POLITICA
El peronismo tensó hasta el final el cierre de listas: quién ganó y quién perdió en cada sección electoral
Axel Kicillof y Máximo Kirchner estiraron la tensión hasta último momento, pero gracias al plazo extra por la prórroga que dio la Justicia Electoral por los cortes de luz y con el rol de mediador de Sergio Massa, el peronismo finalmente acordó listas de unidad en toda la provincia de Buenos Aires.
El acuerdo al filo del fin de la prórroga dejó varios heridos y un clima de desconfianza que, lejos de despejarse, se acrecentó.
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Si bien Kicillof pudo alzarse con dos triunfos clave, al elegir dos aliados para encabezar las listas de las dos secciones electorales de mayor peso electoral, el líder de La Cámpora se quedó con la mayor cantidad de candidatos con posibilidades de ser elegidos el 7 de septiembre.
Además, Máximo Kirchner le plantó un problema futuro al gobernador, cuando desde el 10 de diciembre no solo deba lidiar con bloques opositores más grandes en la Legislatura bonaerense, sino también con un oficialismo fragmentado, con La Cámpora empoderada.
Cómo se repartieron los puestos en las listas del peronismo
Aunque parte del acuerdo para conformar la alianza Fuerza Patria había sido que Kicillof tendría centralidad en las listas de septiembre y el kirchnerismo y el massismo en las de octubre, el escenario de discusión fue a fondo hasta el final.
El gobernador se quedó con el primer lugar en la lista de la Tercera Sección Electoral. Finalmente, Verónica Magario reemplazará a Cristina Kirchner como candidata a diputada bonaerense. Aunque es una aliada de Kicillof, la vicegobernadora tiene buena llegada con el kirchnerismo.
Para conseguir el primer lugar, el mandatario provincial cedió el segundo y tercer lugar a los camporistas Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza. Recién el cuarto puesto quedará nuevamente en manos del kicillofismo, pero otra vez con un candidato con visto bueno del ala dura k, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
La Primera Sección también la encabezará un alfil del gobernador. Gabriel Katopodis será el primer candidato a senador bonaerense. Para el massimo quedó el segundo, con Malena Galmarini. Le siguen Mario Ishii, Mónica Macha y Leonardo Grosso.
Aunque de menor peso electoral, también la Segunda Sección quedó en manos del kicillofismo, con el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, encabezando la lista.
Por su parte, Máximo Kirchner se quedó con la cabeza de lista de las otras cinco secciones. Los camporistas Diego Videla, por la Cuarta; Fernanda Raverta, por la Quinta; Alejandro Dichiara, por la Sexta; María Inés Laurini, por la Séptima, y Ariel Archanco, por la Octava.
Que proyecta el peronismo para septiembre
Este año, los bonaerenses elegirán 23 senadores titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados titulares y 28 suplentes, la mitad de cada una de las cámaras.
Fuerza Patria aspira a obtener 29 bancas de las que se ponen en juego. Por eso, los primeros lugares son clave, especialmente porque enfrenta una lista de unidad de La Libertad Avanza y el PRO.
El kicillofismo es minoría dentro del bloque peronista y, aunque el reparto de lugares en las listas no lo benefició, podría conseguir que entren unos nueve, si se cumple la hipótesis de conseguir 29 bancas. Así, lograría sumar unos cuantos escaños a su poderío actual.
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En el caso de Máximo Kirchner, pese a que cedió el primer lugar de las dos secciones más populosas, La Cámpora podría conseguir unas 15 bancas, quedarse con el espacio más fuerte de la Legislatura y seguir obligando a Kicillof a negociar con el kirchnerismo.
Para Massa, que esperaba conseguir unas siete bancas en septiembre, podría significar que el Frente Renovador consiga unas cinco. Si bien quedó en desventaja, el tigrense tiene la mira puesta en octubre, pero fundamentalmente en 2027, por eso presionó a fondo con la unidad.
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POLITICA
Los gremios docentes bonaerenses ratifican el paro del 2 de marzo y los estatales reclaman reabrir paritarias
Los gremios docentes bonaerenses ratificaron un paro contra la gestión de Axel Kicillof ante la falta de un acuerdo salarial con el sector. Así, se tensa el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires.
Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba) confirmaron una huelga para este lunes 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires.
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De este modo, se trata del primer paro conjunto contra la administración de Kicillof. En la mesa paritaria, las autoridades ofrecieron una mejora de 3% para febrero, pero los sindicatos rechazaron la propuesta, que calificaron como “insuficiente” frente a la inflación.
“El congreso nacional de la CTERA ha definido un paro nacional docente para el 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”, indicaron en un comunicado.
Entre los reclamos del sindicato que conduce Sonia Alesso volvieron a pedir por “una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.
Los estatales nucleados en ATE, en cambio, solicitaron una nueva convocatoria a paritarias “urgente” a días del inicio del ciclo lectivo. Si el gobierno de Kicillof no presenta una propuesta superadora en los próximos días, el inicio del ciclo lectivo 2026 se verá interrumpido por un paro.
El nuevo pedido de los estatales a Axel Kicillof por paritarias
Este lunes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires le pidió al gobernador Axel Kicillof que llame a paritarias de “manera urgente”.
“El pedido se fundamenta en la necesidad que tienen las y los estatales bonaerenses de iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo y arribar a un acuerdo que resuelva lo perdido en los últimos meses del año 2025“, justificaron en un comunicado.
El gremio que nuclea a los empleados estatales asegura que perdieron 13,5% del poder adquisitivo en los últimos dos años.
Desde ATE sostienen que la prioridad de la gestión provincial debe “garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones bonaerenses”.
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Además, el sindicato solicitó un aumento salarial de emergencia para los trabajadores auxiliares de la educación.
La semana pasada, el gobierno bonaerense mejoró su oferta salarial del 2% al 3%, pero los gremios la rechazaron por considerarla insuficiente. Según explicaron, el incremento no toma como base el salario de bolsillo cobrado en enero y el impacto real abarcaría 1,5%.
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POLITICA
La Iglesia y otras voces de la sociedad civil advierten sobre la paralización de las políticas de integración de barrios populares
Representantes de la Iglesia, de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, reunidos en la Mesa Nacional de Barrios Populares, denunciaron la reducción de presupuesto y virtual paralización de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, y la eliminación de las políticas de hábitat en todo el país. “Sin integración socio urbana no hay futuro para cinco millones de personas”, plantearon al expresar su preocupación por la situación que afecta a los barrios vulnerables.
“Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, advirtió el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, acompañado por dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. Expresó así la necesidad de avanzar en procesos de urbanización e integración social, y destacó especialmente el rol de las comunidades.
La voz de Carrara transmitió la preocupación de la Iglesia por el avance de los problemas sociales y las políticas que en esa materia lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La Subsecretaría de Integración Socio Urbana viene funcionando en el Ministerio de Economía y su titular es el diputado libertario Sebastián Pareja.
En el encuentro se advirtió que “la paralización de esta política no es una discusión administrativa, sino el incumplimiento de una ley nacional sancionada por unanimidad en 2018”. Y denunciaron que hay más de 700 obras frenadas y más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza, creado para financiar planes de mejoras de viviendas.
“Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como el agua potable y la electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”, señaló Carrara, al mencionar la activa participación de los vecinos en el relevamiento que permitió registrar más de 4400 barrios populares en todo el país y conocer las realidades que enfrentan más de cinco millones de personas en viviendas precarias, que carecen de servicios básicos.
“Los propios vecinos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo: son obreros de la construcción, trabajadores de la industria textil, de los cordones frutihortícolas que producen los alimentos que consumimos”, explicó el arzobispo, en referencia al esfuerzo que ellos mismos realizan para llevar adelante la tarea. “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”, alertó.
Además del titular de Cáritas, expusieron el director ejecutivo de Techo Argentina, Juan Maquieyra; la exsubsecretaria de Gestión de Tierras de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), Fernanda García Monticelli, y Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti, quienes alertaron sobre las consecuencias del cierre del organismo para los cinco millones de personas que habitan en villas y asentamientos en todo el país.
Todos resaltaron que esta política pública, puesta en marcha en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, logró “trascender dos gestiones de gobierno de distinto signo político, consolidándose como un consenso nacional y su posterior aprobación por unanimidad en el Congreso, en 2018”.
Coincidieron, de ese modo, en que “la integración sociourbana no es una bandera partidaria, sino una herramienta de transformación “, auditada por organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y entidades nacionales, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Universidad Católica Argentina. (UCA), que “certifican su transparencia y eficiencia en el territorio”.
García Monticelli explicó que durante la implementación de la política “el 80% de los barrios populares tuvo inversión pública, hubo más de 1200 proyectos de integración con 24.000 lotes con servicio, 250.000 mejoras de vivienda con el programa Mi Pieza, lo que representó un desafío grande para hacerlo a escala”. Sobre el desmantelamiento del organismo ejecutor, agregó: “No se está desmantelando una oficina pública, sino que se trata de la pieza ejecutora de la política, son los relevadores, los que está en territorio y quienes son una defensa ante desalojos”.
A su turno, Maquieyra dijo que tanto el Registro Nacional de Barrios Populares como la ley 27.453, que declara de interés público el régimen de integración socio-urbana y regularización dominial de los barrios inscriptos en dicho registro, son “políticas que se desarrollaron de abajo hacia arriba y se convirtieron en una política de Estado”. Y llamó a los presentes a preguntarse “¿en qué Argentina queremos vivir?”.
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Conforme a,Iglesia,,Histórico. La Sagrada Familia alcanza su altura máxima tras casi 150 años de obras,,La relación con la Iglesia. Una semana después de ver al Papa, el canciller Pablo Quirno recibió al presidente del Episcopado,,Los argentinos y el Vaticano. El papa León XIV refuerza una relación marcada por la formalidad y la vía institucional
La senadora nacional Patricia Bullrich calificó como “ridículo” el paro convocado en el fútbol argentino por la AFA para todas las categorías durante los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. En dichas jornadas también se iba a disputar la fecha 9 del Torneo Apertura.
La legisladora brindó declaraciones a los medios acreditados en el Senado de la Nación donde expuso su rechazo a la medida. La querella de ARCA había convocado a la AFA como asociación y a Tapia para el 5 de marzo mientras que el tesorero Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes.
Ante la consulta periodística sobre la decisión de la AFA de suspender las fechas del torneo debido a las citaciones judiciales de Tapia y de Pablo Toviggino, mencionado en la causa, Bullrich fue tajante. Consideró que “parar el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la justicia es confundir la institución con sus conductas”. Subrayó que la medida es “ridícula” y desligó la situación personal de los directivos de los intereses de los clubes y los hinchas.
La senadora remarcó la importancia de no “mezclar” los problemas judiciales individuales con el funcionamiento de una entidad de alcance nacional.
Por otro lado, Bullrich describió el actual funcionamiento del Senado como un espacio de debates extendidos y diferencias internas, incluso dentro de los bloques que apoyan al oficialismo. “Acompañan algunas cosas y otras no acompañan. Hay una flexibilidad, pero sí te acompañan en el quórum, sí te acompañan en la mayoría de la votación de las leyes en general”, explicó la legisladora.
Aclaró que, a diferencia de etapas previas, no existe homogeneidad ni disciplina absoluta, sino discusiones y abstenciones puntuales en artículos específicos. “Fueron horas y horas de debate que nosotros tuvimos para la aprobación de los proyectos”, señaló en referencia a las sesiones recientes.
La Cámara alta y el rol del kirchnerismo
Consultada sobre el impacto de la nueva composición política, Bullrich contrastó el momento actual con la era kirchnerista. “El kirchnerismo, antes de leer cualquier proyecto, ya sale a decir que vota en contra. La ley laboral van a hacer dos paros”, afirmó. Sostuvo que la oposición no busca dar gobernabilidad al Gobierno y que el funcionamiento previo era “a su ritmo”.
La senadora indicó que el Senado ahora actúa “al ritmo del Gobierno, para darle al Gobierno las herramientas y al pueblo argentino las herramientas que se necesitan para mantener esta estabilidad, mantener nuestro plan económico, mantener nuestras políticas de seguridad, por eso, mantener nuestra política internacional”.
Bullrich detalló que esta semana el Senado va a tratar proyectos claves para la agenda nacional. Entre ellos mencionó la votación sobre Mercosur, iniciativas vinculadas a la “delimitación clara de los límites de los glaciares” y la ley de Penal Juvenil, a la que definió como “fundamental para la seguridad de los argentinos”.
La senadora enfatizó que estos temas forman parte de una agenda que el oficialismo impulsa para acompañar la gestión actual y brindar respuestas a demandas sociales y económicas.
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