El Gobierno finalmente no incluyó en el anuncio sobre el contenido del proyecto de nuevo Código Penal a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, como lo estuvo analizando el fin de semana, aunque no descarta hacerlo en el futuro.

”Nosotros, los técnicos, levantamos los temas todo el tiempo y las definiciones políticas llegan de arriba», dijo a un funcionario del Gobierno, que participó de la redacción de la iniciativa, al explicar la determinación oficial.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dieron una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que dieron detalles del proyecto de ley que enviarán al Congreso para modificar el Código Penal.

El proyecto agrava las penas para delitos comunes, para la corrupción y dispone que no son imprescriptibles los delitos graves. Durante el fin de semana, una fuente del Ministerio de Seguridad había dicho a que se incluían entre esos delitos los de corrupción. Y una fuente del Ministerio de Justicia coincidió: “Está en estudio”, admitió.

En el anuncio de este lunes, cuando le preguntaron a Bullrich, la ministra dirigió la consulta al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que estaba sentado en la primer fila, quien negó que estuvieran incluidos como imprescriptibles los delitos de corrupción.

En el proyecto de reforma están incluidos el homicidio agravado; el abuso sexual, la producción, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil; la corrupción de menores, la promoción y facilitación de la prostitución, explotación y rufianería, la sustracción de menores con fines sexuales, la trata de personas, el secuestro, los atentados al orden constitucional y al sistema democrático, los procesos contra organizaciones criminales, y el terrorismo y su financiamiento.

Mas tarde, un funcionario del Gobierno explicó lo ocurrido de esta manera: “Patricia dijo que está a estudio, pero no está puesta hoy la corrupción como imprescriptible. Pero ella lo dijo en la conferencia, y charlaremos sobre la posibilidad de hacerlo. Todavía hoy no está puesto. No es algo tan urgente como parece, porque mientras se es funcionario no corre la prescripción”.

“Habría que ver el caso bien y la definición política al respecto. Nosotros los técnicos levantamos los temas todo el tiempo y las definiciones políticas llega de arriba y las acomodamos. Hoy no está puesto todavía como un delito imprescriptible”, explicó este funcionario cercano a la mesa donde se decide el texto final que se enviará al Congreso.

El nuevo texto del Código Penal prevé el agravamiento de las penas. Se elevarán los mínimos y máximos de una gran cantidad de delitos. Entre estos delitos están el homicidio simple que pasa de 8 a 25 años a 10 a 30 años de cárcel.

Según el texto de la reforma, para el homicidio agravado la pena es de prisión perpetua cuando la víctima sea el presidente, jefe de Gabinete, ministros, docentes, menores de 16 años o mayores a 65 años. También si ocurre el crimen en un lugar de concurrencia masiva, centro educativo o deportivo o en la vía pública, mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas o por encargo.

La lesiones leves pasan de un mes de mínima a 1 año de máxima, para situarse en 1 año de mínima a 3 años de máxima. Mientras que la pornografía infantil actualmente se pena con 3 a 6 años de prisión y se prevé ir de 3 a 12 años con agravantes que llevarían el mínimo a 4 años.

El proyecto, en el que trabajaron en forma conjunta los ministerios de Justicia y de Seguridad, aumenta a 10 años la pena de trata de personas y a 15 si es agravada. En el hurto se eleva la pena de 1 a 3 años. Y en el robo de 3 a 8 años de prisión o de 3 a 10 años si es con violencia sobre las personas.

La iniciativa oficial eleva las penas para la corrupción: el cohecho pasa de 6 años de pena máxima a 10 años. Asimismo, se eleva en un tercio adicional cuando se trate de contrataciones públicas. Si el que comete el delito es presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, entre otros, la escala va de 5 a 15 años. Como consecuencia de las reformas, el 82% de los delitos pasarán a ser de cumplimiento con prisión efectiva.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió a la Legislatura que apruebe su solicitud de endeudamiento, tras fracasar la semana pasada en ese objetivo. En un intento de última hora por lograr aval legislativo, subrayó que las cámaras deben “decidir en favor de evitar más sufrimiento” y admitió que, si su iniciativa no se aprueba, estará obligado a utilizar recursos destinados a salud y educación para pagar deuda.

“No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de una deuda que no tomamos originalmente con recursos que se detraigan de salud o educación, cuestión a la que estaríamos forzados de no contar con la normativa. La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento, en favor del orden económico y social de nuestra provincia”, afirmó Kicillof, en una exposición que encabezó este lunes por la tarde, en el Salón Dorado de la Gobernación.

“No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia. Por eso, con sinceridad, con firmeza, con convicción democrática, le pido a la Legislatura que apoye, que vote esta ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses. Es por nuestra provincia, por la historia y por el futuro”, sostuvo el mandatario bonaerense, que se mostró acompañado por su gabinete, intendentes del peronismo y de la UCR, legisladores y sindicalistas. También estuvieron presentes la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y Carmen Arias, de Madres de Plaza de Mayo.

Tras fracasar el último intento por aprobar el endeudamiento, el viernes, la Legislatura volverá a sesionar el miércoles, ya en el período de sesiones extraordinarias, con ambas Cámaras reunidas por la tarde (la de Diputados, desde las 15; la de Senadores, desde las 17). Kicillof dijo que su solicitud para tomar deuda “es lo normal, es lo que tienen todos los gobiernos” y agregó: “No se pide nada extraordinario. Pedimos poder funcionar, provincia y municipios, mientras reclamamos los que nos sacó el gobierno de [Javier] Milei”.

“Tenemos un pedido, no de nueva deuda, sino de los recursos necesarios para atender los vencimientos de deuda, [es] parte del año pasado, que no tuvimos las leyes, y parte de este año. Se trata de cubrir los vencimientos. La deuda no va a subir ni bajar. No es nueva deuda”, aseveró el gobernador bonaerense.

La falta de acuerdos por el dinero surgido del endeudamiento que el gobierno de Kicillof girará a las intendencias es el punto crucial del desacuerdo, que derivó en la falta de apoyo de bloques opositores como los de Pro y La Libertad Avanza, entre otros. El peronismo se había encolumnado detrás del proyecto del gobernador, más allá de las diferencias que persisten entre el kicillofismo, el cristinismo y el massismo.

Kicillof puntualizó el ofrecimiento para ese fondo destinado a los municipios. “Junto con este pedido de financiamiento, se ha planteado un fondo a distribuir entre los municipios de la provincia de Buenos Aires. El equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la ley de financiamiento se distribuirá entre los 135 municipios, con un adicional, producto de las conversaciones de estos días. Estamos hablando de un total de 350 mil millones de pesos a distribuir hasta junio. Hemos resuelto garantizar aproximadamente 250 mil millones de pesos en cinco pagos fijos y determinados por la ley. Eso, más allá del volumen que alcancen las colocaciones de deuda”, aclaró el gobernador.

La deuda que pide tomar Kicillof es por hasta US$3685 millones, si se contabiliza lo solicitado para el Poder Ejecutivo, el Sector Público Provincial, la Tesorería General, y las empresas Buenos Aires Energía y Autopistas de Buenos Aires.

Antes de especificar su pedido de apoyo legislativo (la autorización para el endeudamiento requiere dos tercios en ambas cámaras), el gobernador hizo una introducción con críticas al gobierno de Milei. “Estamos transitando una profunda recesión”, subrayó. Dijo que, desde la gestión nacional, “se habló irresponsablemente de amenazas de intervención” y “hay agresiones públicas diarias”. Aseguró que la Nación le adeuda a la Provincia 13 billones de pesos, lo que consideró “un robo”.

Entre los intendentes que pudieron observarse en la conferencia de Kicillof estuvieron los alineados con su Movimiento Derecho al Futuro, como Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas). También se acercaron jefes locales enrolados en el cristinismo, como Gustavo Menéndez (Merlo), Nicolás Mantegazza (San Vicente), o Hernán Arranz (Monte Hermoso), entre otros. Desde el radicalismo, dijeron presentes jefes comunales como Maximiliano Suescun (Rauch), quien preside el Foro de Intendentes Radicales.

La Cámpora estuvo representada por el jefe del bloque de diputados bonaerenses del peronismo, Facundo Tignanelli, y por legisladores de la organización conducida por Máximo Kirchner, como Martín Rodríguez. El massismo aportó a Malena Galmarini, senadora bonaerense electa, y al diputado provincial Rubén Eslaiman, entre otros. Federico Fagioli, senador provincial, fue una de las caras de la tropa de Juan Grabois. La vicegobernadora Verónica Magario acompañó a Kicillof, sentada a su izquierda. El gabinete provincial ocupó las primeras filas de asientos

Kicillof logró que la Legislatura apruebe su presupuesto y su ley fiscal e impositiva, en sesiones que se desarrollaron en simultáneo entre el miércoles por la noche y las primeras horas de la madrugada del jueves de la semana pasada. Las cámaras de Diputados y Senadores estuvieron en cuarto intermedio hasta el viernes, para intentar cosechar el respaldo de dos tercios de los legisladores (ese tipo de mayoría especial es necesaria en casos de endeudamiento), pero el viernes se cayó la sesión en Diputados, con lo que el endeudamiento (ley de financiamiento, como la denominó el gobierno provincial) no se trató.

El miércoles -ya en período de sesiones extraordinarias autoconvocadas por los legisladores, un mecanismo previsto en la Constitución bonaerense- el endeudamiento se intentará debatir en paralelo en la Legislatura. La Cámara de Diputados sesionaría desde las 15; la de Senadores, desde las 17.

Esta semana es la última en la que intervendrá la actual composición de la Legislatura. La próxima, se renovarán las dos cámaras con el ingreso de los legisladores que fueron electos en las elecciones provinciales de septiembre. Esa nueva conformación le significará a Kicillof un número mayor de legisladores propios (de los 13 senadores provinciales que sumará el peronismo, cuatro le responden, al igual que ocho de los 21 nuevos diputados), pero el marco general le resultará adverso, porque aumentará la representación de La Libertad Avanza, que tendrá 25 diputados y 11 senadores, y es un bloque con el que se le dificulta abrir negociaciones.