Tal como había anticipado meses atrás, el Gobierno creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Osfa), que suplantará al Iosfa, que será disuelto. Desde el Poder Ejecutivo señalaron que resulta necesaria una reorganización “institucional, financiera y operativa” del sistema de salud del personal.

A través del Decreto 88/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se estableció que la nueva obra social estará bajo el mando del Ministerio de Defensa, mientras que, por otro lado, se creó, dentro del Ministerio de Seguridad Nacional, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

“En los últimos años se ha observado una situación de desequilibrio financiero de carácter persistente en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) vinculada, entre otros factores, al incremento sostenido de los costos de las prestaciones médico-asistenciales y de los medicamentos, así como a la heterogeneidad de su padrón de afiliados y a la dispersión territorial de los mismos”, expresó el Gobierno al anunciar su disolución.

Además destacó: “En virtud de ello, deviene institucionalmente necesario establecer entidades diferenciadas que permitan garantizar el derecho a la salud del personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad Federales, mediante coberturas adecuadas, sostenibles y específicamente adaptadas a las características de cada universo prestacional”.

Asimismo, el Ejecutivo estableció un periodo de transición hasta la disolución definitiva del Iosfa para permitir una “separación ordenada y progresiva de estructuras, presupuestos, patrimonios, bienes, recursos humanos y obligaciones” entre las nuevas prestaciones de salud. En tanto, se hará una liquidación que estará a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa.

Tal como informó , el Gobierno advirtió el año pasado que la obra social arrastraba una deuda de 200.000 millones y un déficit operativo mensual de $10.000 millones, además del corte de prestaciones que afecta a sus casi 600.000 afiliados. Así, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, subrayó en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados su decisión de que la Prefectura y la Gendarmería “no estén más en el Iosfa y tengan su propia obra social”.

En noviembre de 2025, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, había anticipado que el Gobierno tomaría medidas respecto a las prestaciones de salud de las Fuerzas Armadas. “Nos dieron una obra social prácticamente quebrada. En 2023, hubo 320% de inflación en medicamentos y prestaciones médicas, con 85 puntos por debajo de los aumentos salariales. Y es una obra social que se financia con ingresos. Cuando los gastos se incrementan más que los ingresos tenés una bola de nieve”, declaró en TN.

“A eso sumale que la desfinanciaban porque tomaron la decisión de no liquidar los aportes l decreto que el propio kirchnerismo creó cuando eliminó el IOSE que ya en ese momento decía que tenía problemas económicos y financieros. Estamos estabilizándola, la vamos a sanear. También hay una deuda de 150 mil millones de pesos por estas contribuciones patronales mal liquidadas. Nuestro objetivo es dársela a las Fuerzas Armadas para que las administren”, anunció en aquel momento.

En medio de las tensiones con el sindicalismo por la reforma laboral, que el Gobierno apunta a tratar el 11 de febrero en el Congreso, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, defendió el proyecto y argumentó que “no solo preserva los derechos adquiridos, sino que busca adaptarlos a las necesidades del mercado actual”, con especial foco en los jóvenes y las pequeñas y medianas empresas.

“No hay motivos para tener miedo; al contrario, hay motivos para estar esperando que esto suceda”, afirmó Cordero en Radio Rivadavia, quien vinculó la necesidad de estos cambios al estancamiento del empleo registrado que el país arrastra desde hace más de una década.

Uno de los puntos que mayor interés despertó en la opinión pública es el régimen de vacaciones. Cordero fue tajante al desmentir que se terminen las vacaciones pagas y destacó la flexibilización del período de descanso: “Ahora van a poder, cuando quieran, partirlas. Como sucede con los jóvenes, que ya no quieren irse 35 días seguidos y prefieren partirlas, las van partiendo. Siempre se pone un límite de siete días porque no nos olvidemos que no es el descanso semanal, son las vacaciones», sostuvo.

Respecto al aguinaldo, el secretario aseguró que el texto de la reforma no introduce modificaciones: “No hay una sola coma que toque el aguinaldo en cómo se paga o cómo se calcula”.

Para Cordero, la reforma ataca de raíz el problema de la industria del juicio. El funcionario explicó que la indemnización por despido continúa vigente (un mes de sueldo por año de servicio), pero que se busca dar previsibilidad a las empresas, especialmente a las pymes que hoy no tienen liquidez para afrontar esos pagos. “Hoy lo que pasa es que el empleador no tiene la plata para pagar y la situación se transforma en litigiosa. Eso se va a solucionar porque va a haber un fondo que pueda ser usado para eso”, explicó.

A su vez, Cordero afirmó que el fondo de asistencia laboral permitiría, además, que existan acuerdos intermedios en casos de desvinculación por mutuo acuerdo, evitando que el trabajador deba elegir entre “el cero de la renuncia o el cien de la indemnización por despido”.

Por último, el secretario de Trabajo también introdujo el concepto de salario dinámico, una apuesta para que los empleadores puedan otorgar premios o bonos extraordinarios por buen desempeño sin temor a que queden incorporados permanentemente a la estructura salarial por interpretaciones judiciales.

“El empleador va a poder decir, bueno, mirá, me fue bien, este mes me fue bien, este año me fue bien, te voy a pagar un premio, sin necesidad de que eso quede para todos los años”, concluyó Cordero, subrayando que la instrucción directa de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue no afectar ningún derecho esencial.