El gobierno designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia y con esta decisión espera destrabar un conflicto latente que suma reclamos de distintos sectores: el nombramiento de jueces y fiscales.

Mahiques cuenta con una larga trayectoria en el Poder Judicial, donde ocupó distintos cargos y tejió contactos, y tiene un perfil más “dialoguista” que su predecesor, Mariano Cúneo Libarona. Conocedor desde adentro del sistema, el hijo de Carlos “Coco” Mahiques, salpicado en el escándalo de la AFA, el nuevo ministro es una línea directa del gobierno con Comodoro Py.

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El ahora nuevo ministro deberá encarar distintas medidas que el presidente Javier Milei nombró como pilares fundamentales de su gestión pero durante la gestión de Cúneo Libarona quedaron truncas, como el envío de pliegos al Senado, la reforma del Código Penal y la implementación del sistema acusatorio. Esta última generó fuertes enfrentamientos entre el ministerio y el Procurador General interino, Eduardo Casal.

En 2023, tras asumir su gestión, Milei retiró del Senado todos los pliegos que habían sido enviados por el expresidente Alberto Fernández para evaluar los nombres, pero no envió nuevas propuestas. Esto generó el agravamiento de una situación que ya existía en la Justicia que es la falta de coberturas de vacantes. En la actualidad, 364 de los 1.002 cargos de jueces federales y nacionales están vacantes.

De esas 364 vacantes, 203 están en manos del Ejecutivo y las otras se encuentran en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. La situación genera sobrecarga de trabajo en los tribunales, retrasos en las resoluciones y mayor utilización de subrogancias. Muchos jueces advirtieron en reiteradas oportunidades que la Justicia está cerca de declararse en inactividad.

Además de los juzgados federales y nacionales, el sistema judicial también enfrenta otras posiciones clave sin cubrir, como la Procuración General de la Nación y dos vacantes en la Corte Suprema. Aunque, según declaró Mahiques en sus primeras horas como ministro, estos asuntos no son una prioridad por el momento.

Junto con Mahiques asumió como viceministro de Justicia Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y reemplazará a Sebastián Amerio. Con esta decisión, el gobierno se asegura de tejer puentes con la Justicia no solo en diálogo directo con los jueces sino también desde el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de elevar las ternas de jueces.

Viola, además, mantiene buena relación con Casal que mantuvo fuertes enfrentamientos con Cúneo Libarona por la implementación del sistema acusatorio, cuyo desembarco en Comodoro Py está previsto para abril. El jefe de los fiscales le planteó al exministro que la medida no era viable por la falta de recursos: faltan jueces, fiscales, defensores y administrativos. Además de recursos materiales como espacio físico y elementos de trabajo.

Por orden del Ejecutivo, Cúneo accedió a posponer la entrada en vigencia del sistema en algunas jurisdicciones pero aclaró que no había marcha atrás.

Las causas contra el Gobierno

El cambio se da en un momento donde los escándalos judiciales comenzaron a golpear al gobierno de manera directa. Una de las causas más resonantes es la vinculada a la presunta estafa relacionada con la criptomoneda $LIBRA.

En paralelo, otra investigación judicial analiza presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En ese expediente se investiga el supuesto cobro de sobornos en el organismo y ya fue imputado el exdirector, Diego Spagnuolo, quien mantenía un vínculo personal con el presidente.

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El gobierno mantiene un litigio también con la AFA por la supuesta retención indebida de aportes y fue el escenario elegido por Mahiques para dar los primeros mensajes de su gestión: desplazó al extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, y avanzó con la designación de veedores en la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La designación de veedores está relacionada con un expediente abierto por la IGJ para evaluar la situación institucional y financiera de la AFA. La intervención de este organismo responde a las facultades de control que posee sobre asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro registradas en el país.

Justicia, Javier Milei

La CGT presentó este viernes una acción de amparo judicial para frenar la aplicación de varios artículos de la recién promulgada reforma laboral impulsada por Javier Milei: en su presentación, advirtió que el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires podría generar un colapso judicial y afectar a miles de causas en trámite y empleados.

La denuncia de la central obrera, que cuenta con la firma de su triunvirato de conducción, constituye el primer paso en una estrategia legal más amplia para rechazar aspectos centrales de la ley aprobada durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

La acción judicial fue sorteada a favor del Juzgado Contencioso número 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, el mismo magistrado que a comienzos de 2024 rechazó dos amparos contra el DNU 70/2023.

En la presentación, la CGT cuestiona la constitucionalidad del traspaso del fuero laboral nacional a la justicia porteña y señala que el convenio que habilita esta transferencia fue aprobado sin intervención de la Comisión Bicameral exigida por la Ley 24.588, lo que, aseguran, vulneraría el principio de juez natural y dejaría a trabajadores y empleados judiciales en un estado de incertidumbre.

Según la central obrera, el traspaso implicaría el cierre inmediato de 30 juzgados laborales y de la Sala VII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, con la posibilidad de una futura eliminación total del fuero laboral nacional. A esto se suma la preocupación por el impacto en miles de causas y la situación laboral de empleados y funcionarios judiciales, que quedarían sujetos a nuevas autoridades y reubicaciones en la órbita de la justicia porteña, en un distrito gobernado por el PRO.

El artículo 91 de la reforma laboral contempla la transferencia basada en el acuerdo firmado el 9 de febrero de este año entre el gobierno de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, y la administración nacional de Milei. La CGT sostiene que esa aprobación se dio en sesiones extraordinarias y sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales vigentes para este tipo de traspasos, lo que, resalta la central obrera, fue advertido por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La presentación judicial actual difiere en su enfoque a la táctica que aplicó la central obrera contra el DNU 70 en diciembre de 2023, aunque mantiene cierto paralelismo. En aquella oportunidad, los sindicatos presentaron múltiples denuncias en juzgados de primera instancia, lo que facilitó que la Cámara del Trabajo suspendiera parcialmente el decreto y la cuestión escalara hasta la Corte Suprema, que nunca emitió un fallo definitivo. Ahora, la CGT prevé presentar otra cautelar en el fuero laboral y promover acciones individuales de los gremios en los tribunales.

El nuevo procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, será el encargado de defender la posición del Estado en esta controversia legal que comienza.

La demanda judicial presentada por la CGT se concentra en la cuestión de la transferencia del fuero y omite deliberadamente otros aspectos de la reforma laboral que generaron debate, como las modificaciones en indemnizaciones, los períodos de prueba, la limitación del derecho de huelga y la ampliación de las jornadas de trabajo hasta 12 horas, entre otros puntos.

El lunes pasado, la CGT realizó una marcha frente al Palacio de Tribunales para acompañar la impugnación judicial, que se presentó ahora porque esta mañana se promulgó la ley de reforma laboral, que lleva el número 27.802, con su publicación en el Boletín Oficial.

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La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que el gendarme Nahuel Gallo recibió una videollamada de Claudio “Chiqui” Tapia momentos antes de subirse al avión que lo trajo de nuevo a la Argentina. En ese intercambio, el titular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) le confirmó que iba a volver al país luego de haber permanecido detenido 448 días en Venezuela.

En la misma entrevista, la funcionaria cuestionó el rol de la AFA en la liberación del agente, aunque reconoció su función como medio de negociación. “No lo veo como una apropiación, sino como una necesidad de protagonizar y decir: ‘Lo trajimos nosotros’”, expresó.

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Noticia que está siendo actualizada.-

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