POLITICA
El peronismo se presentó en la Justicia para que se evite un recuento nacional de votos
El Partido Justicialista (PJ) le reclamó a la Cámara Nacional Electoral (CNE) que ordene al Gobierno realizar el recuento de votos de las elecciones legislativas del próximo domingo solo por distrito y que no se incluya un resultado nacional. Ocurre que la denominación “Fuerza Patria” no está presente en las 24 jurisdicciones, a diferencia de lo que sucede con la alianza oficialista La Libertad Avanza, y un conteo nacional perjudicaría al justicialismo.
En la presentación, a la que accedió , el PJ objetó recuento que quedaron expuestos en un simulacro hecho por la Dirección Nacional Electoral (DINE) el sábado, en el que se incluyó “una consolidación de votos a nivel nacional -utilizando los datos del cargo diputados nacionales- que agrupa las alianzas bajo criterios que no supieron explicar”, según se lee en la presentación del PJ, firmada por los apoderados partidarios Eduardo Cergnul, Patricia García Blanco, Eduardo López Wesselhoefft y Agustina Vila.
Según argumentaron desde el partido que preside Cristina Kirchner, “la próxima elección es nacional de distrito y no de distrito único, [lo] que habría justificado la sumatoria de los votos de candidaturas que se eligen por distrito República Argentina, agrupando las alianzas de igual nombre”.
“La consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario. Los resultados deben informarse, distrito por distrito, sin acumular. La metodología propuesta excede las responsabilidades de la Dirección Nacional Electoral, cuya función debe limitarse a contar y hacer público los resultados oficiales de la elección, por lo que, de lo contrario, estaría distorsionando la información y alterando la interpretación, por terceros, del resultado provisorio. Lo pretendido excede sus misiones, funciones e incumbencias”, se sostuvo en el texto presentado por los apoderados del PJ ante la CNE, que integran los jueces Daniel Bejas (presidente), Alberto Dalla Via (vicepresidente) y Santiago Corcuera (juez de Cámara).
En su planteo, los apoderados del peronismo criticaron que en el simulacro “se realizó un cálculo de asignación de bancas sobre los votos consolidados agrupados a nivel nacional, procedimiento que no resulta aplicable, ni compatible con la lógica, ni con la normativa vigente, en tanto que el resultado electoral, como la proyección de asignación de bancas (en caso de autorizarse), deben efectuarse sobre los resultados correspondientes a cada provincia”.
Según el pedido del PJ a la Justicia Electoral, “una consolidación nacional no tiene sustento fáctico, atento a que, desde lo constitucional y jurídico, no hay una elección nacional, de distrito único, por realizarse”. Si bien en su presentación los responsables jurídicos del partido aclararon que la lectura nacional puede realizarse “desde lo partidario o lo periodístico”, subrayaron que “el Estado Nacional, a través de la DINE, no puede apartarse de sus competencias e inmiscuirse en recuentos o lecturas políticas de las cuales debe mantenerse al margen”.
El pedido del PJ es que la Cámara Nacional Electoral “haga saber a la Dirección Nacional Electoral que, únicamente, deberá informar los resultados de los escrutinios de los votos de cada distrito electoral, absteniéndose de acumularlos nacionalmente, bajo ningún parámetro, ya que lo contrario no tiene base normativa y genera confusión en la ciudadanía”.
Un recuento nacional perjudicaría al peronismo y beneficiaría a La Libertad Avanza. El sello electoral del Gobierno está presente en todas las provincias; Fuerza Patria, en cambio, tiene presencia en 13 provincias y, en el resto, compite bajo otras denominaciones similares. En ese sentido, la alianza “Fuerza Entre Ríos”, que lideran como candidatos Guillermo Michel y Adán Bahl, obtuvo un fallo de la Cámara Nacional Electoral que le permite vincular su alianza a “Fuerza Patria”, a pesar de no compartir el nombre.
Los distritos en los que Fuerza Patria no está presente son Chubut (Unidos Podemos), Entre Ríos (Fuerza Entre Ríos), Formosa (Frente de la Victoria), La Pampa (Defendemos La Pampa), La Rioja (Federales Defendamos La Rioja), Mendoza (Frente Justicialista Mendoza), San Juan (Fuerza San Juan), San Luis (Fuerza Pueblo), Santa Cruz (Fuerza Santacruceña), Santiago del Estero (Fuerza Patria Peronista) y Tucumán (Tucumán Primero).
Desde el Gobierno, a última hora de ayer se mostraban sorprendidos por la presentación que se aprestaba a realizar el peronismo y se concretó esta mañana. La calificaron de “chicana”. Para un alto funcionario nacional, “se trata de una chicana, porque la confrontación real es entre el PJ y La Libertad Avanza” y “lo cuente o no lo cuente la Cámara Nacional Electoral, se van a contar cuántos diputados sacó cada uno”.
En el oficialismo agregaban, con tono de ironía, que “tal vez tienen algún temor de quedar muy abajo”, y por esa razón el peronismo acudía a la Justicia. Un funcionario explicó: “El escrutinio es el que hace la Justicia. La Dirección Nacional Electoral realiza un escrutinio provisorio e informativo, con los criterios que considera que tienen interés. El resultado global entendemos que genera interés, más allá de no tener ningún valor ni implicar nada en sí”.
Según informó la Dirección Nacional Electoral, el sábado, en la sede del Correo Argentino ubicada en el barrio porteño de Barracas, se realizó un simulacro “en el que se evaluó de manera satisfactoria el funcionamiento del sistema de transmisión, recuento provisional de votos y difusión de resultados electorales”.
En un párrafo de su comunicado, la DINE (que conduce Luz Landívar) especificó que el simulacro “contempló instancias específicas de control, tales como procedimientos de digitación, tratamiento de incidencias, ingreso y egreso de personal, totalización de resultados y fiscalización desde los 24 distritos”.
Landívar sostuvo que “el operativo abarcó los 24 distritos electorales del país y contempló la transmisión de más de 108.992 telegramas desde más de 14.370 locales de votación equipados con kit de transmisión y desde más de 950 sucursales electorales digitales”.
“El simulacro alcanzó el nivel más alto de transmisión desde los establecimientos de votación de la historia”, sostuvo Landívar, antes de que el peronismo difundiera su oposición al ensayo electoral que llevó adelante la DINE el sábado en el Correo Argentino.
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POLITICA
Pese a las críticas por las licencias médicas, el Gobierno dice que no aceptará cambios en la reforma laboral
El Gobierno ratifica que no aceptará cambios al texto de la reforma laboral aprobado en el Senado pese a las tensiones por el capítulo de licencias por enfermedad. El Ejecutivo endurece la postura ante los aliados y busca que la iniciativa quede sancionada antes del cierre de las sesiones extraordinarias.
En la Casa Rosada insisten con que el objetivo es evitar que el proyecto vuelva a la Cámara alta y que pueda promulgarse antes del 1 de marzo. La mesa política de Nación aceleró el cronograma parlamentario y trabaja para convocar a un plenario de comisiones esta semana.
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En Balcarce 50 reconocen que el artículo tomó mayor dimensión pública tras las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ejemplificó el alcance del artículo al referirse a lesiones derivadas de actividades voluntarias, como jugar al fútbol. En el oficialismo admiten que generó tensiones internas y advierten que “nadie se hizo cargo” de la iniciativa.
Más allá de las diferencias, en los distintos despachos oficiales unificaron la postura sobre que no contemplarán cambios. Argumentan que la reforma no elimina la cobertura por enfermedad, sino que redefine los porcentajes y establece límites temporales, e insisten con que “la normativa actual permitió abusos en la utilización de licencias”.
El artículo -que fue incorporado en el Senado- reduce el porcentaje salarial y limita los plazos de las licencias pagas ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo. El texto aprobado establece que el trabajador percibirá el 50% de su remuneración si la enfermedad o el accidente derivó de una actividad voluntaria y consciente que implicaba riesgo, y el 75% si no queda encuadrado bajo ese tipo de conductas.
En ambos casos, la licencia contemplada es de hasta tres meses si no tiene cargas de familia y de hasta seis meses si las tuviera. La reforma elimina el pago del 100% del salario y la extensión hasta 12 meses prevista en el régimen vigente para empleados con más de cinco años de antigüedad. La modificación también introduce nuevos requisitos formales.
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Plantea que las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados, y que el empleador podrá disponer controles médicos propios. La norma prevé también la participación de una junta médica en una entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos en casos particulares.
El capítulo generó resistencias en bloques aliados, que evalúan impulsar cambios en Diputados. Integrantes de las bancadas aliadas advierten que la reducción del porcentaje salarial podría afectar casos de enfermedades graves y anticipan que el artículo puede derivar en mayor judicialización.
Gobierno, reforma laboral
Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la CGT, confirmó que la central obrera definirá en una reunión, este lunes, la fecha en la que realizará un paro nacional contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que tuvo media sanción del Senado la semana pasada. Según el sindicalista (líder del gremio de trabajadores del vidrio), “están dadas las condiciones” para convocar a la huelga.
La CGT tendrá este lunes una reunión “urgente” de su consejo directivo. El encuentro iba a realizarse a mediados de la semana, pero se adelantó. Jerónimo dijo a Radio 10 que la cumbre tiene “carácter de urgencia para analizar el avance del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados “ y definir “la fecha de un paro nacional, al considerar que existen condiciones políticas y consensos sindicales suficientes para avanzar en una medida de fuerza”.
“Están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional”, afirmó Jerónimo, que asumió la conducción de la CGT el año pasado, junto a Jorge Sola (seguros) y Octavio Argüello (camioneros).
La reunión de la cúpula cegetista comenzará a las 11 y será virtual. Dentro de la central conviven posturas dialoguistas y de confrontación plena contra el Gobierno. Los dialoguistas apuestan por incluir cambios en el texto de la ley hasta último momento y valoran que se haya excluido del proyecto la eliminación de la cuota solidaria; los confrontativos alientan el paro y mastican bronca por ítems como el que brinda la posibilidad a los empleadores de pagar un porcentaje del salario durante las licencias laborales.
El apuro de los jefes sindicales se debe a que sospechan que el oficialismo intentará un movimiento rápido para concretar la sanción de la ley en la Cámara de Diputados. Se especula con que el proyecto sea tratado en el recinto de la Cámara baja el jueves, luego de pasar por comisiones y obtener dictamen favorable el miércoles. El paro podría coincidir con el día del tratamiento de la ley. En caso de concretarse, sería el cuarto paro general de la CGT contra el Gobierno.
Para el triunviro de la CGT, con la reforma laboral “se promueve la ruptura de la estructura representativa de los trabajadores con el objetivo posterior de avanzar sobre derechos y conquistas históricas”. Añadió que la ley que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei es “la más regresiva y perjudicial de las últimas décadas, incluso por encima de procesos de apertura económica previos”.
Entre los puntos de la reforma que cuestionó, Jerónimo señaló la posibilidad de que los empleadores abonen un porcentaje del salario (del 75% o 50%) ante licencias laborales. Sostuvo que la medida es “una locura”, con “impacto directo en derechos adquiridos en materia de salud laboral”.
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POLITICA
Rafael Grossi tomó distancia del respaldo de Milei y defendió su postulación a la ONU: “Soy un funcionario independiente”
El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el diplomático argentino Rafael Grossi, buscó despejar interpretaciones políticas sobre su aspiración a convertirse en secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y remarcó que su postulación no está asociada a una corriente ideológica pese al apoyo explícito del gobierno de Javier Milei.
En declaraciones al diario brasileño Folha de San Pablo, el funcionario aclaró: “Yo no soy un candidato de derecha. Soy un funcionario internacional independiente. La Argentina no está presentando a su ministro de Relaciones Exteriores o a un amigo del presidente Milei”.
La candidatura del actual jefe del OIEA se formalizó con el aval oficial de la Argentina, algo habitual en el sistema diplomático internacional, ya que los postulantes deben ser promovidos por su país de origen. Sin embargo, la definición generó interpretaciones en el plano político interno y regional, que el propio Grossi intentó desactivar.
“No dejo de ser también (candidato de Milei). Yo no reniego de eso. Soy argentino y tiene que ser mi país el que me presente, pero también soy un funcionario independiente”, sostuvo el diplomático.
La competencia internacional
El argentino no es el único aspirante al máximo cargo de la ONU. Entre quienes también confirmaron su intención de competir figuran la expresidenta de Chile Michelle Bachelet —respaldada por Chile y Brasil—, la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo; la mexicana Alicia Bárcena, actual secretaria de Medio Ambiente; y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.
El proceso se desarrolla en un contexto particular: en los 80 años de historia del organismo nunca una mujer ocupó la secretaría general y, además, América Latina sólo tuvo un representante, el peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991. Por una tradición diplomática no escrita, el cargo suele rotar entre regiones y esta vez correspondería al bloque latinoamericano. Dentro de ese consenso informal también existe presión para que la designación recaiga en una mujer.
Relación con Milei y Estados Unidos
El diplomático argentino también rechazó la idea de que su eventual elección responda a alineamientos geopolíticos. En ese sentido, relativizó las especulaciones sobre un posible respaldo automático de Washington. “Sería arrogante decir eso. Sería un error de mi parte. Yo lo espero, lo deseo, de la misma manera que quiero ser el candidato apoyado por todos los países decisivos”, señaló.
Además, lamentó que Brasil haya decidido respaldar la candidatura de Bachelet. “Respeto mucho que Brasil tenga otro candidato. Tal vez sea algo muy doloroso para mí porque siempre trabajé muy cerca de Brasil. Pero el proceso evolucionará y tal vez, en algún momento, tenga ese apoyo de Brasil”, expresó.
Un perfil diplomático
Grossi defendió su trayectoria profesional para marcar distancia de las lecturas ideológicas sobre su postulación. “Tengo una trayectoria de 40 años en la diplomacia, gran parte de ella muy próximo a Brasil. Nadie podría afirmar que tengo una asociación y una visión política en particular. Soy un diplomático profesional. Entiendo que sea tentador decir que hay una candidatura de izquierda y otra de derecha. Esto no ayuda a nadie en América Latina”, concluyó.
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