En su tercer año de gestión, el Gobierno de Javier Milei logró consolidarse como la principal fuerza política en el Congreso, pero sigue lejos de contar con mayorías automáticas. La nueva correlación de fuerzas que dejaron las últimas elecciones legislativas reforzó esa lógica: más peso relativo del oficialismo, mayor fragmentación y un rol decisivo de los bloques dialoguistas.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo y sus aliados estables reúnen menos de la mitad de las bancas. Sobre un total de 257 diputados, el bloque de La Libertad Avanza ronda el centenar, mientras que el resto se distribuye entre una oposición numerosa y bloques provinciales y monobloques que se convirtieron en árbitros de cada votación. El quórum de 129 presentes sigue siendo un umbral que el Gobierno no puede garantizar sin negociar.

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El escenario se replica en el Senado. Compuesto por 72 bancas, ninguna fuerza alcanza por sí sola las 37 necesarias para controlar la agenda. El oficialismo está obligado a articular acuerdos tanto para sancionar leyes como para avanzar en designaciones de jueces de la Corte Suprema y tratamientos que requieren mayorías especiales. La consecuencia es un funcionamiento más transaccional.

Un Congreso sin mayorías automáticas

En la Cámara Baja, LLA cuenta con 95 bancas propias, a las que se suman 22 de bloques aliados (PRO, UCR, MID, entre otros). En total, son 119 diputados entre libertarios y aliados.

La oposición (Unión por la Patria con 93 y el Frente de Izquierda-Unidad con cuatro) reúne 97 bancas. Además, hay 43 independientes o bloques provinciales sin alineación fija, entre ellos, Provincias Unidas —referenciado con los gobernadores— que aporta 22.

Tras las elecciones del año pasado, el peronismo perdió la hegemonía en el Senado por primera vez en tres décadas, y se quedó con un bloque de apenas 21 bancas. El oficialismo sumó 20 senadores, pero cuenta con sus tres aliados del PRO. La UCR conformó un bloque de diez y Provincias Unidas, uno de dos, mientras que 16 escaños quedaron en manos de bloques provinciales.

El dato estructural es que no hay un bloque dominante. El oficialismo logró conformar los bloques mayoritarios, pero la oposición conserva capacidad de bloqueo, mientras crecen los espacios provinciales, que negocian en función de intereses territoriales propios y condicionan su respaldo a cambios en los proyectos o a compromisos presupuestarios.

Ese equilibrio impone una dinámica distinta a épocas anteriores. Las leyes no se ordenan por disciplina partidaria, sino por acuerdos coyunturales.

Los números reflejan esa fragilidad. Aun con aliados habituales, el Gobierno no tiene quórum propio, lo que convierte cada sesión en una negociación previa intensa. El poder se expresa menos en la cantidad de bancas y más en la capacidad de articular consensos mínimos, una lección que el Gobierno de Milei aprendió en la primera mitad de su mandato.

Acuerdos y aliados circunstanciales

La falta de una coalición de gobierno estable derivó en un esquema de alianzas variables. No hay socios permanentes: los respaldos cambian según el tema.

En ese contexto, los bloques provinciales ganaron centralidad, con pocos votos, pero ubicados en el punto justo para inclinar la balanza.

La dinámica de acuerdos quedó expuesta en las últimas leyes clave que logró sancionar el Gobierno, en especial el Presupuesto 2026, que funcionó como prueba de esa nueva correlación de fuerzas. Sin mayoría propia, el oficialismo consiguió la aprobación con una combinación de votos del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales, que volvieron a jugar un rol decisivo.

La Cámara de Diputados, terreno de negociaciones

En Diputados, el Presupuesto se votó con una mayoría ajustada, construida a partir de concesiones fiscales y obras específicas para las provincias. Los gobernadores de distritos con representación en bloques federales inclinaron la balanza a cambio de garantías sobre partidas de infraestructura, transferencias automáticas y ejecución de programas nacionales. El peronismo votó mayoritariamente en contra, pero no logró bloquear el tratamiento.

En la votación en general, el proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. Sin embargo, en la votación en particular, el capítulo XI fue rechazado por 123 votos en contra y dos abstenciones. Incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario que Milei había vetado y que luego ambas cámaras habían ratificado.

Ningún bloque aliado aportó votos de manera homogénea. En el radicalismo y el PRO hubo divisiones, con legisladores que acompañaron en general y otros que se abstuvieron o rechazaron artículos específicos.

Esa fragmentación obligó al Gobierno a contar voto por voto y a sostener negociaciones incluso durante la sesión. Fue clave el apoyo de los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

El Senado replicó esa lógica. El oficialismo necesitó sumar a senadores de fuerzas provinciales y sectores dialoguistas. La discusión se resolvió más por acuerdos territoriales que por alineamientos partidarios nacionales, una constante en una cámara donde el peso de los gobernadores es determinante.

El Senado como cámara de equilibrio

Si en Diputados el poder se define voto por voto, en el Senado el equilibrio es todavía más sensible. Con 72 bancas y un umbral de 37 votos para la mayoría simple, la Cámara Alta funciona como un espacio de contención del impulso del Ejecutivo cuando carece de una fuerza dominante.

El oficialismo está lejos de ese número. Incluso con aliados estables, no alcanza una mayoría automática, lo que convierte a los sectores dialoguistas en actores centrales. La lógica territorial predomina: cada voto responde, antes que nada, a un gobernador.

El debate del Presupuesto 2026 expuso esa realidad. Senadores de provincias con mayor dependencia de transferencias nacionales o de obras públicas frenadas jugaron un rol clave. La negociación fue más silenciosa que en Diputados, pero no menos intensa.

Ese patrón no es nuevo, pero se intensificó con el actual mapa político. En gobiernos anteriores, aun sin mayorías propias, el Ejecutivo solía apoyarse en bloques peronistas orgánicos o en acuerdos interbloque más estables.

Los números explican esa dinámica. Para leyes ordinarias que requieren dos tercios, es decir, 48 votos, el requisito convierte al Senado en un filtro decisivo y limita el margen de maniobra del Gobierno.

En términos comparativos, el escenario se parece más al de segundos mandatos sin reelección inmediata que al de gobiernos con capital político en alza. En esos contextos, el Senado no bloquea sistemáticamente, pero tampoco habilita avances sin consenso previo.

Los debates que vienen

El rol del Congreso se vuelve central frente a los debates que vienen. La reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares se perfilan como los próximos grandes test legislativos. En ambos casos, el impacto sobre las provincias explicará buena parte de los apoyos y resistencias.

En la reforma laboral, el Gobierno busca respaldo en legisladores que responden a gobernadores a los que empezó a transferir recursos bajo un esquema de goteo controlado. El acompañamiento no es automático y depende de compensaciones fiscales y de la letra fina del proyecto.

La discusión por la Ley de Glaciares expone aún más la lógica federal. Las provincias mineras concentrarán los apoyos a una modificación que amplía las zonas de explotación y flexibiliza restricciones ambientales. En ese punto, los bloques provinciales y legisladores alineados con gobernadores mineros aparecen como garantes del avance del proyecto.

En ambos debates, el Gobierno no cuenta con una mayoría asegurada, pero sí con un mapa de aliados potenciales que se activa y se desactiva de manera constante.

La experiencia del Presupuesto 2026 dejó una enseñanza clara: en un Congreso fragmentado, gobernar es negociar. Y en ese terreno, las provincias dejaron de ser un actor periférico para convertirse en el eje de la toma de decisiones.

El respaldo externo como activo político interno

En ese esquema de poder fragmentado, el respaldo explícito de Donald Trump funciona para Javier Milei como un refuerzo político que excede la política exterior. No modifica la composición parlamentaria, pero sí impacta en el clima interno.

El apoyo de Trump consolidó la narrativa de Milei como un actor con proyección global y vínculos con los sectores más influyentes del liberalismo internacional. Ese posicionamiento también forma parte del clima político que le permitió ganar la elección y romper el esquema tradicional de hegemonía peronista.

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En un escenario de minoría legislativa, ese respaldo externo se convierte en un activo político indirecto, que fortalece la posición negociadora del Ejecutivo sin reemplazar la necesidad de acuerdos internos.

Gobernar sin mayorías no implica solo sumar votos en el recinto. También supone construir autoridad política. En ese plano, el apoyo internacional opera como una pieza más de un poder que Milei empezó a construir en sus dos primeros años de Gobierno y que terminó de reconfigurar el mapa político que hoy condiciona el funcionamiento del Congreso.

Congreso de la Nación, Javier Milei