POLITICA
El miedo que transmite Milei en pleno frenesí libertario
Javier Milei actúa como alguien que siente el piso moverse. “A mí no me van a llevar puesto como a Macri”, advierte en el momento en que la oposición languidece, el Congreso le cumple todos los deseos y su gobierno se dispone a reconfigurar a gusto el Poder Judicial. Se trenza a gritos e insultos con el kirchnerismo, denuncia conjuras para derrocarlo, sugiere una traición de Victoria Villarruel. ¿A qué le teme un presidente que no para de ganar poder?
El aspecto teatral es inherente a Milei, como alguna vez describió su admirado maestro español Jesús Huerta de Soto. Interpreta como nadie el papel del desvalido que lucha contra entidades superiores en nombre del bien común. Pero el desfase entre ese truco narrativo y el dominio que hoy ejercen los libertarios sobre el tablero político argentino es la expresión de un síntoma: el presente no discurre como la Casa Rosada había proyectado.
El músculo defensivo de Milei se tensó en la última semana cuando los ataques contra Irán de Estados Unidos e Israel inyectaron volatilidad e incertidumbre en los mercados globales. Un sentido de urgencia se apoderó del equipo económico, que exhibe como su gran éxito la estabilidad cambiaria y la calma financiera, construida sobre bases todavía muy frágiles: escasas reservas, peso sobrevaluado y alto endeudamiento.
Un mundo en guerra agiganta los peligros para un país con el historial argentino. No es casual que Milei aludiera al destino de Macri, a quien se le desmoronó la ensoñación hegemónica en 2018 con un vuelco en los mercados, por culpa de conflictos externos que parecen un juego de niños comparados con los de hoy.
En el Gobierno se resignan a que las buenas noticias económicas van a tardar. Milei declaró en la Asamblea Legislativa que “la malaria terminó” como quien anuncia la luz al final de un túnel. Los números se empeñan en matizar la euforia. La recaudación impositiva cayó en febrero un 9% real. Son siete meses consecutivos en baja. El empleo registrado se destruye en casi todo el país, como expuso involuntariamente el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuando celebró en un tuit que su provincia estaba en el podio del mejor desempeño a pesar de que perdió trabajadores en los dos primeros años de Milei. Solo Neuquén y Río Negro registran cifras positivas.
El proceso de desinflación se estancó en una meseta cercana al 3% mensual a pesar del ajuste del gasto y de la apertura comercial que irrita a los industriales. El ministro de Economía, Luis Caputo, se vio tentado de repetir la promesa de Milei de que en agosto el índice “empezará con 0”. Al final agregó un “y si no será un poco más tarde” surgido del fondo de su conciencia.
Caputo transparentó la ansiedad que invade al Gobierno cuando llamó a los argentinos a llevar los dólares al banco. “Los ahorros en la Argentina están en dólares. Y nosotros necesitamos que esos dólares vengan al sistema financiero para que pase esto que nosotros dijimos, para que empiece a haber crédito”, reclamó. Dijo que era un “acto de responsabilidad social”. Se entregó al bombardeo opositor, que recordó que el ministro tiene la mayoría de sus ahorros declarados en el exterior, a resguardo del riesgo argentino.
Había un fin superior. La inyección de fondos destinada a revivir el crédito es la gran esperanza del equipo económico con vistas a acelerar la reactivación sin desviarse de los objetivos fiscales. El Banco Nación ilustró esa necesidad con una curiosa publicidad en la que colchones parlantes aconsejan aprovechar la ventaja de sacar los dólares y llevarlos al circuito formal.
Como indica el último informe de la consultora 1816, “parece que el mercado le está moviendo el arco al Gobierno”. El riesgo país no baja a los límites que permiten colocar deuda soberana a tasas razonables. Se le reclamaba a la dupla Caputo y Santiago Bausili (presidente del Banco Central) que compraran divisas para reforzar las reservas internacionales. Lo hicieron, pero ahora eso es una “condición necesaria, pero no suficiente”.
Milei y Caputo decidieron dar marcha atrás con una colocación que se había conversado con JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Templeton. Consideraron que salir con un interés de 9% o más era una apuesta insostenible. El giro provocó la renuncia del secretario de Finanzas, Alejandro Lew.
La incertidumbre económica dispara los temores de Milei. En la Casa Rosada asumen que tienen una ventana finita de cuatro a seis meses para empujar las principales reformas que pretende el Presidente para liberalizar la economía. Después, la especulación electoral volverá a teñir las decisiones de los aliados y acaso también de los propios. Ya lo vivió el año pasado después del paseo legislativo de 2024.
El puente de hielo hasta el despegue económico corre riesgo de alargarse con la disrupción mundial que provoca la política de Donald Trump, el “amigo” que volvió a recibirlo en Estados Unidos. Resulta prioritario que en ese lapso no se ahonde la sensación de zozobra económica. Milei optó por reflotar el “riesgo kuka” como un seguro para atravesar un territorio desafiante. La dinámica de “ellos o nosotros” ha resultado de gran eficiencia para abroquelar a los aliados.
La Asamblea Legislativa lo probó otra vez. Milei llamó “chorros y asesinos” a los kirchneristas, en un discurso deshilachado por las interrupciones que convirtió al recinto del Congreso en un patio de colegio. Pero logró marcar la grieta que diluye cualquier intento de discutir matices. Hasta los diputados del Pro declararon que “lo importante no son las formas sino el fondo”, en una enmienda a la totalidad de aquello que presentaban como su diferencial con los libertarios.
Al agigantar a una oposición débil y sin liderazgo, el Presidente demora además el peso de la responsabilidad. ¿Hasta cuándo la culpa por el progreso que no llega será de los que gobernaron antes? En la respuesta a esa pregunta reside una clave de lo que vendrá, vinculada a la tolerancia social al programa de ajuste.
En la visita al Congreso, el relato de David contra Goliath quedó afectado por el tinte soviético de la transmisión oficial de la cadena nacional. La decisión de enfocar solo a los libertarios –y negarles siquiera un plano a los opositores- retrató a Milei como apenas un líder irritado antes que como víctima valiente de un poder intimidante.
La contradicción no lo intimida. Pide unidad nacional mientras no puede sostenerle la mirada a su vicepresidenta. Anuncia políticas de Estado y agita a la vez el pánico de una oposición “corrupta y prebendaria” que, de triunfar, tiraría para atrás todas las leyes que él promueve.
En la búsqueda de consolidar cambios difíciles de revertir, el Gobierno pisó el acelerador de la transformación judicial. Hay 364 vacantes acumuladas en la Justicia nacional y federal que los libertarios podrían ocupar si negocian con la oposición dialoguista. Es un botín capaz de blindar, por un buen tiempo, las mayorías operativas que ostenta hoy en el Senado y la Cámara de Diputados. Podría actuar, en paralelo, como un freno a los intentos de parir un frente antimileísta anclado en el peronismo.
A Milei le presentaron a Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia, minutos antes de que se anunciara su designación. Su hermana Karina lo había aprobado y no se requería otro sello. Ella se anotó un triunfo acaso decisivo sobre su rival interno, Santiago Caputo, que promovía para ese lugar a Sebastián Amerio, el anterior secretario de Justicia.
Amerio finalmente sobrevivió con un pase providencial a la Procuración del Tesoro, donde el gobierno libertario se permitió un desliz en su dogma de austeridad estatal: para abrirle espacio tuvo que crear una nueva “subprocuración” donde ubicar al anterior jefe de los abogados del Estado, Santiago Castro Videla. A veces sí hay plata.
Milei no habló con Caputo mientras su hermana ajusticiaba a Amerio. Como hizo otras veces, buscó contener a su asesor estrella con un abrazo exageradamente largo durante el acto de asunción del nuevo ministro, ante la mirada socarrona de los vencedores. La SIDE es ahora la última fortaleza del caputismo. Karina y los primos Menem miran con codicia a la agencia de espionaje, pero saben que es una cancha extremadamente sensible para ponerse a jugar internas de palacio.
El vínculo de Mahiques con los dirigentes de la AFA acusados de corrupción no inmutó a Milei. Y eso que el domingo entró enardecido al Congreso en gran medida por la furia que le provocó que Claudio “Chiqui” Tapia hubiera operado a sus espaldas para repatriar de Venezuela al gendarme Nahuel Gallo. ¿O sería simplemente la frustración por la ignorancia en que vivió el episodio su gabinete en pleno?
Del nuevo ministro, los Milei esperan prestaciones que no podía darles el antecesor, Mariano Cúneo Libarona. Le pusieron como prioridad poblar los juzgados vacantes de todo el país y desplegar sus artes diplomáticos en un ámbito donde se mueve como un miembro más de la familia. Karina tiene un ojo y la mitad del otro en el movimiento de causas que podrían afectarla a ella y a su hermano, como $LIBRA y el escándalo de corrupción en la Agencia de Discapacidad (Andis). El Presidente ya mostró en la Asamblea Legislativa la irritación que le provoca la sola mención de esos casos.
Fue sugestivo que Mahiques restara importancia a completar la Corte Suprema, a la que le faltan dos integrantes, y la Procuración General (el jefe de los fiscales). Fuentes de la Casa Rosada lo traducen como un mensaje de “prudencia y buena voluntad” a los actuales cortesanos, en especial a su presidente Horacio Rosatti. “Aprendimos del fracaso del intento de poner a Ariel Lijo sin consensos. Esas fibras hay que tocarlas con cuidado”, añadió la fuente.
La secretaria general de la Presidencia supervisará lo que pase en la Justicia. Confía ciegamente en Santiago Viola, el nuevo secretario de Justicia, que fue quien le propuso a su íntimo amigo Mahiques ser ministro. El segundo que elige al primero: Cristina Kirchner aplaudiría.
Viola es un abogado en cuyo currículum público resalta una acusación por plantar testigos falsos para beneficiar a los hijos de Lázaro Báez, a quienes defendía. ¿Será esa la “moral como política de Estado” que proclama Milei? Detalles del pasado. El funcionario cumple hoy con el requisito esencial de la obsecuencia. El jueves, en televisión, declaró con Mahiques delante que él tiene la suerte de “contar con un gran jefe”. Pero necesitó aclarar: “Primero El Jefe… y el ministro también”. Ave Karina.
Milei proclama que 2026 será “el año de la grandeza argentina”. Se envalentona con lanzar diez paquetes de reformas, revisar el Código Civil, el Penal, el sistema tributario, la ley electoral. Promete una arquitectura institucional para los próximos 50 años, en una alusión que deja entrever el sueño de una Constitución nueva, más libertaria que liberal.
Su ambición choca con un presente de hostilidades. Necesita que la guerra en Medio Oriente no le vuele los mercados, que la gente le confíe los dólares, que la inflación vuelva cuanto antes a la tendencia declinante. La distancia entre la épica del plan y la fragilidad de las condiciones encierra una paradoja: cuanto más grande el proyecto, más intenso el miedo a que algo lo haga descarrilar.
Cuando advierte que a él no se lo van a “llevar puesto” reafirma que él es distinto a otros presidentes que creyeron que el mérito de sus reformas se impondría por su propio peso y subestimaron la capacidad del sistema para devorarlos. Avisa que conoce la trampa y también que todavía no ha conseguido escapar de ella.
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POLITICA
El exguerrillero chileno Galvarino Apablaza se considera refugiado político y no se entregará
Luego de que el gobierno de Javier Milei ofreciera una recompensa de $20 millones por información sobre el paradero del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, su abogado defensor, Rodolfo Llanzón, sostuvo que Apablaza es un “refugiado político en Argentina” y dijo que denunció a Chile por torturas.
“Apablaza fue víctima de torturas tanto durante la dictadura de Augusto Pinochet como en los años posteriores”, dijo el letrado, por lo que justificó la vigencia de su estatus de protección internacional.
La declaración se dio en el marco de una entrevista que le hizo el periodista Feinmann en Radio Mitre, que estuvo marcada por fuertes cuestionamientos por su situación judicial. De hecho, Feinmann lo definió como “un prófugo acusado de delitos graves vinculados al terrorismo”.
En ese contexto, Llanzón defendió la posición de su cliente y enfatizó que la discusión debe centrarse en el derecho internacional y no en consideraciones políticas o mediáticas. “En el día de la fecha hemos presentado una denuncia ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas contra el Estado chileno”, afirmó el abogado al inicio de la conversación.
Frente a la insistencia del periodista sobre las acusaciones en su contra, Llanzón profundizó que el reconocimiento de Apablaza como refugiado político no responde a una decisión circunstancial de un gobierno, sino a estándares internacionales. “Entre las causales por las que fue reconocido como tal, está la de haber sido torturado, secuestrado y enviado a un centro clandestino de detención durante la dictadura de Pinochet”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que el estatus de refugiado se mantiene vigente: “Eso implica que Apablaza es refugiado político hasta el día de hoy y desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973”.
Llanzón también amplió la denuncia presentada ante el organismo internacional, al señalar que los episodios de tortura no se limitarían al período dictatorial. “Entre los argumentos está la existencia de torturas durante el gobierno del señor Patricio Aylwin, cuando Pinochet continuaba siendo jefe de las Fuerzas Armadas en 1991”, indicó.
Según explicó, estas prácticas habrían sido sistemáticas en el marco de las investigaciones judiciales contra miembros de organizaciones armadas. “El organismo a cargo de la investigación en Chile ha sometido sistemáticamente a torturas a todas las personas involucradas, acusadas y en definitiva muchas de ellas condenadas por estos crímenes”, denunció.
Como ejemplo, mencionó el caso de Ricardo Palma Salamanca, quien también obtuvo estatus de refugiado en Francia. “Hoy está refugiado políticamente en los términos de la Convención de Refugiados de Naciones Unidas desde el año 2018”, precisó.
Además, el abogado subrayó que la presentación ante el Comité contra la Tortura busca garantizar la continuidad de la protección internacional de su defendido. “Lo que estamos requiriendo es mantener la protección del señor Apablaza Guerra porque, insisto, hasta el día de hoy es refugiado político”, reiteró, y añadió que en estos casos “prima un principio esencial del derecho internacional de los refugiados”. Feinmann, por su parte, criticó a las administraciones argentinas que en el pasado le otorgaron protección. “Usted me lo quiere pintar como si fuera Heidi”, lanzó en tono irónico, rechazando la caracterización del abogado.
Llanzón respondió elevando el tono del intercambio: “Aquí no se trata del señor Milei o del señor Alberto Fernández o quien fuera. El señor Apablaza Guerra es refugiado político en los términos de Naciones Unidas, no por un gobierno caprichoso”. En ese sentido, intentó desmarcar el caso de la coyuntura política argentina y llevar la discusión al plano jurídico internacional. Mientras el periodista insistía en que se trata de un prófugo, el abogado evitó referirse directamente a su paradero y cuestionó las decisiones recientes del Ministerio de Seguridad. “Usted abrió la nota hablando de una recompensa ridícula y caprichosa que envía el Ministerio de Seguridad”, criticó.
Para entender la polémica, hay que retrotraerse a 2010, cuando Cristina Kirchner le otorgó a Apablaza el estatus de refugiado político para evitar que fuera detenido y extraditado. La decisión fue revocada años después por Mauricio Macri.
Recientemente, la jueza María Servini pidió la detención del ex guerrillero con fines de extradición por los crímenes que se le imputan en Chile, entre ellos el asesinato de un senador.
El abogado destacó que el caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, lo que —según su visión— refuerza la complejidad del proceso. “El juez federal que lo tomó dijo que se iba a poner a estudiar el caso porque es sumamente complejo”, explicó, en contraste con la rapidez que atribuyó a otras decisiones judiciales.
Del otro lado, el conductor insistió en remarcar el trasfondo penal del caso, recordando que Apablaza está acusado en Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán, entre otros hechos. También subrayó que distintos gobiernos chilenos, incluso de signo progresista, solicitaron su extradición en reiteradas ocasiones.
El Gobierno oficializó la convocatoria a un acto de distinción para los veteranos de la Guerra de Malvinas, el 2 de abril de 2027, fecha en que se cumplirá el 45° aniversario del conflicto del Atlántico Sur.
El presidente Javier Milei había anticipado el reconocimiento el pasado 2 de abril, al plantear que “el año próximo será muy especial, ya que marcará el aniversario número 45 de la guerra por nuestras Islas”.
Por esa razón dio que determinaría por decreto “que en 2027 la Secretaria General de la Presidencia lleve a cabo un homenaje y otorgue una merecida distinción a nuestros veteranos».
La medida se oficializó a través del Decreto 218/2026 publicado en el Boletín Oficial, firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El texto destaca que “el Estado Nacional, a través de su máxima autoridad, tiene el deber indeclinable de rendir homenaje y expresar la gratitud del pueblo argentino a quienes defendieron la soberanía nacional con valor y sacrificio».
Los detalles de la convocatoria a un acto para homenajear a los veteranos de la Guerra de Malvinas
El decreto que oficializó la convocatoria a un acto para homenajear a los veteranos de la Guerra de Malvinas, en 2027, mencionó que “por la Ley N° 24.950 se declararon ‘Héroes nacionales’ a los combatientes argentinos fallecidos durante la guerra de Malvinas, en el año 1982, en defensa de la soberanía nacional sobre las islas del Atlántico Sur y, a los efectos de que estos héroes perduren en la memoria y conciencia histórica de las generaciones venideras, se dejó constancia de la nómina de aquellos».
Además, que la Ley N° 27.399 determinó como feriado nacional inamovible el 2 de abril, “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, y que “en ese día el pueblo argentino rinde homenaje a los veteranos del conflicto del Atlántico Sur, a los caídos y a sus familiares, con el fin de mantener vivo el recuerdo de nuestros héroes y reconocer su entrega y sacrificio”.
El texto oficial consideró que “resulta oportuno y necesario disponer la realización de un acto de distinción a los Veteranos de la Guerra de Malvinas y a las familias de los caídos en combate, en el marco de la conmemoración del 45° aniversario del conflicto del Atlántico Sur».
Planteó que el acto será “una expresión de memoria, reconocimiento y gratitud hacia quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional, a la vez que reafirma los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes».
El Gobierno explicó que este acto forma parte de un conjunto de acciones que el Poder Ejecutivo Nacional promovió “desde el inicio de su gestión con el fin de recomponer valores básicos y fundacionales, a fin de transmitir a las generaciones presentes y futuras el espíritu y la acción de los héroes de la Patria».
Islas Malvinas
POLITICA
El Gobierno abre un debate en el Congreso por el uso de los autos oficiales: las tensiones por uno de los artículos de “Hojarasca”
En el comienzo de un nuevo periodo ordinario, durante el cual pretenden aprobar varias reformas para retomar la agenda de la gestión, el Gobierno abre un inesperado debate en el Congreso sobre el uso de los autos oficiales para diputados y senadores, lo que ya motivó el enojo en algunos bloques e, incluso, entre miembros del propio oficialismo.
La medida en cuestión está incluida en el proyecto de ley “Hojarasca”, que fue enviado recientemente para su tratamiento y redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que venía trabajando en el texto desde el 2024.
El paquete de iniciativas apunta, en general, a derogar cerca de 70 normas que la gestión libertaria considera obsoletas o incluso absurbas, pero que técnicamente siguen vigentes porque nunca se eliminaron.
Sin embargo, uno de los puntos que generó polémica fue la propuesta de dar de baja los beneficios que se les otorgaron a los legisladores nacionales, así como a secretarios y prosecretarios parlamentarios, para la libre circulación y estacionamiento de sus vehículos con credenciales especiales.
Al respecto, en su presentación, el funcionario sostuvo que este es “uno de los ejemplos más claros de privilegio” en la legislación argentina actual, por lo que debería dejar de regir.
Aunque el proyecto ya está en manos de las autoridades de la Cámara de Diputados, el oficialismo optó por postergar su discusión para priorizar, en cambio, la modificación a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.
De todas formas, esta sería la próxima reforma a analizar y se prevé una única reunión de la comisión de Legislación General -donde debe obtener dictamen para avanzar-, a la cual podría asistir el mismo Sturzenegger para defenderla.
Aunque en La Libertad Avanza apuntan a que sea solamente un encuentro de carácter informativo, hay quienes reconocen que el texto podría sufrir en esta etapa algunos cambios, principalmente, en lo que respecta a las obleas de circulación de los vehículos oficiales.
“Son estas pelotudeces de gente que es diputada y llega a la Ciudad de Buenos Aires y, como no tiene agenda, va del hotel al Congreso y del Congreso al hotel, porque solo levanta la mano. Y no logra saber para qué sirve en su laburo. Yo tengo mi oblea. Uso mi auto y me salva poder llegar puntual a las reuniones”, remarcó un integrante de la oposición dialoguista.
Durante estos días, referentes de distintos bloques se expresaron en contra de la iniciativa y se quejaron de que el recorte los afecte solamente a ellos y no a los funcionarios nacionales.
Alguno inculso sostuvo, durante una conversación en uno de los pasillos del recinto, “que primero dejen el chofer Sturzenegger, Cacace y Faríña (Alejandro y Maximiliano, respectivamente, ambos secretarios dentro de la cartera de Desregulación)”.
“No para de hacer desastres, el ministro. Fue el que metió el artículo (de las licencias por enfermedad) en la reforma laboral, yo creo que ya está agotado. Ya fracasó con Mauricio Macri. Ahora va por nuestros autos, ¿para qué? ¿Por qué no se ocupan mejor de todos los problemas que tiene el Gobierno con Manuel Adorni y con los creditos bancarios?“, protestó un legislador que supo ser aliado, pero que hoy está alejado de la Casa Rosada.
En esta misma línea, aunque de manera menos combativa y más pragmática, otros espacios señalan que derogar este beneficio podría ser una mala decisión, ya que entienden que perjudicaría a la actividad democrática, dificultando el trabajo de los parlamentarios.
Para defender esta postura, dan el ejemplo de un diputado del PRO que meses atrás, cuando se estaba debatiendo la reforma laboral, no llegó a tiempo para dar quórum -algo por lo que el oficialismo trabajó arduamente-, ya que no estaba en su vehículo protocolar.
En esa oportunidad, el integrante de la bancada amarilla tuvo que viajar en una moto, que no contaba con la mencionada oblea, y la Policía lo demoró en una de las calles aledañas al Congreso, en el marco de los cortes de tránsito por la manifestación que protagonizaron grupos de izquierda y la oposición ese día.
En La Libertad Avanza, en tanto, reconocen que este artículo en particular de “Hojarasca” generó mucha polémica, pero por el momento no hay intenciones de quitarlo: “Sí, es verdad, está difícil este tema, pero vamos a insistir”, advierten.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno indica que “el término ‘privilegio’ deriva del latín privus (propio) y legalis (ley), es decir, una ley sancionada no para la totalidad de los ciudadanos, sino para ‘uno mismo’”.
Para el Ejecutivo, “hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática, y contraria al principio de igualdad ante la ley establecido por el ya citado artículo 16 de la Constitución Nacional”.
La ley en cuestión, la N° 20.959, otorga desde 1975 a los integrantes del Congreso el derecho a utilizar una “credencial personal e intransferible que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento”.
El proyecto sostiene que esta prerrogativa “no puede sostenerse en un contexto donde se pretende fortalecer la transparencia y la equidad en el ejercicio de la función pública”.
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