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El peronismo empieza a buscar los votos para modificar los plazos de la elección bonaerense

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El peronismo empieza a buscar los votos para modificar los plazos de la elección bonaerense

Hay consenso en la Cámara de Diputados bonaerense para terminar el trámite legislativo que suspende las elecciones Primarias de este año en la provincia de Buenos Aires. El mismo se rubricará este lunes en una sesión que fue pospuesta por el fallecimiento del papa Francisco. Esa votación será la antesala de una nueva negociación que se activará automáticamente después: la modificación del artículo 61 de la ley electoral 5109, que establece cuáles son los plazos que hay entre la elección provincial y la presentación de listas, cierres de alianzas y presentación de modelos de boletas. Para tal negociación, el peronismo necesitará el visto bueno de la oposición.

En la Legislatura bonaerense ya se trazó una hoja de ruta. En principio, el martes habrá una reunión en la comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados. Será un plenario para escuchar de primera mano el argumento de la Junta Electoral. El organismo sugirió en una carta enviada a la Cámara de Diputados ampliar los plazos electorales dispuestos en la ley electoral de la provincia. Sucede que la norma, dictada en la década del 40’, pone plazos que actualmente son considerados exiguos tanto para la Junta como para el Poder Ejecutivo. Fueron invitados la vicegobernadora Verónica Magario; autoridades de la Junta Electoral -la titular es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan– y también estará presente el presidente de la Cámara baja bonaerense, Alexis Guerrera.

Pero antes, la Junta Electoral hizo una convocatoria a los presidentes de los bloques y las autoridades de Cámara para este lunes. Allí, Kogan planteará que “urge resolver el tema”, según publicó La Tecla. La actual ley da un plazo de 30 días entre el cierre de listas y la elección y la Junta bonaerense propone una distancia de 50 días; mientras que el proyecto de Kicillof pedía 70 días de diferencia entre una fecha y la otra.

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Kicillof giró un proyecto al Senado para suspender las PASO y modificar los plazos electorales, pero solo le votaron la suspensión de las Primarias (Aglaplata)

En la Legislatura contestan: “Lo que queremos es que la Junta nos expliqué por qué no pueden llevar adelante la elección con los plazos que determina la actual ley y a partir de ahí encontrar algún punto de conexión”, reconoce una fuente legislativa dentro del peronismo en contacto con Infobae.

El plan es que una vez votada la suspensión de las PASO, el debate de los plazos no lleve más de diez o quince días, aseguraron a este medio. Es que sin las Primarias automáticamente entra en vigencia los tiempos de la ley electoral a partir de la fecha que dispuso Kicillof para la elección provincial: desdoblada y el 7 de septiembre.

En la Legislatura hubo ciertas reticencias a los intereses de gobernador y cómo el Ejecutivo afrontó el proceso de negociación. “Mandaron un proyecto al senado para reformar una ley electoral en un año electoral sin saber si tenían los votos”, apuntan negociadores legislativos. En rigor, la referencia es que la Cámara alta aprobó del proyecto de suspensión de las PASO solo el artículo referido a la que este año no haya elecciones para elegir candidatos, pero omitió los artículos que requerían ampliar los plazos electorales.

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En ese contexto, si bien intervino la interna del peronismo -el sector referenciado en Cristina Kirchner no acompañó el texto completo que giró el Gobernador- en el peronismo también dan cuenta de cómo juegan políticamente el resto de las bancadas. En rigor, Unión por la Patria tiene 37 diputados en la Cámara baja y 21 senadores en la Cámara alta. En ambos cuerpos es primera minoría.

Diputados bonaerenses del bloque de Unión por la Patria (Aglaplata)

En este esquema se precisa de acuerdos con los principales bloques opositores: UCR, PRO y Libertad Avanza. Si bien aún no está definido cómo será el camino para llegar a la modificación de la ley electoral; es decir, si el Ejecutivo enviará un proyecto o se discutirá sobre la iniciativa de algún legislador —que hasta el cierre de esta nota no había sido presentado- sí es casi un hecho que será todo sobre tablas y que para eso habrá que construir los acuerdos, ya que se precisará de los dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento. En Diputados admiten que “si hay un proyecto del Gobernador es más ordenador”. Kicillof había estipulado la ampliación de los plazos electorales en la iniciativa en la que disponía suspender las Primarias. “El gobernador tiene 11 diputados que pueden presentar un proyecto así”, ironiza un legislador del bloque de Unión por la Patria que no forma parte de la estructura del Movimiento Derecho al Futuro.

Pero lo relevante pareciera ser el entendimiento que se pueda llegar a tener —o no— con los bloques de la oposición. En este contexto, desde el peronismo legislativo miran al Poder Ejecutivo. El margen temporal es un factor decisivo y la oposición, que en principio considera que no es necesario modificar los plazos electorales, espera por una convocatoria real de negociación. De hecho, en la Legislatura no descartan —o aguardan— que el Ejecutivo pueda poner sobre la mesa algunos ítems no explorados, como nombramientos en la Corte o los lugares del directorio del Banco Provincia. Hasta el momento, la interlocución pasó por la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila; mientras que en el Senado también se sumó la presidenta del cuerpo y vicegobernadora, Verónica Magario. El lunes se suspenden las PASO y automáticamente empieza una nueva negociación. Será para ordenar un calendario electoral de una elección para la que faltan poco más de cuatro meses y tiene más de 13 de millones de electores.

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Licencias por enfermedad y billeteras virtuales: los puntos más conflictivos de la reforma laboral que complican la negociación del Gobierno

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La reforma laboral impulsada por el Gobierno entra en una etapa clave esta semana, cuando el oficialismo busque avanzar con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados tras la media sanción en el Senado. La iniciativa incluye cambios en distintos aspectos del régimen laboral y hay varios puntos conflictivos que podrían complicar su aprobación.

Para avanzar con el debate, se convocó para el miércoles 18 de febrero a un plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda. Durante la jornada expondrán especialistas, representantes de las centrales sindicales CGT y CTA, además de cámaras empresariales, con la intención de firmar dictamen y llevar el proyecto al recinto al día siguiente.

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Leé también: En la previa a la cumbre, la CGT advirtió que “están dadas las condiciones” para convocar a un paro general contra la reforma laboral

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la modificación del sistema de licencias médicas por enfermedad o accidentes no laborales. El texto aprobado en el Senado propone reemplazar el esquema actual -que garantiza el cobro del 100% del salario durante la licencia- por un sistema escalonado que reduce la remuneración durante el período de recuperación.

Según el artículo 44, el trabajador cobraría solo el 50% del salario si el empleador considera que la incapacidad se originó en una actividad voluntaria y riesgosa para la salud, como lesiones producidas durante prácticas deportivas o actividades similares.

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En los casos en que no exista una conducta riesgosa -por ejemplo, enfermedades o accidentes imprevistos- el pago sería del 75% del sueldo, lo que igualmente implica un recorte respecto del régimen vigente.

Empresarios consideraron que las medidas atentan directamente contra la generación de empleo. (Foto: NA).

El nuevo esquema se aplicaría por períodos de tres o seis meses, según la antigüedad y la situación familiar del empleado (si tiene o no familia a cargo), y además incorpora mayores controles. Los trabajadores deberán presentar certificados médicos más detallados y los empleadores podrán solicitar revisiones médicas propias. En caso de discrepancias, podrían intervenir juntas médicas con costo a cargo de la empresa, lo que amplía la participación del empleador en la determinación de la licencia.

Quienes respaldan la modificación sostienen que apunta a reducir el ausentismo injustificado y a aliviar los costos laborales para las empresas, que actualmente deben afrontar el pago completo del salario durante las licencias. Sin embargo, sindicatos y especialistas en derecho laboral advierten que el cambio podría implicar una pérdida de derechos para los trabajadores y generar conflictos en la interpretación de las causas de las enfermedades o accidentes.

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Otro de los puntos de fricción es la discusión sobre la posibilidad de cobrar los salarios a través de billeteras virtuales. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, confirmó que su espacio insistirá en reincorporar ese mecanismo, eliminado durante el tratamiento en la Cámara alta.

“Vamos a pedir que se vuelva a incluir que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Con tu plata hacés lo que querés: es tu sueldo, no es del Estado ni de ninguna empresa”, sostuvo ante distintos medios, entre ellos TN.

El planteo del PRO busca restablecer la opción de que los sueldos puedan acreditarse en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) regulados por el Banco Central. Esa alternativa había sido incluida en el dictamen original, pero fue retirada tras objeciones de las cámaras bancarias ABA y ABAPPRA, que advirtieron sobre posibles riesgos jurídicos y sistémicos.

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La discusión también expone diferencias dentro del interbloque Fuerza del Cambio, donde conviven posturas dispares sobre el alcance de la reforma. Los desarrollistas Oscar Zago y Eduardo Falcone acompañan el reclamo para reabrir el debate sobre el cobro de salarios mediante plataformas digitales y suman otros planteos.

Desde el bloque Provincias Unidas, que encabeza la diputada santafesina Gisela Scaglia, trabajan en una alternativa para el capítulo de indemnizaciones.

El PRO anticipó que reclamará la inclusión del pago de salarios a través de billeteras virtuales. (Foto: Cámara de Diputados)
El PRO anticipó que reclamará la inclusión del pago de salarios a través de billeteras virtuales. (Foto: Cámara de Diputados)

El foco está puesto en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema obligatorio para financiar indemnizaciones por despido. Según la propuesta en análisis, el fondo se integraría con un 3,5% de recursos vinculados a la ANSES: 1% a cargo de grandes empresas y 2,5% correspondiente a pymes.

Además, legisladores de provincias productoras —principalmente Córdoba y Santa Fe— preparan de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a empresas nacionales y extranjeras sin antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales.

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Reforma Penal Juvenil: cómo funciona el sistema escalonado de sanciones para menores

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En Infobae en vivo, la reforma penal juvenil fue abordada desde su eje más innovador: el sistema escalonado de sanciones, que busca transformar el modo en que la justicia responde a los delitos cometidos por adolescentes. “El sistema escalonado significa penas alternativas ante, por ejemplo, una situación de hurto. No es que el menor va a ser detenido ante todos los delitos”, describió Malena de los Ríos, y marcó así el corazón del cambio.

Durante el análisis con el equipo de Infobae al Regreso –Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz–, se detallaron los criterios y alcances del nuevo régimen. Aziz precisó: “Son pasibles de ser juzgados y penalizados los menores que cometen delitos cuya pena en el Código Penal supere los tres años de prisión”. De los Ríos amplió: “Servicios comunitarios, reparación del daño y monitoreo electrónico. O sea, sistema escalonado significa penas alternativas ante, por ejemplo, una situación de hurto”.

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Cómo opera el sistema escalonado en la ley penal juvenil

El principal cambio de la reforma penal juvenil pasa por la gradualidad de las sanciones: la prisión queda reservada solo para los delitos graves, mientras que la mayoría de los casos accederán a penas alternativas. Aziz sintetizó: “Delito más grave, escalona pena más grave. Es como una escalera que sopesa el tamaño del delito versus la cantidad o el tipo de penalidad”. De los Ríos explicó: “Solamente para delitos graves, por ejemplo, homicidio, va a ser la detención la alternativa”. El nuevo régimen marca que la última instancia sea la prisión y que, en la práctica, los jóvenes cumplan sanciones como servicios comunitarios o reparación del daño.

La especialista remarcó: “Prisión solo para delitos graves, pena máxima hasta 15 años. El proyecto del oficialismo buscaba que sean veinte. Hubo consenso para bajar de 20 a 15 y sin contacto con adultos en institutos especializados”. Además, advirtió: “Hoy preguntás, hay realmente escasez… no tienen las herramientas para brindar monitoreo electrónico, pero van a tener que buscar la manera para también financiar ese tipo de herramientas”.

La reforma de la ley penal juvenil incorpora nuevas figuras y responsabilidades estatales para asegurar la efectividad del sistema escalonado. De los Ríos puntualizó: “Lo del supervisor especializado es una figura nueva. No solamente es el armado de la infraestructura, también los sueldos profesionales tienen que estar contemplados”.

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Iglesias sumó: “Lo que yo tengo duda es que efectivamente estén estos lugares en las condiciones necesarias”. De los Ríos explicó: “La ley actual hoy, en función de los niños, lo que pasa es directamente el juzgado, el juez decide inmediatamente: la opción es vayan directamente con los padres. Acá el supervisor lo que ayudaría es que el chico esté dentro de un entorno donde pueda cumplimentar con estas penas alternativas”.

Imputabilidad, garantías y el seguimiento internacional

El proyecto de reforma penal juvenil mantiene la imputabilidad desde los 14 años, pero suma garantías procesales y defensa para los adolescentes. Aziz recordó: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso un ojo sobre la Argentina al decir: ‘Ojo, porque vos tenés un juez que no tiene la facultad de penalizar a un pibe de menos de dieciséis, pero sí lo puede meter en un instituto de menores, lo está privando de la libertad sin darle la posibilidad de ser juzgado y eventualmente condenado de manera justa’”. Según de los Ríos, “respecto a la imputabilidad, es a partir si sale de los catorce. Después, en eso no va a haber cambio”.

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Aziz reforzó: “Abogado gratuito, asistencia social gratuita, acompañamiento a la familia gratuito. Hay como una especie de ley de victimario que al mismo tiempo, por la edad, es una víctima también de un montón de cosas que la sociedad le ha propinado. Darle la garantía desde el Estado de que se pueda defender aun luego siendo condenado”.

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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Libertarios contra Villarruel en La Rioja: “Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia”

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La visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a La Rioja para participar de la Fiesta Nacional de la Chaya −a la que Sergio Galleguillo, máximo referente del folklore provincial, había invitado públicamente a Javier Milei− generó molestia entre los dirigentes libertarios. La foto de Villarruel con el gobernador Ricardo Quintela alteró los ánimos y abonó la tensión entre ella y la Casa Rosada. El territorio riojano es el que ambicionan los libertarios con Martín Menem. Una concejal aliada de Patricia Bullrich calificó de “vergüenza” la foto con los peronistas locales.

Ya unos cinco días antes de la visita, desde la Gobernación riojana −enfrentada con Javier Milei desde antes que asumiera la presidencia− el ministro de Cultura y Turismo, Gustavo Luna, confirmó que le habían comunicado la posibilidad de la presencia y que estaban trabajando en una agenda para que Villarruel “pudiera conocer” la provincia.

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Buena parte de la oposición riojana interpretó que la visita de Villarruel fue utilizada por el peronismo local como cortafuego ante la posibilidad de que el Presidente decidiera venir a la fiesta chayera, repitiendo lo que hizo en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. La invitación de Galleguillo era la que abría la puerta. La Vicepresidenta no tuvo ningún contacto con los libertarios locales.

Luciana de León, aliada de Patricia Bullrich y concejal riojana.

Horas antes de la llegada de la Vicepresidenta, Quintela siguió criticando duramente la reforma laboral con media sanción del Senado y calificó de “absolutamente impropio” el vínculo de Nación con las provincias. Insistió en el reclamo de recursos: “No se distribuyen a través de programas, obras públicas ni políticas sociales, educativas, culturales o sanitarias. Las provincias hemos perdido muchísimo”. Y ratificó el reclamo riojano por la eliminación de fondos compensatorios por coparticipación.

La concejal de la capital riojana, Luciana de León, le dedicó una carta abierta a Villarruel. “¡Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja! Miles de riojanos apostamos por un cambio a fondo en 2023, acompañando a Javier Milei y a usted como Presidente y Vice de la Nación porque estamos hartos de estos modelos populistas del interior profundo: trabajadores estatales por debajo de la línea de pobreza y en su mayor parte en negro, ausencia total de un proyecto de desarrollo económico más allá de la dádiva política, y dirigentes del oficialismo que multiplicaron su patrimonio de forma desorbitante siendo que la mayoria jamás trabajaron en el sector privado”.

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El texto, publicado en las redes sociales de la concejal, señala también que en La Rioja “los organismos de control están cooptados por mayorías automáticas del oficialismo que encubren en lugar de denunciar las irregularidades que sufrimos todos los días”.

“Por eso duele verla legitimar con una foto a quienes representan exactamente lo contrario a la agenda del presidente Milei, y que respaldamos miles de riojanos. Duele porque quienes vivimos y trabajamos acá sabemos el esfuerzo que implica vivir en una provincia donde el mérito vale cada vez menos y el acomodo pesa cada vez más”.

Cierra con “también quiero que lo tenga claro: la desilusión no nos frena. Vamos a seguir dando pelea para que este sistema se termine y para que La Rioja vuelva a ser una tierra de oportunidades reales, donde nuestros hijos puedan quedarse, crecer y construir su futuro sin depender del poder político de turno. Estoy convencida de que otra Rioja es posible”.

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El enfrentamiento de Quintela y Milei es histórico. Ya en los últimos tiempos el Presidente dejó de responderle al gobernador como sí lo hacía electo o apenas asumió, pero la tensión sigue.


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