El pedido ocurrió hace dos semanas. Habían pasado las elecciones que terminaron con una aplastante y sorpresiva victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof le transmitió a los secretarios de Cristina Kirchner un pedido para encontrarse en San José 1111, el lugar donde está detenida. En las próximas horas habrá una definición, según pudo confirmar Infobae de fuentes partidarias.

El encuentro buscará dar una señal de unidad para el peronismo, que viene atravesado por internas y recelos, y enfrenta el 26 de octubre una prueba de fuego en las legislativas de medio término.

En las últimas horas, trascendió que el tribunal a cargo de ejecutar la pena había dado luz verde para ese encuentro, pero ninguno de los involucrados quiso confirmar oficialmente detalles de esas gestiones. Sí admitieron los contactos y que podría haber una definición inminente.

Cristina Kirchner viene mostrando en los últimos días una hiperactividad política en el inmueble donde cumple la pena de seis años de prisión por el caso Vialidad. Recibió a dirigentes nacionales, extranjeros y decenas de candidatos de Fuerza Patria. El viernes pasado, de hecho, se reunió por segunda vez con los integrantes de la lista porteña, que encabezan el camporista Mariano Recalde y con Itaí Hagman.

Pero la foto que falta es la de CFK con Kicillof, después de los desacuerdos por la estrategia electoral que impuso el gobernador bonaerense, al desdoblar las elecciones. Fortalecido por un resultado tan rotundo como inesperado, el gobernador fue blanco de una fuerte embestida de La Cámpora. Le cuestionan la falta de reconocimiento a la ex presidenta por su compromiso con la unidad, que fue determinante para el resultado.

En ese marco de desconfianza, durante el fin de semana se difundió desde usinas del cristinismo que el gobernador había sido convocado para una reunión esta semana. Pero en La Plata aclararon que todavía no tenían novedad de esa solicitud que el propio Kicillof le transmitió a los secretarios de la presidenta del PJ. “El procedimiento legal depende de ella”, aclararon.

El gobernador -antes del parate que impuso el triple crimen con sello narco en Florencio Varela- se había puesto al frente de la campaña en la provincia de Buenos Aires, con varios actos con la cabeza de lista de Fuerza Patria, Jorge Taiana. Buscó mostrar un compromiso personal para una nueva victoria del Partido Justicialista frente a los candidatos de La Libertad Avanza y desactivar, al mismo tiempo, las sospechas de una indiferencia por la suerte de la boleta celeste.

Hay una realidad inocultable: el poderoso aparato de los intendentes difícilmente repetirá la movilización que ejecutó el 7 de septiembre para blindar sus territorios y contener una presunta avanzada violeta sobre los concejos deliberantes. Ninguno cree que el 26 de octubre vaya a repetirse la diferencia de 13 puntos, pero muchos temen en el entorno de la ex presidenta que una actitud de brazos caídos pueda comprometer el resultado y, por lo tanto, la cantidad de diputados nacionales que ingresen al recinto a partir del 10 de diciembre.

El objetivo en San José 1111 es aumentar las 15 bancas que el PJ pone en juego en la provincia de Buenos Aires. Pero no descartan que los libertarios, con una campaña enfocada y fortalecida tras contener la inestabilidad económica y las internas, puedan recortar esa diferencia.

Ese es el telón de fondo que tiene la reunión de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, quien ya no disimula un proyecto nacional para 2027. Ambos saben que es clave enviar una señal de unidad para “frenar a Milei”, el único argumento que, por ahora, comparten.

La reciente aprobación en el Senado del proyecto que impone límites al uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) llevó al Gobierno a intensificar sus gestiones políticas para evitar que la iniciativa avance en la Cámara de Diputados. En ese sentido, la administración nacional de Javier Milei comenzó a establecer contactos con gobernadores dialoguistas para poder incrementar el margen para rechazar esta iniciativa.

Se trata de una preocupación de primera magnitud para el Poder Ejecutivo. La Libertad Avanza arribó a la Casa Rosada con una minoría muy pronunciada en ambas cámaras (originalmente fueron 38 diputados y 7 senadores propios), lo que derivó en que Milei se valiera en los DNU como un mecanismo para poder maniobrar en la gestión evitando al Congreso siempre que se pudiera.

Tanto en la Casa Rosada como en el Palacio del Congreso reconocen que la posibilidad de que el proyecto consiga una sanción definitiva es alta. “La oposición está envalentonada porque sabe que son las últimas semanas en las que van a poder a aprovechar esta holgura legislativa. Todos estos proyectos están mediados por la campaña”, afirmó un operador libertario a Infobae.

En más de un despacho afirman que un eventual bloqueo a esta iniciativa podría ser una oportunidad significativa para dar muestras de ordenamiento en el plano de lo político. “El Tesoro pidió que demos muestras de control político en el Congreso”, aseguraba a este medio una fuente inobjetable horas después del anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que dispuso una línea de swap de USD 20.000 millones para estabilizar los vaivenes financieros de Argentina de las últimas semanas.

La urgencia opositora responde a la certeza de que Milei vetará la reforma, lo que obligará a buscar la insistencia en ambas cámaras con una mayoría especial de dos tercios. Altísimas fuentes de LLA en el Congreso afirmaron que están en condiciones de conseguir los votos necesarios para sostener el eventual veto. “Estamos muy seguros de que los vamos a conseguir”, afirmaron a Infobae.

Hace dos semanas, el Senado aprobó con una amplia mayoría —56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones— un proyecto que modifica la ley 26.122, la cual regula los Decretos de Necesidad y Urgencia. La normativa vigente, impulsada en 2006 por Cristina Kirchner, establece que los DNU solo pueden ser rechazados si ambas cámaras del Congreso votan en contra. Esto permite al oficialismo bloquear el rechazo con una mayoría simple en cualquiera de las cámaras.

La reforma aprobada en el Senado introduce cambios sustanciales: impone un plazo de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie sobre los DNU, tras el cual los decretos pierden vigencia si no son tratados. Además, exige la aprobación explícita de ambas cámaras para que los decretos se mantengan, lo que invierte el esquema actual y facilita a la oposición la invalidación de los DNU con mayoría en una sola cámara.

Uno de los interlocutores libertarios con la oposición marcaba que había un segmento de los más intransigentes que comenzaron a levantar el pie del acelerador. “Si el día de mañana gobiernan, no les va a servir esta nueva ley”, justificó.

Mientras que en el Congreso las negociaciones corren por cuenta del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; quienes están al pie de ese diálogo con los gobernadores son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

El primero verá hoy al mendocino Alfredo Cornejo en el marco del Consejo de Mayo, mientras que el segundo agendaba al menos una audiencia con jefes provinciales. En todos los diálogos formales e informales se buscará incluir la cuestión de los DNU.

En ese entorno consideran que los gobernadores que han fungido como aliados circunstanciales están acorralados por la coyuntura electoral, pero que pueden flexibilizarse en otros asuntos. “Es muy difícil que un radical te acompañe con los votos de las universidades cuando, además, no estaban los números. Pero para cosas más técnicas pueden estar más dispuestos a ayudar”, opinaba un colaborador libertario.

“Creo que los gobernadores o una mayoría de ellos nos han acompañado durante todo este primer periodo. Después, lógico, se fue complicando, pero mucho producto de los períodos electorales de cada provincia, de la necesidad nuestra de ir conformando una necesidad electoral y que hemos tenido choques producto de la situación política. Después de las elecciones tenemos el segundo mandato, y tenemos toda la intención de llegar a acuerdos que nos permitan avanzar en las leyes que el país necesita”, dijo Francos este sábado en diálogo con Radio Mitre.

Paralelamente, el Gobierno sigue de cerca la moción de censura impulsada contra el ministro coordinador por el decreto que suspendió la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que fue vetada y posteriormente ratificada por el Congreso. Mientras un sector del oficialismo sostiene que podría designar nuevamente al funcionario en caso de ser removido, otra facción descarta esa posibilidad.

La nueva reunión del Consejo de Mayo

Hoy, a las 10, se celebrará un nuevo encuentro mensual del Consejo de Mayo, el órgano multisectorial que fue creado por el Presidente para que el Gobierno se reúna con representantes de distintos sectores políticos y de la economía social para acordar aspectos técnicos de las reformas más importantes que el oficialismo quiere abarcar en la segunda parte de la gestión.

Allí estará el líder del Consejo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los consejeros designados por decreto: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Se espera que la reunión de este lunes tenga una mayor cantidad de invitados, desde laboralistas a especialistas económicos. Se buscará profundizar asuntos vinculados a la reforma laboral. Los integrantes de este ámbito suelen ser discretos al respecto de las conversaciones que se producen allí adentro, por lo que no se conoce la letra chica del eventual proyecto que sería consensuado y que apuntaría a “bajar el costo argentino”.

Diputados espera concretar el llamado a sesión y poner sobre las bancas diferentes iniciativas que preocupan fuertemente al Gobierno Nacional.

La Cámara Baja debe poner en marcha pedidos de emplazamientos a diferentes comisiones, es decir, marcarle los tiempos a los presidentes de esos espacios que tienen blindado el tratamiento de proyectos, hasta avanzar con las iniciativas que mantienen vigentes los gobernadores.

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Entre estos proyectos están los cambios en el reparto de los ATN, Aportes del Tesoro Nacional (diputados debe rechazar el veto del Poder Ejecutivo a la ley que sancionó el Congreso); y la discusión de la iniciativa que distribuye, según la ley de Coparticipación, los ingresos por la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.

El Congreso está sumergido en la campaña electoral. Es el territorio principal de la oposición que desde hace meses viene articulando mayorías que lo tienen a mal traer al Gobierno de Javier Milei.

El oficialismo intenta, sin mucha suerte, frenar los golpes de UxP, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Un abanico de bloques, a los que se le sumaron, últimamente, los exlibertarios del nuevo sector denominado Desarrollo y Coherencia, que lidera Oscar Zago. Un hombre que conoce muy bien las entrañas del mileismo, ya que formó parte de la estrategia que lo llevó a Javier Milei a la más alta magistratura hace dos años.

Cambios en la ley de DNU

La preocupación de Martín Menem, jefe de los diputados nacionales, es el avance sobre las modificaciones a la ley que impulsó la exsenadora Cristina Kirchner y que reglamentó la utilización por parte del Poder Ejecutivo de los DNU, Decretos de Necesidad y Urgencia, una ley de 2006 hecha a medida de aquellos tiempos de gobierno del expresidente Néstor Kirchner con mayoría en el Senado Nacional. Hoy los libertarios son los más fervientes defensores de la iniciativa de Cristina.

Es que es la herramienta que utiliza el Presidente para esquivar su escaso margen de referentes parlamentarios, solo 37 diputados y seis senadores, pero principalmente el escaso diálogo para construir mayorías, no solo con la oposición más crítica, sino con sus propios aliados legislativos.

Mañana a las 14, las comisiones de asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamento, encabezadas por Nicolás Mayoráz (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (Pro), dictaminarán los proyectos que impulsa la oposición y que es ratificar la sanción del Senado, es decir habilitar el tratamiento en el propio recinto que se podría concretar este miércoles o, a más tardar, el 8 de octubre.

En los primeros días de septiembre, el Senado sancionó, por 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, el proyecto de reforma a la ley 26.122 que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia.

El proyecto que sancionó el Senado establece que un DNU tendrá la ratificación parlamentaria cuando lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Si transcurridos esos 90 días no es tratado en el Congreso, el DNU pierde su vigencia.

“El rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”, señala la iniciativa.

El rechazo de un DNU por parte del Congreso le impedirá al Poder Ejecutivo dictar otro sobre la misma materia, en el plazo de ese año parlamentario.

La norma actual establece que un DNU solo será rechazado si encuentra con la oposición de las dos cámaras. En cambio, establece que para lograr su ratificación solo necesita de la aprobación de una.

Diputados busca avanzar con los pedidos de interpelaciones

La agenda de la oposición para su próxima sesión está centrada también en definir las interpelaciones, ya con despacho de comisión, a la Secretaria de la presidencia, Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por las denuncias de supuestos hechos de corrupción en contratos con laboratorios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dados a comer a partir de unos audios pertenecientes al desplazado titular de la mencionada Agencia, Diego Spagnuolo.

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También pedirán emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para definir los pedidos de interpelación, según el artículo 101 de la Constitución Nacional, y dar el primer paso para la solicitud de Moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Un número importante de legisladores, de diferentes fuerzas políticas, le solicitaron una moción de censura, es decir el retiro del voto de confianza del parlamento, al ministro Coordinador Guillermo Francos, por incumplir la ley sancionada e insistida por las cámaras legislativas, de declaración de Emergencia en Discapacidad. De concretarse esta Moción de censura en ambas cámaras, se determinaría la remoción del ministro Francos.

Pedidos de interpelación por el escándalo la criptomoneda $LIBRA

La Comisión Investigadora por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que encabeza el lilito Maximiliano Ferraro, ya tiene una nueva convocatoria para este martes 30 de septiembre, es el segundo llamado a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, quien hasta el momento no respondió a ninguna solicitud del congreso, y a varios funcionarios.

Incluso ya se le hizo saber al juez de turno en Comodoro Py, que las convocatorias al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik y a la jefa de gabinete del ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, quien fue responsable de la Unidad de Investigación (UTI) creada por el propio gobierno nacional ante las denuncias de estafa, deberán contar con el apoyo de la fuerza pública, como establece el Reglamento de la Comisión. Aún no hay respuestas desde el juzgado federal.

Para este martes están, también citados, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, el presidente de la Comisión Nacional de valores (CNV), Roberto Silva, y los empresarios de criptomonedas y relacionados con el Token $LIBRA, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, ex asesor de la CNV.

El diputado Maximiliano Ferraro confirmó que le solicitaron audiencia al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, responsable del vínculo del Ministerio Público con los demás poderes.

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