POLITICA
El kirchnerismo reconoce que perdió centralidad en el Senado y debate cómo afrontar próximas votaciones

Los últimos movimientos en el Senado dejaron en minoría al interbloque kirchnerista que conduce José Mayans, a días del inicio del período de sesiones ordinarias que el presidente Javier Milei inaugurará el 1° de marzo.
El interbloque Popular quedó con 25 integrantes: 21 del bloque Justicialista, dos de Justicia Social Federal —Fernando Salino y Fernando Rejal— y dos del Frente Cívico de Santiago del Estero —Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno—. El reacomodamiento abrió, además, un fuerte debate interno en el kirchnerismo sobre cómo pararse frente al nuevo escenario político.
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En paralelo, una mayoría dialoguista junto al oficialismo terminó de consolidarse en el cierre de las sesiones extraordinarias. La Libertad Avanza logró articular un esquema que alcanza los 47 senadores. Es un número que supera los 37 necesarios para el quórum y para aprobar proyectos por mayoría simple, y que roza los dos tercios del cuerpo (48 votos), clave para designaciones como la de un juez de la Corte Suprema.
La crisis interna del PJ
Horas antes de la sesión preparatoria para elegir autoridades de la Cámara alta, Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada formalizaron su salida del interbloque de Mayans y anunciaron un nuevo espacio: Convicción Federal.
El flamante bloque responde a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), mandatarios con una postura dialoguista frente al gobierno nacional.
“Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición”, sostuvo Moisés en un comunicado. También dejó en claro que no responderán directamente al presidente Javier Milei.
La ruptura fue la culminación de un proceso que comenzó el año pasado. En ese momento, Moisés, Andrada, Rejal y Salino habían dado una primera señal al conformar Convicción Federal dentro de la órbita de Unión por la Patria. Más tarde se sumó Mendoza, aunque el espacio seguía articulando dentro del interbloque opositor.
Tras ser electa vicepresidenta del Senado, Moisés reforzó su posición: “Este nuevo escenario revierte dos años de la férrea posición del kirchnerismo en la Cámara alta de no ocupar los espacios institucionales”. Y agregó: “Vamos a ocupar los lugares que le corresponden a la oposición para sostener la representatividad que votaron los argentinos”.
La sorpresa de UxP
El interbloque que lidera Mayans se enteró de la jugada minutos antes de la sesión convocada para el mediodía, durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En el Salón Gris ya estaban la libertaria Patricia Bullrich, el radical Eduardo Vischi y representantes de fuerzas provinciales, como Flavia Royón, de Primero los Salteños. Allí se comunicó la decisión: el kirchnerismo no tendría representantes en la mesa de conducción y se postularía a Carolina Moisés para la vicepresidencia.
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También participaron del encuentro Martín Goerling Lara (Pro), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz) y Julieta Corroza (La Neuquinidad).
Unión por la Patria había llegado con la intención de postular a la exgobernadora catamarqueña Lucía Corpacci. No logró siquiera formalizar la propuesta. Mayans, junto a Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, se retiraron para informar a su bloque.
Ya en el recinto, el senador formoseño fijó postura: “Esto ya nace torcido porque el lema es ‘tengo número y hago lo que quiero’. No se respeta el reglamento ni la representación de los senadores”. También cuestionó a Bullrich y habló de “atropello a un sector importante de la política argentina”.
La sesión confirmó a Bartolomé Abdala como presidente provisional del Senado. Carolina Moisés fue designada vicepresidenta; Carolina Losada (UCR), vicepresidenta primera; y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), vicepresidenta segunda.
Alejandro Fitzgerald continuará al frente de la Secretaría Administrativa; Agustín Giustinian, en la Secretaría Parlamentaria; y Dolores Martínez y Lucas Clark, en las prosecretarías.
“Esa vicepresidencia era para un miembro del Partido Justicialista y eso fue respetado porque Moisés viene del PJ, aunque no del kirchnerismo”, argumentó Patricia Bullrich ante la prensa.
Un panorama adverso
En el segundo piso del Senado, donde funciona el bloque peronista, reconocen un escenario complejo. Observan un diálogo quebrado con la jefa del oficialismo y un crecimiento del respaldo de los gobernadores al esquema que impulsa La Libertad Avanza.
Entre ellos hay mandatarios peronistas que hasta 2025 buscaban el aval de Mayans para avanzar con iniciativas propias, como los cambios en la coparticipación de los ATN. Hoy, el equilibrio de fuerzas cambió. Y el oficialismo quedó más cerca que nunca de manejar la agenda de la Cámara alta.
Senado, Unión por la Patria, José Mayans
POLITICA
“Montoneros, una historia visual”: el nuevo libro de María O’Donnell con claves para el debate sobre los setenta

Montoneros, una historia visual es el cuarto libro de María O’Donnell sobre la guerrilla peronista y el más ambicioso: en lugar de centrarse en un episodio, abarca el ciclo completo. O’Donnell inició esta serie en 2015 con Born, el relato del secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, y la continuó con Aramburu (2020) y Born/Quieto (2023). Ahora narra desde el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en 1970 hasta la derrota de la organización a comienzos de los ochenta: una década en la que Montoneros pasó de ser la guerrilla urbana más poderosa de América Latina a extinguirse.
Esta investigación rigurosa, en un contexto de renovado debate político sobre aquel período, sobresale también por su narración visual: el diseñador Fernando Rapa integró texto, fotografías, documentos de época, portadas de revistas, panfletos y fichas de inteligencia, muchos inéditos.
A continuación, un fragmento del Capítulo 4 de Montoneros, una historia visual. Es 1975 y la organización alcanza su máxima capacidad militar a la vez que se distancia de la realidad nacional. El gobierno usa un fallido asalto del recién formado Ejército Montonero para escalar la represión mientras la conducción penaliza a los militantes que hablen bajo tortura.
De una guerrilla a un Ejército Montonero
Jorge Rafael Videla se estrenaba por esos días como jefe del Ejército y La Opinión anticipó: “Las Fuerzas Armadas participarán activamente en la represión del extremismo, sin que eso signifique un despliegue en todo el país como el de Tucumán desde febrero pasado”.
En simultáneo, el Ejército Montonero irrumpió en acción, con todo y uniforme —pantalón, chaqueta y gorra azules— el 5 de octubre. Una unidad de combate asaltó el Regimiento 29 de Infantería del Monte, en Formosa, cerca de la frontera con Paraguay.
Habían secuestrado poco antes un avión de Aerolíneas Argentinas, que volaba desde Buenos Aires a Corrientes, y lo habían desviado al aeropuerto de Formosa, que también controlaban. Trece guerrilleros quedaron a cargo del Boeing 737 y otros veintiséis, en seis autos, se dirigieron al regimiento —donde contaron con la complicidad de un soldado que les abrió el portón— para “recuperar” armamento. Era domingo y los guardias, en su mayoría conscriptos que cumplían el servicio militar obligatorio, repelieron el ataque.

La escena, según el relato de Montoneros: “Nos tirotean. Este tiroteo comienza a los dos o tres minutos de haber iniciado el asalto. A partir de ese momento el fuego es impresionante […] Una verdadera batalla: los soldados —armados o desarmados en algunos casos— desobedecieron la orden de rendición, en todos lados presentaron una fuerte resistencia, y en algunos lugares esa resistencia fue suicida”.

Mataron al oficial Ricardo Massaferro —hijo de un militar que se había alzado con Juan José Valle contra Aramburu—, al sargento Víctor Sanabria y a diez conscriptos de dieciocho y diecinueve años. Murieron doce montoneros; los demás escaparon en el avión a una pista ilegal en Rafaela, Santa Fe. En el cuartel quedaron veinticuatro muertos; en las horas siguientes, tres vecinos de la zona, sin conexión con el ataque, fueron asesinados por el Ejército.

“Victoria del Ejército Montonero”, tituló Evita Montonera con un triunfalismo divorciado de los hechos. A pesar de los muertos y de que sólo habían obtenido cincuenta de los doscientos fusiles que esperaban llevar, evaluaron que la incursión había sido “exitosa”. Sólo criticaron un aspecto de la planificación: no habían tenido en cuenta el “bajísimo nivel de conciencia de la población de la zona”. Una señal de la disociación creciente entre sus acciones y la percepción de la opinión pública.
Código de disciplina montonero: “Se puede ganar” a la tortura

El ataque al cuartel de Formosa facilitó que los militares obtuvieran vía libre para escalar el experimento represivo en Tucumán, ya sin límite geográfico. Con Isabel Perón de licencia, el presidente interino Ítalo Luder promulgó un decreto para habilitar “las operaciones militares y de seguridad que fueran necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
Si antes el objetivo principal a “aniquilar” había sido el ERP, ahora los montoneros se sumaban a esa categoría.

Gran parte de los actores políticos aceptaron las nuevas medidas, de carácter cada vez más excepcional. “Los acontecimientos —evaluó [la historiadora Marina] Franco— son inseparables de la escalada represiva gubernamental de los años previos. Sólo el conjunto de esos procesos, sumado a los efectos de las acciones guerrilleras de carácter cada vez más terrorista, pudo permitir que en 1975 los sectores militares pusieran en marcha y de manera abierta sus prácticas clandestinas de represión con relativa libertad de acción”.

La voz del radical Hipólito Solari Yrigoyen se alzó sola para denunciar el uso sistemático de apremios ilegales —picana, simulacros de fusilamiento y otras prácticas ilegales— por parte de los organismos de seguridad. Con la extensión de esos recursos a las fuerzas armadas, Montoneros identificó a la tortura como la principal amenaza a su supervivencia. Al mismo tiempo, sin embargo, relativizó la magnitud del desafío: “Es un combate y se puede ganar”, sentenció.

Un artículo en Evita Montonera argumentó, con una estadística casera, que los militantes podrían soportarla. Estimaron entre ochocientos y mil el número de “compañeros caídos en manos del enemigo”, el noventa y cinco por ciento de los cuales había atravesado “con éxito la tortura sin entregar ningún dato de importancia”. El silencio absoluto se impuso como un deber moral: “No hay salvación individual: el compañero que canta no alivia su situación y se destruye como persona, porque ha traicionado a los suyos”.

El margen de tolerancia que contemplaba el primer código de disciplina interno —veinticuatro horas a partir de la detención se consideraba un tiempo razonable para que se pusieran a resguardo bienes y personas ligadas al militante— dejó de existir oficialmente con la imposición del Código de Justicia Penal Revolucionario, en octubre de 1975. Se propuso un modelo de héroe absoluto, ya que no se establecía un límite de horas de silencio. Durara lo que durara el interrogatorio, durara lo que durara el tormento, quien hablara incurriría en el delito de traición.

A quienes pudieran encontrarse en esa situación, la publicación montonera aconsejó: no quedarse mudos, tener una historia plausible preparada y repetirla sin contradicciones; no creer nada de lo que dijera la policía, aunque sonara verosímil; no usar lenguaje militante; tener un domicilio “limpio” para entregar; “arbitrar los medios” para que los compañeros se enterasen en caso de caída; no llevar encima papeles “innecesarios”; recordar que “al que más sabe, más le dan” y “mostrarse como que ya se ha llegado al límite, exagerando siempre la manifestación de dolor, porque en general la tortura cesa cuando consideran que el detenido no da más”.

El nuevo código —que rigió a todos los integrantes de la organización sin distinción de rango— agregó entre las faltas la “conspiración”, la “deslealtad” y la “insubordinación”: figuras útiles contra críticas y desobediencias. Entre las sanciones enumeraba: pérdida del rango, detención en las cárceles del pueblo, quita de recursos en la clandestinidad, destierro, trabajos forzados, traslados dentro del país, expulsión y el fusilamiento —la pena de muerte a disposición de la cúpula— en casos de delación, mientras la represión recrudecía.




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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el precio de la nafta y las reacciones por el 44° aniversario de Malvinas

Se cumplen 44 años del comienzo de la Gesta de Malvinas. Este 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, nos encuentra unidos en la memoria y el reconocimiento.
Tres protagonistas de nuestras Fuerzas Armadas –@Ejercito_Arg, @Armada_Arg y… pic.twitter.com/iqqCorxvFJ
— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) April 2, 2026
Es miércoles en la ciudad de Buenos Aires. Hace calor de verano, con 77% de humedad. El sol da en el balcón del primer piso de la Casa Rosada. Antes llovió. Por los pasillos pasa el jefe de la bancada libertaria en Diputados, Gabriel Bornoroni; también el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; viene con carpetas y portafolios una delegación de la cartera de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger; entran y salen funcionarios de las oficinas de Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem, y de la zona reservada para la plana mayor presidencial.
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Hace pocas horas, en un encuentro con otros funcionarios del Gobierno, Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía, formuló el siguiente diagnóstico: “Hice todo lo que se podía hacer. Acordé con el Fondo. Arreglé con los bancos multilaterales. Conseguí el cheque de Trump. Sin embargo, el índice de riesgo sigue sin bajar. Ya no depende de la gestión económica. Depende de la situación política. Si se altera la gobernabilidad es imposible que se recupere la confianza”.
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POLITICA
El Gobierno adelantará fondos a 12 provincias y fija un tope de $400.000 millones

El gobierno de Javier Milei avanzará con un esquema de adelanto de coparticipación para 12 provincias, con un límite total de $400.000 millones. La medida será oficializada por decreto y apunta a aliviar las necesidades financieras de los distritos sin que deban recurrir al endeudamiento en el mercado.
La decisión se tomó en medio de la baja de la recaudación que afecta a la Nación y a las provincias. Se trata también de un guiño a los gobernadores, que necesitan fondos frescos para pagar salarios. Todo en la antesala de nuevos debates en el Congreso de la Nación, donde el Gobierno necesitará el respaldo de los mandatarios para avanzar con las reformas.
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Por ello, Javier Milei tiene listo un decreto para habilitar adelantos de coparticipación a doce provincias. Se trata de partidas que, a diferencia de los más discrecionales Aportes del Tesoro Nacional (ATN), les corresponde a los distritos por ley, pero que el Gobierno otorgará antes de tiempo.
Según fuentes oficiales, el monto máximo se definió en base a un análisis de la situación fiscal de cada provincia. Los fondos que se otorguen deberán ser devueltos antes de fin de año.
Uno de los puntos centrales del esquema es la tasa de interés: el Gobierno fijó un 15% para estos adelantos, un nivel considerablemente menor al que enfrentan las provincias si buscan financiamiento en el mercado, donde las tasas pueden ubicarse entre el 30% y el 45%.
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El objetivo, explican en la Casa Rosada, es ofrecer una alternativa más accesible que permita cubrir necesidades de liquidez sin agravar el costo de la deuda provincial.
El beneficio alcanzará a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Este mecanismo ya había sido aplicado en enero de 2026, cuando el Gobierno autorizó un adelanto similar para la provincia de Entre Ríos.
Según se indicó, es “una política habitual”. Entonces, en vez de que todos los meses pidan, en este caso las provincias le indicarían al Gobierno qué es lo que necesitan.
Gobierno, provincias, fondos
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