POLITICA
El juicio de los Cuadernos se hará ahora dos veces por semana y los jueces pidieron la sala donde se condenó a las Juntas Militares
Luego de las quejas por la falta de celeridad y presencialidad del debate, el Tribunal Oral Federal N°7, que lleva adelante el juicio por los Cuadernos de las Coimas, decidió sumar una segunda audiencia semanal desde el 25 de noviembre y pedir la sala especial donde se hizo el Juicio a las Juntas para hacer sesiones “híbridas”, esto es, semipresenciales.
No obstante, los magistrados destacaron en una extensa resolución de 14 carillas que se leyó al comienzo del juicio esta mañana, que ellos vienen pidiendo ayuda a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara de Casación desde 2019, hace 6 años, y que no fueron oídos, salvo excepciones en cuanto a la provisión de nuevos empleados. Apuntaron así a los tres cuerpos que, en los últimos días, hicieron saber su preocupación y críticas por la falta de celeridad del proceso.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli salieron así a responder a sus superiores de la Cámara Federal de Casación Penal, que los citaron para la semana que viene con la intención de pedirles que el juicio se realice con mayor frecuencia que una vez a la semana y que sea presencial −no por Zoom−. Algunos magistrados incluso sugirieron que se corten las vacaciones de verano para este proceso.
Los camaristas defendieron la modalidad virtual, pero al mismo tiempo dijeron que van a imprimir mayor celeridad y presencialidad.
Con todo, hicieron público un extenso listado de carencias y reclamos insatisfechos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal, que datan desde 2019.
Los jueces habían previsto inicialmente audiencias los jueves y desde marzo agregar los martes. Pero ahora, ante el tiempo que va a llevar a los abogados plantear nulidades, objeciones previas al debate y todo tipo de cuestionamientos antes de las indagatorias, decidieron sumar una audiencia más los martes, desde el 25 de noviembre.
En cuanto a la modalidad, aunque las audiencias iniciales se realizan por Zoom, los jueces dispusieron que las declaraciones indagatorias de los 87 acusados se lleven a cabo de manera híbrida.
Eso implica que en la sala estén presentes físicamente tanto los integrantes del tribunal, los acusados que deban declarar esa jornada, junto a sus defensores, la fiscalía, la Unidad de Información Financiera y el público.
Para concretar esta mayor presencialidad, el tribunal dijo que le pedirá a la Corte Suprema, a través de la Cámara Federal de Casación Penal, que autorice la utilización de la Sala de Derechos Humanos, ubicada en la planta baja del Palacio de los Tribunales.
Se trata, en rigor, de una gran sala de juicios que hoy no se usa: es el lugar donde se realizó el juicio a las Juntas Militares, como así también el juicio por la tragedia del boliche Cromagnon y donde se tomaron indagatorias por el fraude en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.
Es una gran sala, revestida con boiserie oscura, con un estrado imponente, con vitraux detrás de los sillones de los jueces, escritorios para la fiscalía, las defensas, un lugar para que los acusados pasen al frente a declarar y bancos largos, tipo Iglesia en la planta baja y en dos bandejas superiores, que ofician como palcos.
El TOF 7 es el único que no tiene oficinas en Comodoro Py, sino en el Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. Allí se encuentran todo el material de la causa. Por eso pidieron no moverse de ahí para seguir el juicio y contar con una oficina en la planta baja.
Los jueces Méndez Signori y Canero dijeron que ya usaron esta modalidad híbrida en varios juicios y que no fue cuestionada hasta ahora.
Castelli adhirió a estas posturas y añadió una fuerte defensa de la seguridad jurídica y la independencia judicial. Sostuvo que, con el debate ya iniciado, un cambio repentino de las reglas de juego “sin un fundamento novedoso”, impulsado por el “reclamo de un sector de la opinión pública”, aparecería como caprichoso.
El magistrado enfatizó que tal acción iría en desmedro del principio de independencia y perjudicaría la seguridad jurídica.
“Los jueces no estamos llamados a ser populares, sino a cumplir con la ley máxima”, dijo Castelli y solicitó públicamente que, dada la posibilidad de que la convocatoria de la Superintendencia de Casación para “coadyuvar con mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación” implique eventuales cambios en el modo del juicio, se incluya a los abogados y a la fiscalía en ese encuentro. Pero esto no ocurrirá, ya que solo se les sugerirán medidas para aligerar la carga del tribunal.
Los magistrados, en su lamento sobre la falta de colaboración, dijeron que desde el sorteo del expediente, en septiembre de 2019, hicieron múltiples reclamos de recursos que solo fueron satisfechos de manera parcial.
Las necesidades solicitadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Pena no fueron concedidas o fueron insatisfactorias, dijeron.
Por ejemplo, señalaron que a pesar de no contar con una sala de audiencias disponible para iniciar el juicio de manera mixta o presencial la semana pasada, decidieron arrancar por Zoom.
Señalaron que en 2022 y en 2024 pidieron al Consejo de la Magistratura contratos y que fueron insuficientes. Las peticiones se reiteraron al menos seis veces entre 2019 y 2021, remarcaron.
Agregaron que, en 2022, le pidieron a la Corte más espacio físico y que no tuvieron respuesta. Dijeron que le pidieron a la Casación que no le manden más causas, pero que esta solicitud les fue denegada y que hoy tienen 122 expedientes en trámite y 39 en condiciones de fijar fecha de juicio (tres de ellas con detenidos).
Indicaron que el 15 de julio de 2025 le pidieron a la Corte Suprema −a través de la Dirección de Relaciones Institucionales− una sala de audiencias en el Palacio de Justicia, que los mandaron a hablar con la Casación y que la petición fue archivada.
Reconocieron que el presidente de la Casación, Daniel Petrone, les ofreció utilizar la sala de audiencias de Comodoro Py donde se hizo el juicio a la AMIA, que cuenta con capacidad para 200 personas y nueva tecnología.
Pero indicaron que la sala tiene “dos problemas insolubles”: aún no terminaron las por remodelaciones y que los jueces no tienen oficinas en Comodoro Py, sino en el Palacio de Justicia.
Hernán Cappiello,Los cuadernos de las coimas,Justicia Federal,Cristina Kirchner,Conforme a,Los cuadernos de las coimas,,Con retraso y reclamos. Cuadernos de las Coimas: segunda audiencia del juicio contra Cristina Kirchner y empresarios, este jueves 13,,Cuadernos. Cristina denunció que los empresarios y funcionarios arrepentidos fueron «torturados»,,Caso Cuadernos. La Corte rechazó planteos para apartar a la UIF como querellante
POLITICA
Bullrich dijo que en el Gobierno de Kicillof “están más preocupados por cuidar al delincuente”
La senadora y exministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, salió al cruce de las críticas esgrimidas por el titular de Seguridad del Gobierno de Axel Kicillof, Javier Alonso, a la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad por delitos, y expresó al respecto que “están más preocupados por cuidar al delincuente que por las víctimas”.
El ministro de Seguridad bonaerense tildó esta sábado de “política barata y oportunista” al proyecto del Gobierno Nacional para bajar la edad de imputabilidad en materia de delitos.
Baja de la edad de imputabilidad: el proyecto que Javier Milei vuelve a poner en juego en el Congreso
La extitular de Seguridad Nacional le respondió a Alonso en X: “Javier, tu respuesta me da un poco de gracia y mucha preocupación. Porque confirma lo de siempre: no van a cambiar nunca el chip con la seguridad. Siguen más preocupados por cuidar al delincuente, tenerlo libre y contento, que por las víctimas, sus familias y los argentinos de bien”, comunicó.
Bullrich agregó: “Hablan de ‘planes integrales’, ‘abordajes’, ‘esfuerzos’. Puro piripipí. El conurbano es un mar de delitos. Si tienen un plan, háganlo. Trabajen. Pónganlo en marcha. Muéstrennos cómo se baja se baja el delito de verdad. Me encantaría, honesta. Y lo digo claro: la Ley Penal Juvenil también es una cuestión de edad. Los asesinos de Jeremías están en su casa, sin consecuencias, después de torturar y matar a un pibe de 15 años. Eso es impunidad. No te hagás el distraído porque en tu provincia pasa mucho de esto“.
Javier, tu respuesta me da un poco de gracia y mucha preocupación.
Porque confirma lo de siempre: no van a cambiar nunca el chip con la seguridad.
Siguen más preocupados por cuidar al delincuente, tenerlo libre y contento, que por las víctimas, sus familias y los argentinos de…— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 1, 2026
Qué había dicho el ministro de Kicillof
Previo a esta invectiva, el ministro bonaerense había escrito en la red social que “lo que no se puede creer es que siga apropiándose del dolor de las víctimas para hacer campaña política barata y oportunista. La problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad”.
A su vez, Javier Alonso considero que el tratamiento del problema del delito juvenil “no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes. Se aborda, como plantea la Conferencia Episcopal Argentina, priorizando la prevención y la integración juvenil, con políticas públicas serias, inversión y trabajo coordinado. Todo lo que usted nunca hizo. Recoja algo de su zigzagueante recorrido político y haga un aporte más serio y sustancial a este debate que nos debemos como democracia. Menos circo, menos oportunismo, señora Patricia Bullrich“.
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Edad de Imputabilidad,Gobierno de Kicillof,Javier Alonso,Patricia bullrich,Seguridad
POLITICA
Milei y Sturzenegger defendieron la política económica del Gobierno: “Éramos tan infelices y no lo sabíamos”
El presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, escribieron y publicaron un artículo de opinión en el que defienden la política económica del Gobierno y la contrastan con la historia de la economía argentina de los últimos cien años.
Tanto Milei como Sturzenegger afirmaron como principal hipótesis que, a lo largo de la última centuria, en el país tuvo lugar un debilitamiento progresivo de la propiedad privada, lo cual incidió en una disminución de la inversión, el bienestar y el crecimiento económico.
“Éramos tan infelices y no lo sabíamos”
El jefe de Estado y el titular de Desregulación apuntan a que, tras lo que consideran la mejor época de la historia argentina en el plano económico (fines del siglo XIX y principios del siglo XX), a partir de los gobiernos de Hipólito Yrigoyen (1916-1922/1928-1930), la ‘Década Infame’ (1930-1943) de los años treinta y el primer peronismo (1946-1955), se consolidó un modelo económico proteccionista y estatista que medró las oportunidades económicas del país.
Milei intensificó su disputa con Techint y criticó a Paolo Rocca: “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”
Con gráficos, ambos economistas afirmaron que si el modelo económico agroexportador no hubiese cambiado a partir de los años treinta, “tendríamos el ingreso de un país europeo”, a lo que agregaron que “no tenemos conciencia de todo el bienestar que hemos entregado. Éramos tan infelices y no lo sabíamos“.
En consonancia con las críticas vertidas por el presidente al Grupo Techint y otras empresas que integran el llamado ‘Circulo Rojo’, en el artículo de opinión se enfatiza en cómo el proteccionismo posicionó en el lugar de casta a un sector privilegiado de la economía, lo que obstruyó el libre mercado.
“Sin propiedad privada no hay sistema económico que funcione”
A su vez, Milei y Sturzenegger hicieron hincapié en el progresivo debilitamiento de la propiedad privada que implicó el crecimiento del proteccionismo y el estatismo: “Sin propiedad no hay sistema económico que funcione. Y tampoco hay libertad, solo el poder autoritario del Estado”.
Milei y Sturzenegger publicaron un artículo en The Economist sobre el liberalismo económico
En contraposición a este pasado y al presente, los economistas afirmaron que su política económica busca fortalecer a la propiedad privada para atraer inversiones que se traduzcan en crecimiento económico y bienestar, y antagonizan así como también caracterizan al kirchnerismo como un remanente de los intereses proteccionistas, al equipararlos con la “violación sistemática y flagrante del derecho de propiedad”.
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POLITICA
Con las reformas laboral y penal en el centro del debate, comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso
El Congreso inicia este lunes el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei, que se extenderá hasta el 27 de febrero. Con una agenda atravesada por las reformas laboral y de la Ley Penal Juvenil que requirió negociaciones políticas, pero que también generaron tensiones y debates con las provincias.
La convocatoria fue formalizada mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero, y habilita el tratamiento exclusivo de los proyectos incluidos en el anexo de la norma. De ese modo, el Gobierno fijó un marco temporal y temático preciso, que limita el margen de maniobra del Parlamento fuera del período ordinario.
Leé también: Antes de las sesiones extraordinarias, el Gobierno defendió la reforma laboral: “Fortalece los derechos de los trabajadores”
En ese escenario, la Casa Rosada busca avanzar con iniciativas centrales de su paquete de reformas antes de la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo. La reforma laboral y la Ley Penal Juvenil concentran la mayor parte de los debates políticos, mientras se mantienen abiertas otras discusiones sensibles, como la modificación de la Ley de Glaciares y la posible sanción de una ley de emergencia por los incendios en la Patagonia.
La estrategia oficial combina reuniones de mesa política, contactos con gobernadores y diálogo con bloques aliados, en un contexto donde los votos todavía no están garantizados, especialmente en el Senado.
Un temario acotado y bajo control presidencial
Entre los proyectos habilitados para las sesiones extraordinarias figuran la Ley de Modernización Laboral, la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario y el eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que aún debe ser enviado por el Ejecutivo.
En los últimos días, el Gobierno confirmó la incorporación de la Ley Penal Juvenil y no descartó sumar nuevas iniciativas. En ese marco, cobró fuerza la posibilidad de debatir una Ley de Emergencia Ígnea para la Patagonia, reclamada por los gobernadores del sur en medio de los incendios forestales y respaldada públicamente por el PRO, un aliado clave de Milei en el Parlamento.
Reforma laboral: el capítulo fiscal condiciona votos
La reforma laboral es el eje central de las extraordinarias, pero también el proyecto que concentra mayores resistencias. El principal foco de conflicto con los gobernadores está en el capítulo tributario, en particular en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta de manera directa en los recursos coparticipables.
El proyecto prevé bajar la alícuota del 30% al 27% para el tramo 2 y del 35% al 31,5% para el tramo 3. Según cálculos hechos sobre la base de las proyecciones del Presupuesto 2026, la baja total de recaudación sería de $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal. En promedio simple, las jurisdicciones recibirían durante 2026 unos $144.000 millones menos por mes.
Leé también: El Gobierno aceptó cambios en la reforma laboral y busca blindar la ley con el apoyo de más de 40 senadores
Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales en busca de votos, en la Casa Rosada conviven dos posiciones: una que busca sostener el texto sin cambios y otra que admite eventuales ajustes para destrabar apoyos. El oficialismo apunta a lograr la media sanción en febrero, aunque reconoce que las negociaciones siguen abiertas.
En la previa del debate, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió el proyecto y aseguró que “fortalece los derechos de los trabajadores”, al tiempo que sostuvo que la iniciativa apunta a crear empleo formal al reducir costos que hoy desalientan la contratación.
Varios gobernadores dialoguistas que coinciden en los ejes principales de la reforma laboral condicionaron su apoyo a que se establezca un mecanismo de compensación de las pérdidas de recursos que afectarían a sus provincias.
Según pudo saber TN, en Casa Rosada evalúa un esquema de compensaciones paralelas a las provincias para reducir el impacto fiscal de la baja de los fondos coparticipables, que comenzará a regir a partir de 2027 en caso de sancionarse.
Baja de la edad de imputabilidad y debate penal
Otro de los proyectos que el Gobierno busca impulsar en extraordinarias es la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad. La intención original del Ejecutivo es fijarla en 13 años, aunque en Balcarce 50 admiten que podría elevarse a 14 si no se alcanzan los consensos necesarios.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la inclusión del proyecto en el temario a través de su cuenta de X, tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada. En el mismo sentido, Patricia Bullrich afirmó en esa red social: “No más excusas ni dilaciones”, al reclamar el tratamiento de la iniciativa en febrero.
El antecedente inmediato es el dictamen que obtuvo el año pasado en Diputados, cuando un plenario de comisiones consensuó una baja a 14 años, con penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores. Desde los bloques dialoguistas surgieron advertencias sobre la falta de infraestructura y recursos, y desde el PRO plantearon que bajar la edad a 13 implicaría duplicar la población de menores alojados en el sistema.
El oficialismo prevé que el debate comience en Diputados durante la segunda semana de febrero y no descarta que el proyecto llegue al Senado recién en sesiones ordinarias, a partir de marzo.
Mesa política, aliados y presión opositora
En la antesala del inicio formal de las extraordinarias, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para definir la estrategia legislativa. El encuentro fue encabezado por Adorni y contó con la participación de Karina Milei, Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Bullrich y Santiago Caputo.
Bullrich, además, mantuvo reuniones con representantes de los bloques dialoguistas del Senado. Tras esos encuentros, aseguró que el acuerdo por la reforma laboral “está consolidado”, aunque reconoció reclamos puntuales de algunos legisladores.
Leé también: En la previa de las sesiones extraordinarias, el oficialismo y la oposición tensaron la discusión por la reforma laboral
En paralelo, el kirchnerismo redobló la presión sobre los gobernadores para que rechacen la reforma laboral. El senador Mariano Recalde aseguró que “hay un pelotón de 15 senadores que todavía no definieron su voto” y respaldó el rol de la CGT en el rechazo al proyecto. Mientras que los gremios combativos anunciaron una movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Senado.
El clima político se tensó aún más tras el cruce entre el Gobierno y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Luego de que el mandatario cuestionara la iniciativa, Adorni y Santilli respondieron en sus cuentas de X con duras críticas, profundizando la confrontación entre Nación y la provincia de Buenos Aires en la previa del debate parlamentario.
Congreso, Congreso de la Nación, sesiones extraordinarias
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