El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques se reunió hoy con los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en un encuentro que formalizó el vínculo entre el Gobierno y el máximo tribunal en el inicio de la nueva etapa.

Durante la reunión, el eje central fue la situación del sistema judicial argentino, especialmente la necesidad de cubrir más de 300 vacantes en juzgados y fiscalías. Según informó el Ministerio de Justicia, la cartera ratificó el envío al Senado de los pliegos correspondientes para la designación de jueces, fiscales y defensores, con el objetivo de normalizar la integración de los tribunales federales en todo el país. Actualmente, numerosas dependencias judiciales funcionan con subrogancias o estructuras incompletas, lo que dificulta la operatividad del sistema.

La reunión ocurrió en el Palacio de Justicia, poco después de la jura del viceministro Santiago Viola como nuevo integrante, como representante del Poder Ejecutivo, en el Consejo de la Magistratura de la Nación, según pudo confirmar Infobae.

La iniciativa oficial de avanzar con los nombramientos de jueces y fiscales busca mejorar la capacidad de respuesta del Poder Judicial y reducir los retrasos en los procesos, una deuda estructural que se arrastra desde hace años. El uso del sistema de conjueces, previsto en el régimen de subrogancias, fue otro de los temas analizados, ya que se considera una herramienta relevante para garantizar el funcionamiento de los tribunales ante vacancias, licencias o impedimentos de los magistrados titulares.

En una entrevista que publicó Infobae este domingo, el propio ministro había anticipado que mantendría un encuentro con la Corte y también destacó que entre sus prioridades está la cobertura de las vacantes en el Poder Judicial.

Mahiques aclaró que el criterio para esa primera etapa no será político sino de funcionamiento. “La prioridad son los fueros que están colapsados”, explicó. Entre ellos mencionó al fuero de familia, al civil, al penal ordinario de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires y a la Cámara Penal Económica, donde la falta de magistrados ya impacta directamente en el servicio de justicia.

De acuerdo con el comunicado oficial, las partes también coincidieron en la importancia de reforzar la coordinación institucional, cada una dentro de sus competencias, para sostener la independencia judicial, garantizar la seguridad jurídica y preservar el pleno respeto al Estado de derecho. El Ministerio de Justicia destacó que el diálogo con la Corte Suprema se produce en un momento en el que el Gobierno impulsa reformas estructurales en el sistema judicial y busca ordenar la relación con los distintos actores del Poder Judicial.

En este contexto, la cobertura de vacantes se posiciona como una prioridad inmediata para el Gobierno, tanto por su impacto en la eficiencia de los tribunales como por su relevancia política, dado que los pliegos deberán ser tratados por el Senado de la Nación. El avance en la designación de jueces y funcionarios judiciales es parte de una agenda más amplia que apunta a responder a las demandas de mayor transparencia y funcionamiento del sistema judicial argentino.

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El Juzgado Nacional de primera instancial del Trabajo N°30 frenó el traspaso de una parte de la justicia del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y la disolución de otra, las cuales formaban parte de la reforma laboral de Javier Milei.

El juez nacional del Trabajo Herman Mendel aceptó una medida cautelar presentada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el gremio que lidera Julio Piumato.

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De esta manera, el magistrado resolvió “la suspensión de la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ambito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, integrante como Anexo I de la ley 27.802, hasta el dictado de la sentencia definitiva sobre el mérito”.

Es decir que no declaró inconstitucional la ley, pero sí frenó su aplicación hasta que haya una sentencia definitiva.

La UEJN había pedido declarar inconstitucional la reforma en ese punto, frenar el traspaso del fuero labora y evitar cualquier avance en esa transferencia

De esta manera, la medida judicial que llevó adelante Mendel suspende los artículos 90 y 91 de la reforma laboral que establecían el traspaso de la justicia laboral junto con el acuerdo de transferencia. De igual manera, el Gobierno puede apelar. El juez, ahora, le pidió al Poder Ejecutivo que en tres días presente un informe para contestar la demanda.

Uno de los puntos clave es que, según el magistrado, el proceso de transferencia no habría respetado los mecanismos legales vigentes. En particular, advirtió que el acuerdo “no ha sido compatible con el expreso procedimiento establecido en el artículo 12 de la ley 24.588”, conocida como Ley Cafiero.

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Además, remarcó una omisión central: “Ni siquiera se ha contemplado la imperativa intervención de la Comisión Bicameral”, un paso obligatorio en este tipo de traspasos entre Nación y Ciudad, señaló.

Ahora se va a discutir si es la justicia laboral la que debe resolver esta causa. La Fiscalía le dijo al juez Mendel que debía enviar el expediente al fuero contencioso administrativo federal, donde la Confederación General del Trabajo inició una causa con el mismo reclamo que hasta el momento fue rechazada.

El gremio de judiciales señaló que, entre otros argumentos, la Ley Cafiero de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires fijó el traspaso de la justicia y no la eliminación de una parte, que es lo que se aprobó. También destacó que la normativa vulnera la estabilidad y continuidad laboral de los empleados que representa y que el Congreso aprobó la reforma laboral en sesiones extraordinarias, pero la transferencia no formaba parte del temario, lo que viola ley.

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