POLITICA
El kirchnerismo asume el control de la campaña nacional en CABA e intentará sumar a Moreno y Abal Medina
Tras la derrota en las elecciones legislativas porteñas, en la que Leandro Santoro quedó en el segundo lugar, detrás del vocero presidencial, Manuel Adorni, el peronismo comenzó a preparar la estrategia para afrontar las elecciones nacionales, que tendrán lugar el 26 de octubre.
En esta parte del calendario electoral la estrategia de campaña quedará en manos del kirchnerismo y el sector que lidera Juan Manuel Olmos, donde se encuentra Santoro, acompañarán las decisiones que tomen Mariano Recalde y Víctor Santa María, máximas expresiones del mundo K en el armado porteño. Habrá un cambio de roles.
La estrategia de las elecciones porteñas estuvo completamente en manos de Olmos. El cambio de mando en la toma de decisiones obedece a un acuerdo previo a los comicios de la Ciudad de Buenos Aires, donde se llegó al consenso de que un sector dirigía y el otro acompañaba, para después seguir el camino inverso.
En la próxima campaña con anclaje porteño la decisión es confrontar el modelo político y económico de La Libertad Avanza (LLA). Polarización al máximo entre el violeta y el celeste, porque, muy probablemente, la estética vuelva a ser celeste y blanca, como el logo de Unión por la Patria (UP), y se abandone el color verde de “Es ahora Buenos Aires”, el sello por el que compitió Santoro.
Existe una intención clara de volver a las bases, reivindicar el rol de Cristina Kirchner e inyectar un mayor contenido ideológico a los argumentos de campaña para confrontar con el gobierno de Javier Milei. El comando de la estrategia estará en manos del kirchnerismo, que le imprimirá su sello a la discusión política.
Santoro apuntó a ampliar el espectro de electores al que le hablaba, sobre todo pensando en el camino hacia el 2027. “Tenemos que hablarle a otros sectores. Con el peronismo solo no alcanza”, repetía el diputado nacional a sus íntimos. Esa estrategia fue aceptada por el kirchnerismo local, pero recibió cuestionamiento de la fuerza en otros sectores del país. Nunca la terminaron de digerir del todo.
“La quería esconder a Cristina y al final perdió igual”, se quejó un dirigente camporista. Existió, durante los últimos meses, una resistencia silenciosa a la identidad vecinalista expresada por Santoro. La factura llegó, en forma de queja, con el resultado puesto de la elección. Una derrota que dolió por las expectativas previas que se habían instalado.
Como parte de esta nueva etapa, el kirchnerismo intentará cerrar un acuerdo con Juan Manuel Abal Medina y Guillermo Moreno, quienes presentaron espacios por separado en los últimos comicios locales. La intención del nuevo comando de campaña es sellar una alianza en las próximas semanas y dar una muestra de unidad hacia adentro del peronismo.
“La gran mayoría del peronismo estuvo unido en la Ciudad. Y ahora vamos a buscar cerrar un acuerdo que aglutine la totalidad. Tiene que ser un espejo para el peronismo bonaerense”, sostuvo un armador del PJ Porteño, linkeando la situación local con la caótica interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof.
En diálogo con Infobae, Guillermo Moreno se mostró abierto a sentarse a hablar con los referentes del justicialismo porteño. “La cabeza de la boleta tiene que ser de un peronista, no de un radical o un progresista. Ellos pueden ir dentro de la lista, pero no en la cabeza. Hay que buscar los votos peronistas que fueron a Milei y eso se hace con una identidad bien peronista”, expresó, en referencia a la candidatura de Santoro, a la que cuestionó en reiteradas ocasiones.
“Al modelo de Milei lo están votando los peronistas que están hartos de los progresistas. Tienen que dejar florecer las flores peronistas. Hay que confrontar el modelo económico. Ser concretos y claros. Explicarlo bien. Esto es una discusión entre nacionalistas y globalizadores”, indicó el ex secretario de Comercio, que apadrinó la candidatura a legislador porteño de Alejandro Kim.
También en diálogo con este medio, Juan Manuel Abal Medina se mostró predispuesto a sentarse a buscar un acuerdo con el sector mayoritario del peronismo porteño. “En un momento en que la ultra derecha se radicaliza, la unidad debe lograrse sin esconder nuestras banderas, con la amplitud y la autocrítrica nacesaria para volver a convocar a los desencantados con el campo popular”, precisó.
Según explicó, la propuesta nacional del PJ porteño debe “expresar a los que luchan todos los días contra este modelo de exclusión” y tiene que abrazar a “representantes de los sindicatos, los movimientos sociales, la ciencia, la universidad y la cultura”.
En la danza de nombres previa, Recalde es el que pica en punta para ser candidato a senador nacional. Para la lista de diputados hay tres nombres que también dan vueltas. Uno es el de Ofelia Fernández, otro el de Matías Lammens y un tercero es el de Gisela Marziotta. Todo está por verse.
La derrota electoral de este mes podría poner en jaque el plan de acción que se había discutido antes de los comicios porteños. En el kirchnerismo entienden que es momento de hacer una autocrítica constructiva dentro del armado, reveer el camino a seguir y definir los pasos de la campaña nacional.
Los puentes para forjar la unidad están habilitados. La vocación acuerdista existe en los tres sectores y la necesidad de tapar las filtraciones para ser competitivos, los obliga a todos a tejer una nueva alianza electoral.
El Gobierno nacional acordó con Chubut el pago de más de $48.000 millones en concepto de deuda previsional vinculada a los aportes de la caja no transferida a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El entendimiento se firmó este martes en el Ministerio de Capital Humano y pone fin, al menos de manera transitoria, a un conflicto que se encontraba judicializado ante la Corte Suprema.
El convenio establece que la Anses transferirá los fondos a la provincia en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $4000 millones, a partir de mayo. Se trata de un adelanto de financiamiento previsional correspondiente a 2026, mientras avanzan auditorías sobre el sistema.
La firma del acuerdo implicó además la suspensión de los procesos judiciales en curso vinculados a este reclamo, según confirmaron fuentes oficiales. La deuda había sido motivo de una demanda presentada por la provincia ante la Corte Suprema de Justicia.
El entendimiento fue rubricado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; y el director ejecutivo de Anses, Guillermo Arancibia.
Un reclamo que llegó a la Corte
La deuda previsional entre Nación y Chubut se arrastraba desde hace años y se originó por la deuda de aportes correspondientes a la caja jubilatoria provincial, que no fue transferida al sistema nacional. Según había planteado la provincia, el incumplimiento de esos pagos generó un fuerte desequilibrio en el sistema.
En diciembre, Torres había confirmado que avanzaría con una presentación ante la Corte Suprema para exigir el pago de más de $51.000 millones. El reclamo se dio en un contexto de tensión financiera en la provincia, que incluso tuvo dificultades para afrontar salarios y aguinaldos.
De acuerdo con el comunicado oficial, las transferencias se realizarán en simultáneo con auditorías que buscan verificar la situación del sistema previsional chubutense. El esquema prevé un flujo constante de fondos durante todo el año.
Desde el Gobierno nacional señalaron que se trata de un mecanismo de financiamiento previsional que permite avanzar en la regularización de las obligaciones sin afectar el equilibrio fiscal, en línea con acuerdos alcanzados con otras provincias.
Además, el convenio incluye la suspensión de “todo trámite judicial” ante la Corte por reclamos vinculados a este entendimiento, lo que implica una pausa en la disputa legal mientras se ejecuta el pago.
La posición de la provincia
Torres calificó el acuerdo como “un acto de justicia”. “Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”, señaló.
El gobernador afirmó que el resultado es producto de “un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial” y remarcó que desde el inicio de su gestión impulsó el reclamo ante Nación.
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“Estamos hablando de más de $48.000 millones que Nación le debía a Chubut, y que ahora van a volver a donde corresponden: a nuestra caja previsional”, agregó el mandatario.
El acuerdo representa un alivio para las cuentas provinciales y abre una nueva etapa en la relación financiera entre Nación y Chubut.
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POLITICA
Intendentes de todo el país enfrentan al ministro Caputo y piden el reparto del impuesto a los combustibles
CÓRDOBA.- En paralelo a que el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a criticar las tasas municipales que “no corresponden por ley”, el Consejo Federal de Intendentes (Cofein) reclamó por “la falta de distribución de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles hacia el interior del país”.
Los intendentes plantearon que el año pasado la Nación retuvo $120.000 millones que correspondían a las provincias y los municipios. Es el pedido que, hace menos de un año, unió a todos los gobernadores del país.
El Cofein está integrado por 22 ciudades de 16 provincias y realiza presentaciones conjuntas en el Congreso nacional para lograr una “mayor participación de las ciudades en la discusión de políticas públicas”. Este martes se reunieron en San Miguel de Tucumán. En el documento de cierre advirtieron sobre la situación crítica que atraviesan sus administraciones.
“Mientras se agrava la crisis que golpea a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias, los gobiernos locales debemos responder a cada vez más demandas con menos recursos y en un contexto de creciente abandono por parte de la Nación -señala el texto-. Pretende responsabilizar al interior de la decadencia argentina y descalifica a gobernadores e intendentes. Somos quienes sostenemos la atención social, la salud, el transporte y los servicios esenciales frente al retiro del Estado nacional”.
También hoy Luis Caputo se reunió con los principales referentes del sector supermercadista, encuentro donde -según trascendió- le plantearon su preocupación por la caída del consumo y la mayor presión tributaria municipal. El Ministro señaló que se trata de gravámenes que “no corresponden por ley” debido a la falta de contraprestación y que terminan impactando también en los precios al consumidor. Apuntó especialmente contra algunos municipios bonaerenses, como Lanús, Pilar, Luján, Hurlingham, Bahía Blanca y Quilmes.
El documento elaborado por los intendentes señala: “La participación impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que concentra la Nación. Salvo los giros automáticos que no puede interrumpir, el Gobierno nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios”. En esa línea, que solo en concepto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), durante 2025 quedaron sin distribuir $740.356 millones en “incumplimiento de leyes y acuerdos vigentes”. Insistieron en que debe reformularse el reparto.
En ese escenario pidieron “abrir una discusión de fondo sobre el esquema impositivo y la distribución de recursos en la Argentina, sobre la base de un federalismo fiscal que contemple la cantidad de habitantes y los servicios que presta cada nivel del Estado. La Nación recauda recursos de todos, pero no los distribuye de acuerdo con las responsabilidades reales que luego recaen sobre provincias y municipios”.
“Gobernar no es abandonar a la gente. No vamos a dejar de sostener la salud, la educación pública ni la asistencia social, aun cuando la crisis se profundiza”, agrega el comunicado que menciona que en los últimos dos años se cerraron 22.608 empresas y 300.000 personas quedaron en situación de desempleo.
Remarcaron que la caída de ingresos y el aumento de la demanda de servicios públicos recae principalmente sobre provincias y municipios. “Los municipios seguimos estando donde hay que estar, al lado de nuestros vecinos. Pero el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación se retira de sus obligaciones. Así, la Argentina no funciona”, concluye el texto.
De manera presencial participaron la intendenta de Paraná, Rosario Romero; de Córdoba, Daniel Passerini; de Santa Rosa (La Pampa), Luciano di Nápoli; de Neuquén, Mariano Gaido; de Cipoletti (Río Negro), Rodrigo Buteler; de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; de Rosario, Pablo Javkin; de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; de La Rioja, Armando Molina; de Viedma, Marcos Castro; de La Plata, Julio Alak; y de Escobar, Ariel Sujarchuk. También participaron el jefe de Gabinete de Formosa, Mauricio Nadalich, y el subsecretario de Hacienda de Posadas, Bruno Mariani.
De forma virtual se sumaron los intendentes de Mendoza, Ulpiano Suárez; de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; de Salta, Emiliano Durand; de Río Cuarto, Guillermo De Rivas; de Santiago del Estero, Norma Fuentes; y el coordinador de Gabinete de San Juan, César Aguilar. También estuvo Carolina Basualdo, exintendenta de Despeñaderos y presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales en la Cámara de Diputados.
tasas municipales que “no corresponden por ley”,unió a todos los gobernadores,Gabriela Origlia,Tucumán,Luis Caputo,Transporte,Conforme a,Tucumán,,Quejas por los recursos. Crece el nerviosismo en el grupo de gobernadores aliados a Milei por las “promesas incumplidas”,,»Pedimos su renuncia». Tras los agraviantes comentarios sobre Mercedes Sosa de un funcionario tucumano, la familia de la artista emitió un comunicado,,Pasajero “goloso”. En pleno viaje avisó que se sentía mal: en el hospital vieron que había tragado 95 cápsulas potencialmente letales
POLITICA
El Gobierno declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán
El Gobierno nacional declaró este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista e dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida, coordinada entre Cancillería, Seguridad, Justicia e Inteligencia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas transnacionales. Según el comunicado, esta decisión habilita sanciones financieras para proteger al sistema local y limitar la capacidad de acción de la entidad en el país.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 1, 2026
La Casa Rosada sostuvo que la determinación responde a que la República Argentina fue víctima de “dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”.
Las investigaciones de inteligencia determinaron que los ataques a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994 fueron “planificados, financiados y ejecutados” con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y operativos de la Guardia Revolucionaria.
Con esta acción, el presidente Javier Milei manifestó que espera que la decisión “salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas”. Asimismo, desde la Presidencia subrayaron que el Gobierno “está decidido a que la República Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.
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