POLITICA
La oposición desafía al Gobierno y busca avanzar en el Congreso con leyes que forzarían un veto de Milei en plena campaña

El Gobierno encara una semana adversa en el Congreso, donde comenzarán a definirse las pretensiones de la oposición de avanzar con proyectos incómodos para Javier Milei, que anticipan un veto. Una herramienta constitucional a la que el Presidente ya recurrió en 2024. Pero esta vez la utilizaría en el tramo final de la campaña electoral, con los eventuales costos políticos que eso supone.
Los proyectos en cuestión buscan garantizar fondos para las universidades nacionales y el Hospital Garrahan. Se discutirán este martes en diferentes plenarios de comisiones; podrían obtener dictámenes y quedar a tiro de una abrumadora mayoría que luego los apruebe la Cámara de Diputados.
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Los emplazamientos para estos tratamientos -es decir, la aprobación de discutir los proyectos en comisión-, lograron en Diputados mayorías que superaron los 160 votos a favor, cuando el número indispensable es de 129 voluntades que acompañen.
Mientras tanto, de manera controvertida -se autoconvocó, aunque con mayorías reglamentarias-, el Senado prosperó con los dictámenes de los aumentos del 7,2% para las jubilaciones y el incremento del bono para los ingresos pasivos mínimos. Con menos acompañamiento, también avanzó con la prórroga de la ley de moratoria previsional, caída desde marzo de este año. Además de la declaración de la emergencia en discapacidad, que también prevé un aumento en las pensiones.
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Según el Gobierno, todas estas iniciativas ponen en riesgo el déficit cero. Por eso el Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticiparon que serán vetadas, en caso de ser sancionadas. Y aun cuando la oposición fundamentó -con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)- que no generan desequilibrios fiscales, y que en la propuesta de aumento de jubilaciones se detalla la manera de financiarlo sin descompensar las cuentas públicas.
Los primeros debates
El martes, en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados -que el libertario José Luis Espert tiene blindada desde hace meses-, se discutirán ambas iniciativas para financiar las universidades públicas y los hospitales pediátricos.
A las 12, Espert deberá lidiar con las comisiones de Salud y de Familia, encabezadas por Pablo Yedlin (Unión por la Patria) y Roxana Reyes (UCR), respectivamente, para discutir la declaración de emergencia en pediatría. Y a las 16, se le sumará la comisión de Educación, conducida por Alejandro Finocchiaro (PRO), para tratar la situación de las casas de altos estudios.
Pese a las diferencias mostradas en la última sesión -la que se levantó en medio de un escándalo-, la oposición está unificada en la necesidad de avanzar y sancionar estas normas.
La que busca declarar la emergencia pediátrica por el término de dos años lleva la firma de diputados de Unión por la Patria. Uno de los artículos contempla los reclamos de los trabajadores del Garrahan y exige “la recomposición inmediata de los salarios del personal y los residentes”.
En cambio, en los proyectos referidos al financiamiento universitario, no solo están las propuestas de los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Danya Tavela (Democracia para Siempre), sino aquel presentado por los rectores de las facultades de todo el país, quienes aseguran que no pondrá en riego el déficit cero.
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Un debate de estas características ya se realizó durante el 2024, cuando el Congreso aprobó el financiamiento para las universidades, primero en Diputados y un mes más tarde en el Senado. Pero la ley fue vetada por Milei. Días después el veto resultó blindado por 85 diputados, quienes impidieron conseguir los dos tercios del Cuerpo para rechazarlo.
La agenda en el Senado
Unión por la Patria logró -junto a los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau, y la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri- dictaminar dos iniciativas, también cuestionadas por la Casa Rosada por su costo fiscal.
En la declaración por dos años de emergencia en discapacidad se plantea, entre otros puntos, una actualización de las pensiones correspondientes y los aumentos del 7,2% en las jubilaciones. Los dictámenes -cuestionados por La Libertad Avanza- están en condiciones de llegar al recinto esta misma semana para ser convertidos en ley, ya que cuentan con la sanción de Diputados.
El reclamo de los gobernadores
En la última semana los gobernadores le enviaron una fuerte señal al Ejecutivo. No solo pueden dañar al oficialismo en la construcción del quórum en ambas cámaras legislativas, sino que también buscan ser escuchados en sus propuestas de coparticipación de impuestos en la mesa -aún abierta- con la jefatura de Gabinete.
Por intermedio del amplio arco de la oposición en el Senado, que incluyó a sectores antagónicos como José Mayans (UxP) y Alfredo de Ángeli (PRO), presentaron su reclamo mediante un proyecto de ley listo para comenzar su tratamiento en la comisión de Coparticipación Federal de Impuestos que preside Víctor Zimmermann (UCR).
“Los proyectos presentados responden a una demanda histórica: terminar con el reparto discrecional de fondos fiduciarios nacionales -advirtió el senador radical Eduardo Vischi-. La propuesta contempla la eliminación de fideicomisos que actualmente operan por fuera del presupuesto y cuya asignación de recursos escapa a controles efectivos. En su lugar, los fondos se coparticiparían automáticamente entre Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con criterios preestablecidos”.
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“Contrario a lo que algunos sectores libertarios temen, la iniciativa no afecta las finanzas nacionales -agregó el legislador correntino-. Los fondos que se redistribuyen ya están afectados a funciones específicas que, en la práctica, ejecutan las provincias. Además, eliminamos estructuras opacas que dificultan el control y el uso eficiente del gasto público”.
“El espíritu de ambos proyectos es de carácter institucional y constructivo. No se trata de atacar a nadie, ni de generar conflictos. Se trata de construir un país más justo, con provincias fuertes y un Estado nacional que actúe con transparencia y responsabilidad”, concluyó Vischi.
Diputados, Jubilaciones, universidades
POLITICA
Crecen las expectativas y versiones por la posible liberación de Nahuel Gallo en Venezuela

Mientras este domingo, pasado el mediodía, comenzaron a circular versiones sobre una posible liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo por parte del gobierno venezolano, su esposa, María Alexandra Gómez, dijo, a través de una publicación en sus redes, que aún no cuentan con información oficial en relación con su paradero.
“A esta hora no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias”, indicó y siguió: “Nahuel debe ser liberado inmediatamente. Agradecemos a todos su preocupación. Lo que sepamos lo comunicaremos por esta vía”, agregó.
Noticia en desarrollo
pic.twitter.com/65kulveD3r,March 1, 2026,Conforme a
POLITICA
El régimen chavista trasladó al gendarme argentino Nahuel Gallo y hay incertidumbre por su paradero

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue trasladado anoche del penal de El Rodeo 1, donde permanecía detenido de forma ilegal desde diciembre de 2024, y hasta la tarde de este domingo su paradero era desconocido. La información fue confirmada a Infobae por al menos tres fuentes interiorizadas en la situación, quienes señalaron que tanto la familia del uniformado como autoridades del Gobierno argentino fueron notificadas del sorpresivo movimiento.
La primera señal sobre su salida del penal surgió desde el interior del complejo carcelario ubicado en el Estado de Miranda, en las afueras de Caracas. Familiares de detenidos que se comunican con los detenidos mediante gritos que logran traspasar los muros pudieron grabar la novedad que surgió de El Rodeo 1.
Internos lograron transmitir que “el argentino” había sido “liberado”. Sin embargo, lo que se confirmó posteriormente es que Gallo fue retirado de El Rodeo 1, aunque no existe constancia oficial de que haya recuperado la libertad. Las fuentes consultadas indicaron que se trató de un traslado con destino incierto.
No hubo comunicación pública por parte de las autoridades venezolanas. Tampoco el Gobierno argentino recibió, hasta el momento, una notificación formal que precise el lugar al que fue llevado ni el estado en el que se encuentra. El hermetismo oficial se mantiene en ambos lados.
Las mismas fuentes no descartaron que Gallo haya sido derivado a dependencias de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo de inteligencia militar venezolano que depende del Ministerio de Defensa y que interviene en causas vinculadas a seguridad del Estado, presuntos delitos políticos y supuestos casos de conspiración. En antecedentes recientes, otros extranjeros detenidos en Venezuela fueron trasladados a la DGCIM -donde manda Diosdado Cabello– antes de concretarse su liberación o su expulsión del país. No obstante, en el caso del gendarme argentino no existe confirmación oficial de que ese sea su destino.
Nahuel Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez, y a su hijo pequeño, Víctor. Según la información reconstruida por Infobae, el arresto se produjo cuando cruzaba la frontera con documentación en regla y sin que pesara sobre él ningún pedido de captura internacional.
Tras su detención, el régimen venezolano lo acusó públicamente de terrorismo, conspiración y de participar en un supuesto plan para atentar contra la vida de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, hoy presidenta encargada. Las imputaciones fueron formuladas en declaraciones públicas por entonces dictador venezolano Nicolás Maduro, quien lo presentó como parte de una presunta trama desestabilizadora. Sin embargo, hasta el momento no se conoció la apertura de ningún proceso judicial formal en su contra, ni la existencia de una acusación con sustento probatorio presentada ante un tribunal competente.
Desde su arresto, Gallo permaneció incomunicado durante más de un año. No contó con asistencia consular argentina ni con defensa legal independiente designada por su familia. Tampoco hubo acceso regular a visitas. El caso fue denunciado por el Gobierno argentino como una detención arbitraria y como una violación a garantías básicas del debido proceso.
Durante su permanencia en El Rodeo 1, Gallo compartió condiciones de reclusión con otros detenidos considerados presos políticos por organizaciones de derechos humanos. El penal es señalado por familiares y ONG por el régimen de aislamiento, las restricciones a las comunicaciones y la falta de información oficial sobre la situación procesal de los internos.
La semana pasada se produjo un hecho relevante: después de varios días de huelga de hambre, Gallo logró comunicarse telefónicamente por primera vez con María Alexandra Gómez. Fue el primer contacto directo tras más de un año sin comunicación. La llamada se produjo en el marco de una protesta iniciada por detenidos en El Rodeo 1, quienes reclamaban mejoras en las condiciones de detención y definiciones sobre su situación jurídica.
Según relató su entorno, Gallo se había sumado a la huelga de hambre como medida extrema ante la falta de avances en su caso. La protesta incluyó la negativa a ingerir alimentos durante varios días. La familia expresó preocupación por su estado de salud, dado el prolongado aislamiento y la ausencia de controles médicos independientes.
El traslado ocurrido en las últimas horas se dio pocos días después de esa comunicación telefónica. No existe información oficial que vincule ambos hechos, pero la secuencia temporal incrementó la incertidumbre en su entorno familiar.
Hasta la tarde de este domingo, no se confirmó si Gallo continúa bajo custodia estatal, si fue derivado a otra unidad de detención o si se encuentra en alguna sede de inteligencia. Tampoco hubo precisiones sobre si el traslado forma parte de un procedimiento administrativo previo a una eventual liberación o si responde a otra decisión interna del aparato de seguridad venezolano.
En la Argentina, el Gobierno fue notificado del movimiento, aunque sin detalles. Hasta ahora, siguen el caso a través de canales diplomáticos indirectos, sobre todo de Estados Unidos. Desde la detención, la Cancillería argentina realizó presentaciones formales exigiendo información sobre su paradero y condiciones de detención, sin obtener respuestas completas.
La familia de Gallo mantiene contacto con autoridades argentinas y continúa reclamando información precisa. La expectativa generada por los gritos escuchados desde el penal —que hablaban de una supuesta “liberación”— fue rápidamente moderada al confirmarse que solo se trató de un traslado.
El caso acumula más de 450 días desde el arresto inicial. Durante ese período no se difundieron documentos judiciales que acrediten una acusación formal ni se informó sobre la realización de audiencias. Tampoco se permitió el acceso regular de representantes consulares argentinos, lo que constituye una vulneración de estándares internacionales en materia de protección consular.
El silencio oficial del régimen venezolano se mantiene. No hubo comunicados del Ministerio Público, del Poder Judicial ni de organismos de seguridad que expliquen el estado procesal del gendarme argentino. Del lado argentino, la postura oficial ha sido exigir su liberación y denunciar la falta de garantías.
El traslado desde El Rodeo 1 abre un nuevo capítulo en el caso, pero no aporta certezas. Sin confirmación sobre su destino, sin comunicación oficial y sin documentación judicial pública, la situación de Nahuel Gallo continúa envuelta en opacidad. La única información verificada hasta el momento es que fue retirado del penal donde permanecía detenido desde diciembre de 2024 y que, hasta ahora, su ubicación no fue informada oficialmente.
Civil Conflict,Demonstrations,Riots,South America / Central America,Civil Unrest
POLITICA
Javier Milei en el Congreso, en vivo: la apertura de sesiones 2026, minuto a minuto

El Gobierno llega a la Asamblea Legislativa de este año envalentonado. Pasó un “veranito”, con dos meses de calor en extraordinarias -diciembre y febrero- en los que consiguió cada cosa que quería: la reforma laboral, la baja de edad de imputabilidad, el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) y la media sanción de la ley de glaciares. Todo marchó de acuerdo al plan, como le gusta decir al estratega Santiago Caputo, y quedó listo para abonar al discurso “ambicioso” y “reformista” que piensa dar el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.
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