POLITICA
El líder de la CGT atribuyó la reforma laboral a la esquizofrenia electoral: “La sociedad vota con emoción y después te reclama con razón”
La entrevista con Jorge Sola en Infobae a las Nueve expuso el rechazo sindical a la reforma laboral aprobada en el Senado. El secretario general de la CGT advirtió sobre una presunta pérdida de derechos de acuerdo a la visión de su sector y el impacto político de la votación.
Jorge Sola, secretario general de la CGT, adjudicó la media sanción de la reforma laboral a lo que definió como una “esquizofrenia electoral” de la sociedad argentina que le permitió al oficialismo ganar las elecciones presidenciales en 2023 y aumentar su representatividad en el Congreso durante los comicios legislativos del año pasado.
“La sociedad vota con emoción un domingo y el lunes te reclama con la razón. Te dice voto esto porque no me gustaba lo de atrás, porque hay incertidumbre de futuro, pero después al otro día te dicen ‘pero che, estos derechos me los van a sacar’”, señaló. “Sí, son los que votaste y hoy tienen noventa diputados y veinte senadores. Eso es lo que se votó. Bien. Contra eso, que es una fortaleza política de este gobierno, hay que pelear”.
Durante la charla con el equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Sola remarcó la postura de la CGT frente al avance del proyecto oficialista: “Nosotros militamos por un proyecto que se oponía al de la senadora Bullrich, en ese caso candidata a presidenta, y al del presidente Milei. Perdimos. Exactamente, lo hicimos militando, diciendo: ‘Lo que está enfrente va a venir por los derechos de los trabajadores’. Tratamos de convencer a la gente, no lo logramos. Se ganó esa opción”.
La CGT y la advertencia sobre la pérdida de derechos laborales
Sola enfatizó que la reforma se apoya en “la conculcación de muchos derechos individuales”, y criticó el debilitamiento de la representación gremial. “Hay una gran cantidad de derechos individuales de los trabajadores que van a ser conculcados. El debilitamiento de las representaciones gremiales, el derecho de huelga, las asambleas, la representación gremial, las estructuras gremiales, y después una gran transferencia de recursos económicos por parte de los trabajadores hacia el sector empresario”, enumeró.
El dirigente gremial sostuvo que la organización advirtió con anticipación el riesgo de este escenario: “La CGT advirtió sobre lo que se enfrentaba ante este proyecto y que se votara. Apenas inició el gobierno, fuimos los primeros que estuvimos en pie de lucha y seguimos estándolo. Somos la única estructura del movimiento social que está en pie de lucha permanente desde el primer mes en que asumió este presidente”.
Consultado sobre la magnitud de la movilización sindical tras la media sanción, Sola defendió la capacidad de convocatoria de la central obrera: “Había cien mil personas en la plaza. Yo estuve ahí adentro, caminé cada una de las columnas. Por supuesto, hubo otros grupos que se sumaron a los que nosotros no controlábamos. Nosotros, la protesta y el reclamo en paz social, lo hemos mantenido en cada situación de la democracia argentina”.
Las críticas a la reforma y el rol de la CGT
Uno de los puntos más discutidos fue la supuesta falta de contundencia de la CGT en su respuesta. Sola rechazó esa lectura: “Es una percepción tuya. Nosotros estamos en un plan de acción que empezó el 18 de diciembre con una convocatoria y ayer tuvimos otra, desvirtuada por servicios que trataron de cambiar el foco. Pero la herramienta del paro y de la huelga todavía está en vigencia”.
A la vez, Sola se desligó de los incidentes ocurridos tras la retirada de la CGT de la Plaza de Mayo: “Cuando los tres secretarios generales llegamos al frente de la columna, a los diez minutos se desvirtuó todo. Ese sector fue para el lado de la CGT, pero no voy a hablar de eso, porque si no estamos hablando de la anécdota y no de lo central”.
Respecto a la defensa de los derechos laborales, Sola remarcó: “No hay modo de recuperar ningún derecho individual si no hay una estructura gremial que represente a los trabajadores. El proceso que se pretende, de tratar de que cada trabajador puede defender por sí mismo sus derechos en esta suerte de idealización que tiene el gobierno, no existe. La única manera es con estructuras gremiales fuertes que representen los intereses de los trabajadores”.
El debate por los aportes sindicales y la judicialización de la reforma
Sola contestó a quienes acusan a la CGT de priorizar el mantenimiento del aporte sindical por sobre otros derechos: “Ningún aporte es obligatorio de por sí. Vos no te afiliás a un gremio porque el gremio lo decide”. Y aclaró: “Ese aporte solidario es el que se hace en algunas cuestiones circunstanciales y particulares por la negociación paritaria o convenio colectivo. No todos los gremios lo tienen”.
El dirigente advirtió sobre las consecuencias del debilitamiento de la estructura social: “Cualquier estructura social que se debilite, como lo están haciendo con las jurisdicciones provinciales sacando dinero o con las obras sociales, implica profundizar la rotura del tejido social productivo y eso implica mayor desorden social del que hoy tienen”.
En cuanto a la judicialización del tema, Sola fue tajante: “¿Ustedes creen que puede pasar que hay violaciones de derechos constitucionales? El derecho de huelga no pasa el filtro de la constitucionalidad ni cerca, sino otro que atraviesa todo el proyecto de ley y que tiene que ver con el principio protectorio del derecho del trabajo. Esta ley, así como está votada, no termina aplicándose. Ya lo digo”.
Sola también abordó el tema de las licencias laborales, a raíz de declaraciones de Federico Sturzenegger: “No hay licencias eternas. Las licencias siempre tienen una certificación médica. En la actual ley de contrato de trabajo, el empleador puede chequear que esa enfermedad inculpable suceda. La filosofía de Sturzenegger es que la economía no está al servicio del trabajador, el trabajador es un engranaje para que funcione la economía. No funciona así el mundo, ni en los países que él dice llevar como norte”.
El desafío de la representatividad sindical y el recambio generacional
Sola defendió su rol y el de la actual conducción de la CGT ante las críticas a la dirigencia sindical: “Yo represento a la CGT, que muchas veces desde los medios piden un recambio. Este es un recambio, no solo desde lo discursivo, sino también de lo pragmático. Todavía no pudimos poner en agenda la gran cantidad de cuestiones que tenemos para hacer de la CGT porque la agenda que apenas asumimos nos la puso el Gobierno con la reforma laboral”.
Al ser consultado sobre la percepción social de los líderes sindicales, respondió: “Vos no sabés lo que soy yo. Corro solidariamente, construyo merenderos, voy a mi ciudad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. A nosotros nos revalidan con una inspección permanente del Ministerio de Trabajo. Después, la moral de cada uno se la defiende cada dirigente”.
Finalmente, defendió la legitimidad de la afiliación sindical: “La representación sindical en la Argentina es una de las más grandes del mundo. Tenemos alrededor de nueve millones de trabajadores formales y más del 50 % de los afiliados. Firman y dicen: ‘Yo quiero estar afiliado a este gremio’, porque ven que ahí hay una representación”.
Sola concluyó explicando el próximo paso del plan de lucha: “Nos reunimos en consejo directivo para definir cómo seguimos el día que se trate en diputados. Prefiero muchas más veces la gente en la calle que un silencio que no hable”.
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POLITICA
Milei recibe al presidente de Chile en la Casa Rosada para profundizar el comercio y reforzar la seguridad
Luego del descanso por Semana Santa, el presidente Javier Milei retoma la agenda política este lunes con una reunión en Casa Rosada con su par de Chile, José Antonio Kast, que llegó a Casa de Gobierno pasadas las 10.00.
El encuentro se da en medio del escape de un exguerrillero chileno que vive hace años en la Argentina pese a contar con un pedido de extradición de la Justicia trasandina.
El jefe de Estado del país vecino llegó a la Argentina este domingo para llevar adelante su primer viaje internacional desde su asunción, el pasado 11 de marzo.
Así, el primer destino elegido por el mandatario chileno fue Buenos Aires, tal como lo había hecho su antecesor, Gabriel Boric, cuando este visitó a Alberto Fernández un mes después de haber llegado al Palacio de la Moneda.
Sin embargo, la elección de la Argentina como primera parada se ampara también en la profunda afinidad ideológica entre Kast y Milei, quien le manifestó su explícito apoyo en las últimas elecciones presidenciales chilenas.
Kast llegó al país acompañado por su canciller, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y Juan Antonio Coloma, secretario general de la Unión Demócrata Independiente, un partido alineado con la dictadura de Augusto Pinochet fundado por el asesinado Jaime Guzmán. A ese grupo se suma el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.
De acuerdo a la agenda oficial de la Presidencia chilena, Kast inició a su agenda en la Argentina con un desayuno formal en la Embajada de Chile, donde participó su comitiva y autoridades argentinas, entre ellas, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
Luego, el mandatario tenía previsto presentarse a las 9:30 ante el Monumento del Libertador José de San Martín, en la plaza homónima del barrio porteño de Retiro, para depositar una ofrenda floral al prócer argentino. Pero la actividad se suspendió por el mal tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Pasadas las 10 Kast es recibido por Javier Milei en su despacho en la Casa Rosada. Los temas de la reunión privada aún no fueron difundidos por las autoridades nacionales, pero el medio chileno La Tercera aseguró -consignando a la Cancillería local- que “los focos formales de la reunión estarán en comercio y energía, en línea con una agenda que busca fortalecer la relación económica entre ambos países”.
Por fuera de la agenda formal, la reunión bilateral se enmarca también en la búsqueda de Javier Milei de forjar una alianza estratégica con Kast y otros líderes de centroderecha de la región. El objetivo es conformar un bloque de países con programas económicos liberales y socialmente conservadores.
En esa sintonía, ambos mandatarios asistieron a la cumbre de líderes latinoamericanos convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 7 de marzo.
El evento se enmarcó en el lanzamiento del denominado Shield of the Americas (Escudo de las Américas), un proyecto impulsado por el republicano para promover “la libertad, la seguridad y la prosperidad en el continente americano”. De fondo, yace un alineamiento político con Washington que contribuya a frenar el avance de la influencia de China en la región.
Una cara conocida en la Casa Rosada
El líder del Partido Republicano ya visitó la Casa Rosada el pasado diciembre, en un encuentro donde ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta para el trabajo enfocada en la seguridad regional y fronteriza, como así también en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
La agenda de seguridad volverá a estar especialmente presente en el nuevo encuentro, producto de la fuga de un exguerrillero chileno que vivía en la localidad bonaerense de Moreno y que el país limítrofe busca extraditar hace años.
Se trata de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, exmiembro del grupo izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMN) acusado del asesinato del senador derechista chileno Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.
El exguerrillero de 75 años de edad llegó a la Argentina en 1993 y tras una breve detención en 2004 -por un pedido formal de Chile- se encuentra en libertad desde 2005. Si bien la Corte Suprema de Justicia concedió la extradición, el gobierno de Néstor Kirchner no lo ejecutó y le concedió ese año el estatus de refugiado político. 
Esa protección fue revocada por la gestión de Mauricio Macri en 2017, pero la expulsión quedó en suspenso durante años por una serie de recursos de apelación e impugnaciones presentadas por Apablaza ante la Justicia. Finalmente, “habría dejado de estar a derecho en ese juicio y se ordenó su inmediata detención”, según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad el pasado viernes.
Sin embargo, cuando efectivos de Interpol allanaron su domicilio la semana pasada, Apablaza se había dado a la fuga. Para dar con su paradero, la cartera que comanda Alejandra Monteoliva dispuso una recompensa de $20 millones para obtener información que facilite su captura.
Javier Milei, Jose Antonio Kast, Casa Rosada
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el cese definitivo de los planes sociales. “Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social”, destacaron en un comunicado.
A su vez, informaron la creación de un programa de capacitación y empleo: “Es una política social justa que no condena a las personas al asistencialismo y que, por intermedio del trabajo, les da libertad y dignidad”.
La política, firmada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, elimina la intermediación y establece transferencias directas a los beneficiarios, con un plazo de transición de un año y la obligatoriedad de asistir a instancias de formación laboral y educativa. Y alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual.
Desde el gobierno porteño apuntaron a que la medida apunta a dejar atrás el modelo asistencialista para introducir criterios de permanencia basados en residencia, situación socioeconómica y cumplimiento de requisitos formativos, en articulación con el sector privado mediante convenios con empresas y cámaras.
“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, remarcó Macri desde sus redes sociales.
En el proceso de revisión del antiguo sistema, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño detectó y eliminó 1.274 beneficiarios irregulares. El esquema previo implicaba convenios con 85 organizaciones y representaba un gasto de $10 mil millones anuales, según datos oficiales citados por la gestión de la Ciudad.
El nuevo programa reemplaza el pago mensual por un esquema en el que la formación educativa y la capacitación laboral son requisitos ineludibles. La iniciativa incluye acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas del sector servicios, salud, hotelería y mantenimiento —entre ellas, Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa—, así como universidades para facilitar prácticas y empleo.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, subrayó: “Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”. El funcionario remarcó que la experiencia de transformar el sistema de comedores sociales —donde ya implementaron controles digitales mediante DNI— será replicada y perfeccionada en este nuevo esquema de transferencia directa.
Además, una auditoría reciente a cargo del Gobierno porteño detectó la existencia de más de 5.000 raciones irregulares y casos de beneficiarios fallecidos, así como titulares de bienes de alto valor y jubilaciones elevadas dentro del sistema de comedores. Esto derivó en el cierre de 40 comedores y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.
El nuevo programa se sostiene en cuatro pilares fundamentales: la formación obligatoria para todos los beneficiarios, su carácter transitorio con plazo máximo de un año, la articulación con el sector privado para permitir pasantías y prácticas laborales en empresas y el establecimiento de criterios claros de elegibilidad. Los pagos se realizarán de manera directa y quienes no cumplan con las condiciones perderán el beneficio.
La administración porteña sostuvo que este enfoque no solo evita el “negocio de la pobreza” y la intermediación, sino que busca devolver la “dignidad” al transformar el asistencialismo en una herramienta de acceso a la autonomía económica. El resultado es un esquema cuyo eje central es la «inserción laboral real y la transparencia» en la asignación de recursos, con la meta de “dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaban en todos los casos a quienes realmente lo necesitan”.
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El Gobierno oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista, como anticipó TN. La inscripción fue incorporada al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y formalizada a través de una resolución conjunta del Ministerio de Seguridad y de la Cancillería.
La resolución conjunta 3/2026 publicada en el Boletín Oficial advirtió que la CGRI “representa una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional, con riesgo para la vida, bienes y patrimonio de los habitantes de la Nación”. Está firmada por los ministros, Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).
La advertencia surgió de “informes de carácter reservado elaborados por las áreas competentes de los Ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que justifican la presente resolución conjunta”.
Los detalles de la declaración como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán
La resolución que formalizó la declaración como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán mencionó que “de conformidad con los precitados informes, se advierte la existencia de una amplia evidencia en lo referente a la participación directa de la organización terrorista (CGRI) en el financiamiento y ejecución de atentados terroristas”.
Destacó que la inclusión del (CGRI) en el (RePET) “se presenta como una herramienta necesaria, proporcional y adecuada para fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento, en consonancia con los estándares internacionales vigentes y con las obligaciones asumidas por la República Argentina en la materia”.
Explicó que “la complejidad y el alcance del abordaje de las conductas criminales vinculadas con el crimen organizado demandan un esfuerzo a nivel nacional para concebir estrategias de intervención adecuadas que permitan la optimización en la asignación de recursos y contribuyan a la mejora de los resultados de las investigaciones”.
Advirtió que el crimen organizado “constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada».
Destacó que “la colaboración y el intercambio de información facilitan desarrollar una estrategia más efectiva que contemple aspectos vinculados con la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos de crimen organizado”.
El Gobierno mencionó la semana pasada en el anuncio de la medida los atentados a la Embajada de Israel en 1992, “por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, y el de 1994 en la AMIA, “el peor ataque terrorista en suelo argentino”.
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