POLITICA
El menú reformista de Milei: uno por uno, el detalle de los cambios que prometió impulsar en el Congreso este año
Durante su último discurso ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei anunció un ambicioso paquete de «90 reformas estructurales» −diez por cada ministerio− que su Gobierno planea enviar al Congreso en tandas mensuales.
El menú incluye modificaciones al Código Civil y Comercial, al Código Penal, a la legislación ambiental y educativa, al régimen electoral y al financiamiento de los partidos políticos, así como cambios en materia de inteligencia, medios de comunicación, patentes y comercio exterior. El Presidente incluso insinuó la posibilidad de abrir el debate sobre una reforma de la Constitución Nacional.
Según pudo saber de fuentes legislativas y de Gobierno, buena parte de las iniciativas se gestaron en el Consejo de Mayo, el órgano consultivo creado por Milei para diseñar reformas estructurales.
El Consejo fue integrado por una mayoría de funcionarios del oficialismo y aliados: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, y los legisladores Carolina Losada (UCR) y Cristian Ritondo (Pro). Completaron la nómina el presidente de la UIA, Martín Rapallini, y el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, en representación de la CGT, que tras el mal trago de la reforma laboral esta semana afirmó que el Consejo “no existe más”.
En su discurso, Milei reivindicó el impulso reformista de su gestión y convocó a “abrazar políticas de Estado” para construir una “nueva arquitectura institucional” basada en lo que definió como los valores de la “moral occidental”. Los anuncios, sin embargo, quedaron opacados detrás de cruces que el mandatario mantuvo con los legisladores opositores presentes.
A continuación, algunos de los cambios que el Gobierno evalúa impulsar en el Congreso.
Uno de los primeros anuncios fue la reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial, que el Presidente presentó como un paquete destinado a “proteger los derechos fundamentales de los argentinos”.
Entre las iniciativas analizadas figura una modificación a la Ley de Expropiaciones, que limitaría la indemnización al valor objetivo de mercado y a los daños directos, además de establecer que el pago se realice en efectivo antes de la transferencia del dominio.
También se estudian cambios procesales para agilizar los juicios de desalojo.
En materia de tierras, el Gobierno propone reformar la Ley de Tierras Rurales para fijar un límite de 1000 hectáreas a la titularidad por parte de entes gubernamentales extranjeros, aunque con excepciones para inversiones consideradas de interés público.
Otro proyecto apunta a modificar la Ley de Integración Socio Urbana, vinculada a la regularización dominial de barrios del Renabap. La iniciativa propone que las cuotas no superen el 20% del ingreso familiar y habilita la libre disposición de la vivienda tras la primera adjudicación.
El Presidente también anticipó una nueva ola de reformas destinada a “barrer con una montaña de cadenas regulatorias” y facilitar la inversión.
La idea había sido adelantada por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, durante el debate del presupuesto 2026. El plan oficial consiste en avanzar con una segunda generación de reformas desregulatorias, muchas de ellas inspiradas en el espíritu de la primera Ley Bases.
A diferencia de aquella norma, el Gobierno no enviará un único megaproyecto: las iniciativas llegarán fragmentadas por temas.
El objetivo central, según explicaron fuentes del Ministerio de Desregulación, es eliminar privilegios regulatorios y barreras de acceso a los mercados para promover la competencia.
Durante su exposición −que se extendió por una hora y cuarenta minutos− Milei también insistió en la necesidad de ratificar un acuerdo comercial con Estados Unidos, similar al firmado con la Unión Europea.
Según pudo reconstruir , el proyecto el fallo de la Corte Suprema estadounidense que cuestionó el alcance de aranceles dispuestos por Donald Trump.
Desde la Cancillería sostienen que el entendimiento implicará compromisos internacionales que deben ser aprobados por el Congreso, por lo que sus distintos capítulos deberán tratarse por separado.
Uno de ellos es la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) antes del 30 de abril de 2026. El objetivo es alinear el sistema argentino con estándares internacionales, una decisión que impactará especialmente en medicamentos y semillas para el agro.
Milei presentó esta iniciativa como parte de una “revolución productiva” para el sector agropecuario. Según dijo, el país podría duplicar su producción de granos hasta alcanzar 300 millones de toneladas, siempre que se garanticen derechos de propiedad intelectual sobre las innovaciones en semillas.
La eventual eliminación de las retenciones, añadió, dependerá de que el Gobierno logre mantener el superávit fiscal.
En materia ambiental, el Gobierno buscará revisar regulaciones que, según Milei, limitan el aprovechamiento de recursos naturales.
Uno de los cambios en estudio es la modificación del Régimen de Zonas Frías, con el objetivo de centralizar en el Poder Ejecutivo la definición de los beneficios tarifarios de gas.
También se analiza una reforma a la Ley de Bosques Nativos. El esquema mantendría la prohibición de desmontar áreas de alto valor de conservación (categoría roja), pero flexibilizaría el uso productivo en zonas de menor valor ambiental (categoría verde), donde bastaría con informar la actividad y presentar planes de manejo sostenible. Se trata de un guiño hacia el agro y la ganadería.
El Gobierno además evalúa actualizar la Ley de Acuicultura para promover el desarrollo de la producción en ambientes naturales y artificiales.
Por último, se estudia derogar el régimen regulatorio del gas licuado de petróleo.
Milei también anticipó cambios en el sistema político. Según fuentes del Gobierno, se trabaja en lo que definieron como un “paquete anticasta” que podría incluir reformas en la legislación sobre medios de comunicación y regulaciones sobre funcionarios públicos.
En materia electoral, se evalúan tres objetivos: eliminar definitivamente las PASO, suprimir el financiamiento público de los partidos políticos e implementar la Boleta Única Papel a nivel federal.
La reforma judicial será otro de los capítulos centrales. Milei, que aceptó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y designó como sucesor a Juan Bautista Mahiques, prometió enviar proyectos para que el Poder Judicial sea “ágil, eficaz y justo”.
Entre las iniciativas mencionó una reforma del Código Penal para endurecer penas y ampliar los delitos con cumplimiento efectivo de prisión, aunque el texto definitivo todavía no se conoce. Según trascendió, el flamante ministro prevé reunirse esta semana con los jueces de la Corte Suprema de Justicia para sumarlos a este debate.
Milei también volvió a mencionar la implementación del juicio por jurados a nivel federal, una propuesta que en 2024 había obtenido apoyo casi unánime en Diputados.
La puesta en marcha del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py, en tanto, no sería una prioridad para Mahiques.
En el plano educativo, Milei afirmó que el Gobierno avanzará en reformas de la educación inicial, primaria y secundaria.
El proyecto de Libertad Educativa, surgido del Consejo de Mayo, declara a la educación básica como servicio esencial y reconoce modalidades alternativas como el home schooling y la educación virtual.
Entre sus principales ejes figuran un sistema de financiamiento centrado en el alumno, la creación de un Examen Nacional de Educación Secundaria y un instituto destinado a profesionalizar la carrera docente con criterios de mérito.
Por último, el Gobierno planea enviar un paquete de leyes para reorganizar el sistema de inteligencia y “fortalecer” su coordinación con las fuerzas de seguridad.
Las reformas aún se encuentran en elaboración, pero la intención es convertir en ley varios cambios introducidos por el DNU 941/25, que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
Entre los puntos más controvertidos figura la posibilidad de detener personas sin orden judicial y acceder a datos personales almacenados en organismos públicos, medidas que generaron fuertes cuestionamientos de la oposición.
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POLITICA
Kicillof llegó a un acuerdo con los gremios docentes y ratificó su vínculo con el sindicalismo para 2027
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se encamina a evitar -al menos por los próximos dos meses- medidas de fuerza de parte de los gremios de la administración pública bonaerense. Sucede que los principales sindicatos aceptaron la última oferta de incremento salarial que puso sobre la mesa la administración bonaerense luego del rechazo de todo el arco sindical. El ofrecimiento del 7,5% dividido en un 5% para marzo, un 2,5% para abril, sumado al 1,5% que ya había otorgado por decreto para el mes de febrero producto de la no aceptación en la instancia paritaria, consolida un 9% para el período febrero, marzo y abril.
“Hemos logrado alcanzar un acuerdo salarial que consideramos satisfactorio, donde pudimos aceptar un ofrecimiento que tiene que ver con un 1,5% correspondiente al mes de febrero que ya veníamos percibiendo y que en el último mes se había cobrado a cuenta de futuros aumentos. En este caso logramos consolidarlo y dejarlo fijo dentro del salario, a lo cual se suma un 5% de aumento para este mes, un 2,5 % de aumento para el mes que viene, para el mes de abril. Además tendremos una cláusula de monitoreo que nos permitirá seguir de cerca la evolución de los salarios con respecto a la inflación y una reapertura paritaria en el mes de junio”, le detalló a Infobae el secretario gremial de UPCN, Juan Pablo Martin Oyarzabal.
En su mayoría, los gremios receptaron de buena manera la nueva propuesta del Ejecutivo bonaerense. Sin embargo, algunos sectores todavía no resolvieron si aceptan o no. Es el caso de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) que forma parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Se trata del segundo gremio en grado de representatividad de los trabajadores docentes, detrás de SUTEBA. A diferencia del sindicato que conduce Roberto Baradel, la FEB había rechazado el 3% inicial que había dispuesto el Ejecutivo bonaerense y dispuesto una medida de fuerza de caracter provincial para el 2 de marzo último, día en el que debían comenzar las clases en las escuelas públicas bonaerenses. El ciclo lectivo no inició en tiempo y forma.
SUTEBA también se había sumado a esa medida de fuerza, solo que lo hizo en el marco del paro nacional ejecutado por la CTERA, la confederación donde se engloba el gremio en cuestión. El reclamo era fue por los salarios a nivel nacional, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la convocatoria efectiva a la paritaria nacional. Este jueves, ya con la oferta de Buenos Aires sobre la mesa, el propio Baradel planteó que “es un gran esfuerzo de la Provincia frente a la necesidad que tienen los docentes” y que la negociación paritaria en territorio bonaerense se da ante “las restricciones presupuestarias, la caída de la recaudación y los billones de pesos que le debe la Nación, sometiéndolo a un ahogo financiero“. En este marco planteó durante una entrevista con Radio Provincia que “las decisiones del gobierno libertario no perjudican en particular al Gobernador, si no que afectan a la gente”.
Los estatales de ATE también aceptaron el ofrecimiento. “Entendemos la situación que vemos a nivel nacional de un gobierno ajustador que sigue asfixiando a la provincia de Buenos Aires, queremos poner el valor no sólo el aumento del 9%” que comprende el 1,5% abonado en febrero, un 5% en marzo y 2,5% en abril, sino también, “los pase a planta permanente que va a haber en el sector de salud, la recategorizaciones a todos los trabajadores de la 10.430 y el convenio colectivo de trabajo que dignifique al trabajador estatal”, deslizó el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Buenos Aires, Claudio Arévalo, tras la reunión con el ministro de Economía, Pablo López. El marco de reuniones con los gremios también estuvo signado por una particularidad. Testigos del evento dieron cuenta que al momento de retirarse, el automovil en el que se trasladaba el titular de Economía fue increpeado por integrantes de SUTEBA Multicolor, la línea disidente a la conducción de Baradel dentro de ese gremio docente.
En el Gobierno le restaron importancia al incidente. Tras la reunión y a la espera de la confirmación oficial de todos los gremios, el funcionario de Kicillof planteó que “estamos viviendo una situación económica extremadamente preocupante, producto de las políticas económicas del Gobierno nacional, que atentan contra la producción, contra el empleo y contra las empresas argentinas. En ese contexto, la Provincia de Buenos Aires lleva perdidos $22 billones por deudas del Gobierno nacional y la caída constante de la recaudación producto de la situación económica. A pesar de eso reconocemos el esfuerzo que están haciendo las y los trabajadores provinciales y estamos comprometidos a sostener las mejores condiciones laborales que sea posible”.
También el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, resaltó el acuerdo alcanzado con los principales gremios. “En un contexto adverso y de ahogo económico, este acuerdo con las y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, cobra aún más valor. Agradecemos la responsabilidad y el compromiso de cada parte, y reafirmamos que la Provincia respeta los derechos laborales y defiende el poder adquisitivo como una prioridad”.
Los gremios que respaldaron la oferta hecha por el gobierno bonaerense -sobre todo UPCN y SUTEBA, que este viernes comunicará su adhesión- son parte activa del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). También algunos dirigentes que forman parte de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA). En parte es por ello que las conducciones gremiales se encargaron de remarcar que las finanzas del gobierno bonaerense sufren de una “asfixia” de parte de Casa Rosada.
Kicillof requiere de tener cierto alineamiento interno para medir las posibilidades de ser candidato presidencial por el peronismo en 2027. La mayoría de los gremios que desempeñan en la función pública lo respaldan. Donde todavía tiene que ajustar los respaldos el mandatario es al interior del peronismo, puntualmente con La Cámpora.
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En el marco de los cambios en el Gabinete luego del nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, el Gobierno nacional oficialzió la desginación de Sebastián Amerio, como nuevo titular de la Procuración del Tesoro, organismo a cargo de la representación legal del Estado.
El nombramiento se oficializó mediante la publicación en el Boletín Oficial de una serie de normativas. Se trata de los decretos 141/2026, 142/2026 y 143/2026, a través de los cuales se acepta la renuncia de Amerio como secretario de Justicia del Ministerio y como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para ser designado como nuevo procurador. Como nuevo número 2 en la cartera, fue desginado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional y que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Para eso, también fue necesario aceptar la dimisión de Santigo María Castro Videla al cargo. “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, establecieron. De acuerdo con lo dispuesto, Amerio comenzó su gestión a partir del 6 de marzo.
Sin embargo, este último no abandonará la gestión, puesto que crearon un tercer cargo de subprocurador, que será ocupado por Castro Videla.
La noticia ya había sido confirmada a Infobae el viernes pasado por fuentes oficiales. Según indicaron, la decisión la tomó el mandatario nacional, luego de una reunión que mantuvo en la Quinta de Olivos con su asesor, Santiago Caputo. Después de eso, le ofreció ese cargo estratégico.
El funcionario en cuestión es uno de los dirigentes más cercanos del estratega libertario y tendrá la misión de llevar la causa por la expropiación de YPF. Según pudo confirmar este medio, el equipo de la Procuración General del Tesoro seguirá sin cambios.
Por la mañana, Milei recibió a Caputo en la residencia oficial para conversar sobre el nuevo esquema del Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona y la llegada de Mahiques.
El hasta ese momento fiscal de la Ciudad de Buenos Aires no era la primera opción del consultor, que proponía para ese lugar al legislador bonaerense Guillermo Montenegro, ex intendente de General Pueyrredón, partido en el que se encuentra Mar del Plata.
“Hasta la semana pasada, incluso le convencía hasta al propio Presidente, porque era alguien que pasaba el filtro de todos. No sé qué cambió en el medio”, sostuvo uno de los integrantes de la mesa política.
Por otra parte, la cúpula libertaria también decidió desplazar a Amerio, que era el secretario de Justicia y virtual Vice de la cartera de Justicia.
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Mahiques conocía a Amerio de antes e incluso ambos se encontraron recientemente. El nuevo procurador no fue a la jura en Casa Rosada, pero lo esperó para conversar a solas después de la misma.
“Depende del ministro rever todas las áreas y ver cómo organiza los ‘ravioles’”, explicaban cerca del mandatario, cuando todavía se estaban negociando los puestos.
Más temprano, Castro Videla pasó por el despacho del asesor en Casa Rosada y luego hicieron lo propio tanto Amerio como Viola.
Tal como anticipó este medio, una de las primeras medidas que tomó Mahiques tras asumir formalmente fue pedirles las renuncias a los titulares de el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes y la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Inspección General de Justicia (IGJ).
De hecho, en un principio había trascendido que la Procuración del Tesoro iba a ser el único organismo que no se iba a tocar, ya que se trata de un ente muy sensible y que maneja causas con gran impacto para el Gobierno, por lo que se iba a apostar a la continuidad de sus autoridades.
Sin embargo, a lo largo de todo el jueves se sucedieron diferentes negociaciones entre los principales integrantes del Ejecutivo que derivaron en la decisión de hacer modificaciones también en esa dependencia.
Para el resto de los organismos mencionados todavía no hay reemplazantes claros y la expectativa estaba puesta sobre todo en la IGJ, que tiene pendiente una designación de veedores en la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).
Se trata de un cargo clave, que hasta ahora tenía Daniel Vítolo, ya que se da en medio de los cruces subterráneos entre las autoridades nacionales y las de la entidad deportiva.
Un punto de conflicto fue la operación que llevó adelante el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para liberar al gendarme Nahuel Gallo, que estaba secuestrado por la dictadura venezolana.
En este contexto, días atrás, la IGJ le solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en el ente futbolístico a los fines de informar sobre los estados contables y financieros del 2025.
El objetivo es conocer las relaciones y operaciones concertadas entre la AFA y diversas firmas nacionales y del exterior, incluidas las sociedades TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas, los Sres. Javier Faroni, Erica Gillette, ji Ariel Vallejo y sobre todo lo relativo a la creación de la denominada Universidad de la AFA “UNAFA”.
El Gobierno promulgó el nuevo régimen penal juvenil que establece la responsabilidad penal desde los 14 años y fija un sistema de sanciones específico para quienes cometan delitos antes de cumplir los 18. La norma contempla la posibilidad de penas privativas de libertad en determinados casos, fija un máximo de 15 años de detención y establece medidas orientadas a la educación y resocialización de los jóvenes en conflicto con la ley penal. La norma fue sancionada por el Senado hace diez días.
La ley fue publicada este lunes en el Boletín Oficial bajo el número 27.801 y establece el régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales. Según el texto oficial, el objetivo del sistema es fomentar en el adolescente imputado el “sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Hace diez días el Senado había aprobado la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto recibió 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, lo que permitió su sanción definitiva en el Congreso.
La ley establece que las personas podrán ser imputadas por delitos cometidos desde los 14 años hasta el momento en que cumplan 18. Para esos casos se crea un esquema de sanciones que contempla tanto penas como medidas orientadas a la integración, la formación y la educación.
Entre las medidas previstas se incluyen programas educativos obligatorios, capacitación laboral, participación en actividades deportivas, recreativas o culturales y asistencia a programas de formación ciudadana. También se contemplan tratamientos médicos o psicológicos cuando resulte necesario y la asistencia a servicios de salud acordes a la edad del adolescente.
El régimen prevé además distintas sanciones que pueden ser aplicadas por la Justicia, entre ellas la amonestación judicial, la prohibición de acercamiento a la víctima, la restricción para concurrir a determinados lugares o espectáculos, la prohibición de conducir vehículos en determinados casos y el monitoreo electrónico.
Otra de las penas previstas es la prestación de servicios a la comunidad, que consiste en la realización de tareas de interés social en instituciones públicas o privadas sin fines de lucro como hospitales, escuelas u organizaciones destinadas al bien común. La ley también contempla la reparación integral del daño causado a la víctima.
Cuando corresponda aplicar una pena privativa de libertad, el régimen establece distintas modalidades de cumplimiento, entre ellas la detención domiciliaria, la permanencia en institutos abiertos o el alojamiento en institutos especializados de detención para adolescentes.
La norma fija que los menores de edad detenidos no podrán permanecer alojados junto a personas adultas y establece que los institutos especializados deberán contar con personal capacitado en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.
Además, prohíbe la imposición de penas de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes y establece que el plazo máximo de privación de libertad será de 15 años, aun cuando la escala penal del delito sea superior.
El régimen también prevé mecanismos destinados a evitar la continuidad del proceso penal en determinados casos. Entre ellos se incluyen la mediación penal juvenil, la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad por parte del fiscal y la suspensión del proceso a prueba cuando se cumplan las condiciones previstas por la ley.
La norma establece además que el cumplimiento de las medidas o sanciones deberá ser supervisado por profesionales especializados designados por la justicia, quienes deberán realizar un seguimiento periódico de la evolución del adolescente y elaborar informes sobre su situación personal, educativa y social.
Entre los principios que rigen el régimen se incluyen el respeto por la dignidad del adolescente imputado, el derecho de defensa desde el inicio del proceso, el debido proceso legal y la reserva del proceso judicial. La ley también prohíbe la difusión de datos que permitan identificar a los menores involucrados en causas penales.
El texto aprobado por el Congreso deroga la ley 22.278, que regulaba hasta ahora la responsabilidad penal de los menores, e invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar su legislación a los principios establecidos en el nuevo régimen.
La ley establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá supervisar su implementación y promover la coordinación con las jurisdicciones provinciales para la aplicación del sistema.
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