POLITICA
El mapa narco de La Matanza: violencia y disputa territorial, la frontera más feroz del conurbano

Puerta de Hierro es un asentamiento del partido bonaerense de La Matanza abandonado, como muchos otros: Villa Palito, Villa Santos Vega, San Petersburgo, La Jabonera. Lugares donde la ausencia del Estado facilitó el ingreso de las bandas o clanes familiares narcos que ganan terreno a fuerza de balas y sangre.
Su expansión va de la mano de la “compra de voluntades”: de funcionarios públicos, policiales, políticos y judiciales (sobran las causas penales). También de jóvenes sin horizonte que son cooptados con la promesa de dinero “fácil y rápido”. Creen que de esa manera tendrán acceso a los objetos deseados que ven en las redes sociales.
Son los más débiles, los desamparados, sin trabajo ni educación. Un alto porcentaje sobreviven con un familiar. Sus padres o hermanos purgan condena o fueron abatidos en un enfrentamiento policial.
Los varones que caen en estas redes terminan como “soldaditos de la droga”, las mujeres obligadas a prostituirse.

Es la realidad que está ahí, que golpea con fuerza y avanza
El distrito en el que vivían las tres jóvenes desmembradas por un supuesto clan narco que horroriza al país, registra un triste récord en la provincia de Buenos Aires: en 2024 en ese territorio ubicado en la Zona Oeste del conurbano se cometió la mayor cantidad de homicidios vinculados al narcotráfico y narcomenudeo. Los datos son del Ministerio Público que encabeza Procurador General Julio Marcelo Conte-Grand.
La Matanza se sitúa también al tope en la cantidad de expedientes abiertos vinculados delitos derivados de la Ley de Estupefacientes N.°23.737.
En Puerta de Hierro, o en el Barrio 1001, una zona descampada que linda con Morón y Merlo, los narcos actúan así: primero le “regalan la droga”, cocaína cortada o “paco”, una vez dependientes del veneno, los reclutan, para comprar las dosis diarias.
Sin importar la hora, al ingresar a los pasillos de Puerta de Hierro, es moneda corriente esquivar a jóvenes que duermen encogidos en un cartón o sobre el cemento gastado al lado de una cuneta de desagüe.
Este cronista recorrió con un referente el lugar. El objetivo no eran los “fisuras”, “paqueros” o “drogones” como los llaman; o los “soldaditos de la droga” esclavizados por las familias narcos.
El contexto del recorrido por esos pasillos era muy distinto. Los líderes populares de la zona llevaron a Infobae hasta el lugar con el objetivo de mostrar que el comedor comunitario que el Ministerio de Capital Humano afirmaba ante la justicia que “no existía”, funcionaba y brindaba, contención a la población más vulnerable.
En el lento trayecto, el dirigente explica que las bandas narcos del barrio ya tirotearon varias veces el comedor. Los amedrentan para que se retiren. Y recuerda un hecho que fue público, en 2020 en la ciudad santafecina de Rosario, Ariel Máximo “Viejo” Cantero, el primer jefe de la Narco banda “Los Monos” al ser beneficiado con libertad condicional, luego de pasar 5 años preso y cuando aún le restaban ocho meses de condena, fijó como domicilio para su residencia el de un comedor comunitario que administra su pareja. “Si nos retiramos nosotros, si se retira el Estado, como está pasando, lo abren ellos”.

La iglesia católica denuncia el mismo fenómeno: “Una vez más nos encontramos frente a un episodio trágico en nuestra sociedad, producto del avance del narcotráfico, especialmente en los barrios más vulnerables de nuestro país”, advirtió el viernes pasado la Comisión Nacional de la Pastoral de Adicciones y Droga Dependencia del Episcopado en referencia al triple femicidio de la Florencio Varela vinculado a la mafia narco.
El Episcopado, viene reclamando desde hace años la falta de políticas públicas para enfrentar el flagelo narco y las consecuencias, sobre todo para la población más sumergida, que dañan el tejido social. De hecho, el pasado mes de junio emitió otra declaración en la que advirtió que “la retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”.
Los barrios narcos
Hay que vivir en el barrio, o estar acompañado por un vecino para no perderse en los acodados pasillos de Puerta de Hierro.
La caminata hasta llegar al merendero duró varios minutos. A esa hora, estaba atiborrado de niños y adultos. Algunos almorzaban en mesas de plástico blancas o rojas destartaladas; la mayoría hacían fila con recipientes plásticos para llevarse la comida a sus viviendas.
Según los vecinos de ese barrio popular, en un tercio de las modestas viviendas que componen la geografía matancera se vende paco.
El triple homicidio con tinte narco-mafioso de las tres jóvenes que vivían en La Tablada: Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), golpea con fuerza a La Matanza. Los vínculos de la masacre con una banda de traficantes estupefacientes que opera en la villa 1-11-14, Villa Zavaleta y 22-14 de la Ciudad de Buenos Aires también tendría vínculos en el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires y de municipio vecinos.
Hasta el 3 de julio de 2023, día en que fue detenido Nicolás Nahuel Guimil, alias “Chaki Chan”, el capo narco de La Matanza, en localidad matancera de Ciudad Evita y cuyo centro operativo estaba ubicado en La Tablada, sigue operando a través de sus lugartenientes que de manera descarnada se fueron extendiendo.

Según los resultados definitivos del censo de 2022, la población del partido alcanza los 1.841.247 habitantes, es el de mayor concentración de todo el territorio gobernado por Axel Kicillof.
Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), el año pasado había 164 barrios populares, en el que viven 63.268 familias. Se trata de la población más vulnerable del distrito y los lugares preferidos por el narcomenudeo para hacer sus negocios criminales.
La Matanza es mucho más que asentamientos postergados y violencia en el interior profundo. En el distrito la desigualdad está a la vista. Puerta de Hierro, pero también Santos Vega, Villa Palito, Godoy Cruz, La Jabonera o el Barrio de los Paraguayos son la otra cara de los centros comerciales, polos gastronómicos y barrios cerrados de zonas con alto poder adquisitivo ubicados en los nodos centrales de Ramos Mejía, Aldo Bonzi, Barrio Marina, González Catalán, Villa Luzuriaga, y entre otros, San justo, con su peatonal, la catedral inaugurada en 1856; y el edificio municipal desde el que gobierna uno de los “barones del conurbano” Fernando Espinoza.

A cuatro kilómetros, en La Tablada, vivían las tres jóvenes que engañadas por una banda narco subieron a la camioneta blanca con patente falsa en las que fueron trasladadas a la vivienda alquilada en Florencio Varela. Las separaban 36 kilómetros del horror.
“El río Matanza-Riachuelo serpentea al sur del distrito como una frontera sin ley”, le dice a este cronista un exjefe policial que cumplió servicio en el ligar. Conoce el territorio mejor que los políticos que pretenden hacer pie en el “corazón del peronismo”, como asevera la leyenda de letras molde a metros de la General Paz, que marca el límite entre la provincia de Buenos Aires y CABA.
Sobre la orilla del curso de agua de 64 km de largo y desemboca en el Río de la Plata, los disparos con arma de fuego ya no sorprenden. En los barrios del kilómetro 32 de la Ruta 3, las bandas criminales imponen su ley y el miedo.

“En La Matanza la violencia narco tomó el control del territorio. Las bandas armadas, sobre todo de origen paraguayo al sur y peruano al norte, venden paco, cocaína, marihuana y anfetaminas en las barriadas del fondo”, detalla el experimentado comisario general. Y sabe de los que habla.
El abogado Hugo López Carribero, un penalista de renombre que tiene su estudio jurídico en el San Justo, cerca los tribunales ubicados en la calle Mendoza 2417, tiene una visión más brutal aún que la del ex oficial de la policía bonaerense.
“La Matanza es la Rosario del Conurbano y el Chicago del Gran Buenos Aires, hay en el narco matancero mentalidad depredadora y un galope de instintos asesinos, así son ellos, y no van a cambiar”, dice, serio, sentado delante de una taza de café en La Farola de Lomas del Mirador, el restaurante ubicado a una cuadra de las vías del tren y a un kilómetro de la villa Santos Vega, otro enclave narco.

“Acá los criminales tomaron el control del territorio desdibujaron a fuerza del miedo los placeres de la vida cotidiana”, dice el “abogado del conurbano”, como le gusta que lo llamen.
—¿Y cómo se dividen esos narcos en este territorio?
—Los narcos en La Matanza, pueden ser considerados en dos grupos, los que veden al menudeo, y los capos que manejan el gran negocio. Los primeros son peones desechables y menospreciados por la delincuencia, pero los segundos son el nuevos ricos y millonarios del Gran Buenos Aires, curiosamente venerados por una sociedad en descomposición”, opina.
Ya en su estudio, el letrado mira el ordenador y detalla:
– “Los barrios vinculados con el narcotráfico en La Matanza, son Santos Vega, Villa Palito, Puerta de Hierro, Villa Godoy Cruz de La Tablada, los monoblocs de la avenida Crovara y Camino de Cintura, El célebre Barrio que comprende el cruce de las avenidas Crovara y Cristiania, me refiero a Puerta de Hierro, la villa La Jabonera, Villa San Alberto, Los Ceibos, San Petesburgo, el Barrio de los Paraguayos, el Barrio 1001”.
– “Todas las bandas tiene el visto bueno, y la complicidad dineraria de una parte de la policía bonaerense, que curiosamente desde hace 10 años, las oficinas del Ministerio de Seguridad, se instalaron en el predio de Puente 12, en la localidad de Ciudad Evita, que antes estaba en La Plata”.

– “Las bandas narcos más violentas de La Matanza son ‘Los Capitanes’, que tienen su base logística en Gregorio de Laferrere y ‘Los Chumbos’ de Villa Celina”.
– “No exagero. Los narcos de La Matanza son peores que los de Rosario. En Rosario matan por poder, por negocio. Acá asesinan por eso y, además, por placer”, sostiene son seriedad el abogado.
En esas barriadas la brutalidad por el dominio del narcomenudeo deja al desnudo, como ocurrió con el triple femicidio, un escenario que se creía lejano.
Sobre la Ruta 3, -que en algunos de sus tramos de llama Brigadier Juan Manuel de Rosas- desde Lomas del Mirador, hasta Virrey del Pino, pegado al municipio de Cañuelas, la actividad comercial, por lo general informal, ocurre durante el día, pero la verdadera vida pasa adentro de los barrios marginales, donde las reglas se negocian con balas y se desafían en cada esquina para extender los dominios de las bandas narcos que se disputan el territorio y pretenden ampliarlo a los municipios vecinos que limitan con La Matanza:
- Al norte: Merlo y Morón
- Al noreste: Tres de Febrero
- Al este: Lomas de Zamora y Lanús
- Al sur: Ezeiza
- Al oeste: Cañuelas
En ese distrito, como en la Argentina, los cárteles narcos no se instalaron como, por ejemplo, en México y Colombia. Predominan los clanes familiares que se amplían con la compra de voluntades, sobre todo entre los más jóvenes que no encuentran una salida laboral rápida, que les permita acceder a algunos.
En La Matanza, la palabra narco rueda con naturalidad. Por ejemplo, en Barrio Los Ceibos, los enfrentamientos entre organizaciones armadas se producen, al menos cada tres o cuatro días por semana. “Abren kioscos o bunkers de droga y eso genera una balacera por parte de la otra banda que le disputa el territorio”, detalla el comisario.
López Carribero, por su parte refuerza: “En La Matanza, los narcos no van a cambiar, pierde Chaki Chan, el capo narco que operaba desde una ferretería y aterrorizaba a la gente, y otros narcos, igual de célebres por la crueldad de su sello, ocuparon los vacíos que dejó. O surgen otras bandas iguales o más violentas como ‘Los Capitanes’ y ‘Los Chumbos’”.
La presencia narco “expulsa lentamente a las organizaciones sociales, y transforma el tejido comunitario en una geografía de miedo y silencios”, describe, casi con resignación el dirigente popular mientras desandamos los pasillos ya con sombra de Puerta de Hierro. Los cuerpos de los jóvenes consumidos por la pasta base siguen en el piso.

“Nosotros no nos resignamos, pero en muchas barriadas donde antes había una olla popular o un comedor, dónde entrábamos, ahora los narcos nos corren a tiros”, dice y, antes de dejar atrás el chaperio, y también un sector que quedó a medio urbanizar, como en Santos Vega, el referente popular, que además milita en una rama interna del peronismo desarrolla: “La economía narco articula familias y redes de complicidad, pero al hacerlo desarma a las comunidades y nos expulsa porque saben que nos ganamos la confianza del vecino”.
Los números del crimen
El partido de La Matanza experimenta un ciclo ascendente de violencia y fragmentación social, impulsado por el crecimiento del narcomenudeo y la disputa territorial de diversas bandas armadas. El avance del narcotráfico desmorona los vínculos comunitarios y redefine la vida cotidiana.
La recorrida de Infobae por el populoso distrito, y la visión que el abogado López Carribero y el ex comisario brindaron de manera desoladora sobre la violencia criminal que se construyo a lo largo de los años sin que la política pueda o quiera pararlo por omisión, impericia o complicidad, queda reflejada en el último informe sobre homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires que ubica a La Matanza con 143 homicidio consumado en 2024, en lo más alto del podio en la provincia de Buenos Aires y uno de los mayores del país.
Casi la quinta parte de esos asesinatos, 29 casos, estuvieron vinculados directamente a la comercialización de estupefacientes, un fenómeno que convierte a este distrito en el mayor foco de violencia mortal asociada al tráfico de drogas, según detalla el relevamiento publicado oficial.
La Matanza se sitúa también al tope en litigiosidad vinculada a delitos de drogas. De acuerdo con el “Informe Estupefacientes 2024”, ocupa el primer lugar con 6.723 investigaciones penales por comercialización de estupefacientes abiertas en 2024, equivalentes al 12,35% del total bonaerense. Esta estadística evidencia que el último año marcó un agravamiento en el panorama narco del distrito. La acumulación sostenida de causas relacionadas con violencias letales y narcomenudeo en este partido se presenta en contexto de densidad poblacional extrema y presencia simultánea de bandas dedicadas al narcomenudeo.

Según el informe de la Ministerio Público bonaerense, el año pasado el 80% de los homicidios consumados en La Matanza fueron cometidos con armas de fuego. Casi dos tercios de los hechos sucedieron en la vía pública.
La cifra de homicidios dolosos registrados durante 2024 supone un alza respecto del año anterior, cuando se contabilizaron 25 muertes vinculadas al narcotráfico. El trabajo de los fiscales basado en las causas abiertas reafirma la tendencia ascendente, que instaló a La Matanza como el único municipio con incrementos sucesivos en este indicador.
El informe de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires atribuye parte de este fenómeno a la “conflictividad social” del partido. En el documento, se describe al conurbano, y a La Matanza en particular, como zona de “gran densidad poblacional y mayor conflictividad social”, situación que favorece el aumento del delito y el mercado de drogas ilícitas.
El documento destaca también que más del 91% de las causas por narcotráfico en el distrito se iniciaron por intervenciones policiales. La vía judicial fue la segunda más frecuente, aunque muy distante en volumen.
“Este es el reflejo de un escenario de conflictividad y violencia mortal en expansión, potenciado por el auge del mercado de estupefacientes y su penetración en los barrios de mayor densidad poblacional”, sostiene el informe de la Procuración.
Esas mismas causas judiciales demuestran que en La Matanza, el dinero del narcotráfico se articula con el tráfico de armas y saña. También que la proliferación de causas judiciales no logra atacar la estructura de fondo de estos grupos criminales que se siguen extendiendo con violencia extrema.
POLITICA
Una encuesta arrojó que más del 70% de los consultados está de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad

En las últimas horas se difundieron los resultados de una encuesta que arrojó resultados abrumadoramente positivos para la intención del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad. Según el estudio, más del 70% de los consultados están a favor de la medida, e incluso el 63,6% apoya la idea original del oficialismo de que la edad mínima se fije en 13 años, y no en 14, como se acordó con la oposición dialoguista en el Congreso de la Nación.
La encuesta realizada por Giacobbe Consultores respecto de la Reforma Penal Juvenil indica que el 63,6% de quienes respondieron están de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad a 13 años, mientras que un 9,5% coincide con el proyecto que finalmente será tratado esta semana en la Cámara de Diputados, que estipula la edad mínima en 14 años. Del otro lado, un 20,1% sostiene que debería mantenerse en 16 años, como establece la ley actual.
El proyecto que sigue en pie en el Congreso, tras los acuerdos con parte de la oposición, contempla tres aspectos centrales que la diferencian del originario que había impulsado originariamente en 2024: que la edad mínima de imputabilidad sea desde los 14 años, que se detallen las partidas presupuestarias que harán efectivas el tratamiento de la ley y que se baje la pena máxima para menores de veinte a quince años.
La reunión de comisiones está fijada para este miércoles a las 11. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados se convocó para el jueves a las 11.

El estudio, además, consultó a los encuestados por otras tres reformas que impulsa el Gobierno. En ese sentido, hubo dos en los que el oficialismo quedó con saldo a favor y otra en la que sufrió un ajustado traspié.
En cuanto a la Reforma Laboral, un 45,6% manifestó estar de acuerdo con lo propuesto por la administración central, mientras que un 42,7% se opone.
La Reforma Tributaria dejó un resultado aún más contundente, con un 36,4% a favor y un 27,2% en contra, aunque con un 20,7% que afirmó no contar con la información suficiente como para emitir un juicio de valor.
Fue en la Reforma Previsional que se dio vuelta el panorama, ya que un 35,6% se pronunció en contra y un 32,1% a favor. En ese punto también se destacó que un 16,3% dijo no contar con la información suficiente para responder de la manera adecuada.

En otro punto de la encuesta que el Gobierno mira con preocupación, la imagen de Javier Milei sufrió una ligera recaída.
El jefe de Estado. en la última medición, contó con un 42,8% de imagen positiva, contra un 47,1% de imagen negativa.

Entre los demás políticos puestos a consideración de los encuestados, ninguno obtuvo saldo favorable, y la única que cosechó mejores números que el Presidente fue la senadora nacional Patricia Bullrich, con un 44% de imagen positiva y un 45,8% de imagen negativa.
Los opositores, quedaron muy lejos. Mauricio Macri obtuvo un 23,2% de imagen positiva contra un 51,2% de imagen negativa y Axel Kicillof quedó con un 25,6% verde frente a un 57,1% en rojo.

Cristina Kirchner, presa en su domicilio por corrupción, no solo tuvo un pobre 21,9% de imagen positiva contra un 60,5% de imagen negativa. Además, en una pregunta aparte del cuestionario, el 67% de los encuestados consideraron que la ex presidenta es “una figura del pasado”. Lejos, un 20,2% creen que aún es un personaje relevante en la política argentina.
Solo un 11,2% identifica a la referente del peronismo como “una figura del futuro”.

Lo que está claro, al menos desde estos números, es que no se vislumbra de momento una figura que esté en condiciones de disputar el poder político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Encuesta
POLITICA
El Gobierno presentó la versión definitiva de la reforma laboral: “Tiene 28 modificaciones”

El Gobierno presentó este martes la versión de la reforma laboral que se tratará durante el miércoles en el Senado de la Nación. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bulllrich, realizó una conferencia de prensa y aseguró: “Un gran bloque de distintos partidos políticos, hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia”.
El debate está previsto que inicie cerca del mediodía del miércoles en la Cámara Alta, donde afuera se espera una importante movilización de diferentes gremios, encabezados por la CGT, como de partidos políticos y movimientos sociales. En ese marco, Bullrich aseguró que el dictamen final de la reforma que se tratará fue acordado con 44 senadores de partidos como la Unión Cívica Radical, el PRO y diferentes estructuras provinciales: “Venimos a anunciar que logramos un gran acuerdo. El texto tiene 28 modificaciones consensuadas”
“La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas y horas de trabajo de los bloques que conformamos cuarenta y cuatro senadores de la nación. Tiene 28 modificaciones consensuadas. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”, señaló la ex ministra de Seguridad.
En ese sentido, remarcó que uno de los puntos más importantes de cara a la discusión en el recinto es el fin de la industria del juicio que, según la senadora, “ha perjudicado a empresas que han cerrado dejando sin sus puestos de trabajo a miles de trabajadores”.
“Este capítulo marca qué puede judicializarse y qué no. Se ha llegado a deformaciones tan grandes, que un juicio de 3 millones de pesos termina en 300 millones de pesos. Hemos establecido una serie de sistemas de protección para que no haya industria del juicio”, explicó.
Además, enfatizó también en el Fondo de Asistencia, este mecanismo que busca ayudar al cumplimiento de las obligaciones y pagos que surjan cuando se termine un contrato de trabajo, y sostuvo que será el “IPC más el 3%”. Y aclaró: “Hemos delimitado qué son los beneficios sociales de un trabajador. Esto es importante para que esto no sea parte de la judicialización. Que ya hemos dicho que es una industria”.

A todo esto, durante la mañana de este martes, la mesa política se reunió en la Casa Rosada antes de la apertura del debate en el recinto. Allí estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Además, como invitado circunstancial, pero cada vez más habitual, se lo vio ingresar al ministro de Economía, Luis Caputo, que se quedó solo una hora y fue el primero en retirarse. Esto se debe a que el proyecto de Modernización Laboral tiene implicancias en términos fiscales, tanto si el oficialismo quiere mantener o no el controvertido artículo que baja la percepción del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, ya que afecta a la recaudación nacional y al giro de fondos a las provincias vía coparticipación.

El encuentro de mesa política duró una hora y 45 minutos. Una fuente que participó del encuentro marcó a Infobae que “no se tomó una determinación sobre qué hacer con Ganancias”. O al menos es lo que hacen trascender. Otro integrante que estuvo en las oficinas de la Jefatura de Gabinete también se comportó con un fuerte hermetismo.
En el Gobierno aseguran en público y fuera de los micrófonos que están los votos para la media sanción del proyecto en la votación en general. Lo que se está determinando en esta reunión es qué se hará con la reescritura de ciertos capítulos que no tuvieron un consenso con la oposición.
El oficialismo está poniendo en discusión cerca de 20 de los 182 artículos que componen al proyecto libertario. Ayer, Bullrich se reunió con jefes de bloque de la oposición y ciertos senadores que son determinantes para la aprobación o no de ciertas partes del proyecto. Habría un acuerdo en general sobre la mayoría de cuestiones técnicas, en las cuales el oficialismo tendría más de 40 votos.
El hermetismo está sobre lo que sucederá con Ganancias. Tal y como está escrito, el artículo no prosperará porque los gobernadores no quieren recibir menos fondos. Con esa situación como base, el Gobierno tiene para elegir una baja más atenuada en el tiempo o una eliminación rasa de esa normativa.
Mesa Política
POLITICA
Procesaron a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández en la causa por corrupción con los Seguros

El juez federal Sebastián Casanello procesó a la empresa del broker Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su gobierno. La firma Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A. fue acusada de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y quedó alcanzada por un embargo de 2.870.729.545,61 pesos.
La decisión judicial también incluyó el procesamiento de otras seis empresas intermediarias de seguros y de un exfuncionario de la Quinta de Olivos. En conjunto, el fallo apunta a un esquema de intermediación con Nación Seguros que habría permitido el cobro de comisiones millonarias en contratos con organismos públicos entre el 10 de diciembre de 2019 y, al menos, marzo de 2024.
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El pronunciamiento fue dictado por Casanello en los últimos días de su subrogancia al frente del Juzgado Federal Nº 11, donde tramita el expediente. Allí resolvió la situación procesal de ocho personas jurídicas y de Hugo Daniel Rodríguez, un estrecho colaborador de Alberto Fernández durante su gestión presidencial.
Además de la empresa de Martínez Sosa, el magistrado procesó como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública a Bachellier S.A., con un embargo de 9.669.697.257,25 pesos; Bri Broker S.A., por 851.650.603,17 pesos; TG Broker S.A., con 2.190.607.187,86 pesos; San Germán Seguros S.A., con un embargo de 6.582.763.800,51 pesos; y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., por 1.872.781.809,21 pesos. En los dos últimos casos, además, se les imputó el delito de cohecho activo, por presuntos pagos de sobornos.
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También fue procesada San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, aunque únicamente por el delito de dádivas, con un embargo fijado en 7.866.484.968,3 pesos. En contraste, el juez dictó la falta de mérito para la firma Levelar S.A., al considerar que no había elementos suficientes para procesarla ni para sobreseerla en esta etapa.
En paralelo, Casanello dispuso el procesamiento de Hugo Daniel Rodríguez, exadministrador de la Residencia Presidencial de Olivos. Al exfuncionario se le imputaron los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, como autor. Sobre Rodríguez recayó un embargo de 787.997.801,56 pesos.
En su resolución, el juez sostuvo que las empresas imputadas se beneficiaron económicamente de la actuación ilegal de personas físicas que las representaban formal o informalmente y que no adoptaron medidas adecuadas para prevenir hechos de corrupción. Según el fallo, las firmas “toleraron la conducta desplegada por quienes ejercieron la máxima representación de la persona jurídica”, no denunciaron los hechos investigados a partir de mecanismos internos de control y no implementaron programas de integridad ni sistemas de supervisión orientados a prevenir ilícitos.
El magistrado remarcó, además, que ninguna de las compañías procedió a la devolución de los beneficios que habría obtenido de manera indebida, a pesar de los riesgos evidentes que implicaban sus contrataciones con organismos estatales y con Nación Seguros, la aseguradora pública involucrada en el esquema investigado.
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La causa Seguros ya había tenido un fuerte impacto político en noviembre pasado, cuando la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. En esa resolución, los camaristas señalaron que existían elementos suficientes para sostener que el entonces Presidente intervino en favor de intereses privados vinculados a su entorno a través de su secretaria María Cantero, pareja de Martínez Sosa.
Según lo señalado por el Tribunal de Apelaciones, la concentración de las pólizas de seguro del Estado en Nación Seguros, tras un decreto firmado por Fernández, generó un aumento exponencial de los negocios derivados de esa relación. Esa situación, indicaron los jueces, fue aprovechada por intermediarios privados, con la intervención de funcionarios de la aseguradora estatal y la connivencia de brokers organizados en torno a Martínez Sosa.
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