Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley de “Reparación Histórica Malvinas”, que propone otorgar un beneficio económico excepcional a exsoldados conscriptos que participaron en combate durante la guerra de 1982, así como a civiles que cumplieron funciones de apoyo en el Teatro de Operaciones.

“Malvinas es memoria y también una deuda que la democracia tiene que saldar. Por eso, junto a @AldoAdolfoLeiva presentamos este proyecto de Reparación Histórica que reconoce a quienes, siendo muy jóvenes, fueron enviados a la guerra y cargaron durante décadas con el abandono, el dolor y el silencio”, enfatizó la diputada Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, quien presentó el proyecto junto a su colega Aldo Leiva, veterano de Malvinas.

El proyecto fue acompañado por una veintena de diputados de Unión por la Patria.

“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia”, indicaron.

Según propone el proyecto, el monto debe equivaler a 104 haberes mínimos jubilatorios, a pagarse en 24 cuotas actualizadas por movilidad, exento del Impuesto a las Ganancias. En caso de fallecimiento, el beneficio podrá ser percibido por familiares directos bajo un esquema de prioridades y distribución.

La iniciativa establece además que quienes accedan al beneficio deberán renunciar a reclamos judiciales o administrativos vinculados a pensiones previas y dispone que la implementación estará a cargo de Anses, con certificación del Ministerio de Defensa. El objetivo es ampliar el universo de reconocimiento, incluyendo también a las familias de los excombatientes, muchas de las cuales cargaron con las consecuencias del conflicto.

En sus fundamentos, el proyecto señala que se trata de una deuda pendiente de la democracia con quienes combatieron siendo muy jóvenes y luego enfrentaron años de abandono estatal, secuelas físicas y psicológicas, y dificultades de reinserción social. También destaca que, si bien hubo avances desde 2004 en materia de reconocimiento, aún persiste la necesidad de una reparación integral que salde el desamparo de las primeras décadas y honre el sacrificio de los veteranos y sus familias.

La Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, declaró este jueves “persona non grata” al encargado de negocios de la embajada de Irán en el país, Mohsen Soltani Tehrani, y le ordenó que abandone el país en 48 horas, de acuerdo a lo que publicó la cartera de Relaciones Exteriores en un comunicado. La reacción de la administración libertaria surge luego de que el régimen islámico condenara que la Argentina haya declarado organización terrorista a la Guardia Revolucionaria en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que la República Argentina declaró persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”, informó la cartera.

El comunicado continúa: “La decisión se adopta en respuesta al texto difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades. Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas l derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”.

Esto se suma, según se indicó, a la negativa de Irán a “cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA, así como a su reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables”.

“Resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina”, asegura.

Y cierra: “La Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia. La República reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional”.

Ayer por la tarde, a través de su embajada en Uruguay, Irán condenó que la Argentina haya declarado a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.

“Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen islámico.

Desde el régimen sostuvieron la declaración argentina es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. Y advirtieron que Javier Milei y el canciller Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques de EE.UU. e Israel que comenzaron el 28 de febrero.

El Gobierno argentino incorporó esta semana al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Su inclusión implica no solo su declaración como organización terrorista, sino también el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad y la prohibición de la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional.

La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores.