POLITICA
El PJ busca contener a los senadores propios y sumar a los “sueltos” para rechazar la reforma laboral
El oficialismo empieza lentamente a rearmarse de cara a la principal discusión parlamentaria que deberá enfrentar a partir de febrero: la reforma laboral.
En medio de las sesiones extraordinarias, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, no logró conseguir los votos para ir al recinto y decidió avanzar con el dictamen y anunciar que quedaba “abierto” a posibles modificaciones. Ahora, la legisladora anunció que a mediados de enero comenzará una ronda de reuniones con el fin de lograr consensos que le permitan juntar los votos necesarios para darle media sanción.
El problema que enfrenta el oficialismo es que hasta ahora no logró convencer a los socios parlamentarios. El bloque de la UCR siente que el proyecto de ley no cumple con las expectativas que tienen y, además, no están seguros de que sea el momento.
El presidente de bloque de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi, ya adelantó que “así como está” no la apoyarán. Pero de todas formas, los boinas blancas aclaran que están abiertas a una negociación.
La Libertad Avanza cuenta con 20 senadores, se le sumarían 3 del PRO y, suponiendo que cuenta con los 10 senadores de la UCR -algo que hoy parece poco probable- tampoco alcanzaría.
Pero el principal obstáculo es el peronismo, que ya adelantó que no está de acuerdo con lo que propone el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo.
A diferencia de otro momento, la estrategia del PJ no es sólo la de oponerse sino la de ir por caminos alternativos. En ese esquema es que buscará avanzar, si es que el oficialismo consigue el número, en la “repesca” de votos con el fin de imponerse.
El peronismo cuenta con 33 senadores agrupados en el interbloque Justicialista. Allí hay 2 del Frente Cívico Santiago y 5 del bloque Convicción Federal que se identifican con el peronismo, aunque no forman parte de Fuerza Patria.
El primer problema a resolver para el peronismo es qué van a hacer los senadores del bloque Convicción Federal. En el debate por el Presupuesto 2026, 4 de los 5 acompañaron a LLA. Y son senadores que responden a gobernadores de muy buen diálogo con la Casa Rosada.
En este grupo está Guillermo Andrada, de Catamarca, que responde al gobernador peronista Raúl Jalil; la tucumana Sandra Mendoza, del gobernador Osvaldo Jaldo. Ambas provincias fueron beneficiadas con fondos nacionales.
Un caso especial es el de Carolina Moisés, peronista de Jujuy, provincia que gobierna el radicalismo. La senadora votó a favor del Presupuesto, pero no responde al jefe del Estado provincial, y se encuentra enfrentada a Cristina Kirchner y a La Cámpora por la intervención del partido en su provincia.
Este bloque también están Jesús Rejal de La Rioja y Fernando Salino de San Luis que, aunque enfrentados con el kirchnerismo, se mantuvieron en la oposición. Algo similar hicieron los senadores del Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora y Elia Esther Del Carmen Moreno
“No los damos por perdidos, pero son difíciles. El gobierno le tira plata a los gobernadores y ellos mandan a levantar la mano”, explica una voz del bloque Justicialista. “Vamos a tener que buscar a estos y a los sueltos”.
Los sueltos conforman un grupo de 11 miembros de la Cámara Alta que son de fuerzas provinciales.
En este grupo está la ex secretaria de Energía y Minería, Flavia Royón, que es el voto del gobernador peronista Gustavo Sáenz, Edith Terenzi, que responde al gobernador Nacho Torres, José María Carambia y Natalia Elena Gadano, ambos de Moveré por Santa Cruz que responden al gobernador de origen sindical Claudio Vidal; Julieta Carroza, que es el voto del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.
También están Beatriz Avila, del bloque Independencia y cercana al gobernador de Tucumán; Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del misionero Frente Renovador de la Concordia Social que responden a Carlos Rovira, el hombre fuerte de la provincia, y Carlos “Camau” Espínola de Provincias Unidas; Julieta Corroza de La Neuquinidad y, por último, Luis Juez, del monobloque Frente Cívico de Córdoba.
Todo esto es incierto porque en su gran mayoría apoyaron el Presupuesto que armó la Casa Rosada, en donde se desfinancia a las universidades nacionales, por ejemplo.
Aunque los jefes de los estados provinciales no ven con malos ojos la reforma, observan que el paquete impositivo que incluye los desfinancia, en especial, la baja del Impuesto a las Ganancias, que es un tributo coparticipable.
Un informe que, aseguran, preparó el senador Jorge Capitanich y que circuló primero por los despachos de los gobernadores peronistas, pero que fue llegando a manos de otros jefes de estados subnacionales de otros colores políticos, muestra que las provincias perderán entre 1700 millones y 2000 millones durante el 2026 por una reducción del impuesto y su baja en la recaudación.
“No vale de nada que después les den ATN -Aportes del Tesoro Nacional- si todo el tiempo pierden plata. Hay 14 gobernadores y el jefe de la Ciudad que podrían ir a pelear una reelección y, sin obra pública nacional, necesitan fondos para poder trabajar pensando en el 2027. Es ahí donde tenemos que ir a frenar esto», explicó un senador peronista que disfruta de unos días de vacaciones.
En este sentido, legisladores entrerrianos del PJ -diputados y senadores- le pidieron una reunión al gobernador Rogelio Frigerio -uno de los que podría ir por la reelección- para plantear el desfinanciamiento que propone la ley.
Esta misma estrategia podrían repetir senadores y diputados de diferentes provincias cuyos gobernadores se quejan en voz baja pero hasta ahora no han tomado una decisión sobre si apoyar o no. La llave está en los gobernadores.
POLITICA
La trastienda de 48 horas triunfales de Milei en el Congreso: un nuevo oficialismo que pudo doblegar la resistencia del PJ
La primera sesión del período extraordinario en la Cámara de Diputados dejó una imagen política que, hasta hace pocos meses, parecía improbable. En una sola noche, el gobierno de Javier Milei logró aprobar dos iniciativas de alto impacto —la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo Unión Europea–Mercosur— con mayorías amplias, respaldo transversal y un peronismo cada vez más fragmentado. Más allá del resultado legislativo, la sesión expuso un nuevo equilibrio de poder: un oficialismo que comienza a construir gobernabilidad en minoría y una oposición atravesada por tensiones que ya no logra ocultar.
En la Cámara baja, el oficialismo logró anudar 48 horas de triunfos parlamentarios. El miércoles, con 42 votos a favor y 30 en contra, el Senado había aprobado la reforma laboral, una iniciativa que transforma de manera profunda las relaciones del trabajo, como nunca antes desde 1983. Son victorias que se consiguieron con flexibilidad y pragmatismo, negociaciones abiertas y públicas y otras, reservadas y silenciosas.
En la Cámara alta, el oficialismo se mostró permeable a pedidos de gobernadores, empresarios y gremios. Así, ablandó el proyecto original para blindar una victoria. En Diputados hizo lo mismo: cedió el tope de 13 años que había propuesto al prinicipio y sumó un financimiento que, al principio, estaba ausente. Fueron concesiones “bilardistas” decididas desde lo más alto del poder libertario.
Ese clima de euforia quedó expuesto con los mensajes que publicó el presidente Milei en redes sociales. “Histórico” e “Histórico II”, posteó el jefe de Estado, apenas se aprobaron la reforma laboral, en el Senado, y la baja de la imputabilidad, en Diputados.
“En el Senado no íbamos a pedirle al peronismo algo que no podía dar. Votaron todos juntos y, en los artículos más complicados, teníamos los votos justos: con 38 nos alcanzaba. En Diputados es distinto, porque están todos peleados, no se ponen de acuerdo y hay un sector que está dispuesto a acompañar cosas lógicas”, explicó a Infobae una fuente del oficialismo.
Mientras el Gobierno muestra una consolidación interna, el peronismo es la contracara. Con la mesa política que integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los ministros Luis Toto Caputo, Diego Santilli, el estratega Santiago Caputo, la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, Milei consiguió unificar las negociaciones. Mientras tanto, en Unión por la Patria, afloran disidencias que pavimentan las victorias de La Libertad Avanza.
Un día largo en Diputados
La votación general de la reforma del régimen penal juvenil fue el primer test. El proyecto obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, todos estos últimos provenientes del kirchnerismo y sus aliados más cercanos. El Gobierno no solo superó con holgura el umbral necesario, sino que articuló una mayoría heterogénea que incluyó libertarios, macristas, radicales, bloques provinciales y sectores del peronismo no alineado. Milei consiguió que una parte relevante de la oposición respaldara una de sus banderas más sensibles.
El episodio más revelador, sin embargo, no quedó reflejado en las planillas oficiales. En la votación en particular del capítulo central del proyecto —el que fija la edad mínima de imputabilidad en 14 años—, al menos seis diputados de Unión por la Patria identificados con el espacio de Sergio Massa levantaron la mano para respaldar al oficialismo. Sebastián Galmarini, Ramiro Gutiérrez, Diego Giuliano, Emir Félix, Guillermo Michel y Marina Salzmann formaron parte de ese grupo. Lo hicieron en público, pero sin un registro formal.
La explicación reside en una decisión táctica de Germán Martínez. Aprovechando su experiencia parlamentaria y conocimiento del reglamento, impulsó que esa votación se realizara a mano alzada. El recurso permitió diluir el impacto político del quiebre interno: sin voto nominal, sin listado oficial, sin evidencia documental directa. Fue una maniobra clásica de conducción legislativa, orientada a preservar una imagen de unidad en un momento de tensión.
La jugada funcionó parcialmente. En los papeles, el bloque se mantuvo ordenado. En los hechos, la fractura quedó expuesta en las imágenes y en las transcripciones taquigráficas. La división existió, aunque fue disimulada.
Ese episodio confirmó un proceso que venía desarrollándose en silencio. El sector vinculado a Sergio Massa decidió sostener, incluso en este contexto, una posición que forma parte de su identidad política desde hace más de una década. Ya en 2013, el entonces intendente de Tigre había impulsado una reforma para reducir la edad de imputabilidad, y desde entonces su espacio mantuvo una línea consistente en la materia. Por eso, el voto de Galmarini, Giuliano, Gutiérrez, Félix y Michel no representó una ruptura ni una provocación interna, sino la continuidad de una trayectoria política.
Fue, más bien, la reafirmación de una postura propia frente a una conducción parlamentaria que tiende a ordenar al bloque a partir de mayorías sin matices. El episodio no debe leerse como una confrontación con La Cámpora, sino como una diferencia de concepción sobre el funcionamiento interno del peronismo en el Congreso. Mientras la jefatura busca homogeneizar posiciones, otros sectores reclaman margen para sostener identidades políticas consolidadas.
Si en la imputabilidad la conducción logró disimular la tensión, en el acuerdo Unión Europea–Mercosur ya no hubo margen para administrar las diferencias. La votación fue nominal y expuso a cada diputado. El resultado fue todavía más contundente: más de 200 votos afirmativos. El oficialismo consiguió una mayoría transversal inédita.
El foco volvió a estar en Unión por la Patria. Cerca de cuarenta diputados votaron en contra. La enorme mayoría pertenecía al universo camporista y al kirchnerismo más ideológico. Máximo Kirchner, Lucía Cámpora, Paula Penacca, Itai Hagman, Juan Grabois, Eduardo Valdés, Vanesa Siley, Florencia Carignano, María Teresa García y otros dirigentes del núcleo duro encabezaron el rechazo.
Del otro lado, una mayoría peronista acompañó el acuerdo. Diputados de provincias productivas, dirigentes cercanos a gobernadores y sectores sindicales moderados privilegiaron una lectura económica y territorial por encima de la lógica identitaria. Argumentaron en función de exportaciones, mercados, empleo y desarrollo regional. El contraste fue evidente: mientras el camporismo se aferró a una posición doctrinaria, el peronismo del interior priorizó intereses concretos.
La Cámpora quedó en minoría.
En ese contexto, la figura de Germán Martínez quedó expuesta. El jefe del bloque había construido su liderazgo sobre una premisa central: sostener la unidad a cualquier costo. En la imputabilidad lo logró parcialmente. En Mercosur, fracasó. La fragmentación fue tan marcada que terminó votando a favor del acuerdo, no por convicción personal sino por necesidad política. Quedar del lado perdedor habría significado perder autoridad frente a su propia bancada.
El episodio profundizó los cuestionamientos internos. Martínez es respetado por su manejo del reglamento y capacidad de negociación, pero enfrenta un desgaste creciente. Sectores del bloque le reprochan dificultades para procesar conflictos, administrar tensiones y ordenar estrategias. Su voto afirmativo fue leído, incluso dentro del peronismo, como un gesto defensivo.
Las dos votaciones consolidaron un fenómeno que empieza a adquirir densidad propia: la emergencia de un peronismo no kirchnerista con peso parlamentario. Diputados de Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Tucumán y otras provincias acompañaron al Gobierno en Mercosur. Lo hicieron con argumentos vinculados a sus economías regionales y a las demandas de sus territorios. La lógica militante cedió espacio ante la lógica productiva.
Ese peronismo existe, tiene volumen y comienza a actuar como tal.
Uno de los casos más simbólicos fue el de Santiago Cafiero. Ex canciller y protagonista de las negociaciones con Europa, votó en contra del acuerdo que él mismo había impulsado durante su gestión. La contradicción fue evidente. En los pasillos, muchos la interpretaron como una subordinación a la lógica interna del kirchnerismo, aun a costa de desmentir su propio recorrido político.
Desde el oficialismo, el balance fue eufórico. Dos leyes clave, mayorías amplias, fragmentación opositora y proyección de poder. La sesión confirmó que el Gobierno logró construir un sistema de alianzas flexible y funcional. No se trata de una coalición formal, sino de una red de acuerdos tácticos que se activa proyecto por proyecto.
Desde la presidencia de Diputados y la Casa Rosada atribuyen los resultados, tanto en Diputados como en el Senado, a la consolidación de una mesa política estable, donde confluyen conducción parlamentaria, estrategia comunicacional y diseño legislativo. La estrategia ya había demostrado eficacia en diciembre, con la aprobación del Presupuesto. Ahora se consolidó.
Las victorias en Diputados se sumaron al éxito previo en el Senado, donde el Gobierno logró aprobar la reforma laboral. En menos de 48 horas, Milei consiguió dominar las dos cámaras en temas estructurales. Algo inusual para un presidente sin mayoría propia. El mensaje hacia los mercados, los actores económicos y los gobernadores fue inequívoco: el Gobierno puede gobernar.
Las últimas dos sesiones en el Congreso marcaron un punto de inflexión. Para el oficialismo, significa el ingreso a una etapa de mayor estabilidad política. Para el peronismo, implica el fin de una ficción: la unidad ya no existe como realidad operativa. Existen, en cambio, múltiples peronismos conviviendo en tensión. La Cámpora perdió centralidad. Los gobernadores juegan su propio partido. El massismo busca reposicionarse. Y la conducción parlamentaria navega en aguas cada vez más turbulentas.
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POLITICA
A un año del caso $LIBRA: los avances y puntos muertos de un expediente que se mueve a dos velocidades
A un año del tuit con el que Javier Milei promocionó la moneda digital $LIBRA, la causa local que investiga el caso como una supuesta estafa muestra algunas zonas fértiles, con medidas que esclarecieron rasgos de la maniobra, y otras áreas más pantanosas, marcadas por las demoras y los puntos muertos.
En los tribunales de Comodoro Py, el expediente se abrió con vértigo, a pocos días del hecho, cuando el caso ya había tomado por asalto la agenda pública. Pero desde entonces, avanzó por dos carriles de distinta velocidad.
Ese desfase quedó reflejado en un fallo reciente de la Cámara Federal que avaló las medidas patrimoniales dictadas contra algunos de los investigados, pero advirtió al juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre la necesidad de acelerar la investigación para que esas medidas no se desnaturalicen con el paso del tiempo.
Los principales involucrados son casi los mismos que hace un año: el presidente Milei, cuyo tuit hizo disparar la cotización del activo; el creador de la moneda digital, Mark Hayden Davis; y quienes habrían sido el puente entre ambos, los socios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La investigación también alcanza a Karina Milei, señalada por haber facilitado los encuentros entre las partes, y, en un segundo orden, al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales y a Julian Peh, un empresario ligado al proyecto $LIBRA desde el plano técnico.
Los progresos más visibles ocurrieron sobre una serie de millonarias transferencias cripto, sospechosas tanto por sus montos como por sus fechas coincidentes con momentos clave en la vida del caso.
Un puñado de estos movimientos se concretaron el 30 de enero de 2025, luego de que Davis, Novelli y Terrones Godoy se reunieran por tercera vez con Milei en la Casa Rosada, catorce días antes del lanzamiento de la moneda y el tuit presidencial.
Con la asistencia técnica de organismos especializados y los aportes de plataformas digitales, la fiscalía de Eduardo Taiano esclareció parte de ese complejo entramado de transacciones. En la causa está acreditado que el 30 de enero -luego de su reunión con Milei- Hayden Davis transfirió un total de USDC 1.015.000 (una moneda virtual que corre aparejada al dólar) a una cuenta a nombre de Orlando Mellino, un jubilado de 75 años con domicilio en una dirección del municipio de Tigre cuya numeración no existe, según pudo corroborar la Justicia. Mellino recibió ese dinero digital a través de dos operaciones espejo y horas más tarde lo giró a una tercera cuenta.
Sobre Mellino flota una nube de misterio y la presunción de ser un “prestanombres”. La Justicia le impuso una medida patrimonial, pero hasta el momento no se ordenó ningún allanamiento y ni siquiera cuenta con domicilio válido en el expediente, confiaron las fuentes consultadas.
En la causa también está acreditado que unos días más tarde, el 3 de febrero, el empresario Hayden Davis giró un total de USDC 3.965.627 a la cuenta de otra cara nueva del caso: el influencer cripto colombiano Camilo Rodríguez Blanco. Tanto él como Mellino habrían sido un puente de paso en la maniobra investigada, porque la Justicia validó también que gran parte de los activos que recibió el influencer fueron luego movidos a cuentas controladas por Novelli y Terrones Godoy. Una cuenta de la que Novelli es cotitular, por caso, recibió USDC 695.990 en la noche del 3 de febrero.
La fecha es clave porque un día después, Novelli, su hermana María Pía, y su madre, María Rafaele, arribaron a una sucursal del banco Galicia en Martínez con bolsos en sus manos, manipularon varias cajas de seguridad y se fueron, según consta en las actuaciones de la causa. Los familiares de Novelli volverían al banco 13 días después, durante el primer día hábil tras el lanzamiento de $LIBRA, presumiblemente a vaciar esas cajas, porque cuando la Justicia las registró estaban vacías.
Sobre Camilo Rodríguez Blanco, Novelli, su hermana y su madre, Morales y Terrones Godoy también rigen medidas patrimoniales, pero algunas de ellas fueron perdiendo fuerza con el paso del tiempo -ahora hay embargos por montos menores- y la Cámara, en su fallo de enero de este año, marcó que, por ser de carácter excepcional, estas medidas patrimoniales deben sustentarse sobre avances genuinos en la causa.
“No solo para asumir una postura respetuosa de los derechos de quienes se encuentran sometidos a proceso, sino también para procurar los restantes fines del proceso penal”, marcaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Los teléfonos y las querellas
Otra línea de la investigación que avanza sin apremios es la relativa a los peritajes. En allanamientos realizados en marzo del año pasado a domicilios de Novelli, Terrones Godoy y Morales, la Justicia secuestró una serie de dispositivos electrónicos.
El fiscal ordenó analizar su contenido en septiembre, siete meses después del operativo y, al día de hoy, en el expediente no figura ningún avance en ese sentido, según fuentes del caso que consultó . Uno de los investigadores, sin embargo, dijo a este medio que ya se trabaja sobre la información que arrojaron los peritajes.
Por el momento, del caso forman parte dos grupos de querellas. Consideran que hay reunidos suficientes elementos para avanzar, al menos, con la indagatoria de Novelli y Terrones Godoy.
El abogado Nicolás Oszust representa al especialista cripto Martin Romeo, y Juan Grabois y Nicolás Rechanik a otros tres damnificados.
Las querellas han presentado escritos cuestionando la marcha del expediente y solicitando una gran serie de medidas, algunas más fuertes que otras, como la detención de Novelli y Terrones Godoy y su indagatoria.
La defensa de Novelli y Terrones Godoy, por su parte, buscó apartarlos del caso, pero en diciembre último, la Corte Suprema los ratificó al no atender el reclamo que presentó su abogado Daniel Rubinovich.
El juez Martínez de Giorgi calculó en U$S 12.000 el perjuicio de los querellantes, pero eso podría cambiar si a la querella se suman nuevos damnificados: un grupo de dos bielorrusos golpea las puertas del expediente y clama haber perdido más de 2,3 millones de dólares.
Entre abril y noviembre del año pasado, la causa en los tribunales de Comodoro Py convivió incómoda con una investigación paralela que llevaron adelante diputados de la oposición en el Congreso, una pesquisa que, por momentos, parecía llevar la delantera sobre algunos vértices del caso.
Entre sus conclusiones -que fueron giradas al juez de la causa-, la comisión destacó que $LIBRA repitió la lógica de tres proyectos previos en los que también participaron Novelli, Terrones Godoy y Milei. Son CoinX, Vulcano y $KIP, el precedente más cercano a $LIBRA y del que también formaron parte Julian Peh y Hayden Davis. Todos fueron impulsados por Milei y acabaron con el colapso del valor de sus activos y denuncias por estafa.
En una de sus pocas aclaraciones posteriores al escándalo, Hayden Davis negó que $LIBRA fuera una estafa, al decir que fue un “plan que salió muy mal a nivel presidencial”.
Pese a ser uno de los asuntos más delicados para el Gobierno y a que en la causa se tomaron medidas tempranas contra Milei -se pidió información sobre sus teléfonos-, a casi un año del nacimiento del expediente, el Presidente no ha designado aún un abogado que lo represente en el caso.
Significa que, en términos formales, el jefe de Estado no tiene acceso al expediente. Es una toma de posición que contrasta con la reacción inicial cuando la causa crecía y el presidente deslizó que sería el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, quien se pondría al frente de la estrategia judicial del Gobierno.
por tercera vez,ordenó analizar,Federico González del Solar,Javier Milei,Conforme a,Javier Milei,,Ranking de políticos y empresarios. La encuesta que revela la fortaleza de los hermanos Milei, el lugar de Cristina Kirchner y Macri y la influencia del círculo rojo,,Imputabilidad de menores. La Iglesia y los cultos evangélicos, en veredas opuestas ante la reforma del régimen penal juvenil,,Caso $LIBRA. La ruta de los 100 millones de dólares que permanecen ocultos a un año del escándalo
POLITICA
La CGT se reunirá este lunes para evaluar un paro general durante el debate de la reforma laboral en Diputados
Tras la aprobación en el Senado de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, la conducción de la CGT resolvió convocar de urgencia a su Consejo Directivo. La cita será este lunes y tendrá como eje analizar una medida de fuerza que comenzó a ganar respaldo interno: un paro general de 24 horas para el día en que la Cámara de Diputados inicie el debate del proyecto promovido por Javier Milei.
En el Congreso, mientras tanto, los bloques opositores reconocen que no reúnen los votos necesarios para frenar la iniciativa en la Cámara Baja. Ante ese escenario, evalúan estrategias orientadas a dilatar el tratamiento y aumentar el costo político para el Gobierno.
Leé también: Crece la presión de los gremios a la CGT para que convoque a un paro general en rechazo a la reforma laboral
La reunión de la central obrera está prevista para las 16 y se realizará de forma virtual, ya que varios dirigentes se encuentran fuera de la Capital por el fin de semana largo. La convocatoria se aceleró a partir de las presiones de distintos sectores sindicales que reclaman una respuesta más contundente frente a la reforma, al considerar insuficientes las movilizaciones realizadas hasta ahora.
En un primer momento, los cotitulares de la CGT —Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio)— evaluaban reunir al Consejo Directivo recién hacia mitad de semana. Sin embargo, en las últimas horas optaron por anticipar la convocatoria ante las señales de varios referentes gremiales que impulsan un paro de 24 horas como forma de profundizar el rechazo al proyecto.
Leé también: El Gobierno asegura que tiene los votos para aprobar una nueva Ley de Financiamiento Universitario
La presión sobre la CGT por la reforma laboral
Según deslizan desde el propio ámbito sindical, el triunvirato no estaba convencido de avanzar con una huelga general. No obstante, advirtieron que en distintos gremios comenzaba a tomar forma la idea de un cese de actividades, lo que podría haber dejado a la central obrera desfasada si no asumía la conducción de la medida. De todos modos, aseguran que la definición se debatirá con intensidad en la reunión de este lunes.
Horas antes, el titular de la UOM, Abel Furlan, presionó a la CGT para que convoquen a un paro general en rechazo a la reforma laboral. “La CGT estuvo negociando con el Gobierno. Nosotros tenemos una opinión muy personal: no había nada para negociar en esos 213 artículos, porque presentan una pérdida de dignidad para los trabajadores. Había que rechazarlo de manera absoluta”, deslizó el dirigente a Futurock.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le hicieron el mismo reclamo a la central obrera. “Estamos pidiendo que la CGT convoque a un paro. Están dadas todas las condiciones y sobran motivos para llamar a una huelga general”, afirmó a TN, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
Otro de los sindicatos combativos es la Federación de Aceiteros y su titular, Daniel Yofra, se sumó al reclamo de la UOM y ATE. Ante la consulta de si la CGT debe convocar a una huelga, Yofra respondió: “Ojalá que despierten antes del tratamiento de la ley en Diputados y larguen un paro. No hay posibilidades de frenar una ley como esta, si no hay un plan de lucha”.
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