POLITICA
El PAMI, epicentro de internas libertarias, bajo sospecha por un negocio millonario para distribuir pañales
En los días previos a la Semana Santa, el PAMI publicó en el Boletín Oficial un concurso público que, a pesar de no haber captado la atención del gran público, implica una reconfiguración del negocio alrededor del tercer contrato más importante de la entidad: la provisión de pañales para adultos, después de los de medicamentos e internación.
El proceso tuvo su ganador la semana pasada. El 7 de mayo, Urbano Express SA resultó vencedor del concurso y comenzará a distribuir a todo el país.
Cuando se hizo el llamado, el documento solicitó a las empresas a presentar propuestas para el servicio de distribución domiciliaria de pañales por un período de 36 meses y un presupuesto total de $466.554 millones. Lo novedoso no fue solo el monto sino que implica una modificación completa del sistema de los últimos 15 años aproximadamente, y las condiciones de su convocatoria. Los oferentes tuvieron menos de una semana -hasta el viernes posterior al feriado largo- para presentar propuestas a una licitación que normalmente requeriría al menos un mes de preparación.
Durante la apertura de sobres, realizada a fines de abril, solo una firma se presentó: Transporte Urbano, una compañía vinculada al Grupo Román (operador del Puerto de Buenos Aires) y al Grupo Clarín, ambos socios en negocios de logística social.
“Fuimos cuatro empresas a la apertura, pero solo ellos presentaron oferta. Nadie más pudo llegar con la documentación que pedían en tan pocos días”, relató una fuente. Fue el 25 de abril, y se presentaron también Lenterdit, Italpañal y Hisan SA, todas ya proveedoras de PAMI, aunque ninguna realizó una oferta formal. Lo curioso es que asistieron tres pañaleras, que finalmente no participaron, y una sola transportista.
El PAMI resultó, en las últimas semanas, ser un centro de gravitación de la interna libertaria. En parte se debe a que la administración central está bajo control de Santiago Caputo y Mario Lugones (ministro de Salud y padre del socio del asesor presidencial, Rodrigo Lugones), mientras que las delegaciones locales están en cabeza de los “territoriales” del oficialismo, que responden a los armados de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Hace tan solo algunos días surgieron denuncias en oficinas de todo el país (y, en particular, una fuerte en Misiones contra Adrián Núñez, armador de La Libertad Avanza), porque los titulares de las delegaciones habrían pedido diezmos a los trabajadores para financiar a los partidos provinciales y municipales. Esto sucedió en La Pampa, Santa Cruz y partidos de la provincia de Buenos Aires, entre otros.
El titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es Esteban Leguizamo, que fue además funcionario en la gestión de la camporista Luana Volnovich (y por casi dos décadas más), durante la cual fue denunciado por Luis Petri, ahora ministro de Defensa, y Graciela Ocaña, por formar parte de la organización interna que otorgaba subsidios a centros de jubilados que eran, según los autores del escrito, bastiones de La Cámpora.
Como contó , el PAMI también fue centro de polémica (y está siendo investigado en Comodoro Py) por alquilar, desde hace siete meses, por un monto multimillonario, un edificio que apenas comenzó a usar parcialmente semanas atrás.
Se trata de varios pisos en Reconquista 46, por unos US$2 millones, a un empresario ligado al oficialismo. El arreglo incluyó hasta una comisión inmobiliaria para una socia del ganador, Marcelo Pocovi, cuyo hijo milita en La Libertad Avanza. Esas oficinas habían sido utilizadas por el oficialismo para hacer campaña en reiteradas oportunidades.
Desde 2010, los pañales que distribuye PAMI a unos 200.000 afiliados se entregan mediante un sistema que involucraba a fabricantes, droguerías y más de 6000 farmacias en todo el país. El nuevo sistema, sin embargo, busca desplazar este modelo por un esquema de entrega domiciliaria a cargo de una empresa de transporte.
Entre los requerimientos de la licitación se incluía una póliza de caución por 25.000 millones de pesos, la obligación de contar con galpones logísticos (aunque solo se mencionaban requerimientos en Buenos Aires) y la presentación de un sistema de trazabilidad para saber dónde está cada paquete en cada momento del proceso.
También se exigía que las muestras de los productos fueran entregadas, aunque ese día no se permitió a los presentes verificar su contenido. De acuerdo a fuentes presentes en el momento, las muestras estaban en bolsas negras. Nadie pudo verlas, aunque el expediente estaba a la vista sobre la mesa.
Urbano Express, la empresa que ganó el concurso, no se encargará directamente de la fabricación de los pañales, sino que tercerizaría ese aspecto con al menos dos empresas ya conocidas por el PAMI: Nochísimo y Liberty.
El nuevo esquema implicará un aumento del costo mensual para el PAMI: de los actuales $9.000 a $10.000 millones de pesos, pasará a $12.000 millones. Según las condiciones técnicas, los productos exigidos en la licitación serán más livianos: el modelo básico pasará de pesar 75 gramos a unos 50 gramos. Esa disminución no necesariamente implica menor capacidad de absorción, sino una estructura más endeble del producto, de acuerdo con compañías del rubro.
La sospecha de que los nuevos proveedores podrían además importar pañales se refuerza con el hecho de que los fabricantes actualmente comprometidos con el abastecimiento nacional quedaron fuera del proceso. Según algunos de ellos, los antecedentes del sistema de entrega domiciliaria podrían pensarse como una mejora al afiliado, pero tienen problemas. Experiencias pasadas con empresas como OCA terminaron por darse de baja, principalmente por la dificultad de entregar paquetes grandes a personas mayores en sus casas. Había reportes de afiliados que no podían acercarse a buscarlos. Hoy, si no pueden ir a la farmacia, mandan a alguien.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció para hoy una conferencia de prensa para referirse a este caso. “Durante años, unos vivos hicieron negocios con los pañales del PAMI, obligando a los jubilados a utilizar productos de baja calidad. Le hemos puesto fin a todo esto: implementamos una licitación pública, con entrega directa y un ahorro de $5.000 millones. Si, se robaban hasta los pañales de los abuelos. Un verdadero escándalo”, sentenció.
POLITICA
El líder de la CGT atribuyó la reforma laboral a la esquizofrenia electoral: “La sociedad vota con emoción y después te reclama con razón”
La entrevista con Jorge Sola en Infobae a las Nueve expuso el rechazo sindical a la reforma laboral aprobada en el Senado. El secretario general de la CGT advirtió sobre una presunta pérdida de derechos de acuerdo a la visión de su sector y el impacto político de la votación.
Jorge Sola, secretario general de la CGT, adjudicó la media sanción de la reforma laboral a lo que definió como una “esquizofrenia electoral” de la sociedad argentina que le permitió al oficialismo ganar las elecciones presidenciales en 2023 y aumentar su representatividad en el Congreso durante los comicios legislativos del año pasado.
“La sociedad vota con emoción un domingo y el lunes te reclama con la razón. Te dice voto esto porque no me gustaba lo de atrás, porque hay incertidumbre de futuro, pero después al otro día te dicen ‘pero che, estos derechos me los van a sacar’”, señaló. “Sí, son los que votaste y hoy tienen noventa diputados y veinte senadores. Eso es lo que se votó. Bien. Contra eso, que es una fortaleza política de este gobierno, hay que pelear”.
Durante la charla con el equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Sola remarcó la postura de la CGT frente al avance del proyecto oficialista: “Nosotros militamos por un proyecto que se oponía al de la senadora Bullrich, en ese caso candidata a presidenta, y al del presidente Milei. Perdimos. Exactamente, lo hicimos militando, diciendo: ‘Lo que está enfrente va a venir por los derechos de los trabajadores’. Tratamos de convencer a la gente, no lo logramos. Se ganó esa opción”.
La CGT y la advertencia sobre la pérdida de derechos laborales
Sola enfatizó que la reforma se apoya en “la conculcación de muchos derechos individuales”, y criticó el debilitamiento de la representación gremial. “Hay una gran cantidad de derechos individuales de los trabajadores que van a ser conculcados. El debilitamiento de las representaciones gremiales, el derecho de huelga, las asambleas, la representación gremial, las estructuras gremiales, y después una gran transferencia de recursos económicos por parte de los trabajadores hacia el sector empresario”, enumeró.
El dirigente gremial sostuvo que la organización advirtió con anticipación el riesgo de este escenario: “La CGT advirtió sobre lo que se enfrentaba ante este proyecto y que se votara. Apenas inició el gobierno, fuimos los primeros que estuvimos en pie de lucha y seguimos estándolo. Somos la única estructura del movimiento social que está en pie de lucha permanente desde el primer mes en que asumió este presidente”.
Consultado sobre la magnitud de la movilización sindical tras la media sanción, Sola defendió la capacidad de convocatoria de la central obrera: “Había cien mil personas en la plaza. Yo estuve ahí adentro, caminé cada una de las columnas. Por supuesto, hubo otros grupos que se sumaron a los que nosotros no controlábamos. Nosotros, la protesta y el reclamo en paz social, lo hemos mantenido en cada situación de la democracia argentina”.
Las críticas a la reforma y el rol de la CGT
Uno de los puntos más discutidos fue la supuesta falta de contundencia de la CGT en su respuesta. Sola rechazó esa lectura: “Es una percepción tuya. Nosotros estamos en un plan de acción que empezó el 18 de diciembre con una convocatoria y ayer tuvimos otra, desvirtuada por servicios que trataron de cambiar el foco. Pero la herramienta del paro y de la huelga todavía está en vigencia”.
A la vez, Sola se desligó de los incidentes ocurridos tras la retirada de la CGT de la Plaza de Mayo: “Cuando los tres secretarios generales llegamos al frente de la columna, a los diez minutos se desvirtuó todo. Ese sector fue para el lado de la CGT, pero no voy a hablar de eso, porque si no estamos hablando de la anécdota y no de lo central”.
Respecto a la defensa de los derechos laborales, Sola remarcó: “No hay modo de recuperar ningún derecho individual si no hay una estructura gremial que represente a los trabajadores. El proceso que se pretende, de tratar de que cada trabajador puede defender por sí mismo sus derechos en esta suerte de idealización que tiene el gobierno, no existe. La única manera es con estructuras gremiales fuertes que representen los intereses de los trabajadores”.
El debate por los aportes sindicales y la judicialización de la reforma
Sola contestó a quienes acusan a la CGT de priorizar el mantenimiento del aporte sindical por sobre otros derechos: “Ningún aporte es obligatorio de por sí. Vos no te afiliás a un gremio porque el gremio lo decide”. Y aclaró: “Ese aporte solidario es el que se hace en algunas cuestiones circunstanciales y particulares por la negociación paritaria o convenio colectivo. No todos los gremios lo tienen”.
El dirigente advirtió sobre las consecuencias del debilitamiento de la estructura social: “Cualquier estructura social que se debilite, como lo están haciendo con las jurisdicciones provinciales sacando dinero o con las obras sociales, implica profundizar la rotura del tejido social productivo y eso implica mayor desorden social del que hoy tienen”.
En cuanto a la judicialización del tema, Sola fue tajante: “¿Ustedes creen que puede pasar que hay violaciones de derechos constitucionales? El derecho de huelga no pasa el filtro de la constitucionalidad ni cerca, sino otro que atraviesa todo el proyecto de ley y que tiene que ver con el principio protectorio del derecho del trabajo. Esta ley, así como está votada, no termina aplicándose. Ya lo digo”.
Sola también abordó el tema de las licencias laborales, a raíz de declaraciones de Federico Sturzenegger: “No hay licencias eternas. Las licencias siempre tienen una certificación médica. En la actual ley de contrato de trabajo, el empleador puede chequear que esa enfermedad inculpable suceda. La filosofía de Sturzenegger es que la economía no está al servicio del trabajador, el trabajador es un engranaje para que funcione la economía. No funciona así el mundo, ni en los países que él dice llevar como norte”.
El desafío de la representatividad sindical y el recambio generacional
Sola defendió su rol y el de la actual conducción de la CGT ante las críticas a la dirigencia sindical: “Yo represento a la CGT, que muchas veces desde los medios piden un recambio. Este es un recambio, no solo desde lo discursivo, sino también de lo pragmático. Todavía no pudimos poner en agenda la gran cantidad de cuestiones que tenemos para hacer de la CGT porque la agenda que apenas asumimos nos la puso el Gobierno con la reforma laboral”.
Al ser consultado sobre la percepción social de los líderes sindicales, respondió: “Vos no sabés lo que soy yo. Corro solidariamente, construyo merenderos, voy a mi ciudad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. A nosotros nos revalidan con una inspección permanente del Ministerio de Trabajo. Después, la moral de cada uno se la defiende cada dirigente”.
Finalmente, defendió la legitimidad de la afiliación sindical: “La representación sindical en la Argentina es una de las más grandes del mundo. Tenemos alrededor de nueve millones de trabajadores formales y más del 50 % de los afiliados. Firman y dicen: ‘Yo quiero estar afiliado a este gremio’, porque ven que ahí hay una representación”.
Sola concluyó explicando el próximo paso del plan de lucha: “Nos reunimos en consejo directivo para definir cómo seguimos el día que se trate en diputados. Prefiero muchas más veces la gente en la calle que un silencio que no hable”.
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POLITICA
Reforma laboral: la alianza entre el oficialismo y los gobernadores se mantiene en Diputados
CÓRDOBA.− Aunque el oficialismo nacional no espera sobresaltos en el acuerdo alcanzado entre la Casa Rosada y los gobernadores para la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado, en las últimas horas se multiplicaron los ruidos por la forma en que se pagan las licencias por enfermedades y accidentes en el texto aprobado y algunos legisladores alineados con los mandatarios podrían sumarse a los que piden cambios.
La preocupación más fuerte de los gobernadores en el origen de la discusión era la reducción de Ganancias para empresas y su impacto en la coparticipación. Eliminado ese punto, se dieron por satisfechos y habilitaron sus votos en el Senado. El cuidado de las arcas provinciales fue el aspecto que concentró toda la atención de los mandatarios, que prácticamente no se involucraron en el debate de los aspectos laborales en sí de la reforma.
Así, no solo los gobernadores aliados electorales de los libertarios como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) dieron su apoyo, sino que los senadores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Hugo Passalaqua (Misiones) y Martín Llaryora (Córdoba) acompañaron el proyecto del oficialismo. También lo hizo la senadora radical con monobloque propio (Despierta Chubut) Edith Terenzi, que mantiene un estrecho alineamiento con el gobernador Ignacio Torres.
El oficialismo confía en que todas las alianzas tejidas para el paso de la reforma por el Senado se mantendrán y, con eso, alcanzaría el número necesario para aprobar la ley. El viernes por la tarde, la iniciativa llegó a Diputados. El próximo miércoles 18 se analizaría en el plenario de comisiones y la sanción debería ser antes del fin de las sesiones extraordinarias.
La senadora Patricia Bullrich ya adelantó que el Gobierno no aceptará cambios: “La ley ya está, es esta”. Incluso, le restó importancia a los cambios que introdujo el Senado. El mensaje esta vez no apunta a los gobernadores, sino Pro, cuya bancada quiere reincorporar el pago de salarios a través de billeteras virtuales.
En las negociaciones previas al paso por el Senado, a cargo del ministro del Interior, Diego Santilli, los esfuerzos estuvieron enfocados en los peronistas como Sáenz, Jaldo (una senadora cercana rechazó el proyecto) y el catamarqueño Raúl Jalil (aunque el senador Guillermo Andrada votó en contra). Ese grupo, que acompañó al oficialismo en el arranque de la gestión de Javier Milei, tomó distancia en la última parte de 2025. La relación parece estar recompuesta ahora.
Si el debate por los puntos relacionados a pagos de licencias recrudece, los seis diputados con los que cuentan Jaldo (bloque Independencia) y Jalil (Elijo Catamarca) tendrán un rol clave en la votación final.
Innovación Federal −el bloque cuyo armado lidera Sáenz− cuenta con nueve legisladores que si mantienen la alineación del Senado se sumarán a los 95 libertarios.
En el caso de Provincias Unidas, que agrupa a 19 legisladores, habría votos divididos. Los cinco cordobeses mantendrían la posición de apoyo del Senado, pero hay puntos de lo aprobado en debate, lo que también alcanza a los santafesinos Gisela Scaglia y Pablo Farías. La misma conducta asumirían el rionegrino Sergio Capozzi y los dos jujeños alineados con Carlos Sadir (Jorge Rizotti y María Zigarán).
Las diferencias dentro del bloque podrían darse porque Martín Lousteau impulsa un proyecto propio de reforma laboral, una alternativa al de los libertarios.
Por supuesto, los mandatarios de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego, quienes no mantienen contactos con la Casa Rosada, son los que sostienen los reclamos. Después de la media sanción de la reforma, pidieron a la Nación que convoque al Consejo Federal del Trabajo (CFT). El planteo, por una nota firmada por los titulares de las carteras laborales de esas provincias, fue entregado al secretario de Trabajo, Julio Cordero.
A ese grupo se sumó, en esta oportunidad, el misionero Hugo Passalaqua, aunque los senadores que le responden −Carlos Arce y Sonia Rojas Decut− votaron a favor del proyecto.
El retiro del artículo que reducía Ganancias a las empresas conformó a los gobernadores, pero irritó a las cámaras empresarias, que hace tiempo vienen reclamando sobre ese impuesto. Esta vez se impuso el pragmatismo en las negociaciones. Un informe de la consultora Empiria da cuenta de que mientras que el proyecto original representaba un costo fiscal de 0,8% del Producto Bruto Interno, ahora quedó en 0,13%.
la forma en que se pagan las licencias por enfermedades y accidentes,Gabriela Origlia,Cámara de Diputados,Reforma laboral,Patricia Bullrich,Conforme a,Cámara de Diputados,,¿Vuelve al Senado? El oficialismo apura en Diputados la sanción de la reforma laboral, pero crece la resistencia por los límites a las licencias,,»Seguís sacando 3 votos». Bregman y Reichardt se cruzaron en redes sociales tras la media sanción a la reforma penal juvenil,,»Van a terminar yéndose en helicóptero». Grabois apuntó muy duro contra el Gobierno por la reforma laboral
Diputados debate en el Congreso la Ley Penal Juvenil. La iniciativa propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años. La propuesta alinea la legislación nacional con la tendencia de algunos países de la región. Al mismo tiempo, genera un amplio debate legislativo y social. En Infobae en Vivo Al Mediodía brindaron detalles acerca de qué territorios disponen de una normativa similar.
“El proyecto que están discutiendo en este momento en la Cámara Baja fija en catorce años la edad de imputabilidad”, explicó Federico Mayol durante Infobae en Vivo Al Mediodía. El proyecto legislativo busca modificar el sistema vigente, que fija la imputabilidad desde los dieciséis años, para situarla ahora en una cifra debatida regionalmente.
La propuesta, según precisó el periodista, se inscribe en un contexto regional: “Catorce años es lo que rige en países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela. En Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la edad es aún menor: doce años”, detalló Mayol.
De acuerdo con el profesional, “la tendencia regional es hacia edades más bajas de imputabilidad penal”. Aclaró que cada país introduce matices según la gravedad del delito y los sistemas de protección a la infancia.
Por otro lado, si se observan los países europeos, muchos disponen de una ley similar al proyecto tratado este jueves en la Cámara Baja. En el caso de España, desde el año 2000 que la edad punitoria descendió hacia los 14, pero la legislación no admite que los menores que delinquen afronten sanciones penales.
Asimismo, las normativas de Italia, Austria y Alemania podrían contemplar una penalización, si se demostrara que el adolescente juzgado estaba en plena consciencia de sus actos y pudiera ser capaz de comprender la gravedad de los mismos. Además, el régimen penal aplicado a menores de edad en Inglaterra comparte cierta similitud con estas condiciones, salvo que la definición de minoridad varía entre los 10 y los 17 años.
Modificaciones en la ley
Sobre los alcances concretos del proyecto, Mayol describió: “Se privilegian medidas complementarias o no privativas de la libertad. Por ejemplo, prestación de servicios a la comunidad, prohibición de conducir o de salir del país, siempre y cuando el delito no sea un homicidio ni haya víctimas graves”. Además señaló: “El texto fija una pena máxima de quince años para los menores, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena”.
Continuamente, Mayol analizó los desafíos de aplicar la normativa en la práctica. “La discusión no es solo la edad, sino qué condiciones materiales existen para que la ley se cumpla”, advirtió. Y planteó las dudas presupuestarias: “El presupuesto destinado es de veintitrés mil millones de pesos”, e interrogó si ese monto permitirá contar con los recursos y el personal especializado para alojar a los menores adecuadamente y ofrecerles tratamientos contra las adicciones.
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