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El piquetero Belliboni fue enviado a juicio oral por extorsionar a beneficiarios de planes sociales

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El piquetero Eduardo Belliboni deberá sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión «sobre miles de personas» que debían percibir fondos correspondientes al plan social Potenciar Trabajo. Después del pedido de la fiscalía, el juez federal Sebastián Casanello cerró la investigación y firmó la elevación a juicio oral de esta causa que se centró en los fondos que debían destinarse a beneficiarios de planes sociales.

Cuando el fiscal Gerardo Pollicita firmó el pedido de elevación a juicio oral del líder del Polo Obrero y de otras dieciséis personas, sostuvo que la maniobra por la que fueron procesados comenzaba con ofrecer la incorporación al plan Potenciar Trabajo, otorgado en aquel entonces por el ex Ministerio de Desarrollo Social, a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, bajo la amenaza expresa de dar de baja el subsidio si no lo hacían.

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Durante la investigación se determinó que existió una “compleja matriz delictiva” que durante años se “aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”.

En el pedido de elevación a juicio, la fiscalía concluyó que existió un acuerdo de voluntades entre diversos referentes del Polo Obrero, con una división de roles y alcance nacional, la que fue sostenida al menos desde junio de 2020 hasta marzo de 2024.

Los cuadernos del Polo Obrero

A la cabeza de esta «estructura criminal» se encuentra Eduardo Belliboni como organizador, junto a referentes nacionales como Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma. Después, como miembros en el ámbito territorial de esta ciudad, se acusó a los referentes María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez.

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Todos los imputados deberán comparecer ante un Tribunal de juicio.

Cómo funcionaba la “organización criminal”

Según se pudo establecer mediante informes oficiales, en febrero de 2024 el “Polo Obrero” tenía bajo su tutela a más de 65 mil beneficiarios en todo el país —alcanzando su pico, en diciembre de 2022, con una nómina de 83.530 personas bajo su órbita— y los documentos hallados en poder de los propios acusados “revelaron que a todos ellos les sustraían parte del plan, lo que les permitió obtener importantes sumas de dinero”.

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La justicia calculó que solamente entre agosto de 2023 y febrero de 2024 la organización recaudó más de 313 millones de pesos.

Los cuadernos del Polo ObreroLos cuadernos del Polo Obrero

Los fondos públicos eran concedidos para que la organización sindical, realizara actividades formativas “en favor de las personas más vulnerables”. Pero el Polo Obrero -corroboró la justicia federal- “desvió los fondos en beneficio propio mediante el uso de más de un centenar de facturas apócrifas, simulando que se trataban de gastos vinculados a la implementación de la política social señalada”.

Como segunda parte del expediente, el Ministerio Público Fiscal imputó a Emilio Pérsico, que tenía a su cargo la Secretaría de Economía Social, ya que a criterio de los investigadores “el plan delictivo sólo fue posible gracias a la connivencia de los funcionarios públicos, quienes durante los años en que se desarrolló la maniobra fraudulenta entregaron los fondos en procesos plagados de irregularidades y omitiendo deliberadamente realizar controles sobre su destino real”.

Bajo estudio continúa un tramo de la causa cuyo eje está colocado en operaciones de blanqueo, en las que supuestamente intervinieron cooperativas y empresas utilizadas como “pantallas” para la aplicación del dinero desviado.

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El esquema extorsivo

Cuando se pidió la elevación a juicio, el fiscal Pollicita detalló un “esquema extorsivo-coactivo”, en que por un lado se obligó a los beneficiarios de los planes sociales a “entregar una porción del Salario Social Complementario que recibían como ayuda estatal y, por el otro, se les impuso coactivamente la participación y contribución en “actividades políticas” de la organización”.

Las exigencias fueron instrumentadas mediante intimidaciones consistentes en el anuncio de que, en caso de no cumplir con lo requerido, “se habrían de imponer, cuanto menos, cuatro tipo de sanciones: el condicionamiento del acceso al comedor y a los alimentos secos y frescos provistos a la organización por agencias públicas; el condicionamiento del acceso al Plan Potenciar Trabajo para los aspirantes que aún no se encontraban registrados.

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Entre otras, las sanciones para los titulares del programa eran el cómputo de menos horas de trabajo rendido —lo que repercutía en el monto final liquidado— o la degradación de categoría —si es que ocupaban una posición que implicara una asignación más alta—; y la baja total a la ayuda social para los titulares del programa.

Categorías creadas contra los más vulnerables

Las personas que eran extorsionadas por los acusados eran «clasificadas» por los dirigentes sociales, señaló la fiscalía.

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Una de las categorías era la de «beneficiarios especiales», que percibían hasta el doble de la prestación social, a cambio de exigirles —además del dinero y las movilizaciones— más tareas.

Por debajo de éstos se encontraban los “beneficiarios comunes», que percibían la prestación social y, a cambio, se les exigía una parte del subsidio y su asistencia a las movilizaciones.

Las planillas que para la fiscalía, exponen el lucro indebido del Polo Obrero.Las planillas que para la fiscalía, exponen el lucro indebido del Polo Obrero.

Finalmente, en un estrato inferior, se ubicaban los integrantes de las “listas de espera”, quienes debían cumplir determinada cantidad de movilizaciones o un tiempo estipulado de asistencia a ellas para acceder al Plan Potenciar Trabajo o a los alimentos provistos por los comedores.

Según dio por corroborado el fiscal Pollicita, la agrupación dirigida por Belliboni “negó el acceso a la comida que el Estado repartía y degradó o dio de baja del Programa Potenciar Trabajo a personas carenciadas que no cumplían con sus exigencias ilícitas”. La coacción y la extorsión se sustentaron -expresa el dictamen-, “en un mecanismo de contabilidad paralela centralizada».

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¿Cómo se distribuía el dinero? El 50% iba al Polo Obrero Central, el 5% a la “Regional” correspondiente y el 45% restante quedaba en la propia asamblea.

El sistema de las facturas truchas

Para desviar los fondos que les sacaba a los beneficiarios de los planes sociales, el Polo Obrero se valió de al menos 188 facturas apócrifas de las empresas Ediciones e Impresiones Rumbos, Coxtex, Urban Graphics, Ricoprint, Miniso Trade y de Carlos Osvaldo Monfrini.

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Facturas truchas que utilizaba el Polo ObreroFacturas truchas que utilizaba el Polo Obrero

Esas facturas fueron incluidas en las rendiciones de cuentas presentadas a las autoridades públicas hasta diciembre de 2023, “simulando gastos no concretados por un monto nominal de 49.417.301,89 pesos”.

Por ejemplo, Ediciones e Impresiones Rumbos es una sociedad que no cuenta con sede social ni comercial de actividades, que fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas sin capacidad económica para vender o prestar los servicios facturados, pero desde al menos octubre de 2021 emitió alrededor de 179 facturas por 31.475.027,04 pesos.

Cotex tampoco tiene sede social ni comercial, carece de una actividad real y también fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas. Se verificó que quienes figuran como socios son prestanombres, que no registraba movimientos bancarios —pese a haber facturado montos millonarios— y en esta causa “emitió dos facturas para simular gastos del programa por un monto total de 5.144.418 pesos”.

Los cuadernos del Polo ObreroLos cuadernos del Polo Obrero

La simulación de gastos fue mayor. Se corroboró la existencia de facturación apócrifa de Urban Graphics SA (una factura por un monto de $5.180.019), Ricoprint SRL (una factura por un monto de $2.769.378), Carlos Osvaldo Monfrini (dos facturas por un monto de $1.220.450 y $253.006, respectivamente) y Miniso Trade SA (una factura por un monto de $3.060.003).

Corrupción K,Eduardo Belliboni,Sebastián Casanello,Planes Sociales

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Entre internas por las listas y las tensiones con el Gobierno, Provincias Unidas intenta mostrar unidad

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Las listas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad mantienen en cortocircuito a Provincias Unidas. Aunque parecía que las diferencias se habían disipado tras el cierre de listas, la foto de Ignacio “Nacho” Torres con Ricardo López Murphy reavivó las tensiones con la propuesta de Martín Lousteau, candidato a diputado para el 26 de octubre. El dirigente radical insiste en que su nómina es la referencia porteña de los gobernadores, pero la jugada del mandatario chubutense despertó dudas. Sin embargo, todos los actores buscan bajarle el tono o directamente evitar pronunciarse. Con ese trasfondo, el próximo martes habrá un encuentro en la Patagonia para mostrar unidad.

Cerca de Torres aclararon a Infobae que la foto con López Murphy respondió más al pragmatismo que a una actitud confrontativa. Creen que después del 28 de octubre “hay que sumar a todos” y en esa lista mencionan tanto al Bulldog como al presidente de la UCR, Facundo Manes, y a Graciela Ocaña, con el objetivo de construir una alternativa para 2027. El radicalismo porteño no comparte esa visión, sobre todo por la conformación de un posible bloque en el Congreso y su funcionamiento.

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Uno de los principales objetivos de los gobernadores al crear Provincias Unidas fue la conformación de un bloque “compacto” en el Parlamento: legisladores que voten en función de las necesidades del interior y, sobre todo, que no haya rebeldes que lo hagan por fuera. En ese punto aparecen las contradicciones entre Lousteau y López Murphy. “Siempre votó todo con el Gobierno y Martín no. Queda fuera del esquema”, ejemplifican en Evolución.

Los radicales recuerdan que el referente del liberalismo se fue del bloque de Encuentro Federal y se abstuvo en la votación de las leyes de Financiamiento Universitario. En cambio, resaltan el rol opositor de Lousteau en el Senado, que incluso le generó varios dolores de cabeza dentro de su propio partido. Más allá de los planteos de Ciudadanos Unidos, algunos gobernadores señalan —en tono de reproche— que cada “uno está haciendo lo que quiere” por fuera de las provincias que gobiernan. “Había libertad de acción”, dicen.

Esas declaraciones apuntan a Juan Schiaretti, el candidato de Martín Llaryora en Córdoba. El ex gobernador fue el principal impulsor de Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires y de Lousteau en la Ciudad. Coincide con los analistas electorales en que esos territorios son indispensables para instalar una fuerza nacional. Pero sus aliados en Provincias Unidas vaticinan una derrota en octubre, similar o incluso peor que la que sufrió Somos Buenos Aires en septiembre.

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La últimas aparición de los gobernadores de Provincias Unias fue en Río Cuarto

“Estamos en un proceso de construcción”, afirman cerca de Schiaretti, para bajarle el tono a las diferencias, y hasta aprueban la idea de sumar esos actores al espacio después de los comicios. Para fortalecer la idea de unidad y encolumnarse en un discurso frente a Javier Milei, el 30 de septiembre se mostrarán juntos en Chubut. Repetirán el 9 de octubre en Jujuy y el 15 en CABA, en la previa de las elecciones, ¿con Lousteau? Según pudo saber este medio, Guga prepara —sin fecha confirmada— otro acto en territorio porteño con todos los referentes del espacio de centro, excepto los mandatarios patagónicos.

El evento de Chubut se dará en medio de la tensión con el gobierno nacional, que recibió respaldo del Tesoro de Estados Unidos condicionado a recuperar el control político en el Congreso y acercar posiciones con los gobernadores. Ninguno de los integrantes de Provincias Unidas está dispuesto a reunirse con la Casa Rosada antes de las elecciones. Creen que sería “regalarle” una foto en clave electoral.

Además, Milei decidió polarizar la campaña en Córdoba con Schiaretti, acusándolo de subir impuestos y exigir medidas que implican desequilibrio fiscal. En La Libertad Avanza creen que el anuncio de la eliminación de retenciones al campo lo dejó sin fundamentos, aunque la polémica por el beneficio, limitado a las principales cerealeras, abrió expectativas sobre el pronunciamiento de Provincias Unidas. Hasta ahora, solo pidieron que la medida sea permanente y no atada a tiempos proselitistas.

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Seis gobernadores coincidieron en el Foro Iberoamericano de Garantías y ratificaron su malestar con la Casa Rosada

Los gobernadores de Provincias Unidas no son los únicos que arrastran malestar con la Casa Rosada. Como reconstruyó este medio, durante el XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías un grupo de mandatarios intensificó sus reclamos por el incumplimiento de obras, la falta de envío de fondos, la ausencia de diálogo y la exclusión del Presupuesto 2026. Dejaron en claro que la promoción de Lisandro Catalán al rango de ministro del Interior no resolvió el problema de fondo: la necesidad de terminar con el centralismo y abrir un verdadero canal de diálogo.

La mayoría de los mandatarios, más allá de sus alianzas, esperan al 26 de octubre para tener un diagnóstico certero de hasta qué punto los argentinos están disconformes con las políticas libertarias. Los resultados en sus propios territorios pueden ser la llave para presionar por cambios de estrategia y medidas concretas. Será un desafío, porque muchos apuestan a espacios de centro o frentes locales que los colocan en desventaja frente a la polarización.

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Sergio Escalante, sucesor de Rodolfo Daer, ganó por amplio margen en las elecciones del Sindicato de Alimentación

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El contundente respaldo obtenido por la Lista Verde en las elecciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) marcó el inicio de una nueva etapa bajo el liderazgo de Sergio Escalante, quien fue elegido como secretario general con 2.611 votos frente a los 720 sufragios alcanzados por la opositora Lista Unidad, piloteada por la izquierda.

Este resultado, que refuerza el poder del oficialismo que Daer encabezó durante 40 años, se produce en medio de un duro conflicto salarial. El líder saliente, sin embargo, seguirá en el STIA a cargo de la Secretaría Tesorería y representante ante la CGT.

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A su vez, quedan debilitadas dos tradicionales fracciones del sindicato que lideraron la oposición: los maoístas del PCR, de donde proviene Jorge Penayo, el candidato de la nómina Unidad, y los trotskistas del PTS, que aportaron a su secretario adjunto, Javier “Poke” Hermosilla.

Escalante, de 58 años, que integra el triunvirato que conduce la Regional San Martín de la CGT, trabajó en Panificadora Balcarce y es delegado desde 1999. Se incorporó a la conducción de STIA en 2008. Proviene de una familia que no se interesaba por la política y suele decir que “encontró al peronismo” en la fábrica.

La marcha que hizo hace una semana el Sindicato de la Alimentación por reclamos salariales

En sus primeras declaraciones tras la victoria, el secretario general electo subrayó la continuidad de la lucha gremial por aumentos salariales y mejores condiciones laborales: “Trabajaremos arduamente en el plano gremial para conseguir mejores condiciones laborales y defender cada puesto de trabajo y en el campo político porque necesitamos un país con industria y trabajo en lugar de timba financiera y la deuda”.

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El proceso electoral fue valorado positivamente por Escalante, quien destacó la importancia de la participación del afiliado en la votación. “Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la democracia sindical -dijo-, estamos contentos con el proceso eleccionario y el resultado, pero seguimos en conflicto salarial y seguiremos trabajando para lograr un aumento que dé respuesta a las acuciantes necesidades de nuestros trabajadores, redoblando las medidas todo lo que sea necesario hasta alcanzarlo”.

En relación a la negociación salarial, el dirigente instó a los empresarios a alcanzar un acuerdo que contemple las demandas del gremio. “Quiero instar a nuestros empleadores a aprovechar la conciliación obligatoria para llegar un acuerdo salarial justo, en lugar del 3 por ciento de hambre ofrecido, para que podamos seguir trabajando en esta industria indispensable para la Argentina en vez de profundizar un conflicto que no nos interesa y que no les conviene”, señaló el sucesor de Daer.

Héctor y Rodolfo Daer: el primero dio un paso al costado en el Sindicato de Sanidad y Rodolfo, en Alimentación

Además, dirigió un mensaje a la Casa Rosada: “Al Gobierno le recuerdo que la Argentina tiene enormes problemas que requieren su atención; deberían ocuparse de solucionarlos en lugar de trabar acuerdos libres entre privados si tanto pregonan la libertad y la no injerencia estatal”.

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Además de agradecer a los afiliados y a los militantes de la Lista Verde, Escalante también hizo extensivo su gratitud a su “compañero y maestro Rodolfo Daer por la confianza y el trabajo que viene realizando hace años y por su visión del trasvasamiento generacional, consciente de que la organización vence al tiempo”.

Finalmente, el nuevo secretario general reconoció la importancia de la pluralidad y la competencia interna, al saludar a las listas opositoras que participaron en la elección. “Saludo y celebro la participación de los compañeros y compañeras de la Celeste y Blanca, la Bordo, Transparente y Blanca y Negra, que presentaron su lista opositora, ya que la diversidad de propuestas y la elección democrática muestran el dinamismo del STIA -destacó-. Pasado ya el fragor de los comicios debemos trabajar unidos en pos de los derechos e intereses de nuestros representados y de todos los trabajadores del país en este duro momento que nos toca atravesar”.

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Debilidades en la Aduana: un informe reservado revela graves fallas en el sistema de cámaras para evitar delitos

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Una auditoría interna de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) encendió una alarma sobre el funcionamiento del sistema de cámaras de la Aduana. El informe, que no está disponible de forma pública, evaluó el desempeño de la División Control Operacional del Centro Único de Monitoreo Aduanero (CUMA) y concluyó que la vigilancia tiene fuertes debilidades.

En el informe, al que accedió , se destacaron 291 cuestiones problemáticas y se encontraron más de 190 cámaras sin funcionar, que apuntan para cualquier lado, tapadas o con el circuito cortado, entre otras situaciones.

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El relevamiento despertó preocupación dentro del Poder Ejecutivo por el lugar en el que deja a la Argentina y la porosidad de sus fronteras.

También evidencia el terreno fértil para discrecionalidades por parte del personal aduanero, despachantes y funcionarios, entre otros. En ese contexto, la Sigen le pidió a ARCA, el organismo recaudador del que depende la Aduana, que intensifique la adopción de medidas “relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera, a fin de detectar potenciales situaciones de riesgo e ilícitos”.

El trabajo, que revisó los años 2023 y 2024, pero se hizo con inspecciones entre noviembre y diciembre pasados, enumeró una serie de fallas de “impacto alto”. Fuentes al tanto del informe comentaron que se trata de problemas sin relevar hace tiempo.

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La portada del informe al que accedió

Entre las fallas, se señaló que existen “deficiencias en el control efectuado por la Aduana a través del circuito cerrado de televisión (CCTV)”, una “inadecuada distribución de cámaras de monitoreo entre las Aduanas” y la “existencia de puntos operativos con incorrecta e imprecisa visualización en cámaras de las Aduanas”.

También se advirtió la falta de un proveedor de mantenimiento para las cámaras y problemas en el tiempo en el que se guardan las imágenes que captan.

Este informe es uno de los primeros realizados por la Sigen sobre la gestión libertaria. El estudio comprende todo el año pasado. De acuerdo con información de múltiples fuentes, 10 días después de comunicadas las falencias encontradas, ARCA solicitó la designación de una nueva persona al frente de la Unidad de Auditoría Interna.

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Específicamente, se detectaron:

“De la evaluación realizada, se puede concluir que las tareas llevadas a cabo en la División Control Operacional del Departamento Centro Único de Monitoreo Aduanero (C.U.M.A) dependiente de la Dirección General de Aduanas, referidas al objeto de auditoría, se llevan a cabo en un marco que presenta debilidades”, destacaron.

La auditoría fue formalmente comunicada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el 14 de febrero de 2025 mediante la nota. El organismo pidió una prórroga el 26 de ese mes para dar respuesta a las deficiencias detectadas, la que le fue concedida, y recién el 14 de marzo su director ejecutivo respondió con observaciones y descargos.

Para la Sigen, las debilidades detectadas requerían que las autoridades “intensifiquen la adopción de medidas necesarias a efectos de optimizar las tareas relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera, a fin de detectar potenciales situaciones de riesgo e ilícitos”.

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El titular de la Aduana es José Andrés Velis. Trabajó durante 44 años en el organismo y conoce como pocos los engranajes internos. Su ascenso implicó el desplazamiento de Eduardo Mallea, quien había asumido tras la salida de Rosana Lodovico, apartada cuando se reveló que había tomado un préstamo de una empresa vinculada al contrabando. Velis, como Andrés Vázquez en lo que solía ser la Dirección General Impositiva, forman parte del armado que quedó bajo control de Santiago Caputo, con influencia y nombres arrimados por Leonardo Scatturice.

Continúa bajo investigación en la Justicia la llegada al país a fines de febrero en un avión privado procedente de Miami que transportaba a Laura Arrieta, empleada de Scatturice. Luego de que trascendiera que las diez valijas que transportaba no fueron revisadas, se vieron cámaras que constataron que hubo un llamado a alguien de la Aduana que aparentemente autorizó el paso, sin el control correspondiente.

El vuelo privado de Miami que generó polémica

“En virtud de lo expuesto, se puede afirmar que las situaciones verificadas requieren intensificar la adopción de las medidas necesarias por parte de las autoridades responsables en orden a superar las debilidades apuntadas a efectos de optimizar las tareas llevadas a cabo por el organismo, relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera”, dice el informe.

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Camila Dolabjian,Conforme a

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