Sin acuerdo todavía por la discusión de los fondos que deberían resignar las provincias por la baja en el Impuesto a las Ganancias, el oficialismo sigue discutiendo las modificaciones que se le introducirán al proyecto de ley de reforma laboral en la sesión del Senado convocada para este miércoles, a las 11.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), insistió con que hay un acuerdo avanzado y se mostró confiada en que llegará a la sesión con un texto con cambios acordados con la oposición dialoguista, con la que volvió a reunirse en la tarde de este lunes por espacio de tres horas.

Si bien Bullrich se negó a confirmarlo ate la consulta de , al menos tres fuentes legislativas coincidieron en señalar a este diario que si la Casa Rosada no llega a un acuerdo con las provincias, el artículo que rebaja Ganancias para las empresas en un 3% y mantiene a los gobernadores molestos con la Casa Rosada, será eliminado.

“Esta es una reforma laboral, no la vamos a empañar por una discusión fiscal cuando el Gobierno tiene varias cuestiones fiscales que resolver mediante leyes que el Congreso va a tener que discutir más adelante”, explicó, con pragmatismo puro, uno de los participantes del encuentro sostenido esta tarde en el bloque radical.

Además de la jefa de la bancada oficialista, de la reunión participaron el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), su correligionaria y secretaria de la bancada, Mariana Juri (Mendoza), Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), Flavia Royón (Primero los Salteños), Beatriz Avila (Independencia-Tucumán) y Martín Goerling (Misiones), presidente del bloque Pro.

La reunión duró casi tres horas, al término de las cuales los participantes prefirieron guardar silencio en público. Sólo se limitaron a decir que habían avanzado en la redacción de los artículos que se pretenden modificar, pero sin entrar en mayores detalles. De hecho, afirmaron que las negociaciones continuarán este martes. En realidad, todo indica que la discusión continuará hasta el miércoles durante la sesión.

Por lo pronto, este martes a las 14 habrá una reunión de Labor Parlamentaria para tratar de coordinar la dinámica de la sesión. En el oficialismo se mostraban preocupados por la actitud que tendrá la vicepresidenta Victoria Villarruel que, dicen, está enojada porque se siente desplazada del centro de la escena de las negociaciones políticas.

Sospechan que Villarruel se pondrá en reglamentarista y que apoyará los pedidos que haga el kirchnerismo, que pretende asistir al encuentro con los jefes de bloque a exigir que se cumpla el Reglamento del Senado a rajatabla. Se saben derrotados, por lo que la bancada que preside José Mayans (Formosa) apostará por estirar el debate todo lo posible.

En cuanto a los cambios que se le introducirán al proyecto, no ha habido grandes avances con relación a la semana pasada, cuando también en el bloque radical la senadora Bullich se llevó las propuestas de cambios de la oposición dialoguista.

Por lo pronto, fuentes que están al tanto de las negociaciones confirmaron la eliminación del artículo 212. Se trata de la cláusula del proyecto que le otorgaba al ministro de Economía, Luis Caputo, amplias facultades para disponer las fechas en las que empezarán a regir los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

También es casi un hecho que se eliminará la derogación automáticas de varios estatutos profesionales, como el del Periodista y el de viajante de comercio, entre otros. Se dispondrá un plazo, que podría ir de los seis meses al año, antes de su extinción para dar tiempo a que las partes puedan negociar un nuevo convenio.

Otro cambio que ya habría sido aceptado por el Gobierno es la eliminación del artículo que habilitaba a pagar salarios a través de billeteras virtuales. Esa facultad seguirá, de forma exclusiva, en mano de las entidades bancarias.

Si bien hay senadores que han pedido revisar la lista de actividades que el Gobierno quieren calificar de esenciales, lo cual las obligaría a cumplir con un mínimo del 45% de los servicios ante la declaración de un paro, hasta el momento no hubo avances en esta materia.

El juez federal Sebastián Casanello procesó por corrupción a quienes encabezaron la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y sostuvo que el Estado pagó sobreprecios por $5.984.594.394,24 (unos cuatro millones de dólares), pero advirtió que “el esquema delictivo parecería no agotarse” en los hechos que dio por probados en su fallo. El juez sospecha que hay otros delitos y otros responsables aún no identificados.

¿Hasta donde puede llegar la investigación? La génesis de esta causa son los audios en los que una voz atribuida a Diego Spagnuolo, por entoces titular de la Andis, vinculaba a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei con un presunto “choreo” montado dentro del organismo. Los audios trascendieron en agosto del año pasado. La voz adjudicada a Spagnuolo dice que ya había puesto sobre aviso de lo que estaba pasando a Javier Milei, con quien tenía una relación cercana (llegó a ser su abogado personal).

Ni Menem ni la hermana del Presidente están bajo investigación en estos momentos y esos audios no fueron siquiera usados como prueba en el expediente (el fiscal Franco Picardi prescindió de ellos, consciente de que en caso de ser declarados ilegales, podrían hacer caer la causa entera).

En la resolución de este lunes, Casanello revela una comunicación donde dos de los presuntos jefes de la asociación ilícita que funcionó en la Andis parecen aludir de forma críptica a Menem y al riesgo de que Spagnuolo cometiera “una torpeza” que los complicara a todos.

Se trata de un mensaje enviado por Pablo Atchabahian a Miguel Angel Calvete, el 6 de junio de 2025, dos meses y medio antes de que trascendiera el audio adjudicado a Spagnuolo y se abriera esta causa. El mensaje parece aludir a la interna política libertaria entre Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem (aliados de Karina Milei). Atchabahian dice querer “alinear” a todos los jugadores, cerrar filas y evitar la indeseada “torpeza” del “pelado”.

“Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani [Garbellini] que estuvo con el pelado [Spagnuolo] charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja así que estamos todos alineados en la misma. Dani [Garbellini] opina lo mismo. Todos opinamos lo mismo. Acá creo que ahora sí más que nunca hay que cerrar filas y espero que el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza, ¿no?. Pero dejale la tranquilidad de que estamos todos alineados para la conservación de todo lo mismo. Así que, bueno, cualquier cosa te voy diciendo (…)”.

Casanello, en su fallo, identifica al “Helvético” como Sebastián Nuner Uner, a quien describe como un alto ejecutivo de la Droguería Suizo Argentina (de la familia Kovalivker) “de marcada influencia en el grupo” que encabezó la presunta asociación ilícita. El juez no dice quién sería “Rioja”, que es la provincia de la que proviene la familia Menem. Tampoco hace mención explícita a Santiago Caputo. Casanello cita este mensaje como una prueba de que las dos presuntas bandas que operaban en paralelo en la Agencia, la de Calvete y la de Atchabahian, actuaban “en bloque”, alineadas, para cuidar la estructura que les habilitaba sus negocios.

En los audios que motivaron la denuncia que dio origen a esta causa se escucha una voz, atribuida a Spagnuolo, que dice:

–A mí me están desfalcando la agencia. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía… Un delincuente que estaba en la gestión de Macri.

–Van a pedirle guita a la gente, a los prestadores. Yo fui y le dije: “Javier, yo estoy denunciando el choreo, y abajo tengo gente que va a pedir guita”.

–Este tipo tiene que recaudar de los medicamentos y lo sube. Es un quiosquito de 20 o 30 mil dólares por mes.

–A Karina le debe llegar el 3%. Seguramente…

–Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear.

–Yo hablé con el Presidente. No corrigieron nada. Les dije: “Están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo, pero no me podés tirar este fardo”.

El abogado Mauricio D’Alessandro, defensor de Spagnuolo, dijo que los audios fueron “manipulados con inteligencia artificial”. Hoy, una causa investiga, en paralelo con el expediente de Picardi y Casanello, el origen de estas grabaciones.

En la causa hay una alusión a Karina Milei, que el fiscal Picardi había incluído ya en su dictamen del año pasado. Se trata de un chat en el que uno de los interesados en hacer negocios en la Andis dice, menos de un mes después de que Milei asumiera la Presidencia: “La agencia la va a Manejar Diego Spagnuolo el abogado de Milei. Hay que llegar a Karina Milei. Ella es quien define todo”.

Tuvieron éxito con el resultado buscado, no se sabe todavía cómo: Garbellini, uno de ellos, fue nombrado director nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

El mensaje fue en un grupo de chat liderado por Atchabahian, que contó que estaba intentado llegar además a otros políticos en busca de negocios (como Facundo Manes y Jorge Macri). El plan era “cuatro años más de gestión” y después, “todos a Tenerife”, según anunció Atchabahian antes del nombramiento de Garbellini.

Casanello, en su fallo, advierte que el “esquema delictivo” develado “pareciera tener márgenes aún difusos” e incluir otros hechos. No será él quien continúe al frente de la causa, que sí seguirá teniendo como fiscal a Picardi. Casanello interviene en este expediente como subrogante a cargo del juzgado federal 11, que no tiene juez titular. Su suplencia se termina este jueves. La Cámara Federal deberá sortear a otro magistrado para que se haga cargo del juzgado y todas las causas que se tramitan en él.

Como parte de los otros presuntos delitos todavía no revelados, Casanello sostiene que “dentro de la propia Andis existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”. Cita en este punto el llamativo crecimiento patrimonial de Garbellini, como un posible indicio de presuntos sobornos que hoy no están acreditados. Pero dice que los negocios a costa del Estado también podrían haberse extendido fuera de la Andis, “por ejemplo en lo que toca a Ornella Calvete y su círculo”.

Ornella Calvete es la hija de Miguel Angel Calvete. Hasta que estalló este caso, era funcionaria del Ministerio de Economía. Según el fallo de hoy, que la procesó, participaba de los negocios ilegales de su padre. En su casa se encontraron 695.457 dólares, 19.996.200 pesos y 1960 euros en efectivo. Poco antes del allanamiento en el que se le secuestró este dinero, en un diálogo con su padre, Ornella Calvete se había mostrado preocupada por cómo justificaría esos billetes si la Justicia se los encontraba.