POLITICA
El kirchnerismo se opone a la reimpresión de boletas con la cara de Santilli, como pide el Gobierno
Mientras el Gobierno busca que quede en el pasado la candidatura de José Luis Espert, envuelta en un escándalo por la falta de explicaciones y las contradicciones sobre sus vínculos con el narcotráfico, y quiere teñir todo de colorado, por Diego Santilli, el kirchnerismo no piensa hacerle la jugada tan fácil a Javier Milei.
“Sería absolutamente desatinado, absolutamente improcedente”, sentenciaron altas fuentes de esa fuerza política que comanda Cristina Kirchner, secundada por su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, al respecto de la reimpresión de boletas que la Casa Rosada le exigió a la Justicia electoral, que deberá definir. El viceministro Sebastián Amerio -del riñón del estratega Santiago Caputo- trabaja denodadamente por eso en estas horas.
Las expresiones que emanaron desde el principal espacio opositor llegaron en tándem con la presentación de los apoderados de La Libertad Avanza (LLA) para pedir al Poder Judicial con competencia electoral que certifique a Santilli como cabeza de lista violeta, que mande a reimprimir con su cara todas las Boletas Únicas de Papel (BUP) que ya están listas -y las que no también-, y que Karina Celia Vázquez (más conocida como Karen Reichardt) mantenga la segunda posición. El candidato ex Pro, según supo este medio, al mediodía ya se había tomado las fotos de campaña.
Si la Junta Electoral con asiento en la provincia de Buenos Aires -integrada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Corte provincial, Hilda Kogan, y el titular de la Cámara Federal de La Plata, Jorge Di Lorenzo- convoca a una audiencia para que todos los partidos puedan opinar, en el kirchnerismo ya tienen una catarata de motivos para oponerse a que se hagan de vuelta todas las boletas, particulares este año porque por primera vez a nivel nacional se utilizará este modelo.
“Hay que resguardar el proceso electoral, la trazabilidad, la transparencia y el erario público”, afirmaban este lunes.
Sobre todo, desoían que mantener el rostro de Espert en la papeleta podría llegar a generar alguna confusión en el electorado, ahora que está corrido de la elección, y alterar la voluntad de los votantes. “Fue una decisión particular de LLA echar un candidato a esta altura”, referían por el contario, como asimismo señalaban que la medida de desplazar a Espert no fue por un motivo de fuerza mayor (como un problema de salud) sino por sus nexos con Fred Machado, empresario preso con domiciliaria en Viedma, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y con un pedido de extradición.
Siempre bajo esa postura, quienes pasan por el departamento de la expresidenta, en San José 1111, contabilizaban solo catorce días hábiles de distancia a la elección nacional del próximo 26 de octubre y descartaban que den las fechas para rehacer todo el procedimiento. Además, referían que la mayoría de los talonarios ya tienen la tinta estampada. “El proceso de impresión y revisión ya está activado”, trinaban, al contrario de las fuentes de la Casa Rosada, que decían que llegan igual si se inicia el proceso de vuelta.
En un reclamo que los detractores K podrían tildar de inusual, se anclaba también el kirchnerismo en los costos que esto representaría para el Estado nacional, una bandera que el oficialismo utilizó como justificativo para impulsar la boleta única de papel en detrimento de la tradicional y que ahora se le vino en contra. Este medio ya informó que rehacer las papeletas cuesta unos $15.000 millones, toda una cifra para las cuentas ajustadas de las que se vanagloria el Presidente.
Señalaban también en el kirchnerismo que las boletas son “documentos públicos” impresos y distribuidos por el Estado, que tienen una “trazabilidad” que se vería alterada si se avala la reimpresión. Con esto se referían a que cada talonario está identificado con el número de distrito al cual se envía, el de sección, el de circuito y la mesa. Además, los talonarios permiten detectar cuántas boletas se utilizaron y cuántas restan, para que el proceso sea lo más minucioso posible. Según el kirchnerismo, todo este sistema se vería afectado con la maniobra que pretende el gobierno de Milei, ahora que dio de baja a Espert tras idas y venidas.
Como adicional, recordaban que en casos anteriores no se optó por reimprimir e hipotetizaban sobre qué pasaría si este problema se hubiera dado en un espacio de menos tracción de votantes por apartar un postulante. “¿Y si fuera el partido de Santiago Cúneo? ¿Se mandaría a hacer todo otra vez?“, se preguntaban.
“No hay ningún argumento que le de la razón a LLA para reimprimir”, resumían.
Con el mismo talante se mostraban en este inicio de semana en el Frente Renovador. Los laderos de Sergio Massa aseguraban que el Gobierno tenía “conocimiento del prontuario” de Espert desde 2019 y que, más allá de eso, “conscientemente” eligieron ponerlo como cabeza de lista.
En ese marco, el diputado bonaerense Rubén Eslaiman ya presentó un proyecto de ley para evitar que se vuelvan a confeccionar las boletas. “La ley 27.781 establece que la impresión debe hacerse una sola vez, en cantidad equivalente al padrón +5%. Esto garantiza igualdad y austeridad. Aceptar esa pretensión [del Gobierno] viola la igualdad entre fuerzas, genera gasto innecesario y abre la puerta a nuevos reclamos por cualquier modificación de listas”, aseguró Eslaiman.
Por su parte, los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria Jimena López (segunda en la lista) y Sebastián Galmarini, voceros autorizados de Massa, cuestionaron al Presidente por bajar a Espert y pretender ahora una concesión de la Justicia electoral.
“Vean cuánto costó el capricho de Milei de tener un narco en su boleta”, se jactó el hermano de Malena Galmarini y acotó: “En 2023, imprimir boletas costó el equivalente a $34.000 millones de hoy. En 2025, ya van $43.000 millones (+IVA $52.000). Ahora deben reimprimir por poner a Espert y bajarlo dos semanas antes. El gasto sumaría otros $14.000 millones. Todo mientras dicen que no hay plata para la salud, las universidades ni las jubilaciones. ¡No tienen perdón!”.
En tándem, López marcó: “La reimpresión de boletas implica en costos 20.000 tratamientos para personas con discapacidad durante un año”.
De momento, en el entorno del gobernador Axel Kicillof se mostraron cautos y se limitaron a decir que el tema lo tiene que definir la Justicia electoral.
Sin embargo, por los pasillos de La Plata se escuchó esta tarde que era un “delirio” gastar $15.000 millones en la reimpresión.
En una campaña inédita, Jorge Taiana, el primer candidato de Fuerza Patria en la Provincia, de momento solo le aceptó a Santilli debatir “cuando se confirme” si será el candidato.
El excanciller recién ahora empieza a recibir los primeros dardos de los dirigentes libertarios, fogoneados por los propagandistas en redes, que durante todo este tiempo estuvieron más ocupados en tener que responder sobre las polémicas propias.
reimpresión de boletas,ya informó que rehacer las papeletas cuesta unos $15.000 millones,@HCDiputadosBA,pic.twitter.com/FpPzcGtHH9,October 6, 2025,Paula Rossi,Cristina Kirchner,Sergio Massa,Axel Kicillof,Conforme a,Cristina Kirchner,,Causa Cuadernos. Qué decisión tomó la Justicia sobre los empresarios,,»Si hubiera arreglado…». La controvertida frase de Milei sobre la condena a Cristina Kirchner y la independencia de la Justicia,,PJ. La reunión entre Cristina y Kicillof dejó como saldo un hermetismo que se expandió también a la tropa propia
POLITICA
Reforma laboral: la mesa política del Gobierno se reúne para definir si elimina el artículo de Ganancias tras el pedido de los aliados
La semana clave para la reforma laboral de Javier Milei continúa hoy a partir de las 10:00 con una reunión decisiva en la Casa Rosada. La mesa política de La Libertad Avanza se encontrará en la previa de la sesión del Senado, convocada para este miércoles, en un clima marcado por la negociación con los bloques aliados que piden la eliminación del capítulo de Ganancias y una creciente tensión sindical en la calle.
El oficialismo llega a esa instancia con el objetivo de ordenar su estrategia legislativa y despejar incertidumbres sobre el texto final que se debatirá en el recinto. La discusión se da mientras la CGT prepara una movilización al Congreso en rechazo al proyecto y sectores gremiales combativos avanzan con medidas de fuerza propias, que incluyen un paro de actividades de transporte y estatales, un plan de lucha que la central obrera rechazó convocar.
Leé también: Reforma laboral: comerciantes y bancarios se metieron en el debate y cuestionan artículos clave del proyecto
La sesión en la Cámara Alta será el primer gran test parlamentario del año para el Gobierno. En ese marco, la conducción libertaria busca evitar sorpresas y llegar al debate con el mayor nivel de previsibilidad posible, tanto en la votación en general como en los artículos más sensibles.
En Balcarce 50 ya avisaron que están dispuestos a hacer cambios y, en ese contexto, la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades está cada vez más cerca de ser excluida del proyecto por pedido de las provincias, que cuestionan tener que afrontar una nueva caída de recursos coparticipables.
Mientras los gobernadores piden garantías sobre una compensación de esas pérdidas, como volver a coparticipar el Impuesto al Cheque, el senador radical Eduardo Vischi planteó la opción de que Nación y provincias acuerden un nuevo pacto fiscal.
Reunión clave del oficialismo
La mesa política de LLA volverá a encontrarse con la mirada puesta en el poroteo fino del Senado y en la coordinación con gobernadores y bloques dialoguistas. El encuentro será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contará con la participación de los principales armadores políticos del oficialismo: Santiago Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Luis Caputo e Ignacio Devitt.
En la Casa Rosada dan por hecho que la definición de la estrategia no se limitará a un solo punto del proyecto. El foco está puesto en asegurar apoyos y reducir el margen de conflicto durante la sesión, en un contexto en el que cada voto resulta determinante para el Gobierno.
Durante las últimas horas, los contactos con mandatarios provinciales y senadores aliados se intensificaron. El objetivo fue llegar a la reunión política con un panorama claro de los respaldos y de los eventuales costos de sostener o modificar algunos artículos del proyecto.
Además, Bullrich recibió a los presidentes de bloques aliados, en la que acordaron la modificación de unos 30 artículos, según confirmó la titular del bloque de LLA en el Senado, y quedó a un paso la eliminación de Ganancias.
Negociaciones contrarreloj con aliados y gobernadores
En ese marco de negociaciones contrarreloj se sucedieron varias reuniones en la Casa Rosada con mandatarios provinciales aliados, con el eje puesto en el impacto de la reforma y en la necesidad de garantizar el avance de la agenda legislativa.
Desde el Gobierno insisten en que la reforma laboral forma parte del plan para atraer inversiones y mejorar la productividad, un argumento que fue reiterado en los encuentros con dirigentes del interior. Sin embargo, también admiten que el respaldo parlamentario depende de equilibrios frágiles y de acuerdos que deben cerrarse antes de la sesión.
La mesa política evaluará este martes cómo traducir esas conversaciones en votos concretos y qué margen de maniobra tiene el oficialismo para sostener el texto sin abrir nuevos frentes de conflicto en el Senado. La clave está en la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta directamente a los recursos coparticipables y que es el de mayor resistencia de parte de los senadores de las provincias dialoguistas.
La presión sindical y la fractura del frente gremial
Mientras el Gobierno define su hoja de ruta, el sindicalismo mostró señales de fragmentación. La CGT convocó a una movilización al Congreso para el miércoles, pero evitó llamar a un paro general, con la intención de que una demostración masiva en las calles durante el debate legislativo alcance para frenar los artículos más conflictivos para los gremios.
Leé también: Reforma laboral: comerciantes y bancarios se metieron en el debate y cuestionan artículos clave del proyecto
En paralelo, los gremios del transporte nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron un paro desde las 13:00. La medida afectará vuelos, trenes, subtes y el transporte de carga, con impacto en todo el país, y coincidirá con la marcha cegetista.
A esa decisión se sumaron otros sindicatos industriales y de servicios que optaron por medidas de fuerza propias, que se desmarcaron de la conducción de la CGT para elevar la presión sobre el Senado en la jornada del debate.
En la misma línea, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó una huelga de 24 horas con movilización al Congreso y llamó a “parar igual” aunque no exista una convocatoria formal de la CGT, según expresó su secretario general, Rodolfo Aguiar, en un plenario federal de delegados y horas después de haberse reunido con Pablo Moyano.
reforma laboral, Javier Milei, Senado
POLITICA
El Gobierno tuvo que retirar su reforma penal juvenil y enviará otra que lleva la edad de imputabilidad a 14 años
A un día de dictaminar y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno decidió no avanzar con el proyecto de baja de imputabilidad en menores que había enviado el lunes al Congreso, debido a que no contempla la edad que se había consensuado con la oposición en ambas cámaras, y remitir uno nuevo para ser tratado mañana en comisiones.
El Poder Ejecutivo enviará este martes nuevamente un proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil que establece el límite para la punibilidad en menores será de 14 años y no de 13, como establecía el documento que se había remitido al Poder Legislativo al comienzo de la semana.
“Hubo una desinteligencia. No se va a retirar el proyecto, lo van a volver a mandar con 14. Pero sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.
La hoja de ruta prevista para los próximos días será la siguiente. Para conseguir el dictamen, La Libertad Avanza debe avanzar primero con la constitución de las comisiones clave donde se van a votar la iniciativa. A las 10 de esta jornada se verá quienes ocuparán la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Mientras que a las 11 se hará lo mismo con la Comisión de Justicia. Ambas deberán fijar sus respectivos presidentes, vices, secretarios y vocales.
La reunión de comisiones está fijada para el miércoles a las 11. Además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. La incorporación de esta última comisión se produce porque, además de tener un efecto concreto en la baja de la edad en la cual un menor cumple responsabilidades penales, el proyecto tiene una importante implicancia presupuestaria.
En el artículo 51 se determina la asignación de $23.739.155.303,08 para la implementación del nuevo régimen, detallando las partidas que corresponderán al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.
El texto también habilita la posibilidad de acuerdos entre las provincias y la Nación para el envío de partidas presupuestarias específicas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones. “Este último punto fue negociado desde el Ejecutivo y el mismo bloque de LLA en Diputados, presidido por el diputado nacional Gabriel Bornoroni, quien fue el principal responsable de convencer internamente la necesidad de movilizar de manera exprés el debate y fijar la edad de imputabilidad en 14 años”.
Pese a que ciertos sectores del oficialismo marcaban la necesidad de bajarla a los 13 años, la posición de opositores aliados al Gobierno como el PRO y la UCR ya estaba fijada en 14 años. “Ese fue el consenso”, marcaron a Infobae. Así, el régimen penal juvenil presentado replica el espíritu del texto del año previo, proponiendo penas diferenciadas respecto del régimen penal adulto y sin posibilidad de reclusión perpetua.
El proyecto contempla una pena máxima de 15 años de prisión para los tipos delictivos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestro; mientras que en la iniciativa dictaminada el año pasado esta barrera era de 20 años.
El enfoque del proyecto busca dar respuesta a las inquietudes sociales en materia de inseguridad asociada a adolescentes y desarticular posibles usos de menores como instrumentos para el delito, considerando que en la actualidad los menores de dieciséis años son inimputables. El texto promueve medidas de resocialización como prioritarias. Para los menores de hasta quince años imputados por delitos graves, los jueces tendrán la potestad de dictar privaciones de libertad, aunque deberá prevalecer la reinserción social.
Los delitos menores quedarían sujetos a sanciones no privativas de libertad, incluyendo tareas comunitarias y la obligación de reparación del daño causado, evitando la institucionalización salvo como último recurso. El Gobierno también propone la creación de institutos especiales donde los menores condenados cuenten con garantías de acceso a la educación, atención médica y tratamientos en caso de adicciones, conforme a un personal especializado en infancia y adolescencia y con la prohibición de cualquier convivencia entre menores y adultos detenidos.
El texto subraya derechos reforzados para los imputados durante el proceso judicial: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y derecho a ser informados y escuchados en cada instancia, elementos que fueron motivo de debate presupuestario y que ahora aparecen previstos en la nueva estructura financiera del proyecto.
La Argentina cayó cinco puestos en el ranking de índice de Percepción de la corrupción que realiza la organización Transparencia Internacional, que año a año analiza el desempeño de los países a nivel global. El país pasó del puesto 99 en el 2024 al 104 en el 2025, con 36 puntos sobre 100, en el segundo año de mandato del presidente Javier Milei. De esta manera se ubica en el puesto 106 entre 182 naciones.
El nuevo informe se conoció luego del procesamiento sin prisión preventiva del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en la causa por corrupción en el organismo. Sumado al caso Libra y a la renuncia de Demian Reidel como titular de Nucleoeléctrica Argentina en medio de sospechas de sobreprecios.
Leé también: La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en la causa por corrupción en la ANDIS
La organización advirtió, en el caso de la Argentina, que “las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables”. La Argentina comparte el puesto con Belice y Ucrania, y está por encima de otros países como Zambia, Lesoto, Gambia, y República Dominicana.
La Argentina se ubica en el puesto 19 de 33 países en América, donde quienes tienes mejores puntuaciones son Canadá (75 puntos) en el puesto 16, y Uruguay (73 puntos) en el puesto 17. Mientras que Nicaragua y Venezuela son los países con las peores calificaciones del continente.
El presidente de Poder Ciudadano, Martín D´Alessandro, dijo al respecto que “es ampliamente conocido que el desarrollo capitalista sólido y socialmente eficiente no se obtiene con pases mágicos en la retórica y a la vez barriendo la tierra debajo de la alfombra, sino con políticas adecuadas y sostenidas en el tiempo». Advirtió que “en el caso de la integridad, y a la luz de la evidencia internacional disponible, estas políticas constituyen una deuda pendiente cada vez más urgente».
Mientras que el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, explicó: “Las malas novedades para la Argentina en este índice están relacionadas con la ausencia total de interés por parte del Gobierno en impulsar políticas anticorrupción».
Secchi le hizo fuertes advertencias al Gobierno en materia de transparencia, luego de la difusión de un nuevo informe de Transparencia Internacional: “Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción. A esto se le suman los casos de $LIBRA y la Agencia Nacional de Discapacidad que, además de la sospecha de corrupción, no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno”.
Javier Milei, Corrupción
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: condenaron a prisión perpetua al clan Sena
El gasto público cayó 5,1 puntos del PBI y alcanzó su nivel más bajo en una década
Iran draws missile red line as analysts warn Tehran is stalling US talks
Reforma laboral: la mesa política del Gobierno se reúne para definir si elimina el artículo de Ganancias tras el pedido de los aliados
Cami Homs celebró el cumpleaños de su hija Francesca: inflables, decoración pastel y familia ensamblada
Franco Colapinto saldrá a pista en los tests de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: horario, cómo verlos en vivo y todo lo que hay que saber
Natalie Weber contó toda la verdad del coqueteo de Sabrina Rojas a Mauro Icardi en un boliche: “Yo sé lo que pasó esa noche y te puedo decir que Sabrina no fue”
Top fiery moments as Democrats clash with Treasury Secretary Bessent in chaotic Hill hearings
Cande Tinelli tiene nuevo novio y casi se matan a piñas con su ex pareja
El sector industrial advierte que la apertura económica exige eliminar las distorsiones internas
ECONOMIA2 días agoEl sector industrial advierte que la apertura económica exige eliminar las distorsiones internas
- CHIMENTOS2 días ago
Mirtha Legrand se quebró desconsolada al hablar de la renuncia de Jimena Monteverde a su mesaza
- DEPORTE3 días ago
Central Córdoba vs. Unión: formaciones, hora y dónde ver por tv
