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La Justicia Federal retrotrajo la autorización que le había otorgado al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala a una cárcel de seguridad media y ahora le negó el traslado, a partir de la oposición que planteó el Ministerio de Seguridad de la Nación a la derivación.

El magistrado había autorizado que Jones Huala sea trasladado de la cárcel de Rawson – donde está detenido desde junio- a la de Esquel, solicitada para acortar distancias con Bariloche, donde reside la familia del convicto.

En la misma decisión ordenó a las autoridades penitenciarias, con carácter de “urgente”, gestionar el cupo para alojarlo en la U14, que a diferencia de la anterior es de seguridad media.

La manda generó la suspensión, por parte del convicto, de abandonar la huelga de hambre líquida que había iniciado como método de reclamo para obtener su traslado.

Sin embargo el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Dirección Correccional, se opuso al traslado, argumentando que la dependencia de Esquel no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para alojar al líder de la RAM, a quien consideran un detenido “peligroso”.

Esa sugerencia oficial alteró la decisión del juez Gustavo Zapata, quien cambió de opinión y rechazó el traslado, afirmando que la opinión del Consejo Correccional – que evalúa la conducta de los internos – es prioritaria.

A partir del cambio, Jones Huala retomó la huelga de hambre (sólo ingiere líquidos) y a través de su defensa aseguró que la va a sostener por tiempo indefinido, hasta obtener la autorización a su traslado.

El mapuche está detenido de forma preventiva desde junio pasado, luego de ser denunciado por supuesta Asociación ilícita calificada, luego de justificar el uso de métodos violentos para la defensa de la causa mapuche, durante la presentación de su libro “Entre Rejas Antipoesía incendiaria”.

El expediente, encuadrado bajo la figura de delito complejo, podría extender la preventiva hasta 2 años, aunque por ahora la Justicia ordenó que permanezca detenido hasta el 6 de diciembre.

El director del Régimen Correccional de la Nación, Gabriel Aquino, fue quien oficializó el rechazo del Ministerio de Seguridad al traslado de Jones Huala.

Detalló los antecedentes del mapuche, en los que mencionó la condena que cumplió en Chile por el incendio de una propiedad privada y la portación de un arma de elaboración casera.

Mencionó que se convirtió en líder y creador de la RAM, no cuenta con domicilio fijo y alterna su residencia entre distintas ciudades de la Patagonia.

Sin mencionar delitos cometidos en el país, el funcionario argumentó que los establecimientos penitenciarios son diferenciados por categorías, siendo la de Rawson – donde está alojado actualmente el mapuche- de máxima seguridad, y la de Esquel, donde pretende ir, es de seguridad media y no cuenta con las medidas para alojarlo.

La defensa del mapuche, ejercida por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, cuestionó el rechazo judicial al traslado. “El Juez ahora deniega el traslado de Facundo (Jones Huala), por el momento, hasta que se expida el Consejo Correccional. Un papelón” aseguraron los defensores.

Insistieron en que el traslado le permitiría a la familia del líder de la RAM estar cerca del detenido. Esquel está a 400 kilómetros de Bariloche y Rawson, donde se encuentra alojado actualmente, a más de 900.

“El juez se desentiende de sus obligaciones con la Constitución y los tratados internacionales y pone por encima de ellos un reglamento administrativo, lo que es claramente absurdo” sentenciaron.

Dijeron que la defensa “hará todos los trámites engorrosos y burocráticos que ahora han servido de excusa para resolver algo distinto a lo decidido antes”.

Plantearon además que el Consejo Correccional de la Unidad 6 demorará en emitir su dictamen y vaticinaron que su opinión será adversa, bajo el argumento de que Jones Huala “es terrorista, peligroso y que no aconsejan el traslado”.

Desde las 8 de la mañana de este viernes 24 de octubre rige la veda electoral en todo el país. Se trata de un período de 48 horas previo al inicio de las elecciones 2025 en los que la idea es que los ciudadanos tengan un tiempo de reflexión para decidir su voto sin recibir publicidades, propuestas políticas ni mensajes tendientes a direccionar su elección en uno u otro sentido.

En este marco es muy importante saber qué no se puede hacer y cuáles son las multas vigentes por infringir esta normativa prevista por el Código Electoral Nacional. Las reglas alcanzan tanto a candidatos y partidos políticos como a medios de comunicación y ciudadanos comunes.

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Con la veda electoral se pretende garantizar que el electorado tenga un tiempo de reflexión libre de presiones políticas y publicitarias. Por esa razón, dos días antes de la apertura de las mesas empieza a regir este impedimento que le pone freno a las campañas y, además, no permite difundir encuestas ni realizar actividades que puedan influir en la decisión de los votantes.

La veda electoral, que ya está rigiendo, se extenderá hasta el domingo a las 21, es decir tres horas después de finalizados los comicios.

¿Qué no se puede hacer durante la veda electoral?

El artículo 71 del Código Electoral Nacional es claro sobre las actividades que no se pueden realizar:

• Reuniones de electores durante las horas de la elección.
• Espectáculos populares al aire libre o en lugares cerrados, fiestas teatrales, deportivas y cualquier tipo de reunión pública.
• Venta de bebidas alcohólicas: los locales deben permanecer cerrados hasta tres horas después del cierre de los comicios.
• Portación de armas, uso de banderas, divisas o distintivos partidarios durante el día de la elección, desde 12 horas antes y hasta tres horas después de finalizada la votación.
• Actos públicos de campaña y la difusión de encuestas o sondeos preelectorales, desde 48 horas antes del inicio de la elección y hasta el cierre de las mesas.
• Tomar fotografías de la boleta durante el acto electoral.

Entre las actividades que sí se pueden hacer normalmente están las reuniones privadas, siempre que no se difundan mensajes políticos. Tampoco hay restricciones para la circulación de personas ni para la actividad comercial que no esté expresamente vedada.

El incumplimiento de la veda puede derivar en multas para ciudadanos y candidatos, así como en sanciones para medios y organizaciones políticas. En los casos más graves, la Justicia Electoral puede ordenar arrestos o suspender actos en curso para garantizar el respeto de la norma.

Elecciones 2025: las multas por romper la veda electoral

Aquellas personas que no respeten la veda en estas elecciones podrán ser denunciados por violar el Código Electoral y en caso de que se compruebe la falta quedan expuestos a sanciones económicas y hasta a penas de prisión. Esto es así porque la normativa dice que “se impondrá prisión de 15 días a 6 meses a las personas que expendan bebidas alcohólicas”.

Esa norma también reprime, en el artículo 131, con la misma pena de 15 días a 6 meses de prisión al “empresario u organizador de espectáculos públicos o actos deportivos que se realicen en el lapso previsto” de prohibición por la autoridad electoral.

En el artículo 140 se penaliza con 2 meses a 2 años de prisión a quien “con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”. Mientras que el artículo 141 determnar una pena de hasta tres años de cárcel para quien “utilizare medios tendientes a violar el secreto del sufragio”.

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A los ciudadanos, además, se les podrá cobrar una multa entre $10.000 y $100.000 si no respetan los límites de emisión y publicación de avisos publicitarios en los medios de comunicación. Lo mismo aquellos que realicen actos de campaña fuera del plazo establecido para ese fin.

La ley electoral también prevé multas de entre $10 mil y $100 mil pesos “a toda persona física o jurídica” que viole la restricción de difundir sondeos durante la veda. Sin embargo, los medios pueden publicar información sobre los candidatos que no esté relacionada con encuestas, ya que la ley no lo prohíbe y todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. La legislación tampoco hace referencia a las redes sociales.

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