La Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública los días 25 y 26 de marzo de 2026 para recibir opiniones sobre un proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares N° 26.639. Se trata de otra de las reformas impulsadas por el Gobierno, con la intención de fomentar la explotación económica del ambiente periglacial nacional.

Según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial, el formato de la audiencia prevé una doble modalidad de participación: presencial y virtual. Así, el 25 de marzo de 2026, quienes estén inscriptos podrán exponer presencialmente en la sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados en Avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No obstante, el 26 de marzo la dinámica se realizará de forma virtual. Según establecieron las comisiones organizadoras, la audiencia conservará el mismo horario, es decir, se realizará en la franja de 10:00 a 19:00 horas.

Las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la de Asuntos Constitucionales acordaron los términos de esta convocatoria en una reunión realizada el 4 de marzo de 2026. El objeto específico será recibir y considerar aportes en torno al Expediente 0072-S-2025, que propone modificaciones directas a la Ley de Glaciares vigente.

De esta manera, confirmaron que la inscripción al Registro de Participantes estará habilitada hasta el viernes 20 de marzo. Los interesados pueden registrarse en persona en la oficina de la comisión, ubicada en el primer piso, oficina 149, de la propia Cámara de Diputados, entre las 10:00 y las 16:00 horas. Otra opción para inscribirse es completar el trámite electrónicamente mediante un formulario que estará disponible hasta las 20:00 horas en la página web de la institución.

Cada exposición, según la normativa, no podrá exceder los cinco minutos, y quienes deseen presentar una ponencia por escrito deberán hacerlo presencialmente o bien enviarla al correo de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (crnaturales@hcdn.gob.ar).

Para esto, pidieron que el escrito cuente con una extensión máxima de diez carillas en formato PDF, tamaño A4, letra Times New Roman 12. Además, informaron que las exposiciones como las presentaciones escritas quedarán registradas y serán publicadas posteriormente en la web de la Cámara de Diputados de la Nación.

Por otro lado, indicaron que la audiencia seguirá las pautas del Plan de Trabajo de Audiencia Pública sobre Ley de Glaciares, su Anexo I – Reglamento, el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara y el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe.

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Al fundamentar la iniciativa, el Poder Ejecutivo argumentó que existen “graves falencias interpretativas” en la legislación vigente, que habrían generado inseguridad jurídica y obstaculizado inversiones productivas, principalmente en minería.

Según el oficialismo, el objetivo principal apunta a “ordenar el marco normativo, eliminar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental”. Esto implicaría una transferencia de poder a las provincias para que asuman mayor protagonismo en la gestión de recursos.

Durante la discusión de la Ley de Glaciares, varios legisladores subrayaron la importancia de incluir a comunidades indígenas y actores sociales en las audiencias. Al respecto, el diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, afirmó que “todas las comunidades indígenas que estén registradas y que estén en las cuencas afectadas tienen que tener asegurada su participación“.

En el caso de la diputada Silvana Giudici, integrante del bloque de La Libertad Avanza, defendió la idea original del oficialismo al recordar que “hubo un sistema que fue de la misma manera que se propone hoy. Lo que corresponde es considerar la propuesta de las presidencias de la comisión”.

Estos son los puntos claves de la Ley de Glaciares vigente

La actual Ley de Glaciares marcó un cambio en la política ambiental nacional al establecer, desde el 30 de septiembre de 2010, los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. Por ese entonces, se estableció como objetivo central “preservar estos cuerpos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas”.

En este sentido, la norma definió a los glaciares como “bienes de carácter público” y extendió su protección a las áreas de suelos congelados que cumplen funciones reguladoras de los recursos hídricos, conocidas como ambiente periglacial. Para garantizar la identificación y el resguardo de estos espacios, el artículo 3 de la ley ordena la creación del Inventario Nacional de Glaciares.

Según el texto, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es el organismo responsable de “identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares del territorio argentino”. El inventario debe actualizarse al menos cada cinco años e incluir información sobre la ubicación exacta, la superficie y el estado de conservación de cada glaciar.

En contraposición a la propuesta del Gobierno, la ley prohíbe de manera explícita toda actividad que pueda alterar la condición natural de los glaciares o del ambiente periglacial. La lista incluye la “liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias”.

Por esto, frente a cualquier proyecto que se pretenda realizar en zonas donde existan glaciares, la norma exige una evaluación de impacto ambiental y la garantía de participación ciudadana. Solo quedan exceptuados los casos de rescate, investigación científica no invasiva y deportes no motorizados, de acuerdo con la letra de la ley.

Las sanciones por el incumplimiento de la Ley 26.639 pueden ir desde advertencias hasta multas económicas y la suspensión total de la actividad responsable del daño. La normativa advirtió que, en caso de reincidencia, las multas “pueden triplicarse”.

Si la infracción la comete una empresa, la ley determinó que “sus directivos y administradores también resultan responsables”. Además, el dinero recaudado a través de las multas debe destinarse prioritariamente a la protección y recuperación de los glaciares afectados.

gabriel cano / comunicaci—n senado

El Gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral, sancionada hace una semana en el Congreso. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y rige desde este 6 de marzo.

La norma introduce desde hoy cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y en otros aspectos del régimen laboral.

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La reforma laboral fue publicada con un total de 25 capítulos. Entre ellos, incorpora un banco de horas de carácter voluntario para compensar horas extraordinarias con descanso, habilita el fraccionamiento de vacaciones por acuerdo entre las partes y prevé la creación optativa de un Fondo de Cese Laboral como alternativa para atender desvinculaciones.

“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026″, indica el texto oficial.

La norma que comenzó a regir este viernes señala que sus disposiciones no serán aplicables a los dependientes de la Administración Pública; al personal de casas particulares; a los trabajadores agrarios; a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas y a contratistas regulados por el Código Civil y Comercial.

Qué establece la reforma laboral

La reforma laboral o ley N° 27.802 está compuesta por 25 capítulos e introduce cambios en indemnizaciones, despidos, licencias, vacaciones, horas extras e impuestos.

A continuación, las principales claves de la Ley de Modernización Laboral

Salarios

Los salarios podrán ser pagados en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. También se incluye el concepto de “salario dinámico” que podrá ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa, y ser tratado como pago al mérito personal del trabajador o productividad.

Idemnizaciones

Se reduce la base de cálculo y no se consideran dentro de la misma las vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera y para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual.

También se habilita a las pymes el pago en cuotas. 

Se dispone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el aporte obligatorio que realizan los empleadores, y la ANSES dejará de percibir esos ingresos. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Hace una segmentación de 1% para las grandes empresas y 2,5% para las pymes.

Vacaciones

De acuerdo a la norma, el empleador deberá conceder las vacaciones entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. Se propone un mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador para convenir el fraccionamiento de las vacaciones, “con una antelación no menor a treinta (30) días”, permitiendo fraccionamientos mínimos de siete días.

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Banco de horas

Con respecto a las horas extras y bancos de horas, el artículo 197 bis incorporado prevé que empleador y trabajador “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, debiendo formalizar por escrito el sistema.

“Dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”, indica el texto.

El derecho de huelga

La reforma fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas, de acuerdo al tipo de actividad. De esta manera, los servicios que son considerados esenciales deberán asegurar una cobertura del 75%, en tanto que los establecidos como trascendentales, al menos el 50%.

Por otra parte, la norma amplía el número de actividades alcanzadas. Finalizada una conciliación obligatoria, los sindicatos deberán presentar con anticipación un plan de ejecución de la medida de fuerza. Las asambleas de trabajadores tendrán que contar con autorización previa del empleador.

Formalización del empleo

Se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por un año y establece que, por cada nuevo trabajador, el empleador pagará menores contribuciones patronales (solo 8%, incluido el 3% destinado al Fondo de Indemnizaciones).

Sobre las nuevas incorporaciones, deberán no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, haber estado inscripto en el monotributo y haber sido empleado público.

reforma laboral, Javier Milei

El nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, comenzó su gestión promoviendo cambios en las cúpulas de todos los organismos que se encuentran bajo su órbita. En ese sentido, este jueves se dio a conocer que puso al frente de la Inspección General de Justicia a Alejandro H. Ramírez, abogado con amplia experiencia y que ha litigado contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad a la que deberá investigar.

Ramírez, quien reemplaza en el cargo a Daniel Vítolo, es abogado y Magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, donde se desempeña como profesor de grado y de la Maestría en Derecho Empresario (MDE). Como parte de su trabajo privado, ha representado a la empresa Berg Watches S.A. en una demanda contra la casa madre del fútbol argentino. La compañía y la AFA fueron socias en la comercialización de 10.000 relojes de lujo en homenaje a la Selección Argentina campeona del mundo en 2022.

Los mismos contaban con un diseño en color celeste, con detalles que denotan la tercera estrella, movimiento suizo Ronda 704 y cristal de zafiro. Evidentemente, algo salió mal, la sociedad se quebró y los relojes ya no se pueden ver en la página oficial de la empresa, aunque persiste en la web la descripción del artículo.

La IGJ protagoniza un conflicto con la AFA, sobre todo luego de que requiriera la designación de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual de la entidad que rige al fútbol argentino.

En un intento por obstaculizar ese trabajo, la asociación civil estableció su domicilio en Pilar, quedando así bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

Ramírez, quien dicta cursos de posgrado en distintas universidades del país, es socio del estudio Highton & Ramírez.

Según informa su currículum, ha representado a la República Argentina ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), integrando el grupo de trabajo sobre PYMES, donde participó en la elaboración de la Ley Modelo sobre Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y en la Guía Legislativa de la ONU sobre Registro de Empresas.

También fue punto focal ante la OEA en materia de simplificación del derecho societario en América y co-redactor de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor y del régimen de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).

Es miembro del Comité de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) y Director del CES-Latam (Centro de Estudios Societarios para Latinoamérica). Es autor del libro SAS – Sociedad por Acciones Simplificada (Editorial Astrea, 2019), entre otras publicaciones especializadas.

No es menor el detalle de su especialización en SAS, ya que se ha enfrentado en redes sociales y hasta en el Congreso de la Nación con el gobierno de Alberto Fernández por ese mismo tema. Incluso también con la IGJ, organismo que ahora comandará.

En 2023, se puso al hombro los reclamos del sector y apuntó una y otra vez tanto contra Fernández como contra el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. De hecho, acusaba al Poder Ejecutivo de que, en su busca de limitar las SRL y las SAS, podía llegar a disolver una sociedad y confiscarla.

“Otra vez fui a Diputados a defender el inentendible ataque de este Gobierno a las SAS, los emprendedores y a las PYMES. ¡Es increible no tener consenso en que sin empresas y emprendimientos no vamos a salir nunca para adelante!“, expresó en su cuenta de X el 28 de abril de 2023, con mención a la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA).

Casi un año más tarde, el 16 de abril de 2024, cuando ya era presidente de la Nación Javier Milei, Ramírez celebró: “La IGJ intentó matar a las SAS. Con ASEA hicimos un amparo. Hoy, la Corte Suprema nos dio la razón, avalando al fuero Comercial, quien había suspendido todos los atropellos de la IGJ. ¡A veces, en Argentina hacer políticas públicas significa defender lo ya conseguido!“.

Entre otras cosas, lo que pretendía el gobierno de Fernández era crear un Registro de Emprendedores, a cargo del Ministerio de Economía de Massa y la Secretaría de Desarrollo Productivo, que tendría la potestad de aceptar o rechazar a quién se consideraba emprendedor y, por lo tanto, quién podía conformar una sociedad.