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POLITICA

El PJ asume la necesidad de cambios y le baja línea a la dirigencia para evitar una fractura

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Cristina Kirchner pide la unidad desde su departamento en San José 1111. Axel Kicillof pide la unidad desde la gobernación, en La Plata. Sergio Massa pide la unidad desde sus oficinas en Avenida Libertador 850. Los gobernadores piden la unidad desde sus provincias. Las cabezas de Fuerza Patria reclaman unidad y hacen esfuerzos en ese sentido. Aunque adentro todo este roto. Aunque se miren con desconfianza. Porque, en definitiva, ninguno está listo para romper completamente la coalición y hacer rancho aparte. Nadie tiene la suficiente fuerza, ni la decisión tomada para hacerlo.

En todas las terminales del peronismo asumen, en mayor o en menor medida, que el 2026 será un año donde habrá dos ejes de conflicto: la discusión de poder que tiene en el centro de la escena el liderazgo de CFK y la reconstrucción del programa político y económico de la fuerza política. Posicionamientos, propuestas y reconfiguración de la alianza de cara a las elecciones ejecutivas. La necesidad de un lavado de cara y de ideas es determinante para construir futuro.

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Luego de un año plagado de internas dañinas e interminables, y con la figura de Kicillof en ascenso -lento, pero progresivo -, empieza a tomar mayor volumen la idea de que el ciclo de CFK está agotado y que el año próximo habrá múltiples fricciones para determinar el reacomodamiento de los liderazgos peronistas. Hay cada vez más consenso sobre que su conducción se limita a La Cámpora y a un sector de dirigentes que aún le responden, pero donde no hay ninguno que exprese una opción electoral de futuro. El poder después del poder.

“La etapa de Cristina está agotada y ella la sigue estirando. El año que viene es el momento para discutir su lugar y el lugar de los que quieren ser”, graficó una influyente voz del peronismo bonaerense, que reconoce la potencia de la figura histórica de CFK, pero advierte que, frente a la imposibilidad de competir y el desgaste lógico del paso del tiempo, su trono está en juego. Quiera ella o no.

El formoseño José Mayans empuja la reactivación del PJ y mantiene línea abierta con los gobernadores del espacio

Esa será una de las discusiones de fondo. Pero para llegar a esa instancia, el peronismo necesita no terminar en una batalla campal dialéctica, con discusiones estériles y acusaciones malintencionadas. Y, sobre todo, necesita seguir mostrándose, más allá de las grietas internas, como la principal oposición al proyecto que lidera Javier Milei. Solidez, capacidad de bloqueo y propuestas alternativas, que es parte de las autocríticas del último tiempo. Por eso la unidad, en todos los ámbitos institucionales y políticos del peronismo, es la prioridad.

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La sede de Matheu 130 es uno de los puntos de encuentro para achicar las heridas y mantener la unidad de las distintas vertientes. El martes, durante una reunión del consejo nacional del PJ, uno de los temas centrales fue la necesidad de contener los dos bloques legislativos, para no perder el lugar de primera minoría y para evitar que las fugas debiliten el esquema político a nivel nacional.

“Hay que armar un programa, hay que trabajar en unidad y hay que hacer unas PASO para resolver las diferencias”. Palabras más, palabras menos, ese fue el mensaje que brindó el chaqueño Jorge “Coqui” Capitanich en la sede nacional del partido, en una reunión que sirvió de catarsis luego de la dura derrota electoral del 26 de octubre y el resurgimiento de la interna bonaerense.

Evitar que se desmoronen los bloques legislativos es el primer paso para empezar a discutir, en el 2026, la reconfiguración del armado político. En el Senado se decidió que el bloque de los gobernadores y el del kirchnerismo se unan bajo un mismo nombre. Un pequeño gesto que busca frenar la andanada de versiones sobre el quiebre de la bancada peronista. Que cada paso tenga el color de la unidad.

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El presidente del bloque de diputados peronistas, Germán Martínez, es uno de los que trabaja para evitar fugas en los bloques legislativos  (REUTERS/Mariana Nedelcu)

La aspiración de máxima es que el gobernador Gerardo Zamora, que asume como senador en diciembre, y el bloque que contiene a los legisladores Andrada, Salino, Moisés y Rejal, terminen dentro del bloque justicialista, como se llamará a partir de ahora a la unificación. De mínima, aspiran a que ambos sectores queden enlazados en un interbloque y jueguen en una sintonía parecida a la que marcan José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, el tridente que gestionan el ahora bloque unificado del peronismo.

En la Cámara baja la situación es más complicada. Hay dos bajas confirmadas. El tucumano Javier Noguera y el puntano Jorge “Gato” Fernández no serán parte del bloque. Pero la gran incógnita pasa por el futuro de los cuatro legisladores catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil, quien sigue analizando la posibilidad de dejar el bloque de Fuerza Patria.

El presidente del bloque de diputados, Germán Martínez, es el que está a cargo del operativo de contención. Mantiene diálogo con todos los gobernadores de la coalición y con los diputados que les responden. “Es un tipo valorado y respetado por otras bancadas políticas. Conoce todos los temas. Y eso hay que ponerlo en valor”, aseguró un diputado del interior que responde a un gobernador del PJ. La continuidad de Martinez al frente del bloque es otro de los temas presentes en las conversaciones peronistas. “Primero la unidad, después vemos”, fue la sentencia que salió del entorno de CFK.

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El legislador rosarino es valorado también por haber podido lograr una convivencia armónica, más allá de distintos cortocircuitos, dentro del bloque peronista, que tiene un sinfín de intereses cruzados, perfiles ideológicos y formas de entender la negociación y la construcción política. En definitiva, Mayans en el Senado y el PJ, y Martínez en Diputados, y con presencia en el partido también, han asumido el rol de evitar que las fisuras generadas, mayoritariamente, por diferencias con las posturas de Cristina y Máximo Kirchner, se agranden y terminen en una ruptura. Una tarea compleja.

Las distintas vertientes del peronismo hacen esfuerzos para evitar una ruptura que los debilite en el medio del gobierno de Milei

La semana que viene Mayans definirá si convoca a la sede partidaria a los gobernadores de la coalición, con el objetivo de discutir una postura unificada frente al tratamiento del Presupuesto 2026 y las reformas de fondo que impulsa el gobierno libertario. Es consciente de la necesidad de mantener activo el PJ para hilar voluntades. Pero sabe también que tiene que dar un paso más: tender puentes con Kicillof para que haya delegados del Gobernador en las próximas reuniones en Matheu 130. Gobierna la provincia más poblada del país y no tiene representantes en la mesa principal del partido.

Entre los gobernadores de Fuerza Patria la relación es amena. Se hablan unos con otros y tratan de funcionar como bloque político. Mantienen reuniones frecuentes que no suelen conocerse públicamente. Los distingue la relación que tienen con la Casa Rosada y la distancia que los separa de la ex presidenta de la Nación. Más allá del alejamiento de Kicillof, CFK ya no tiene la influencia que tenía sobre el bloque de gobernadores. Pero, aún así, todos le atienden el teléfono.

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Gerardo Zamora y Sergio Ziliotto han logrado una relación distante, pero buena con el gobierno nacional. Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, no tienen diálogo con el Gobierno, donde los acusan de golpistas y de poner trabas a la gestión en forma sistemática.

Milei trabaja explícitamente en la división de esos gobernadores, en lo que es una estrategia común de cualquier político de fuste. El Presidente ya no es más el outsider que arribó al poder en forma impensada y despojado de todo vicio de la política tradicional. Trata de debilitar a su oponente intentando una división entre convocados y discriminados para el ingreso a Balcarce 50.

Massa es uno de los dirigentes que baja con más potencia la necesidad de la unidad. Les pidió a los suyos contribuir en la sanción del Presupuesto, la ley fiscal impositiva y el endeudamiento enviado por el gobierno de Kicillof a la Legislatura bonaerense. Entiende que el peronismo tiene que cerrar el año lo más alejado posible de las escaramuzas de la interna y cambiar la hoja del calendario para barajar y dar de nuevo. “Hay que cerrar el año en paz”, repite en sus oficinas.

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Cristina Kirchner junto al riojano Ricardo Quintela

“Al final del día, el peronismo va a encontrar una forma de ordenarse. Es un sistema de poder y un partido que busca el poder para sostener los cambios”, le suele decir a los interlocutores políticos que lo visitan todas las semanas. En La Plata valoran su apoyo sin restricciones de este tiempo. “Sergio está ayudando, está jugando bien”, sostienen.

No sucede lo mismo con La Cámpora. En el kicillofismo desconfían del acompañamiento de los legisladores cristinistas para aprobar el endeudamiento. “No sacaron ese dictamen. Corren el arco todo el tiempo. Después pretenden responsabilizar a la oposición o al gobierno provincial por no negociar”, indicaron en el entorno de Kicillof.

En la agrupación ultra K la postura es radicalmente diferente. Prometen acompañar las tres leyes principales que pidió el Gobernador. “Siempre dicen lo mismo. La única traba es conseguir los 2/3 de los votos para aprobarlo. Algunos cansan con las acusaciones”, dijeron cerca de Máximo Kirchner. Es compleja la construcción de la unidad en el peronismo bonaerense. Pero si logran acordar y aprobar las tres leyes la semana que viene, la rosca interna tendrá algunos días de calma.

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Cristina Kirchner ha dado algunos gestos de unidad elocuentes. El más significativo de los últimos días fue su encuentro con el riojano Ricardo Quintela, que el año pasado desafió su liderazgo y la llevó a una interna – fallida – en el PJ Nacional. La foto en el departamento donde cumple la prisión domiciliaria es una señal del camino que cree que hay que seguir.

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El Gobierno enviaría mañana la reforma del Código Penal y un paquete de leyes sobre propiedad privada

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El Gobierno nacional quiere recuperar el pulso de la agenda, por eso apura el envío de los proyectos de ley que anunció el presidente de la Nación el pasado 1 de mayo en la Asamblea Legislativa.

Mientras termina el armado de las comisiones tanto en el Senado como en Diputados, desde la Casa Rosada hicieron saber a las autoridades del Congreso —particularmente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem— que mañana, viernes 20 de marzo, sería la fecha para que lleguen los proyectos al Palacio Legislativo.

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La duda que persiste es si el Ejecutivo va a enviar de a uno o un paquete de proyectos de ley con el fin de copar el debate y no dejar espacio para que la oposición juegue los propios.

Según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni —que hoy se encuentra en el ojo de la tormenta por la relación entre sus gastos y sus ingresos—, el comienzo será por un proyecto de ley de “modificación del Código Penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas” y por un paquete de leyes sobre “la propiedad privada”. En esto se encuentra: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio-urbana.

“En medio de esto, otros dos proyectos que están ingresados a espera del debate son la ley de glaciares, que tiene fijada una audiencia pública para el 25 y 26 de marzo en donde ya hay más de 60.000 inscriptos”; junto a las leyes que proponen una modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal. Estas últimas dos son leyes que aprobó el Congreso durante 2025 en cuatro oportunidades —una vez en cada cámara y, luego del veto presidencial, fueron ratificadas por ambas cámaras— y que el Ejecutivo viene incumpliendo.

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Martín Menem

En el caso de la modificación del Código Penal, había sido anunciada para ser tratada en extraordinarias, pero finalmente fue dejada para el período de ordinarias. Aunque se espera el texto para poder establecer el detalle de la misma, trascendió que busca incrementar las penas y sumar nuevas figuras delictivas o caracterizaciones de los mismos, como por ejemplo la “imprescriptibilidad de los delitos de corrupción”, con un tratamiento similar a los de lesa humanidad.

En lo que se refiere a la propiedad privada, el proyecto endurecería las penas para la toma de tierras, modificaría la ley de expropiaciones y la ley de fuegos. En este último caso, se modificarían los presupuestos mínimos de protección ambiental contra incendios forestales y rurales, pero principalmente se eliminaría la prohibición de cambiar el uso de tierras incendiadas durante 30 a 60 años para evitar incendios intencionados y desarrollos inmobiliarios/agropecuarios.

“Establece que el presupuesto sólo se ajusta si se supera el 14,3% en el acumulado del IPC, y un fondo de sólo $80.000 millones para hospitales escuela”.

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En el caso de la ley de financiamiento universitario, el oficialismo propone cambiar el modo en que se ajustan los presupuestos y se discuten los salarios de los docentes y no docentes. El nuevo proyecto propone una recomposición salarial del 12,3% en tres tramos (marzo, julio, septiembre), es decir, que no cubre la pérdida salarial ni ajusta trimestralmente por inflación como la norma aprobada.

En el caso de la ley de discapacidad, el Gobierno no dio detalles, pero aseguró que la modificación busca que compatibilice con el equilibrio fiscal, lo que para los sectores que esperan que se aplique la norma que fue aprobada por el Congreso significa que se llevará adelante un nuevo ajuste en el costo de las prestaciones.

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El presidente uruguayo se mostró optimista sobre alcanzar acuerdos con Argentina sobre la planta de Paysandú

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El Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, destacó la voluntad de entendimiento con la Argentina en torno al proyecto de hidrógeno verde en Paysandú. Desde Entre Ríos reiteran que acompañan las inversiones productivas, pero insisten en la necesidad de garantizar el cuidado ambiental y el desarrollo turístico. “Vamos a lograr acuerdos”, afirmó.

El pedido puntual que formuló el gobernador Rogelio Frigerio es que la planta se reubique. La intención es que se traslade tres kilómetros tierra adentro de la posición original diseñada. Este primer lugar, según la postura entrerriana, provocaría un impacto directo en el turismo, la fuente principal de ingresos de la zona. El diseño inicial ubicaba el emprendimiento frente a los balnearios de Colón, en la costa argentina.

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Las recientes declaraciones del mandatario uruguayo, marcaron un tono de distensión en medio de las tensiones generadas por la localización del proyecto de hidrógeno verde que la empresa HIF Global impulsa en Paysandú.

En el marco de la expoactiva nacional, Yamandú Orsi confirmó que mantuvo contactos con representantes diplomáticos argentinos y expresó la voluntad de su gobierno de avanzar en consensos.

El pedido puntual que formuló el gobernador Rogelio Frigerio es que la planta se reubique

“Sabemos lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar. Se trata de decisiones del sector privado con sugerencias del Estado. Estamos avanzando”, afirmó.

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Desde la provincia de Entre Ríos reiteraron que no están en contra de la inversión ni del desarrollo productivo, pero plantearon la necesidad de analizar con profundidad el impacto ambiental y turístico del proyecto.

En ese sentido, insistieron en que la relocalización de la planta aparece como una alternativa razonable para compatibilizar crecimiento económico, generación de empleo y protección de los recursos naturales en la región del río Uruguay.

En paralelo, las autoridades de ambos países continúan los contactos técnicos y diplomáticos para evaluar los estudios de impacto ambiental y definir los próximos pasos en el marco del estatuto del río Uruguay.

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El objetivo compartido es evitar conflictos del pasado y consolidar un proceso de desarrollo sustentable con beneficios para ambos lados de la frontera.

En qué consiste el proyecto

La planta de HIF en Paysandú representará una inversión de más de 5 mil millones de dólares (REUTERS)

La planta de HIF en Paysandú representará una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Se trataría de la principal inyección de capital privado extranjero en la economía uruguaya. El complejo tendría la capacidad de producir 876 mil toneladas de e-metanol y 313 mil toneladas de e-gasolina.

En total, se prevé una producción de 880.000 toneladas de e-combustibles anuales en la última fase del proyecto. La empresa ya tiene contratos previos asegurados en Europa para colocar los productos.

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Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America,Santiago

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La SIDE inició la desclasificación de documentos secretos sobre la dictadura militar

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La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anuncio este jueves el inicio de un proceso de desclasificación de documentos históricos correspondientes al período 1973-1983, en cumplimiento de lo dispuesto por el presidente Javier Milei, en una medida que busca aportar información sobre los años de la última dictadura militar.

La iniciativa forma parte de un proceso integral que contempla la publicación, conservación y posterior traspaso del material al Archivo General de la Nación, con el objetivo de garantizar su preservación y acceso público.

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Según informó el organismo a través de un posteo en la red social X, en esta primera etapa se difundirá un conjunto de 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas, junto con una Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la SIDE. Este material fue elaborado para facilitar la comprensión y contextualización de los archivos por parte de la ciudadanía, investigadores y comunicadores.

La documentación fue organizada en carpetas temáticas bajo criterios de relevancia histórica e institucional, e incluye resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas producidas entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983, un período que abarca desde los años previos al golpe de Estado hasta el retorno de la democracia.

Desde la SIDE indicaron que los documentos serán publicados de manera progresiva a través de sus redes sociales y estarán disponibles para consulta pública en el sitio web oficial, dentro del apartado de archivos históricos.

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El organismo enmarcó la medida dentro de una política orientada a fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y promover un vínculo “responsable” con la sociedad, en línea con estándares de transparencia y acceso a la información.

Cristian Auguadra, titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)

En ese sentido, destacaron que la desclasificación de archivos previamente secretos constituye “un acto de carácter ético, político y social” que contribuye a consolidar la confianza pública, legitimar el rol del Estado y aportar información relevante en un contexto donde la desinformación y las interpretaciones erróneas pueden afectar la comprensión del pasado reciente.

El período alcanzado por esta primera desclasificación incluye años clave de la historia argentina, en particular el accionar de las fuerzas armadas durante la última dictadura (1976-1983), por lo que se espera que los documentos permitan avanzar en la reconstrucción histórica y el análisis de ese proceso.

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La apertura de estos archivos representa, además, un paso significativo en materia de acceso a documentación sensible del Estado, en un área que durante décadas se mantuvo bajo estrictas condiciones de secreto. Desde la Secretaría de Inteligencia de Estado señalaron que esperan que la guía elaborada contribuya a facilitar el trabajo de historiadores, investigadores y comunicadores interesados en el material.


Secretaría de Inteligencia de Estado,pic.twitter.com/aCoe4hS632,March 19, 2026,SIDE,Conforme a,,Tensión con Pro. Ritondo se queda sin la Comisión Bicameral de Inteligencia por la pelea entre Karina Milei y Santiago Caputo,,Mesa política. Adorni intenta dejar atrás las polémicas que golpean al Gobierno y anuncia un paquete de proyectos de ley,,Boletín Oficial. El Gobierno convocó a una audiencia pública para avanzar en la designación del titular de la UIF,SIDE,,Nueva redacción. El Gobierno dio marcha atrás con los puntos más espinosos de su Plan de Inteligencia Nacional,,Ola de renuncias. Con la salida de Lavagna, se fueron del Gobierno 45 funcionarios en solo dos meses,,Aval al Gobierno. Un juez rechazó un pedido para suspender el DNU de Milei que reformuló la SIDE

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