Eran las 14.32 y la lluvia caía, impiadosa, sobre la calle Arroyo. Con la capucha de su piloto en la cabeza y mientras un colaborador sostenía un paraguas que lo protegía de las inclemencias del clima, el presidente Javier Milei llegó al lugar en el que se erigía la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires, para conmemorar el aniversario número 34 de aquel ataque terrorista que redujo a escombros la sede diplomática provocó la muerte de 29 personas e hirió a más de doscientas.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el Presidente llegó a la plaza seca con el claro objetivo de reafirmar su alianza y apoyo con el Estado hebreo, hoy embarcado en una durísima guerra contra Irán, en conjunto con Estados Unidos.

“Argentina es socia de Israel en la defensa de los valores de libertad y el combate al terrorismo», dijo el Presidente, en sus nueve minutos de discurso, ante diplomáticos, dirigentes políticos y unas pocas decenas de asistentes que desafiaron el mal tiempo y sortearon las estrictas medidas de seguridad dispuestas por la embajada de Israel, en conjunto con autoridades nacionales y porteñas.

“El ataque dejó una herida imborrable en el suelo argentino y en la comunidad judía, ya que se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad”, dijo Milei, en un discurso escrito que le mandó nueve minutos. Fue su segunda participación en un aniversario de ese ataque, aunque en 2024 no habló.

“Israel encarna los valores fundamentales de Occidente y es un ejemplo de resiliencia”, dijo el Presidente, acompañado en el escenario cubierto por Karina Milei, Adorni, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri (a quien saludó con un efusivo abrazo), el embajador de Israel, Eyal Sela; el empresario Marcelo Mindlin, y el presidente del Museo Yad Vashem de Jerusalén, Dani Dayán.

“Frente al terrorismo no puede haber tregua”, afirmó el Presidente, en referencia a los atentados a la embajada y la AMIA, atribuidos por la Justicia argentina a la organización terrorista Hezbollah, financiado y apoyado por el gobierno iraní. Allí destacó que su gestión “impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes, incluso cuando pretendan eludir la acción de la justicia”, en referencia al inminente juicio en ausencia a los ex funcionarios del régimen iraní, acusados de la planificación del atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994, y que continúan con pedido de captura de Interpol.

No se olvidó, tampoco, de destacar el ataque de la organización terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, “la mayor matanza de judíos desde el Holocausto”. Reafirmó su decisión de firmar un “memorándum de entendimiento con Israel”, a quien calificó de “aliado estratégico”, y se diferenció sin mencionarlos a los gobiernos kirchneristas, “que firmaban memorándum con Irán”, en referencia al pacto de enero de 2013, refrendado por el Congreso y que establecía la creación de una comisión para reexaminar el atentado a la AMIA, pero que nunca se concretó.

Días después de recibir una amenaza concreta del régimen de Teherán a través de una editorial del Tehran Times, que lo acusó de “haber cruzado una línea roja” por su alineamiento con los presidentes Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el Presidente aludió en varias oportunidades a Irán. Lo acusó de “tener cautiva a su población”, y de “exportar el terror”, además de avalar la “decisión de Estados Unidos e Israel de acabar con el régimen” que gobierna Irán desde 1979. También se mostró enfático en la “lucha contra el antisemitismo”, que es –dijo- “la pelea por defender nuestros valores”. Y sumó algo de política local al afirmar que “combatir la pobreza” era una herramienta para desterrar prejuicios y violencia.

Apenas terminó el discurso, que comenzó varios minutos antes de lo pautado, y 18 minutos después de llegar, Milei y su comitiva se retiraron, por motivos “de agenda”. Con el canciller Pablo Quirno en el escenario como representante del Gobierno, el rabino Ioni Shalom recitó la oración Kadish en memoria de las víctimas, mientras monseñor Raúl Pizarro, secretario del Episcopado, recordó la memoria del sacerdote Juan Carlos Brumana, que falleció en el atentado mientras cumplía funciones en la Iglesia Madre Admirable, ubicada frente a la sede diplomática israelí.

Los oradores que siguieron aludieron al Presidente como si estuviese presente. Tres sobrevivientes del ataque, por caso, leyeron un discurso conjunto en el que renovaron su reclamo “para que la Corte Suprema diga quienes fueron los colaboradores locales que dieron la logística”, para el ataque de marzo de 1992 y que se cumpla una ley aprobada en 2017 para que en las escuelas del país “se recuerde a las víctimas” del ataque terrorista.

El embajador Sela, en tanto, la emprendió contra “el régimen dictatorial iraní”, y lo acusó de “acciones terroristas” en distintas partes del mundo. “Frente a ellos, el silencio es complicidad”, sostuvo el diplomático israelí. Justificó, además, el ataque conjunto contra Irán “para impedir el plan nuclear” de Teherán, y recogió aplausos al elogiar la “voz firme” del Presidente en su condena a Irán.

La lluvia impidió un momento musical previsto, y obligó a acortar los tiempos. El Gobierno dijo presente, además, con la mayoría del gabinete nacional, y legisladores como Patricia Bullrich, Luis Petri y Sabrina Ajmechet, mientras que de la oposición estuvieron el ex diputado de la CC-ARI, Juan Manuel López, el ex jefe de gobierno Jorge Telerman y el senador peronista Juan Manzur.

“Pasaron 34 años y el barrio está igual. Lo único que falta es el edificio de la embajada”, dijo a Jorge Cohen, exsecretario de prensa en la sede diplomática que la bomba redujo a escombros, a modo de resignado resumen.

“Yo de causas en trámite no hablo”, dijo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Segundos después, bocetó en televisión una estrategia para anular la prueba que sacudió el caso $LIBRA: el peritaje que expone la relación de Javier Milei y su hermana Karina con los promotores de la criptomoneda y que contradijo la defensa que había esgrimido la Casa Rosada.

Como si fuera el abogado defensor de un cliente en apuros, el ministro le adjudicó a una filtración un poder nulificador de toda la prueba en cuestión. Según el razonamiento de Mahiques, dado que la abogada y comunicadora Natalia Volosin publicó parte del resultado del peritaje antes de que estuviera disponible en el expediente para las querellas, la validez de todo el estudio está ahora en duda. El ministro eligió las palabras. Dijo que el peritaje (que cuando se filtró ya estaba terminado, firmado, entregado al fiscal del caso y subido al sistema del Poder Judicial) se trataba de un archivo que había sido “manipulado”.

Fuentes oficiales informaron que, según la investigación interna del Ministerio Público Fiscal (MPF), lo que ocurrió es que dos agentes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) habrían entrado al sistema interno del MPF −tenían las credenciales para hacerlo, pero no estaban trabajando en el tema− y una de ellas habría bajado un informe preliminar de ese estudio.

Según las huellas que dejaron en el sistema, eso ocurrió el 3 de marzo, informaron las fuentes. La publicación de Volosin fue el 6. El fiscal del caso, Eduardo Taiano, había recibido el peritaje completo casi dos meses antes. El informe está fechado el 7 de enero y el 25 de febrero se cargó al sistema de gestión judicial LEX 100. En el Ministerio Público añadieron que lo bajado el 3 de marzo es parte de algo que Taiano tenía incluso desde antes, porque era un adelanto del informe que la Datip le entregó en noviembre pasado. Precisaron que el contenido total del peritaje tiene un código de acceso.

Filtraciones han existido siempre en las causas de Comodoro Py. Los abogados se quejan y, como máximo, algún juez hace un llamado de atención por escrito en el expediente. En este caso, como habría quedado registro, se abrió un expediente interno que terminó en denuncia penal.

Pero Mahiques fue incluso más allá con el fantasma de la nulidad. Apuntó contra tres causas clave que hoy complican al Gobierno en los tribunales federales: además del caso $LIBRA, puso en duda el futuro de la investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el expediente que acaba de abrirse contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su viaje en un avión privado a Punta del Este, caso en el que lo denunciaron por presunto enriquecimiento ilícito.

En el caso Andis, las defensas pelean por esa nulidad desde hace tiempo. En la causa de Adorni, es una idea nueva la que aporta el ministro, si bien el jefe de Gabinete había sembrado la idea de que se difundió un video ilícitamente obtenido y que afectaba la privacidad de él y su familia. De todos modos, el video no fue la primera noticia sobre el vuelo privado a Punta del Este. Lo había contrado el periodista Carlos Pagni.

Ayer, Mahiques lo planteó así: “Lo que sí me llama la atención –le dijo a Luis Majul, que le había preguntado por la denuncia de Adorni de una supuesta operación en su contra originada en el propio Gobierno− es que el video del vuelo del jefe Gabinete, la filtración en la causa $LIBRA y los audios presumiblemente editados o no [de Spagnuolo], me llama la atención que tres causas relevantes, mediáticas, puedan llegar a tener origen ilícito”.

La nulidad de un caso por su origen ilícito fue algo que Mahiques vivió en primera persona. A su favor. Fue así como él y quienes fueron sus coimputados consiguieron cerrar el caso por el viaje que hicieron jueces, el entonces ministro de Justicia de la Ciudad, un exespía y empresarios a Lago Escondido. Esa causa, por “dádivas” (la sospecha es que fueron con todo pago), se inició en Bariloche y el primer triunfo de los acusados fue conseguir que pasara a Comodoro Py. Allí, el juez Sebastián Ramos la anuló y los sobreseyó a todos −con un fallo que, al filo de la feria judicial de 2023, el fiscal Ramiro González no apeló−. El argumento para el cierre fue que la causa se había iniciado por la filtración “irregular” del manifiesto de vuelo del avión privado que llevó a los jueces al sur, cuyo “derecho a la privacidad” se vio vulnerado. En Bariloche, los investigadores se habían cuidado de no usar los chats, de posible origen ilegal, donde los participantes del viaje coordinaban su defensa pública una vez revelado el viaje. Pero de todos modos, el caso se cerró.

Quien desplegó esa estrategia en la causa Lago Escondido fue el antecesor de Mahiques al frente del Ministerio de Justicia: Mariano Cúneo Libarona, como abogado defensor del juez Pablo Yadarola.

En cuanto al caso $LIBRA hay ahora dos causas. La principal y la que investiga la filtración. Esta segunda le tocó al juez Julián Ercolini, otro de los que viajó a Lago Escondido y fue sobreseído en el fallo que dispuso la nulidad de aquella causa penal. La lleva junto al fiscal Franco Picardi, quien, en paralelo, hoy participó de una audiencia en la Cámara Federal en la que se opuso al pedido de nulidad del caso de los audios de Spagnuolo.

Nada hay en el expediente que investiga la filtración del peritaje que apunte a hacer caer esa prueba del caso $LIBRA, informaron fuentes judiciales. Lo que se investiga es si quienes filtraron el documento cometieron algún delito. No está claro tampoco por qué Mahiques dijo que $LIBRA es una de las tres causas de presunto “origen ilegal”. El peritaje nada tiene que ver con el inicio de la causa, que no está cuestionado.

La idea de conseguir la nulidad del peritaje de $LIBRA con el argumento de la filtración ya la había planteado la semana pasada la defensa de Mauricio Novelli, el dueño del teléfono peritado.

El escrito que presentó Daniel Rubinovich, su abogado, el 11 de marzo pasado, dice que el 6 de marzo “trascendió en los medios de comunicación una filtración de los anexos a los cuales aún no habían accedido las partes”. La defensa de Novelli alegó que “la filtración del contenido de un peritaje no significa únicamente una violación al secreto del proceso y a la intimidad de las personas involucradas” sino que “acredita fehacientemente un quiebre en la cadena de custodia” porque −sostuvo− “una filtración no es meramente la existencia de una copia que no debería existir, sino que significa un acceso y un tratamiento indebidos”.

Mahiques, en el mismo sentido, dijo ayer: “Alguien se metió en un expediente donde no se debió haber metido. Si la cadena de custodia no se cuidó, puede que alguien haya adulterado el archivo. No se sabe qué puede haberse adulterado y qué no”. La propia defensa de Novelli, sin embargo, precisa que la filtración se produjo cuando el peritaje estaba terminado y cargado en el sistema.

Si la versión que pretende instalarse es que quien lo filtró además lo manipuló, de eso no hay prueba alguna en el expediente, relataron fuentes que investigan la filtración.

En cuanto a la protección de las pruebas, funcionarios que conocen de adentro cómo se hacen estos peritajes explicaron que antes que nada, se realiza la extracción del contenido del teléfono (en este caso, se hizo en presencia del perito designado por Novelli, informaron fuentes del caso) y se trabaja sobre una o más copias forenses, de modo de no exponer al original, que queda resguardado. Esto garantiza que ante cualquier inconveniente, la prueba pueda repetirse.

En los tribunales de Comodoro Py advierten además que la ley y la jurisprudencia son claras en cuanto a que la nulidad es un remedio procesal muy excepcional y mucho más en causas de corrupción, donde están en juego compromisos internacionales del Estado Argentino de lucha contra este tipo de delitos. Es, justamente, el ministro de Justicia de quien dependen los organismos que representan a país ante entidades internacionales que evalúan el desempeño en esta materia, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).