El gobierno de la provincia de Entre Ríos otorgó este jueves un aumento salarial a los efectivos de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario.

El incremento será en la suma no remunerativa y no bonificable que percibe el personal de seguridad. A partir de febrero de 2026 pasará a ser de $200 mil para los agentes de menor antigüedad. El techo será de $350 mil, de acuerdo con la escala correspondiente.

La medida se tomó mientras el Gobierno de Santa Fe buscaba una salida para descomprimir la crisis en Rosario. La administración de Maximiliano Pullaro dejó de lado las amenazas de sanciones y se enfocó en mejorar los ingresos de la tropa.

El movimiento policial rosarino removió viejos recuerdos del otro lado del río Paraná. En 2013, la Policía se acuarteló en Concordia. La crisis social generada devino en saqueos que se cobraron tres muertes.

Casi en paralelo a los sirenazos en Rosario, un grupo de familiares de agentes policiales y penitenciarios entrerrianos organizó una convocatoria. El llamado no revestía demasiado peligro. La fecha prevista para la protesta recién era a mediados de marzo.

Sin embargo, el gobierno de Rogelio Frigerio entrerriano cortó por lo sano e hizo este anuncio. Otro factor que enlaza lo que ocurría en Santa Fe con la decisión del gobierno provincial es que el escalafón de seguridad recibió el incremento antes que otros siquiera hayan sido llamados a discutir recomposición de haberes para el 2026.

Recién 24 horas después de que se hiciera público el incremento a policiales y penitenciarios se conoció la convocatoria a los demás estamentos. La primera reunión de la paritaria estatal se concretará el 19 de febrero. El turno de los docentes será recién el 23, una semana antes del comienzo del ciclo lectivo.

En qué consiste el incremento

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, precisó que la medida implica el reemplazo de los códigos 101 y 133, para el personal en actividad. Con este incremento, un agente de la Policía, con un año de antigüedad, cobrará $1.302.000.

Asimismo, se dispuso la actualización de la suma que perciben los pasivos de ambas fuerzas de Entre Ríos. Se estableció un monto fijo mensual de 100.000 pesos a partir de febrero de 2026.

El mandatario provincial suele destacar de forma pública la labor de la Policía de Entre Ríos. “Tenemos la mejor del país” ha repetido en varios actos oficiales.

Cuál es el panorama general de los salarios

Entre la caída de la recaudación propia y la merma en los recursos coparticipables, la Administración Frigerio hace malabares para cubrir las demandas de los agentes públicos.

“Venimos trabajando en la propuesta que podemos realizar, siempre en el marco de diálogo con los gremios. No tengo un número para decir ahora”, afirmó el ministro de Economía entrerriano, Fabián Boleas, cuando se le consultó sobre la oferta a estatales.

“Estamos delineando, tratando de cerrar lo antes posible esa cuestión para luego plantearla”, agregó, subrayando que será una oferta que el Estado provincial pueda afrontar. “No vamos a comprometernos a nada que no podamos cumplir”, destacó.

Frigerio se manifestó en esa sintonía. “El año pasado tuvimos una paritaria histórica anual. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo en ese mismo sentido”, expresó. Luego, puso límites a las expectativas de incremento de haberes. La oferta oficial tendrá en cuenta “lo que es de público conocimiento: la recaudación de las provincias en general y la nuestra no es una excepción, no se ha recuperado todavía”.

Patricia Bullrich usó un dicho de la política tradicional para destacar que fue una larga negociación lo que le permitió al oficialismo avanzar con la reforma laboral en el Senado. “El tango se baila de a dos”, escribió en X. El diputado Benegas Lynch lo sostuvo de otra forma, más directa. “Cuando vos te metés en el recinto, es para ganar una votación, no para que te llenen la cara de dedos”, dijo en una entrevista con este medio. ¿A quién le hablaban? Sonó, especialmente en boca del legislador, a mensaje para la propia tribuna. Una especie de justificación para sostener el giro al “realismo libertario” y amortiguar el golpe al discurso anticasta.

Entre las muchas consideraciones que pueden ser hechas sobre el texto aprobado en el Senado -y enviado 48 horas después a Diputados, para acelerar el trámite-, se anotan las decenas de puntos que decidió modificar el Gobierno en tren de reunir votos. No fue tampoco una novedad absoluta, aunque esta vez prefirió evitar lo ocurrido con el Presupuesto 2026, en las vertiginosas sesiones de fin del año pasado. Aquella vez, el oficialismo perdió en Diputados una votación de alto impacto, por el capítulo que incluía el fin de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Procesó su enojo, no insistió en el Senado y pudo celebrar la sanción de la ley.

Visto de entrada que la reforma laboral demandaba negociaciones y cambios, enfrentó la prueba del Senado -y la pasó con comodidad numérica- en base a tratativas que tuvieron como foco a los gobernadores pero que, con menor visibilidad mediática, incluyó señales a los jefes sindicales y no sólo al mundo empresarial. Traducido según los criterios básicos de su “batalla cultural”, se trataría de un arreglo con “la” política (los jefes provinciales) y con la casta sindical.

Por supuesto, la trascendencia del proyecto laboral podrá ser medida por sus efectos prácticos en las relaciones de trabajo. Habrá que esperar la sanción definitiva, la reglamentación, la aplicación que demandará tiempo. Pero en lo inmediato, los primeros ruidos se registraron en un terreno que durante bastante tiempo el oficialismo asumía como propio o, al menos, cómodo: las redes sociales, con particular foco en X.

En ese circuito que tiende al reduccionismo y la chicana, los puntos destacados fueron el trato cerrado con los gobernadores y, más aún, la modificación de artículos que afectaban a la estructura sindical. En el primer caso, fue un acuerdo de necesidad compartida: finalmente, fue liquidado el punto de la baja de Ganancias. Ni a las provincias ni al Gobierno les convenía. La recaudación viene cayendo de manera sostenida desde hace seis meses, con el consiguiente impacto en las cuentas nacionales y, según el impuesto, en la coparticipación federal.

Los gestos hacia los jefes sindicales -expresión de negociaciones más reservadas, entre otras razones por cuestión de imagen– terminó siendo un dato potente, provocado en buena medida por desmanejo discursivo del oficialismo. Puso énfasis en adjudicar al proyecto un sentido de combate con el sindicalismo, casi como elemento mayor, y las concesiones terminaron destacando eso mismo, pero al revés. Los aspectos que sí podrían haber afectado a las organizaciones gremiales -y su dirigencia- fueron dados de baja. No hubo rebaja de aportes a las obras sociales y también quedó en el camino la idea de bloquear los aportes “solidarios” a los sindicatos y el modo de recaudar la cuota gremial, a través de las empresas. Mal momento para Federico Sturzenegger.

Desde el lado sindical, el elemento inquietante tuvo poco que ver con las advertencias de movilización y medidas de fuerza. En ese juego, quizás haya pesado más la latente posibilidad de demandas para judicializar algunos aspectos de la reforma. El sindicalismo peronista carece prácticamente de poder legislativo. Es una tendencia que, en rigor, se profundizó en era K. Pero a los jefes cegetistas le quedan otros recursos. Algunas municiones del oficialismo sobre el fuero nacional del trabajo alimentan todo tipo de especulaciones.

Más visible resultó la afirmación del poder de negociación de los gobernadores. Fue notable en el pasado capítulo del Presupuesto y determinante en un tema como la ley laboral. El Gobierno los terminó poniendo en el centro de la discusión con la propuesta de la baja en Ganancias para empresas, que corrió el eje del tema a pesar de que Economía sabía de su propia debilidad en ese frente. La decisión de llevar a la larga el asunto terminó para agrandarlo. Y, más allá de la combinación de necesidades, quedó como una cesión del oficialismo.

El Gobierno, entre tanto, apuesta a capitalizar el momento legislativo. Avanza con otros temas y anuncia más. En esa movida, se destaca el proyecto de régimen penal juvenil, una iniciativa recreada por el oficialismo y que, al menos mediáticamente, quedo teñida exclusivamente por la baja de la edad de imputabilidad. Ese punto fue acordado con socios y aliados. Pasó de Diputados al Senado, que debe apurar el paso la semana que viene para llegar al recinto antes de fin de mes. Una cuestión que generó algo de debate en el trámite inicial podría plantear otra prueba y tratativas con las provincias: los fondos para ir adecuando los servicios penitenciarios a la letra de la iniciativa.

La actitud negociadora aparece insinuada además en la intención de incorporar a la agenda un proyecto que de algún modo cierre el tema de los fondos para universidades. Existe una necesidad generada por el frente judicial abierto ante el incumplimiento de la ley de financiamiento que aprobó el Congreso, vetó Javier Milei y sigue en pie por la insistencia legislativa. Trascendieron conversaciones con los rectores. Y esas tratativas están a cargo de Carlos Torrendel y Alejandro Alvarez. El encargado de Políticas Universitarias es sin dudas el funcionario del área que encaró con mayor dureza mileista su tarea. Ahora, al parecer, las necesidades son otras.

En cualquier caso, este momento de “realismo libertario” -cuya extensión en el tiempo nadie podría asegurar- es similar a otros “realismos” que han expuesto las debilidades prácticas de las ideologías rígidas.

Los sindicatos presionan a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que convoque a un paro general en rechazo a la reforma laboral que será tratada en Diputados. Aseguran que “sobran motivos para llamar a una huelga” y que no hay posibilidades de “frenar” el proyecto de ley sin un plan de lucha.

La iniciativa recibió media sanción el miércoles pasado en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra en el tratamiento en general. El objetivo del Gobierno es sostener el proyecto en Diputados tal como fue aprobado en la Cámara Alta.

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El día previo a que el Senado tratara la reforma laboral, la CGT logró cambios clave en el proyecto. El texto oficial tuvo 28 modificaciones y dos de ellas eran exigidas por la central obrera: se mantienen las cuotas solidarias y se eliminó el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales.

Frente a ello, este sábado, el titular de la UOM, Abel Furlán, apuntó contra la CGT y adelantó que le pedirán al triunvirato que convoque a una huelga general durante el tratamiento del proyecto en Diputados.

“La CGT estuvo negociando con el Gobierno. Nosotros tenemos una opinión muy personal: no había nada para negociar en esos 213 artículos, porque presentan una pérdida de dignidad para los trabajadores. Había que rechazarlo de manera absoluta”, deslizó Furlán a Futurock.

Ahora, el oficialismo busca obtener dictamen de mayoría para tratar la reforma laboral el miércoles 18 de febrero y llevarla el jueves 19 al recinto de la Cámara de Diputados. En ese sentido, Furlán adelantó: “Hemos decidido llevar un pedido a la CGT para pedir un paro general con movilización”.

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Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le hicieron el mismo reclamo a la central obrera. “Estamos pidiendo que la CGT convoque a un paro. Están dadas todas las condiciones y sobran motivos para llamar a una huelga general”, afirmó a TN, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

Otro de los sindicatos combativos es la Federación de Aceiteros y su titular, Daniel Yofra, se sumó al reclamo de la UOM y ATE.

Ante la consulta de si la CGT debe convocar a una huelga, Yofra respondió: “Ojalá que despierten antes del tratamiento de la ley en Diputados y larguen un paro. No hay posibilidades de frenar una ley como esta, si no hay un plan de lucha».

Reforma laboral: el sindicalismo volverá a las calles y realizará una medida de fuerza

Este viernes, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) que integra la UOM, Aceiteros, las dos CTA y ATE, entre otros, anunció un nuevo plan de lucha.

La decisión incluye la convocatoria a movilizaciones en distintas provincias y la realización de paros y protestas cuando la iniciativa se trate en la Cámara Baja.

“El Frente de Sindicatos Unidos definió un nuevo paro general con movilización al Congreso el día que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados”, señala el comunicado.

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Por su parte, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró: “Tenemos que construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores. No es una utopía voltear la ley o al menos que se empantane su tratamiento”.

De este modo, además de la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, irán a un paro la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Molineros, CONADU y Viales.

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