POLITICA
El plan de Milei contra Kicillof, una buena noticia para CFK y la jugada oficial a favor de un líder piquetero
Javier Milei llegó a las tres y media de la tarde al salón de La Plata donde Sebastián Pareja organizó el primer Congreso Partidario de la Libertad Avanza. Lo acompañaba Karina y se metieron durante un rato en una habitación vip ambientada para recibirlo.
Tenía ya en su carpeta el discurso que iba a leer tres horas después con varios mensajes claros y uno principal: provocar a Axel Kicillof para enfocar la pelea en el gobernador, correr el apellido Kirchner de la conversación y molestar un poquito más en la interna de poder que se está discutiendo entre Kicillof y la expresidenta.
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Es una estrategia de corto plazo, definida en los últimos días y lanzada en realidad el miércoles a la noche en un evento lleno de curiosidades que se realizó en el Yacht Club de Puerto Madero, ese espacio rodeado de agua y concesionado por la familia Neuss desde hace varias décadas. Ahí, donde se lanzó la Fundación Faro, que dirige Agustín Laje bajo los pensamientos y creación de Santiago Caputo, se produjo un intempestivo acto de recaudación de campaña para la Libertad Avanza nacional. ¿Por qué intempestivo? No tuvo difusión previa y en rigor los invitados supieron que tenían que asistir apenas cinco o seis días antes del evento. La tarjeta difundida por WhatsApp lo proponía como un encuentro con donación voluntaria y confirmación de asistencia a través de un link. Promovían el beneficio de escuchar al Presidente. La organización no estuvo en manos de Karina sino en el entorno de asesor presidencial.
Los invitados eran los integrantes principales del Gobierno nacional pero sobre todo empresarios, aunque no se vieron muchas caras conocidas. La recaudación, de todos modos, fue un éxito. En el evento de lanzamiento de Faro, las mesas costaban 200 mil dólares y se sentaron los principales jugadores económicos de la Argentina. En el círculo rojo, dicen que se sintieron un poco expuestos. Esta vez todo fue mucho más discreto: las donaciones tenían como destino a LLA y proponían un mínimo de cinco mil dólares sin techo. En vez de Marcelo Mandlin -como en Faro- fue su hermano Damián, también se vio a Luis Galli, el CEO de Newsan, entre otros empresarios.
No eran más de 150 personas -hubo muchas ausencias por el partido de River en el Mundial de Clubes y el evento de la Embajada Británica en el Teatro Colón- y esta vez recibieron un bandejeo en la Planta Baja, el discurso del Presidente en la Planta Alta y una despedida con charla de café. Apenas duró dos horas y el rumor de la noche es que el acto se adelantó al miércoles sólo porque quisieron hacerlo antes que el de La Plata. Son todas anécdotas chiquitas de un problema grande: la tensión indisimulada entre los Menem/Pareja por un lado y los Caputo boys por el otro. De hecho, el asesor presidencial finalmente no apareció por el acto en La Plata. Con bajo perfil, aparecieron Agustín Romo y Nahuel Sotelo.
Está a la vista que no es un problema sólo del oficialismo. Durante todo el fin de semana, el peronismo, la Libertad Avanza y el PRO tienen programadas reuniones intestinas destinadas a encontrar una salida a las indigestiones. A pesar de que Mauricio Macri se ocupó de filtrar su reconciliación con Emilio Monzó -el diputado nacional que solía presidir la Cámara en su gestión como Presidente y es un conocedor extraordinario de la provincia de Buenos Aires-, como una potencial puerta de salida si no sale el acuerdo con LLA, lo cierto es que la hechura del Frente entre los dos partidos está casi sellada. El lunes, sucedería la última reunión de relevamiento de voluntades entre Cristián Ritdondo, Santilli y Pareja y si conforman las necesidades de los intendentes y la matemática de los repartos, el problema estaría saldado. En la Casa Rosada, están leyendo con detalle las encuestas y según lo que tienen sobre la mesa, esos puntos que podría sumarles la unión, podrían marcar el destino del resultado en Provincia. Son futurismos inciertos. La principal pregunta es cómo van a mover a la gente a votar cuando el 40% responde que no tiene ganas y todas las desdobladas demostraron que esta vuelta, si no tienen ganas, no van.
¿Cambiarán las reglas de la domiciliaria?
Cristina mantiene una rutina activadísima desde el encierro de su departamento. A su alrededor dicen que mantiene el temple que sostuvo desde que se supo la noticia de la confirmación de la condena. Alrededor de ella, el golpe pega más, pero la expresidenta mantiene a puro teléfono el seguimiento político. No es tan distinto a cómo venía funcionando este último tiempo. Aunque obviamente no es lo mismo. Por eso la insistencia con el régimen de visitas. Hay que prestar mucha atención a este punto: la sala de la Cámara de Casación que debe resolver este reclamo y a la que ella impugnó tantas veces, podría darle la razón esta vuelta.
En los más de 500 casos de prisiones domiciliarias que tienen bajo su órbita -incluida la de Lázaro Báez hasta hace poco-, no había régimen restrictivo de visitas. O sea Lázaro podía comerse tranquilo un asado con amigos que ningún juez se enteraba ni quería enterarse. Esto es así, aseguran, por una razón jurídica: no está reglamentado en el código nada alrededor de este punto. Con lo cual, lo que no está prohibido, está permitido. Habrá que verlo: lo resolverán antes de la feria judicial de invierno y es intrigante pensar qué dirá entonces CFK sobre la justicia y estos jueces si fallan a su favor.
Se pensaba que la expresidenta iba a renunciar a la presidencia del PJ (por el fallo ni siquiera puede estar en el padrón electoral) pero a su alrededor, a pesar de que pidió licencia desde que ingresó a la domiciliaria, crece la decisión de dar esa pelea y mantenerla ejerciendo desde su casa, en lo que sería una cuita insólita de la historia. Pero puede pasar y seguramente pasará. Quienes hablan con ella cotidianamente la ven muy concentrada en las elecciones a senadores nacionales pero es otra manera de ningunear a Kicillof.
Pequeño apartado merece la picardía del massismo en la sesión por la reelección indefinida de los legisladores bonaerenses. Para la tercera sección electoral, la disputa interna es si poner a Máximo o concederle a Kicillof que designe a su vicegobernadora, Verónica Magario. Con el quorum, ya garantizado, los senadores del Frente Renovador jugaron de una manera que obligó a que la matemática diera 22 a 22 y tuviera que desempatar Magario, poniéndole la cara, el cuerpo y el gasto de dar media sanción a una posición tan de casta. Ahora que todo el mundo la vio, ¿sigue con posibilidades de ser candidata? Esto recién empieza. Hay por delante 13 días de vértigo hasta la inscripción de las alianzas y es inimaginable las cosas que podrían pasar antes del 19 de julio cuando se inscriban las listas de candidatos.
¿Qué pasa entre el Gobierno y Pérsico?
En estos días, sucedió un movimiento jurídico y político del Gobierno que no tiene explicación razonable. Una acción demasiado sugestiva. El 13 de junio, el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, apeló ante la Corte Suprema un amparo a favor de la Coalición Cívica que le permitía acceder a toda la información del rendimiento de facturas por convenios con las organizaciones sociales durante el Gobierno de Alberto Fernández. En palabras más claras: la Coalición quiere saber si los 213 mil millones de pesos aproximados (en cifras actualizadas a hoy) que se entregaron a cooperativas durante el gobierno de Alberto Fernández tuvieron la correspondiente justificación en comprobantes de gastos.
Emilio Pérsico fue el secretario de Economía Social durante toda la gestión de Fernández. Se sabe es el líder del movimiento Evita, presidente de la Federación de esa organización y hasta tesorero de alguna de las cooperativas que integran toda esa red. Cuando pasó del otro lado del mostrador y se convirtió en el hombre que decidía a quién iba la plata de los planes sociales y los convenios con cooperativas, Hernán Reyes de la Coalición Cívica empezó a pedir información que terminó en una denuncia penal que está en Comodoro Py, con la investigación a cargo del fiscal Eduardo Taiano. Sucede que detectaron que la mitad de esos 213 mil millones fueron a agrupaciones vinculadas a… Pérsico. La situación era tan obscena que hasta la Oficina Anticorrupción del gobierno de Fernández emitió un dictamen obligando a Pérsico a dejar de darles partidas a sus propias organizaciones. Nunca pudo cumplirse porque la resolución salió el 1 de diciembre de 2023, nueve días antes de dejar la gestión.
Desde principios del año pasado, tanto Taiano como Reyes le pidieron oficialmente a Capital Humano que entregara la rendición de esos miles de millones de pesos. Pero no sólo no lo hizo hasta ahora, sino que está dispuesto a ir hasta la Corte Suprema para negar esa información, según consta en la apelación que hizo hace diez días el abogado actual del ministerio.
En el caso del polo Obrero, donde su líder Eduardo Belliboni ya tiene una causa elevada a juicio porque se demostró que derivaron a la actividad política partidas recibidas de desarrollo Social gracias a la documentación que entregó Capital Humano -donde constaban las facturas que demostraban este desfalco-, con Persico, la posición es completamente distinta. Un repaso breve: Taiano pidió la info y no obtuvo respuesta. Es muy llamativo porque para darse una idea de este desfalco, el caso de Belliboni implica un 1% de los fondos que recibieron las cooperativas del movimiento Evita.
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Reyes, que es el denunciante, hizo un pedido de acceso a la información pública, que fue negado por el organismo que dirige Petovello. Decidió escribir entonces un amparo, rechazado en primera instancia pero autorizado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo a fines de mayo pasado. Cuando creían que finalmente iban a poder ver los papeles de rendición de fondos recibidos por las organizaciones sociales vinculadas a Pérsico, el abogado del ministerio, Fernando Zuberbuhler, se presentó para apelar ante el Máximo Tribunal. ¿Cuál es la razón de este ocultamiento? Silencio.
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la presentación judicial contra una serie de manifestantes, a los que el Gobierno identificó como los culpables de los incidentes en las inmediaciones del Congreso.
“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El que las hace, las paga”, señaló el funcionario libertario en las últimas horas.
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Según dejó trascender el oficialismo, son 17 los identificados y gran parte de ellos, cuenta con antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos.
Los nombres brindados por el Ministerio de Seguridad, fueron: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.
También figuran Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.
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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
Según explicó, los incidentes no fueron “una agresión más contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional”.
Monteoliva subrayó que los actos excedieron “el marco de las manifestaciones tradicionales”. “Gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, afirmó. Y agregó: “Fue un acto de terrorismo”.
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La funcionaria precisó que la denuncia invocará la Ley Antiterrorista (N° 26.734), que contempla penas más severas, detenciones sin excarcelación inmediata y una investigación federal.
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotoves una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, enfatizó.
Sobre el accionar policial, Monteoliva explicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia con agua y gases para minimizar daños. “La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, dijo. También destacó la dificultad de detener a los agresores en flagrancia: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas molotov”.
Hasta el momento se identificaron más de diecisiete personas, con edades que van de 20 a más de 60 años, provenientes de distintas provincias. La ministra aclaró que no todos tienen antecedentes, aunque algunos presentan historial delictivo extenso, y mencionó la posible vinculación de algunos con barras bravas o agrupaciones de izquierda combativa y anarquistas.
Monteoliva rechazó rumores sobre policías infiltrados: “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate”. Según el balance oficial, hubo más de setenta detenidos y heridos leves, principalmente efectivos y civiles.
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POLITICA
“Una de más”: el Gobierno reconoce que los cambios a las licencias por enfermedad podrían traer problemas en las negociaciones
El proyecto de reforma laboral que el oficialismo logró aprobar en el Senado había pasado casi desapercibido en uno de sus aspectos: la reducción sustancial de los plazos de las licencias pagas y la redefinición del porcentaje salarial que percibirán los trabajadores ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.
En el bloque legislativo de La Libertad Avanza reconocen que ese apartado había pasado “por debajo del radar” hasta el mismo día de la sesión en el Senado. Pero señalan que el tema cobró relevancia la mañana siguiente a la media sanción, cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó un ejemplo para explicar el alcance de la medida.
“Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó. “La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, agregó.
Dos miembros del Poder Ejecutivo reconocieron que ese ejemplo catapultó el tema de discusión a la agenda pública. “Se mandó una de más, como siempre”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza a Infobae.
“Eso fue lo que calentó, como cada vez que sale a hablar Sturzenegger”, comentó un miembro del oficialismo. La molestia dentro del Gobierno no se debe al contenido del ejemplo, con el que están de acuerdo, sino a que no era el momento de instalar esa cuestión en la agenda pública.
Los especialistas en comunicación ya analizan cómo revertir la carga negativa que tuvo ese caso en los medios y en las redes. El Gobierno cuenta con más de una semana antes de que se trate esta cuestión en una sesión en el recinto, y La Libertad Avanza debe conseguir adhesiones en la Cámara de Diputados para que el proyecto remitido desde el Senado no sufra modificaciones.
Si se rechaza o modifica un solo título del proyecto, el oficialismo debe devolverlo a la Cámara alta, lo que demoraría la sanción definitiva de toda la reforma. Milei ya firmó el decreto para extender un día más el período de sesiones extraordinarias para que la reforma laboral pueda tener sanción el 28 de febrero, un día antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la que hablará Javier Milei.
El temor en el oficialismo es que la discusión que se generó sobre este punto desincentive a actores de la oposición dialoguista para avalar ese apartado. Una alta fuente reconoció a Infobae su preocupación por no poder conseguir los votos necesarios para ratificar ese punto.
Tras la media sanción de la reforma, el oficialismo afirmaba tener asegurados los votos para la aprobación en general y altas posibilidades para las votaciones en particular. Actualmente, esto no está garantizado: el primer bloque que expresó su desacuerdo fue el PRO, al pedir que se reincorpore el artículo que permite recibir el sueldo a través de una billetera virtual.
El bloque de Provincias Unidas mantiene serias diferencias con más aspectos del proyecto. “Vamos a marcar diferencias en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Con lo de las licencias por enfermedad no hay fisuras, nos oponemos”, remarcó uno de sus integrantes, informando que solo hay apoyo de ese bloque en 9 de los 26 títulos.
Las críticas sobre la modificación de las licencias surgen por lo que podría ocurrir en casos de enfermedades más graves y que no necesariamente tengan vínculo directo con el desempeño en el lugar de trabajo. Además, se discute si esto traerá mayor judicialización o no, un aspecto que el proyecto busca reducir. El abogado laboralista Julián de Diego afirmó a Infobae En Vivo que la reforma provocará una mayor cantidad de conflictos legales en las empresas.
Qué dice la modificación de las licencias por enfermedad
Las nuevas reglas establecen límites de entre 3 y 6 meses para las licencias pagas, según si el trabajador tiene personas a cargo, y reducen los porcentajes de sueldo abonados durante la baja.
El texto prevé que, cuando la imposibilidad de trabajar derive de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud, el empleado percibirá el 50% de su remuneración básica. Este período será de 3 meses si no tiene cargas de familia y de 6 meses si las tuviera. Para situaciones donde no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, el porcentaje de pago sube al 75%, manteniendo el mismo plazo de licencia.
Estas modificaciones resultaron de extensas negociaciones entre el Gobierno y las empresas. En el esquema vigente, un trabajador con menos de 5 años de antigüedad y sin cargas de familia accede a una licencia paga de 3 meses, y de 6 meses si tiene cargas de familia. Si la antigüedad supera los 5 años, actualmente la licencia por enfermedad o accidente es de 6 o 12 meses según el grupo familiar, y se paga el 100% del sueldo. La reforma elimina la extensión a 12 meses y el pago total, limitando la licencia a un máximo de 6 meses y ajustando el porcentaje abonado.
Estas disposiciones también abarcan los accidentes o enfermedades psiquiátricas originadas fuera del trabajo y obligan al trabajador a informar de inmediato cualquier imposibilidad para asistir al primer día laboral por enfermedad o accidente, salvo motivos de fuerza mayor. Si el aviso no se realiza y no se comprueba la causa posteriormente, se pierde el derecho a la remuneración.
Las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados. El trabajador deberá someterse a controles médicos designados por el empleador; si existiera una discrepancia insalvable entre diagnósticos, la ley prevé la intervención de una junta médica en entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos reconocidos, cuyo costo asumirá el empleador.
Respecto a la recidiva de enfermedades crónicas, la reforma aclara que no serán consideradas nuevas enfermedades, salvo que la reaparición ocurra después de 2 años desde el primer episodio. La normativa también establece que la suspensión del trabajador por motivos económicos o disciplinarios no afecta el derecho a cobrar la remuneración parcial correspondiente a la licencia paga por enfermedad o accidente.
POLITICA
Coimas en la ANDIS: la Cámara Federal obligó a revisar el embargo multimillonario contra la empresa aérea Baires Fly
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal porteña dispuso recalcular el embargo millonario que pesaba sobre la firma de aviación privada Baires Fly SA, una de las compañías señaladas en el expediente por supuestos movimientos financieros vinculados al pago de medicamentos.
El embargo había sido fijado por el juez federal Sebastián Casanello por una suma superior a los $7.000 millones. Sin embargo, los camaristas entendieron que el monto carecía de fundamentación suficiente y resultaba desproporcionado frente al estado actual de la causa, por lo que ordenaron emitir una nueva resolución con criterios más precisos.
Los magistrados remarcaron que la medida cautelar debe mantenerse, pero con un cálculo acorde a la evidencia reunida hasta el momento. En otras palabras, la empresa continuará afectada patrimonialmente, aunque el monto será redefinido.
El rol de la empresa en la causa
La investigación gira en torno a presuntas maniobras de facturación simulada y lavado de dinero vinculadas a la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Según la hipótesis fiscal, parte de los fondos habría sido canalizada a través de distintas empresas, entre ellas la aerolínea privada.
Coimas en la ANDIS: la Justicia procesó a Diego Spagnuolo por corrupción
El expediente incluye comunicaciones y transferencias bancarias bajo análisis judicial. De acuerdo con la pesquisa, algunas droguerías habrían enviado dinero a cuentas relacionadas con la compañía aérea, tras lo cual se emitían comprobantes por supuestas horas de vuelo o kilómetros aéreos.
La Justicia sospecha que esos servicios no se habrían prestado realmente y que las facturas podrían haber servido para justificar movimientos financieros. En el expediente se detectaron comprobantes emitidos entre 2023 y 2025 por montos millonarios, lo que motivó la intervención del juzgado y la posterior medida de embargo.
En paralelo, el magistrado procesó al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, junto a otros imputados, por delitos que incluyen asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública. La causa continuará bajo la subrogancia del juez Ariel Lijo, quien deberá tomar nuevas declaraciones indagatorias.
Entre las personas citadas figura un empresario vinculado a la compañía aérea, sospechado de haber participado en la circulación del dinero investigado. La fiscalía considera que su intervención pudo haber sido clave para canalizar transferencias provenientes de empresas proveedoras del Estado.
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Los cuestionamientos de la Cámara
El tribunal de apelaciones señaló que, si bien existen elementos que justifican la cautelar, la suma fijada inicialmente no guarda relación clara con la responsabilidad que, por ahora, se le atribuye a la firma. Incluso destacó que la empresa no fue imputada formalmente como persona jurídica al momento de dictarse la medida.
Por ese motivo, los jueces indicaron que el juzgado debe volver a analizar la afectación patrimonial y establecer un monto razonable sustentado en pruebas concretas. Uno de los camaristas, en minoría, consideró suficiente aceptar como garantía una aeronave ofrecida por la empresa.
Además, en otra resolución vinculada al expediente, la Cámara dispuso revisar cómo se incorporaron al proceso ciertos audios que mencionarían presuntos pagos ilegales a funcionarios, una decisión que podría incidir en la validez de parte de la prueba.
La causa ANDIS se transformó en uno de los expedientes judiciales más delicados en materia de corrupción vinculada al sistema de salud y asistencia social. Con nuevas indagatorias en puerta y medidas bajo revisión, el avance de la investigación podría tener impacto político y judicial en los próximos meses.
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