucumanos a participar. Resulta fundamental consultar la mesa y el establecimiento de votación con anticipación a través de los canales oficiales.

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«Más castigo para los delincuentes»: qué dice el nuevo Código Penal que impulsa el gobierno de Javier Milei

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El Gobierno presentó este jueves la reforma del Código Penal. El documento, que reemplazará al que está vigente desde 1921, tiene tres ejes centrales: agravamiento de penas, baja en la edad de imputabilidad y la incorporación de nuevas figuras delictivas.

El Presidente explicó que esta nueva norma le pone fin “a años de garantismo que se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a los jueces y a los fiscales”.

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Según fuentes oficiales, el objetivo detrás de esta reforma es lograr “más protección para las víctimas y más castigo para los delincuentes”.

Javier Milei y Patricia Bullrich presentaron la reforma del Código Penal en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. (Foto: Presidencia).

Las claves de la nueva reforma del Código Penal

El nuevo texto propone que la edad de imputabilidad baje a los 13 años. Así lo confirmó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, durante la actividad en el penal de Ezeiza.

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Además, propone que los homicidios, el abuso sexual en todas sus modalidades, la trata de personas y los delitos vinculados al narcotráfico sean imprescriptibles. También se elimina el beneficio de la libertad condicional a los condenados por hechos de especial gravedad o reincidencia.

En ese sentido, en el Gobierno aseguraron que buscarán que se realice un cumplimiento efectivo de la pena. “Ocho de cada 10 delitos tendrán cumplimiento efectivo. Aumentan los mínimos de una gran cantidad de sanciones penales”, expresaron en el Ministerio de Seguridad.

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Novedades de la nueva reforma del Código Penal

  • Homicidios y lesiones: el homicidio simple tendrá una pena de 30 años de prisión. Se amplían los supuestos de homicidio agravado, que tendrán prisión perpetua.
  • Medidas de protección y menores: se crea delito de desobediencia por incumplir medidas cautelares de restricción. Aumentan las sanciones por sustracción de menores.
  • Delitos sexuales: escalas más altas para abusos sexuales. Se incorpora el stealthing como delito (el retiro del preservativo sin consentimiento) y se castiga el acoso sexual en ámbito laborales. Hay penas más graves por grooming y difusión de abuso infantil por redes sociales o IA. También se tipifica la pornovenganza.
El Gobierno presentó la reforma del Código Penal. Ahora el proyecto deberá llegar al Congreso para su posterior tratamiento. (Foto: REUTERS/Alessia Maccioni).
El Gobierno presentó la reforma del Código Penal. Ahora el proyecto deberá llegar al Congreso para su posterior tratamiento. (Foto: REUTERS/Alessia Maccioni).

Leé también: Revés para el Gobierno: el Senado rechazó los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de fondos para el Garrahan y Milei deberá promulgarlas

  • Prostitución y trata de personas: se agravan delitos de secuestro, trata y privación de libertad, con foco en víctimas vulnerables.
  • Integridad personal y honor: suben las penas por abuso de armas y omisión de auxilio. Por injurias, las personas tendrán penas más graves si las realizan de manera anónima, con identidades falsas o con IA.
  • Se tipifica el hostigamiento como delito, actualmente es solo una contravención. Se incorpora el secuestro virtual como modalidad de extorsión. Asimismo, se crean figuras específicas como la de los motochorros, viudas negras, robos masivos y de celulares.
  • Estafas: se sistematizan y aparecen la piramidal, la procesal y fraudes con IA.
  • Denuncias falsas: se regula la “falsa denuncia” con penas más severas, especialmente en delitos sexuales o “cuando se generan restricciones indebidas de contacto familiar”.

Qué dice la nueva reforma del Código Penal sobre corrupción, narcotráfico y contrabando

La reforma del Código Penal prevé una modificación integral de los delitos contra la administración pública, con penas agravadas y nuevos tipos penales. Además, se rediseña el delito de enriquecimiento ilícito y se sanciona el dictado de normas que alteren el equilibrio fiscal.

Javier Milei y Patricia Bullrich durante la presentación de la reforma del Código Penal. (Foto: REUTERS/Alessia Maccioni).
Javier Milei y Patricia Bullrich durante la presentación de la reforma del Código Penal. (Foto: REUTERS/Alessia Maccioni).

En esa misma línea, se incrementan las penas por cohecho, incluyendo el soborno entre privados. Se aumentan los castigos por falso testimonio, en especial en causas de delitos sexuales.

En relación con el narcotráfico, se elevan de forma exponencial las penas. También se incorporan figuras autónomas sobre precursores químicos, opioides sintéticos y otras sustancias especialmente peligrosas.

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Por último, la nueva norma crea figuras para el contrabando, con agravantes si el autor tiene una posición que facilite el delito (por ejemplo, personal aduanero). El documento sube las penas para el contrabando de estupefacientes e incluye los delitos militares.

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El proyecto completo será firmado por el Presidente y, luego, girado al Congreso, que deberá aprobarlo. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo evitaron confirmar si el texto llegará al Poder Legislativo antes de las elecciones del 26 de octubre.

Gobierno, Javier Milei, codigo penal

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