POLITICA
El mapa de la marcha al Congreso contra la Reforma Laboral: el Gobierno decidió reforzar la seguridad y vigilancia
El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Alejandra Monteoliva, dispuso endurecer los controles para la marcha prevista en el Congreso contra la Reforma Laboral, impulsada por piqueteros, partidos de izquierda y gremios agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos. Tal como anticipó Infobae, se realizara una requisa de mochilas y se controlarán los vehículos, incluyendo camionetas y micros destinados al traslado de activistas. El protocolo antipiquetes se aplicará como en todas las movilizaciones. Desde la Cartera de Seguridad explicaron que “las diferecias que pueden haber son en las formas de la manifestación, dependiendo de la densidad de personas, de donde vienen, hacia donde pretenden ir”.
La medida se fundamenta en el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal y en el artículo 6, inciso 13, del Decreto 383/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que faculta a la Policía Federal Argentina (PFA) a realizar este tipo de procedimientos sin orden judicial cuando existan motivos razonables para presumir la comisión de un delito y no sea posible aguardar una orden debido al riesgo de pérdida de pruebas, siempre que la acción se lleve a cabo en la vía pública o en lugares de acceso público. Requisitos que, para los funcionarios de La Libertad Avanza, “se cumplen.” En estas situaciones, debe labrarse un acta detallando las razones y notificar de inmediato al representante del Ministerio Público Fiscal.
La decisión de intensificar la seguridad y los controles para la protesta contra la Reforma Laboral en el Congreso tiene como antecedente inmediato los disturbios ocurridos el miércoles 11 de febrero frente al propio recinto, durante una marcha que coincidió con la media sanción de la norma en la Cámara Alta. Allí, grupos extremos y encapuchados arrojaron bombas molotov sobre los efectivos policiales. Por ese episodio resultaron judicializadas 26 personas, entre ellas un menor de 16 años con antecedentes de robo y violencia. Además, se dispuso un despliegue especial de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad, junto con un vallado preventivo en los alrededores tanto del Congreso de la Nación como de la Casa Rosada.
En la cartera liderada por Monteoliva explicaron a Infobae que el objetivo de los controles es “prevenir riesgos y mantener la seguridad”, procurando evitar cualquier amenaza a la integridad de manifestantes y personal de seguridad. Para esa jornada, la CGT convocó a un paro general, al que adhirieron los medios de transporte. La principal central de trabajadores, al igual que la mayoría de los movimientos sociales nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), no movilizarán. En cambio, participarán activamente las organizaciones de izquierda más radicalizadas, piqueteros y sindicatos enrolados en el Frente de Sindicatos Unidos, entre los que se cuentan la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), junto con las dos CTA, que impulsan una movilización numerosa. A este grupo se suman organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
Frente a la dificultad de acceder a la zona cercana al Congreso en transporte público, piqueteros y gremios que planean marchar hacia las avenidas Entre Ríos y Rivadavia lo harán en autos y micros desde diferentes puntos del Gran Buenos Aires, La Plata y CABA.
El Ministerio de Seguridad impuso un perímetro de seguridad para la prensa en Hipólito Yrigoyen al 1700 para resguardar la integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación que cubran las novedades en los alrededores del parlamento.
También habrá vallados en la zona del palacio legislativo y en Plaza de Mayo.
Las dos CTA y ATE anunciaron que concentran, desde las 12 en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo. La sesión en la Cámara de Diputados está prevista para las 14 horas. Las organizaciones de jubilados marcharán desde Avenida Rivadavia, entre Combate de los Pozos y Callao. La delegación de la UTEP concentra en Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos y el Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras se concentran en Avenida Rivadavia y Entre Ríos.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunciaron que a partir de las 11 de la mañana realizarán una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, en Avenida Hipólito Yrigoyen 1584, y una hora después concentrarán en Salta y Avenida de Mayo para iniciar la movilización hacia el Congreso de la Nación con tres consignas fuerza:
– En defensa de los derechos de los trabajadores.
– Por un urgente aumento de salarios.
– En defensa de la industria nacional y el trabajo.
El anuncio de la CGT referente al paro nacional sin movilización generó críticas de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, diputados nacionales del PTS-Frente de Izquierda, quienes acusaron a la dirigencia cegetista de “limitar la fuerza que se expresó en las calles el pasado 11 de febrero” y propusieron realizar “acciones en todo el país y organizar caravanas desde distintos puntos para confluir en el Congreso”.
Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, una organización que forma parte de Territorios en Lucha opinó que: “El cierre de FATE no es un hecho aislado, es el resultado directo de las políticas de Javier Milei. Cierre de fábricas, despidos y suspensiones son las consecuencias de la apertura indiscriminada de las importaciones y de un mercado interno deprimido».
Para la ex candidata a la gobernación bonaerense: “En ese contexto, la aprobación de una reforma laboral como la que encabezan Patricia Bullrich y Milei, solo traera más precarización, peores salarios y volver a meter la mano en el ya flaco bolsillo de jubilados”.
La UTEP, por su parte, resolvió alinearse con la decisión de la CGT: llevarán adelante “actividades locales que surjan en los distritos” y enviarán una “delegación” a la Plaza Congreso para desplegar algunas banderas, argumentando las dificultades logísticas derivadas del paro de transporte. En un comunicado oficial, la Unión Trabajadores de la Economía Popular señaló: “Con las modificaciones que se introducirán en la Cámara de Diputados, como la eliminación del artículo 44 (que creaba un nuevo régimen de licencia laboral), la ley vuelve al Senado y allí nos movilizaremos nuevamente con toda fuerza”.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal objetó el proyecto de ley de reforma laboral en cuanto afecta su patrimonio, dispone el pago de la indemnización en cuotas y limita el pago de las costas.
La entidad, en una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó su preocupación porque dice que la reforma debe ajustarse a los límites de la Constitución y los tratados internacionales.
Los abogados se quejaron de los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, al afirmar “que afectan de manera directa al ejercicio profesional de la abogacía”.
El artículo 20 prevé que el abogado laboralista tenga que pagar las costas del juicio con su propio patrimonio si el juez considera que el reclamo fue una “pluspetición inexcusable”.
Es decir, si el trabajador reclama una “sobreestimación inexcusable”, la norma propone hacer responsable también al abogado por las costas.
“La ambigüedad de cuándo estaríamos frente a una pluspetición inexcusable implica introducir un riesgo patrimonial directo para el y la profesional actuante”, dice la carta.
Ya hay otras normas que sancionan la temeridad o malicia del abogado, pero introducir este cambio supone “una discriminación no aceptable para los laboralistas en comparación con el ejercicio profesional en otras ramas del derecho”, añadieron desde el Colegio Público.
“Parecida situación presenta el texto proyectado del artículo 277 que establece −diferencialmente− la posibilidad de pago en cuotas de las sentencias condenatorias recaídas en juicios laborales, incluyéndose en la previsión legal a créditos de los trabajadores y honorarios de sus abogados y abogadas, todos ellos de naturaleza alimentaria”, observaron.
“Contrariando los principios y normas de Derecho del Trabajo que establecen privilegios para el cobro de créditos de índole laboral, se establece una categoría de acreedores en situación desventajosa respecto de aquellos que obtienen sentencias favorables en otros procesos”, puntualizaron.
Por otra parte, también criticaron la posibilidad de pagar la indemnización en cuotas, “lo cual −en virtud del principio de gratuidad establecido por el artículo 20 de la Ley 20.744− se traduce en una directa limitación al derecho de percepción de honorarios por parte de abogados y abogadas, desalentando el ejercicio profesional en la materia”.
Por último, la misiva reconoció que “aun cuando podría ser deseable la introducción del ‘stare decisis’ en nuestro derecho respecto de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no resulta razonable hacerlo exclusivamente para los jueces que decidan conflictos laborales”.
Por su parte, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) consideró que el acuerdo para la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye un paso institucional necesario para completar el mandato constitucional de autonomía previsto en el artículo 129 de la Constitución Nacional.
“A casi treinta años de la reforma de 1994, resulta imprescindible avanzar en la adecuación del mapa judicial argentino para fortalecer la coherencia federal y mejorar la calidad del servicio de justicia”, indicaron.
“Desde una perspectiva sistémica, la superposición de jurisdicciones nacionales y locales en un mismo territorio ha generado ineficiencias, incertidumbre competencial y dificultades en la planificación institucional”, agregaron, para señalar que la reforma aportará “seguridad jurídica”.
“Fores exhorta a todos los actores del sistema judicial (magistrados, funcionarios, empleados, colegios profesionales y autoridades políticas) a dejar de lado cualquier lectura coyuntural y colaborar activamente en la implementación técnica, prolija y racional del traspaso. El Poder Judicial debe estar a la altura de las circunstancias”, concluye la entidad.
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POLITICA
Régimen Penal Juvenil: libertarios buscan dictamen en el Senado y dialoguistas miran la letra chica
La frenética agenda de las sesiones extraordinarias continúa sin freno en el Senado, que buscará dictaminar esta tarde y dejar listo para el recinto la iniciativa que impone el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El tema será tratado, desde las 14.30, por el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.
El proyecto fue aprobado la semana pasada por Diputados, con votos del oficialismo libertario y bancadas dialoguistas que, al comparar con la Cámara alta, previsualizan una eventual sanción de la ley la semana próxima. No obstante, tras la mini crisis generada por el propio Gobierno con la reforma laboral, al menos dos bancadas aliadas deslizaron en las últimas horas que si bien acompañarán esta tarde con sus firmas en el plenario de comisiones, reclamarán precisiones sobre la letra chica del texto.
“Hay algunos puntos que, por ahora, no están del todo claros. Vamos a firmar mañana -en referencia a hoy- el dictamen, pero no queremos que pase lo de la reforma laboral y si no se resuelven los interrogantes hasta el día de la sesión, ya sea con un reaseguro preciso y anticipado en la reglamentación, evaluaremos los pasos a dar”, manifestaron a Infobae desde un despacho de peso. Bajo esta premisa no sería extraño que, en el encuentro de hoy, algunos avales sean en disidencia.
El nuevo Régimen Penal Juvenil no sólo baja la edad de imputabilidad a los 14, sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.
Por otra parte, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.
Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.
Durante el debate en el recinto de la Cámara baja, la diputada libertaria -y miembro informante- Laura Rodríguez Machado (Córdoba) señaló que la ley actual, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, ni da respuestas a las víctimas, y afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.
Guiño a embajador político
La comisión de Acuerdos del Senado analizará -desde las 11- el pliego del exdiputado libertario Fernando Iglesias como embajador -político- en Bélgica y la Unión Europea. En caso de luz verde -se esperan dardos de todo tipo desde el kirchnerismo-, también quedará listo para la semana próxima. La presidencia de este Cuerpo iría para el mileísta Juan Carlos Pagotto, quien ya comanda la de Justicia. Esto representa un inconveniente reglamentario.
Con la sesión preparatoria del martes 24 de febrero, los estrategas de la Cámara alta ya prevén dos convites más para el recinto: el jueves, con Iglesias, Régimen Penal Juvenil y -quizá- la ley de glaciares. La agenda en cuestión fue consensuada entre oficialismo y dialoguistas durante la mañana de ayer, en una reunión virtual.
En tanto, para el viernes quedaría la reforma laboral, siempre y cuando Diputados la modifique entre hoy y la madrugada de mañana y regrese, en segunda revisión, antes de un plenario ya convocado para las 10 de este viernes en el Senado. Esto agita el siempre denostado vicio del “rodillo parlamentario” con el que el kirchnerismo, en sus diversos gobiernos, se cansó de romper récords. No obstante, es el peor camino a imitar y será, de mínima, desprolijo. El otro tema será el convenio entre el Mercosur y la Unión Europea.
Bajo presión interna y cuestionada por haber negociado con el Gobierno tras bambalinas, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general sin movilización para este jueves, cuando se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados desde las 14hs.
Será la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei y la misma tendrá la adhesión total de los gremios del transporte. La medida significa un endurecimiento en la estrategia sindical, que hasta ahora apostaba a introducir más cambios en la iniciativa libertaria mediante el diálogo entre algunos dirigentes y representantes del Gobierno.
Uno por uno todos los servicios afectados.
Cristian Jerónimo (Vidrios) se solidarizó con los trabajadores de Fate, la fábrica nacional de neumáticos que anunció su cierre.
“Repudiamos el hecho y nos solidarizamos con todos los compañeros que hoy se encontraron con una fabrica cerrada. Esto es lo que vivimos todos los días en la Argentina y tenemos un Gobierno que dice que este proyecto viene a reformar. Esto no moderniza nada, no va generar mas puestos de trabajo”, sentenció Jerónimo.
La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte anunció que convocó un Paro General del Transporte, a partir de las 00:00 horas del día jueves 19 de febrero y por el término de 24 horas, en adhesión al paro general dispuesto por la Confederación General del Trabajo.
“Queremos informar que se verán afectadas todas las modalidades del transporte en todo el territorio nacional”, sostuvieron a través de un comunicado.
Todos sabían. El artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que dispone descuentos salariales ante faltas por lesiones o enfermedad del trabajador, se incluyó a último momento en el debate legislativo, pero todos los senadores estaban al tanto de su contenido al momento de votar.
La polémica que se desató después de la aprobación movió a varios aliados del Gobierno a alegar que desconocían la inclusión de ese punto y plantear su desacuerdo. La jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, primero defendió el artículo, después dijo que se harían aclaraciones para evitar malos entendidos y finalmente consideró que habían cometido “un error” en la redacción. Presionada por los números y por el impacto en la opinión pública, la Casa Rosada se resignó a quitar los cambios en las licencias médicas del proyecto que debatirá la Cámara de Diputados.
La central obrera confirmó el paro para este jueves 19 a través de sus redes sociales.
El gobernador bonaerense cruzó al gobierno de Javier Milei a través de las redes sociales, donde escribió que “ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable».
En una conferencia de prensa realizada en la sede de la central obrera ubicada en Azopardo 802, los jefes de las Confederación General del Trabajo confirmaron la convocatoria al paro nacional sin movilización para el día en que se trate la reforma laboral del Gobierno en Diputados.
“Por todo eso esta confederación del trabajo ha decidido que cuando se trate esta ley vamos a hacer un paro de 24 horas sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función”, remarcó Jorge Sola, uno de los integrantes de la conducción cegetista.
En su visita a LN+, Rodolfo Aguiar afirmó que su deseo es que al gobierno de Javier Milei “le vaya mal”.
Por Manuel Casado
Los jefes de las Confederación General del Trabajo (CGT) darán hoy, a las 11, una conferencia en su sede de Azopardo 802 para detallar el anuncio del paro nacional sin movilización para el día en que se trate la reforma laboral del Gobierno en Diputados. La decisión de convocar al cuarto cese nacional de actividades en lo que va del mandato de Javier Milei se tomó el lunes durante una reunión por Zoom del consejo directivo.
Pese a los cuestionamientos de sectores más críticos e intransigentes, en la central obrera se impuso “una lectura mayoritaria de no convocar nuevamente a la calle”, tras la desdibujada marcha de la semana pasada durante la sesión en el Senado, para focalizar el plan de lucha en los centros productivos con una paralización total.
El Ministerio de Seguridad difundió un comunicado que pone como ejemplo “no ponerse entre focos violentos y el personal de las fuerzas”.
Por Jaime Rosemberg
Ahoras del comienzo del debate en comisión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, desde el gobierno de Javier Milei confirmaron que descontarán el pago de la jornada a los empleados estatales que adhieran al paro general convocado por la CGT para el día en que el proyecto se debata en el recinto de la Cámara baja.
“El derecho a huelga está garantizado, pero también el derecho del empleador a no pagar a quien no venga a trabajar”, expresaron a cerca del presidente Javier Milei, en una Casa Rosada con actividad presidencial a pesar del feriado nacional de carnaval.
Con la intención de escalar en la confrontación con las centrales sindicales, fuentes oficiales destacaron que el descuento a los estatales “se dará como se hizo en otras oportunidades” en las que la CGT organizó un paro general contra las políticas del gobierno de Milei. Se trata de unos $50.000 según fuentes sindicales y la categoría de cada empleado.
Hasta el momento, fueron tres las jornadas en las que la central obrera recurrió al paro general. En esta oportunidad, adhieren los gremios del transporte y la huelga se anunció sin movilización hacia el Congreso.
Por Nicolás Balinotti
Roberto Fernández tiene 82 años y es desde 2008 el líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el poderoso sindicato de los colectiveros que reúne a unos 40.000 choferes en todo el país. El 5 de noviembre pasado, cuando la CGT renovó sus autoridades, decidió abrirse de la central obrera en rechazo a la designación de Cristian Jerónimo en el triunvirato de mando, a quien acusó de haber apoyado la violenta toma de la sede de la UTA por parte de una patota que respondía a Pablo Moyano.
Tres meses después de haberse ido molesto de la CGT, Fernández se siente algo reivindicado. Entre ayer y hoy, en su teléfono se apilan mensajes de dirigentes de la CGT que le piden su adhesión al paro general que se concretaría este jueves en rechazo a la reforma laboral de Milei. Uno de los llamados que recibió fue el de Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando. También hubo gestiones del ferroviario Omar Maturano y hasta del gastronómico Luis Barrionuevo, muy activo en la búsqueda de adherentes para fortalecer la protesta gremial. “Nos confirmó que va a parar”, dijo a uno de los interlocutores de Fernández.
Él, sin embargo, mantiene la cautela y no estaría decidido a confrontar con el Gobierno. El conflicto lo incomoda. Una de sus razones para no adherir a la huelga es que de Milei depende en gran parte su paritaria, teniendo en cuenta el peso que aún conservan los subsidios estatales en el transporte público de pasajeros. El salario básico de un colectivero es hoy de $1.407.239, más $16.000 diarios en concepto de viáticos. “No quiero que le descuenten el día por el paro”, enumeró como otro argumento para no sumarse a la cruzada cegetista, según pudo reconstruir de fuentes confiables.
El economista Antonio Aracre visitó los estudios de LN+, donde opinó sobre el proyecto de ley que impulsa el Gobierno.
“Entiendo que el sindicalismo solo tiene ojos para los seis millones de trabajadores registrados, pero hay 10 millones de argentinos que tienen trabajo en negro. Y eso les imposibilita el acceso a una jubilación digna, asistencia de salud o el acceso a horas extras”, analizó.
“Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esas personas accedan al sistema?“, remató.
Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, sindicato que agrupa a los maquinistas y conductores de locomotoras y trenes de todo el país, confirmó la adhesión a la iniciativa de la CGT.
Por otro lado, criticó el articulado que compone la reforma laboral. “El derecho a huelga es innegociable. Es como que a los periodistas les prohíban opinar”, deslizó.
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, dialogó con LN+ y manifestó su oposición a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “Esta ley no significa ninguna ventaja para los trabajadores”, manifestó.
Sobre la huelga, sostuvo que “para nosotros, el paro debía ser con movilización”.
La Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina (CTA) convocó a un paro y movilización para este jueves contra la reforma laboral.
La contundencia de la medida de fuerza reside en la participación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). El sindicato de los colectiveros mantuvo una postura cautelosa en las últimas semanas. Roberto Fernández evitó declaraciones públicas recientes, pero sus allegados confirmaron la adhesión al plan nacional de la central obrera. Desde el gremio sostuvieron: “Somos una entidad confederada, por lo cual si la cúpula decreta una medida vamos a adherir”.
El antecedente del paro previo genera preocupación en la dirigencia gremial. En el mes de abril de 2025, el servicio de colectivos funcionó con normalidad debido a una conciliación obligatoria estatal. Esta situación debilitó el impacto de la huelga en la región metropolitana en aquella oportunidad. La adhesión plena de los choferes resulta vital para asegurar que la protesta paralice efectivamente los centros urbanos y las zonas industriales.
La estrategia de no marchar hacia el Congreso generó tensiones con otros sectores del gremialismo. El Frente de Sindicatos Unidos, con base en la sede de la UOM sobre la calle Alsina, anunció una movilización independiente para el mismo día del debate.
Este bloque cuenta con el apoyo de los trabajadores estatales de ATE, los Aceiteros y las dos ramas de la CTA. Pablo Moyano respalda esta postura activa frente al Congreso.
Los dirigentes del triunvirato central prefieren un perfil bajo para evitar el desgaste público y los choques con la policía. Un integrante del consejo directivo reconoció: “No existe el clima social para una protesta masiva pese a los cambios que la reforma laboral ocasiona”.
Los desmanes ocurridos el miércoles pasado durante el choque entre manifestantes de izquierda y las fuerzas federales influyeron en la decisión final de la cúpula cegetista.
Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, manifestó este martes en diálogo con LN+ que “hasta el momento el sindicato de colectiveros y la UCRA no nos notificaron de ningún paro: todo lo que sabemos es a través de los medios”.
“Nosotros controlamos 68 líneas de colectivos en el AMBA, pero hasta el momento no tenemos una confirmación oficial”, insistió.
La CGT definió un cese de actividades por 24 horas sin desplazamiento de columnas para la jornada en que la Cámara de Diputados analice el proyecto de ley de la reforma laboral: la fecha probable del tratamiento legislativo oscila entre este jueves 19 y el miércoles 25 de febrero.
En caso de que se termine de confirmar, el apoyo de los sindicatos del transporte garantiza un alcance total en la paralización de los servicios urbanos y de larga distancia durante toda la jornada de protesta.
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