POLITICA
El oficialismo avanza en el Congreso con la Ley de Glaciares pese a las impugnaciones sobre la reforma

La segunda jornada de la audiencia pública sobre la modificación de la Ley de Glaciares mantuvo la misma dinámica que la anterior, con la mayoría de los participantes reiterando su rechazo a la norma que ya cuenta con media sanción del Senado. Además, señalaron que la exclusión del 99,5% de los inscriptos evidencia la nulidad de las audiencias, por lo que se reservaban la posibilidad de recurrir a la vía judicial. Los asistentes, que previamente habían manifestado no conocer los criterios de selección, cuestión que tampoco fue explicada por las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, Juan Peluc y Nicolás Mayoraz, insistieron en sus críticas. Tras una jornada presencial marcada por la tensión y cruces entre participantes y diputadas de La Libertad Avanza, que se burlaban de sus argumentos, el encuentro virtual exhibió un clima totalmente diferente. La modalidad a distancia, impuesta por el oficialismo, le restó relevancia y provocó la ausencia de muchos legisladores. El bloque gobernante, convencido de que cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo del PRO y la UCR, permitió que los discursos en contra se sucedieran sin intervención.
Una de las intervenciones más destacadas fue la de la exdiputada Graciela Camaño. La legisladora, reconocida por su experiencia en cuestiones reglamentarias en la Cámara Baja y respetada por sus pares, inició su exposición impugnando la audiencia pública “como paso administrativo previo a los juicios que se iniciarán si prospera el proyecto de reforma de la Ley. La no realización de la audiencia obligatoria conforme a las pautas constitucionales determina la nulidad absoluta del acto”, afirmó.

Camaño, quien habló durante poco más de diez minutos, advirtió a los diputados que el proyecto “cuyo objeto no es la minería, sino el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y pretende transformar una ley que tiene características científicas de protección mínima uniforme para todo el territorio de los reservorios de agua dulce, en una ley de carácter político donde cada provincia va a definir qué ambiente periglacial va a proteger o no, conforme a su explotación minera”. Para cerrar, Camaño fue contundente: “La Ley de Glaciares es el piso mínimo, no puede reducirse y tiene progresividad consolidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Otra exposición relevante fue la de Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo responsable del Inventario Nacional de Glaciares. “Esta ley no representa una mejora porque deja áreas con hielo sin proteger; no elimina las ambigüedades, sino que, por el contrario, genera nuevas; y desdibuja el rol científico y tecnológico, subordinándolo a decisiones políticas”. Villagra advirtió que la propuesta de La Libertad Avanza “deja sin resguardo parte del ambiente periglacial que contiene hielo, que por estar bajo tierra no es fácilmente inventariable pero cumple con las funciones hídricas señaladas”.
Finalmente, Villagra remarcó que el proyecto libertario no prevé presupuesto para el IANIGLA, “lo que nos deja en una situación de incertidumbre”.

La segunda jornada de la audiencia pública, en la que el oficialismo limitó la presencia y los tiempos de exposición, concluyó sin sobresaltos. La mayoría de los diputados ya se había retirado.
Ahora, La Libertad Avanza organiza una audiencia con los 12 gobernadores “mineros” para enviar un mensaje claro a los legisladores de esas provincias.
En este contexto, el diputado Maximiliano Ferraro presentó una carta a las autoridades de las comisiones y al presidente de la Cámara, Martín Menem, solicitando que, si se realiza esa convocatoria, se incluya al resto de los gobernadores.
Se estima que, en los primeros días de abril y con dictamen favorable, La Libertad Avanza llevará el proyecto al recinto y buscará la sanción definitiva de la norma, a la que más de 100.000 personas e instituciones ambientalistas manifestaron su desacuerdo.
POLITICA
El gobernador de Corrientes echó a su ministro de Economía por un conflicto con los gremios docentes

Una gran cantidad de docentes de la provincia de Corrientes se encontraron con fuertes descuentos en sus haberes durante el último fin de semana. La razón que estaba explicada en el recibo de sueldo fue la adhesión al paro nacional convocado el 2 de marzo pasado. La situación generó un tembladeral político en la gestión provincial que terminó con la salida del ministro de Economía de la provincia, Marcelo Rivas Piasentini.
Todo esto se da en el marco de que Corrientes cuenta con al menos cinco sindicatos docentes y a los que se sumaron los autoconvocados, que no tienen representación en esas organizaciones. La medida de fuerza fue para acompañar una decisión nacional que se replicó en gran parte del país.
El miércoles, primer día hábil tras la novedad, el gobernador Juan Pablo Valdés salió al cruce y dijo: “Se produjo la acumulación de dos ítems del sueldo que resultó excesiva”. Los dos renglones estaban vinculados al presentismo. “Por eso se decidió el reintegro. Realizaremos una revisión completa del decreto”, que motivó la medida, agregó.
Valdés, tras poner la cara por el conflicto, adelantó que podría haber cambios en el gabinete. “Hay que esperar”, dijo. “Vamos a estar haciendo el anuncio cuando sea prudente y corresponda”, añadió.

No hubo que aguardar mucho tiempo para que se dieran las condiciones del recambio. A primera hora de la tarde del mismo miércoles, el Gobierno correntino dejó trascender que Valdés había pedido la dimisión a Rivas Piasentini. Tras una danza de nombres para la sucesión, el jueves por la mañana el Ejecutivo provincial confirmó a Héctor Grachot al frente de Economía.
Se trata de un funcionario que venía desempeñándose como subsecretario de Finanzas de Corrientes. Antes ocupó otros lugares en el diagrama provincial. Uno de ellos fue el Instituto de Vivienda correntino.
La salida de Rivas Piasentini fue un hecho significativo en la vida política de la tierra del chamamé. Se trata de un funcionario que estuvo 8 años al frente de la cartera. Es decir: los dos mandatos de Gustavo Valdés, hermano y antecesor del actual gobernador. Llegó al cargo para reemplazar a Enrique Vaz Torres, un hombre de confianza de Ricardo Colombi, mentor y luego enemigo político declarado de Gustavo Valdés.
La decisión que tomó el ahora exministro fue técnica. Pero necesitó de un respaldo político. Rivas Piasentini pagó el precio de ambos factores.
El relevo
Valdés puso en funciones al nuevo funcionario durante el mediodía del jueves. Habían pasado menos de 24 horas de la renuncia de su antecesor. El acto se realizó en el salón Amarillo de la Casa de Gobierno provincial. Rivas Piasentini ocupó un asiento en las primeras filas.
Tras el acto protocolar, el gobernador tomó el micrófono para darle la bienvenida formal a Grachot. “Se trata de una persona con la que venimos trabajando. Tiene una trayectoria más que comprobada en el Ministerio, donde hace mucho trabaja. Sabe cuál es el rumbo que debemos continuar llevando adelante”.

Con respecto al recambio de funcionarios, el mandatario expresó: “Es una decisión importante que llevará tranquilidad a todos los correntinos. Es un mensaje claro de que seguiremos trabajando con mucho compromiso y entusiasmo. El norte está puesto en el futuro y el desarrollo de Corrientes”, agregó.
Luego, mirando al lugar donde estaba el Ministro saliente, le dirigió un mensaje. “Te agradezco, Marcelo, por habernos acompañado este tiempo”, expresó. Un fuerte aplauso de los demás asistentes cortó las palabras del Gobernador, quien solo agregó un “gracias” a lo que venía diciendo.
Trascartón se dirigió al flamante funcionario. “Te deseo que con una visión clara y mucho compromiso hacia el futuro de los correntinos encares los días por venir”, soltó. “Sigamos construyendo. Sigamos trabajando con este equipo en lo que estamos convencidos: Corrientes tiene un futuro grande y promisorio”, redondeó.
Antes de retirarse del salón, Valdés se estrechó en un abrazo con su exfuncionario.
POLITICA
El Gobierno envió al Congreso la “Ley Hojarasca”, el proyecto de Sturzenegger para eliminar más de 70 normas

El gobierno nacional envió este jueves al Congreso la “Ley Hojarasca”, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger desde 2024 que propone la eliminación de más de 70 normas. En el documento presentado, el Poder Ejecutivo justificó que buscará suprimir ciertas reglamentaciones porque las considera “obsoletas o superadas”.
En el proyecto, el Gobierno segmentó las leyes según el motivo por el cual las quiere dar de baja y las dividió entre: “Obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo; las que afectan a libertades individuales; las englobadas por legislaciones posteriores más completas y modernas; las que cuya derogación implica un avance en la desburocratización; las que remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; y aquellas sobre organismos para integrantes del sector público, financiados con fondos públicos nacionales”.
“Sea porque son meramente declamativas, las circunstancias históricas en las que fueron dictadas quedaron en el pasado, esas regulaciones han sido superadas por leyes posteriores o por los cambios que experimentó la sociedad en lo tecnológico o social, existe una enorme cantidad de leyes que actualmente aparecen como vigentes pero que ya no tienen aplicación práctica alguna. Algunas nunca la tuvieron”, argumentaron desde el Ejecutivo, que indicó: “Los derechos no requieren leyes”.
En 2024, cuando Sturzenegger impulsó el proyecto, el Gobierno declaró que la prioridad de la Ley Hojarasca era derogar aquellas legislaciones que “afectan las libertades individuales” y enumeró las que consideró más destacables para eliminar. Entre ellas, mencionó a la Ley 14.034, promulgada en 1951, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que establece: «Será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino“.
Al respecto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmó: “Esta ley prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales”.
Todas las leyes que el Gobierno buscará eliminar con el proyecto
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El Gobierno presentó la Ley Hojarasca para derogar normas “obsoletas” y simplificar el sistema legal

El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de ley conocido como Ley Hojarasca, con el objetivo de avanzar en una depuración del sistema normativo argentino mediante la derogación de leyes consideradas “obsoletas” o innecesarias.
Según se detalla en los fundamentos, la iniciativa apunta a “reducir la sobreabundancia normativa que caracteriza al ordenamiento jurídico argentino”, al sostener que la acumulación de leyes a lo largo del tiempo generó “un sistema complejo, muchas veces contradictorio y de difícil aplicación”.
En esa línea, el texto advierte que la existencia de normas en desuso no es inocua, ya que “genera incertidumbre jurídica y aumenta los costos de cumplimiento para los ciudadanos y las empresas”. Por eso, propone avanzar en una revisión integral que permita eliminar aquellas disposiciones que “han perdido vigencia práctica o han sido superadas por normativa posterior”.
El proyecto también se inscribe en la estrategia de desregulación del Gobierno. De acuerdo con los fundamentos, el objetivo es “promover un marco normativo más claro, accesible y eficiente”, reduciendo la intervención estatal en ámbitos donde se considera innecesaria.
Leé también: Se dilata el debate por la Ley de Glaciares: el oficialismo convocará a una audiencia con gobernadores mineros
Además, se remarca que la iniciativa busca ordenar el sistema legal bajo criterios de racionalidad, al señalar que “la proliferación de normas sin una adecuada depuración atenta contra la seguridad jurídica”, uno de los ejes centrales de la política económica oficial.
Además, el texto sostiene que la medida permitirá avanzar hacia un esquema más simple y previsible, al destacar que “un ordenamiento jurídico claro y coherente resulta esencial para el desarrollo de las actividades económicas y el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
Noticia que está siendo actualizada.-
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